Según Hacienda, impactarán al gobierno, pero “no a la sociedad entera”

Según Hacienda, impactarán al gobierno, pero “no a la sociedad entera”
Ninguneados hasta en el discurso oficial, los mexicanos más pobres serán las principales víctimas de los recortes
Carlos Acosta Córdova, Mónica Pérez,Guillermo Correa, Alvaro Delgado, Sonia Morales
Ninguneados o soslayados como una vasta porción de la sociedad por el discurso de la Secretaría de Hacienda, los mexicanos más pobres de México serán, otra vez, quienes paguen las más graves consecuencias de las adversidades económicas Los recortes presupuestales, aplicados por la dependencia para hacer frente a la disminución de los ingresos públicos ocasionada por la caída en los precios del petróleo, significarán, entre otras cosas, una reducción importante en el número de beneficiarios de los programas de combate a la pobreza extrema, quienes, en el mejor de los casos, tendrán un acceso tardío a esos mínimos apoyos de sobrevivencia
Miles de familias deberán esperar meses para contar con los beneficios del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa, que sustituye en parte al extinto Pronasol); muchos de quienes aspiraban a una vivienda construida con recursos federales habrán de olvidarse, por el momento, de esa posibilidad; los beneficiarios del subsidio a la tortilla seguirán siendo cada vez menos; la leche barata de Liconsa llegará a una cantidad de personas cada vez más reducida; el abasto de básicos a zonas marginadas será más lento; buena parte de los productores del campo más desfavorecidos tendrán que renunciar a los créditos prometidos (Programa de “Crédito a la Palabra”) y desechar la posibilidad de crear pequeñas empresas para subsistir
Más: La reducción presupuestal del Programa de Superación de la Pobreza, que de 510 millones de pesos quedó en 310 millones (casi 40% menos), implicará para miles de familias en pobreza extrema menos acceso a becas, ayudas en efectivo y servicios de salud
Pero no es mejor el panorama para quienes no están en la miseria extrema Los recortes en Educación, Salud, Trabajo, Reforma Agraria, Agricultura y Sector Energético representarán para cientos de miles un deterioro de sus condiciones de vida
En la Secretaría de la Reforma Agraria desaparecerán cinco oficinas administrativas, lo que llevará al desempleo a 3,200 trabajadores En Agricultura, disminuyen a la mitad los recursos previstos para los programas de comercialización agropecuaria y de empleo productivo; la meta de creación de empleos temporales cae de 800,000 a 300,000; habrá menos subsidio para productores de trigo, maíz y sorgo
En medio de todo esto, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, y el de Trabajo y Previsión Social, Javier Bonilla, advirtieron ya que, como efecto del menor crecimiento que experimentará la economía en 1998, se crearán menos de los 700,000 empleos que fueron abiertos en cada uno de los dos años anteriores, es decir, ahora se creará, cuando mucho, la mitad de los puestos que requiere anualmente la población en edad de trabajar
No sólo no se crearán empleos suficientes, sino que muchos de los ya existentes serán cancelados Los recortes en Educación implican, entre otros problemas, el diferimiento o la eliminación de programas de construcción de escuelas e instalaciones deportivas Los recortes en el sector energético, que implican la eliminación, postergación o detención temporal de obras de infraestructura, así como de trabajos de exploración y explotación petrolera, dejarán en la calle, sin trabajo, a una multitud de obreros, sobre todo en las empresas privadas proveedoras de Pemex
Los más pobres, pues, tendrán que seguir esperando
La madre de todos los males
Recortar el gasto público fue la opción escogida por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo para compensar la caída en los ingresos públicos que produjo el vertiginoso derrumbe de los precios del petróleo —la mezcla mexicana de exportación pasó de 1736 dólares por barril (dpb) en octubre de 1997 a 969 dpb en marzo pasado: una disminución de poco más de 44%
Las otras opciones —contratar deuda externa, subir impuestos o incrementar precios de bienes y servicios públicos— nunca fueron consideradas porque generaban más riesgos económicos y políticos, según las autoridades, que ya probaron los costos de subir la tasa del IVA en 1995 y la experiencia del sobrendeudamiento de los sexenios anteriores al de Carlos Salinas de Gortari
Y en la más fiel ortodoxia neoliberal, que ve el déficit público como la madre de todos los males, emprendieron una férrea defensa de la disciplina presupuestaria —”finanzas públicas sanas o se acaba el país”, es el grito— mediante el recorte del gasto público; es decir, apretar otra vez el cinturón y vivir con los recursos propios, con lo que permitan los ingresos, así sea a costa de postergar la atención a las necesidades más apremiantes de los mexicanos
La Cámara de Diputados ya había aplicado una reducción del presupuesto de egresos enviado por el Ejecutivo en noviembre, que ascendía a 871,5678 millones de pesos Para que pudiera cumplirse la meta de un déficit público no mayor de 125% —luego de que en las Cámaras se habían modificado algunos rubros en materia de ingresos—, el propio Congreso decidió quitarle 5,4812 millones de pesos y dejar el presupuesto de egresos en 866,0866 millones, suma que fue finalmente aprobada en diciembre
Al iniciarse 1998, el precio del crudo mexicano de exportación había perdido una cuarta parte de su valor respecto del registrado en octubre Durante enero siguió la caída vertiginosa del petróleo y ello significaba, en las cuentas oficiales, que dejarían de ingresar en el año 15,2753 millones de pesos Y justamente en esa cantidad debía disminuirse el gasto para no incurrir en mayor déficit del programado
El petróleo, empero, siguió a la baja Entre el precio promedio de enero y el de febrero, hubo una diferencia negativa de un dólar por barril Y nada paraba el derrumbe: en los primeros días de marzo los petroprecios volvieron a caer un dólar y diez centavos por barril Por esa baja y una disminución de 100,000 barriles diarios en la exportación de crudo —acordada con otros productores—, el gobierno estimó que se dejarían de percibir 11,200 millones de pesos De modo que, según el gobierno, había que hacer otro recorte al presupuesto, de 9,000 millones de pesos, y de 2,200 millones al Fondo de Infraestructura
En suma, el recorte al gasto, entendido como acto voluntario del Poder Ejecutivo, suma 24,2753 millones de pesos Pero si se le agregan los 5,4812 millones reducidos por el Congreso, los 2,704 millones que perderán estados y municipios por la caída de los ingresos petroleros, pero que deberán ser restituidos con ingresos fiscales, más —finalmente— los 2,200 millones del Fondo de Infraestructura, el total del ajuste presupuestal es de 34,660 millones de pesos Es decir, 4% del gasto neto total que en noviembre propuso originalmente el Ejecutivo Pero, además, dicha proporción sube a casi 7% si sólo se considera el gasto programable, o sea, el que es susceptible de afectarse
Con el ánimo de minimizar los efectos del desplome de los ingresos petroleros, la Secretaría de Hacienda dijo en enero, y reiteró en marzo, al anunciar los recortes, que en realidad no era un grave problema para la economía nacional; que la situación macroeconómica del país era menos vulnerable a los choques petroleros que, por ejemplo, en la década de los ochenta, cuando la economía estaba prácticamente petrolizada Hoy en día las exportaciones de petróleo representan alrededor de 10% de las exportaciones totales; las exportaciones petroleras significan sólo 3% del PIB y toda la producción de petróleo equivale a poco menos de 6% del total
Sin embargo, según las propias autoridades, las finanzas del gobierno siguen siendo vulnerables en extremo, pues dependen en casi 40% de los ingresos petroleros Pese a todo, Hacienda sostiene que “la economía del país está hoy en mejor posición para afrontar la crisis de los precios del petróleo que lo que estuvo en el pasado”
“Anteriormente —señala en un comunicado luego de anunciar el segundo recorte—, una crisis de los precios del petróleo era una crisis económica para el país Hoy su impacto lo resiente básicamente el gobierno federal y no la sociedad entera Antes una crisis económica para el gobierno federal era una crisis para México Hoy, con las transformaciones estructurales de los últimos años, el país está mucho mejor preparado para afrontar eventos externos como el actual”
Al margen de esa diferencia entre “gobierno federal” y “sociedad entera”, y sin considerar si los problemas de uno deben o no resolverse con sacrificios de la otra, lo cierto es que dentro de la propia Secretaría de Hacienda existe la convicción de que los recortes presupuestales afectarán irremediablemente las condiciones de vida de la población más pobre del país
En efecto: a contrapelo de lo dicho por el titular de la dependencia, en el sentido de que los recortes no afectarían el gasto social, el subsecretario de Egresos, Santiago Levy, ha insistido en que “será casi imposible” que no impacten los programas sociales Ante diputados, señaló que, “aunque menores”, se realizarán ajustes a los programas de combate a la pobreza Sin ambages, expresó que “la sociedad mexicana va a dejar de tener una serie de satisfactores que podría haber tenido, de no ser por la inmensa fragilidad de las finanzas públicas sobre el precio del petróleo Esos satisfactores no los va a tener o se pospondrán hasta que la recaudación mejore lo suficiente, o bien, mejoren las condiciones del precio internacional del petróleo”
El gasto social
Es cierto que la mayor parte del ajuste global al gasto recayó, en términos absolutos, en el sector energético —Pemex absorbió 6,095 millones de pesos, y la CFE otros 6,910 millones; entre ambos, 98% de su presupuesto conjunto, aprobado en diciembre; o 54% del total recortado al gasto federal—, pero en términos porcentuales salieron más afectados algunos rubros del gasto social
Por ejemplo, el Programa de Superación de la Pobreza perdió casi 40% de su presupuesto, pues pasó de 510 millones de pesos a 310 millones, con lo que se reducirán o pospondrán los apoyos oficiales en materia de becas, ayudas en efectivo y servicios de salud para las familias en zonas de pobreza extrema
En el primer recorte, el concepto de Ayudas, Subsidios y Transferencias a Organismos y Empresas de Control Directo —que incluye programas dirigidos al combate a la pobreza, como Progresa, Diconsa, Liconsa y el Fideicomiso para el Subsidio a la Tortilla, entre otros— ya había experimentado una disminución de 419 millones de pesos en su presupuesto total de 6,9083 millones En el segundo recorte, la información oficial no detalla las disminuciones particulares
En el desglose, empero, se advierte el mayor impacto en programas específicos de atención a la población más pobre Por ejemplo, el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresa, destinado al combate a la pobreza extrema), que ya había tenido un recorte de 948 millones de pesos, se vio impactado por una nueva reducción, de 230 millones de pesos más La suma es de 3248 millones, que representan 1515% del presupuesto aprobado, por 2,1435 millones, en diciembre último
Las instituciones de seguridad social también fueron afectadas Al IMSS se le había asignado un presupuesto de 85,6283 millones de pesos; se le quitaron 393 millones en el primer recorte y 700 en el segundo; es decir, 1,093 millones, que significan casi 13% El ISSSTE disponía de un presupuesto de 25,0675 millones, y con los dos ajustes perdió 4865 millones (1265 en el primero y 360 en el segundo), casi 2%
Peor les fue a las secretarías que se hallan más directamente vinculadas con el gasto social Por ejemplo, a la Sedesol se le habían retirado 6507 millones de pesos y luego se le quitaron otros 575 millones La suma, 1,2257 millones, 1311% A la SEP se le recortaron ahora 300 millones de pesos, adicionales a los 961 millones del primer recorte Es decir, 1,261 millones, que representan casi 2% del total aprobado en diciembre
La Secretaría de Salud vio mermado su presupuesto en 6138 millones con ambos recortes, lo cual equivale a casi 4% del total aprobado por el Congreso La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tuvo un ajuste total de 2027 millones de pesos, 762%
En descargo, Hacienda asegura que en el caso de los recortes en las instituciones de Salud y en Educación Pública quedaron protegidas las metas “sustantivas” Dice: “Se mantuvieron inalterables las erogaciones previstas para la adquisición de medicamentos y material de curación contempladas por las instituciones responsables de proporcionar atención médica De igual forma, se protegió el presupuesto para la adquisición de material básico para la elaboración de libros de texto gratuitos y el relacionado con la provisión de servicios a la población en general, en particular los previstos para la población en condiciones de marginación”
La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Clara Brugada, hace un detenido examen de los efectos en el gasto social del primer recorte En principio, señala que “el gasto social, a pesar de que aumenta ligeramente su participación con respecto del gasto programable, al pasar de 575% a 584%, reduce su monto global en 3,3407 millones de pesos, lo que necesariamente significa una reducción de metas o en el mejor de los casos un importante diferimiento de la aplicación de programas, mientras las necesidades son cada vez más crecientes y apremiantes”
En materia de vivienda, el propio desglose del primer recorte, que la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados en febrero, da cuenta de cómo salieron sacrificados programas dirigidos a la población más pobre: bajo el Programa de Vivienda Progresiva se dejarán de construir 7,000 viviendas de las 30,000 programadas originalmente Eso se anunció en el primer recorte En el segundo, otras 10,000 viviendas Total: 17,000 viviendas dejarán de construirse, es decir, más de la mitad de la meta para 1998
Además, el recorte en el gasto del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) significó una reducción de 4,203 apoyos de financiamiento, es decir, 36% de la meta programada El presupuesto para ese organismo, aprobado en diciembre, fue de 3585 millones de pesos, pero en el primer recorte perdió 100 millones, es decir, casi 28% Sumado el segundo recorte, por otros 102 millones, se estima que los apoyos que dejarán de darse serán 8,000: una reducción de casi 70% de las metas programadas
En esa oportunidad, Hacienda informó también que se dejarían de otorgar 71,800 créditos dentro del Programa de Crédito a la Palabra (uno de los programas del desaparecido Pronasol, mediante el cual se otorgan préstamos a agroproductores pobres sin más garantía que la propia palabra del beneficiario), y se dejaría de atender a 96,300 personas del Programa Jornaleros Agrícolas
Al concepto de gasto denominado Ayudas, Subsidios y Transferencias a Organismos y Empresas de Control Directo se le hicieron importantes reducciones, sobre todo en programas de abasto social, como Diconsa, Liconsa y el Fideicomiso para la Liquidación del Subsidio a la Tortilla (Fidelist), así como a programas al Progresa En el caso de Fidelist, el recorte fue de 100 millones de pesos; a Liconsa le quitaron 106 millones y a Diconsa otros 10 millones
El análisis de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados advierte que el caso particular de Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) es muy grave El presupuesto que ejerció en 1997 fue de 1,365 millones de pesos, y el aprobado para 1998 fue de 1,266 millones (17% menos en términos reales, es decir, considerando la inflación de todo el año) Producto del primer recorte, el presupuesto de Liconsa quedó finalmente en 1,160 millones, lo que se traduce en una disminución sustancial en el número de beneficiarios En 1991, Liconsa cubrió a 66 millones de niños pobres menores de 12 años; en 1997 la cobertura fue de 54 millones, y en 1998 apenas alcanzará los 5 millones de niños
De acuerdo con la Comisión, el Programa 100 Ciudades —creado para fortalecer la infraestructura municipal, sobre todo en abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento— perdió 1678 millones de pesos, 26% de sus recursos presupuestales
Entre los dos recortes, el Fondo para la Vivienda (Fovi) disminuyó su presupuesto en 7178 millones de pesos, una reducción de 64% Y, de plano, el Programa Especial de Crédito y Subsidio a la Vivienda se canceló definitivamente con el segundo recorte
Menos para el campo
En el campo las cosas tampoco son halagüeñas Dos programas fundamentales, el de Comercialización Agropecuaria y el de Empleo Productivo se vieron severamente afectados, aún sin recortes En el primer caso, se asignó un presupuesto de 1,853 millones de pesos (1,147 millones menos que el año anterior) Del recorte de 500 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar), 300 millones se le quitaron justamente al Programa de Comercialización Agropecuaria
Información del diputado Alvaro López Ríos, secretario de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados y líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), señala que ese recorte implicará que cerca de 3 millones de productores de trigo, maíz y sorgo recibirán subsidios por mitad de los que recibían, lo que augura, junto con otros factores, un año “catastrófico en la producción agrícola, pues será necesario importar cerca de 14 millones de toneladas de granos”
En relación con el recorte al Programa de Empleo Productivo, el diputado asegura que de los 800,000 empleos temporales —en cooperativas, granjas familiares y proyectos acuícolas, entre otros— que tenía previsto impulsar la Sagar, sólo podrá crear unos 300,000
Por si fuera poco, los recortes acelerarán la reestructuración administrativa de la Secretaría de la Reforma Agraria anunciada en marzo: se suprimirán cinco direcciones generales y se despedirá —con los eufemismos de “retiro voluntario” y “jubilación anticipada”— a 3,200 trabajadores, casi 46% de los 7,000 que tiene la Secretaría
Por otra parte, al sector educativo se le recortaron 1,510 millones de pesos en el primer ajuste En particular, a la SEP correspondieron 1,261 millones entre ambos ajustes, “apenas” 2% de su presupuesto aprobado en diciembre Con todo y que porcentualmente es menor la reducción presupuestal, significará, entre otras cosas, que el Consejo Nacional de Fomento Educativo deje de percibir 395 millones de pesos, con lo que 250,000 familias que se iban a beneficiar de sus programas desde marzo, lo hagan a partir de julio; también, que el apoyo en efectivo para útiles escolares de alumnos de secundaria baje a 150 pesos, en lugar de los 220 pesos presupuestados al principio
Implicará también que la UNAM vea disminuido su presupuesto en 175 millones de pesos, con lo que dejarán de crearse plazas al ritmo originalmente establecido, lo mismo que la cancelación y el diferimiento de programas, como el cofinanciado por el BID, destinado a la construcción de 19 edificios para investigadores y docentes en el campus de Ciudad Universitaria y el establecimiento de 400 laboratorios de cómputo, física, química, biología e idiomas en las unidades de bachillerato de la UNAM
La reducción presupuestal en ese sector significa, asimismo, que el Instituto Politécnico Nacional no percibirá 12 millones de pesos; dejarán de producirse más de 15 millones de libros de texto gratuitos; no se cumplirán las metas de edición o impresión de material didáctico para la alfabetización de adultos; se reducirá en 50,000 ejemplares la edición prevista para el año por parte del Fondo de Cultura Económica y dejarán de construirse y equiparse instalaciones deportivas en por lo menos 10 estados de la república Entre otras cosas
En los estados, además de la disminución automática de las participaciones federales (que están ligadas a los ingresos petroleros), por 2,704 millones de pesos, los recortes han tenido efectos diferenciados en cuanto a monto Por ejemplo, en Tabasco, la merma presupuestaria es superior a los 400 millones de pesos; en el Estado de México, de 316 millones; en Jalisco, de 156; en San Luis Potosí, de 50, y en Oaxaca, de 100 millones En otros, como en Guerrero y Yucatán, no hay recorte presupuestal
En la mayoría, empero, no se ha logrado precisar el monto de los recortes Pero en los casos en los que ha habido, según reportan los corresponsales de Proceso, ha representado el despido de burócratas, reducción de plazas, menos obras de infraestructura y cancelación de programas de vivienda, entre los más notorios efectos, sin contar los impactos locales de la reducción presupuestal en los programas federales de combate a la pobreza
En el documento donde detalla el segundo recorte al gasto público, entregado el miércoles 29 a la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda afirma que se procuró afectar “lo menos posible los programas dirigidos al desarrollo social, al combate a la pobreza extrema y los relacionados con el desarrollo rural Es decir, se procuró en todo momento mantener, y en varios aspectos fortalecer, el papel redistributivo y estratégico del gasto público”