La corrupción toca todo, “sin importar el partido que gobierne”

La corrupción toca todo, “sin importar el partido que gobierne”
“Mafias de Estado” controlan el crimen organizado: Mendoza Ríos, excoman-dante de la Federal de Seguridad
Gerardo Albarrán de Alba, Ricardo Ravelo y Miguel de la Vega
Fomentado, articulado y protegido desde todos los niveles de gobierno, el crimen organizado “ha invadido las estructuras del Estado y se ha aprovechado de su poder y recursos”  
Las principales organizaciones que operan en México se han convertido en “mafias de Estado”, aprovechando que los políticos apuestan solamente a controlar el crimen, en lugar de combatirlo, en busca de resultados aparentes que mejoren su imagen pública Así se ha consolidado la corrupción de los organismos de seguridad pública, “sin importar el partido que gobierne”
Este es el diagnóstico del Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada (Imeco), asociación civil integrada por 20 agentes de inteligencia que, en su mayoría, fueron miembros de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) Por lo menos la mitad de ellos trabaja actualmente en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación; en la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Salud, de la Procuraduría General de la República, y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
Dirigido por quien fue jefe del Departamento de Operaciones de Inteligencia de la DFS y director de Investigación del Cisen, Lucio Mendoza Ríos, el Imeco considera que “la catástrofe de seguridad pública que padecemos no es resultado de la crisis económica, sino de fenómenos políticos, en particular la extendida y profunda corrupción que prevalece en las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia”
Aunque el Imeco se constituyó legalmente en 1997 como asociación civil, el trabajo en equipo de estos “investigadores” —en la elaboración de estudios y propuestas de programas de seguridad pública— coincide con la primera mitad del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, caracterizado por los fracasos en las estrategias y programas para abatir el crimen organizado
Planes como la militarización de la Secretaría de Seguridad Pública y los operativos masivos contra la delincuencia, por ejemplo, ofrecieron nulos resultados, y por el contrario desataron críticas y recriminaciones por el exceso de violencia oficial
Ante esto, han surgido propuestas que van desde posturas “neoautoritarias o profascistas, que nos ofrecen renunciar a libertades a cambio de seguridad”, hasta “planteamientos demagógicos”, que “eluden comprometerse con la seguridad pública y prácticamente justifican la delincuencia, mientras la política económica no cambie”
El gobierno de Zedillo ha emprendido un intento más para controlar al crimen organizado, ahora con el nuevo Programa Nacional de Seguridad Pública, que lleva tres meses en preparación, que incluye planes para modernizar a las policías y la creación de una policía nacional que, desde su anuncio, ya es blanco de polémicas y dudas
El diagnóstico del Imeco “no ignora causas ‘técnicas’ de la crisis, como las deficiencias del marco legal, la escasez de recursos o la falta de métodos avanzados de investigación (que sean) al mismo tiempo respetuosos de los derechos humanos”, pero aun así las subordina a la creciente influencia de las “mafias de Estado”, a las que caracteriza como “los grandes ejes articuladores del crimen organizado en México” y anticipa que “predominarán por un buen tiempo”
Peor aún, considera que la iniciativa presidencial de reformas sobre procuración de justicia y seguridad pública, enviada al Senado, no sólo “puede servir en algunos casos para acrecentar la arbitrariedad y la injusticia”, en lugar de contribuir a abatir la impunidad, sino que “podría afectar garantías de los ciudadanos”
Los antecedentes
“El crimen organizado ya no sólo es el narcotráfico, el robo de autos o el asalto a bancos, sino que se agravó con el aumento de los secuestros, el tráfico de armas y personas, la violación de los derechos de propiedad intelectual e industrial, el asalto a los transportistas, el robo a casas Esto despegó y no hay quién pueda controlarlo Y peor aún, no hay quién pueda combatirlo”, dice en entrevista Lucio Mendoza Ríos
Ingeniero en comunicaciones y electrónica (ESIME-IPN), Mendoza Ríos trabajó 25 años en la Secretaría de Gobernación Los primeros tres lustros los pasó en la DFS Algunos de sus jefes fueron el capitán Luis de la Barreda y Javier García Paniagua, pero formalmente empezó bajo la dirección de Miguel Nazar
Ya fuera de la dependencia, en 1995, Mendoza Ríos se refugió unos meses en el IPN y dio “algunas asesorías”, mientras reestablecía relaciones Así, algunos miembros del Imeco provienen de la DFS; otros, del Cisen, como Verónica Carpintero y Guillermo Lago Montes, aunque este último también estuvo en la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales
La idea de crear esta asociación civil surgió precisamente de un trabajo de asesoría realizado a finales de 1995, para el entonces secretario de Seguridad Pública del DF, Enrique Garay Maldonado Como resultado, Mendoza Ríos y su equipo —entonces media docena de exagentes del Cisen— le presentaron un “Programa de Seguridad Pública”, basado principalmente en el trabajo de inteligencia, pero fue rechazado
—¿El trabajo de inteligencia tiene qué ver con el espionaje?
—Prácticamente, es casi lo mismo Ese es uno de los artilugios de los que también se ha valido el crimen organizado Esto es una guerra
En 1996, llevaron la misma propuesta al director del Cisen, Jorge Tello Peón, donde tampoco fue considerada viable “Siguen pensando en proyectos sexenales”, explica Mendoza Ríos
En 1997, en plena campaña electoral por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, trataron de reunirse con el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, “pero siempre tuvo sus agendas saturadas”
Luego buscaron al candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, a través de su secretario, Alfonso Vaca, de Samuel del Villar y del dirigente local de ese partido, Armando Quintero; para cuando lograron reunirse con ellos, “ya habían ganado la elección”
Como sea, Quintero recibió el documento en septiembre; a Vaca y Del Villar (actual procurador de Justicia del DF) se los entregaron mes y medio antes de que Cárdenas tomará posesión Al propio Cuauhtémoc Cárdenas le mandaron fotocopias No prosperó
Finalmente, llevaron su “Programa de Seguridad Pública” a editorial Océano, que lo publicó en forma de libro bajo el título Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México, que lo puso a la venta hace unas semanas
El adelanto de regalías por la venta del libro, más las aportaciones de sus integrantes, son las fuentes de financiamiento que reporta el Imeco, aunque no descartan allegarse fondos mediante convenios de “investigación y asesoría” con instituciones públicas o privadas También aceptan donaciones
Sin embargo, se negaron a proporcionar a Proceso la lista completa de sus miembros, porque lo consideraron “peligroso” para al menos diez personas que siguen trabajando en las áreas de inteligencia de la PGR, la PGJDF y la Secretaría de Gobernación
En el libro se definen las características del crimen organizado en México y se hacen propuestas de combate, con recomendaciones tanto para el gobierno federal como para el capitalino
El método empleado fue aplicar el análisis de inteligencia, despejando incógnitas y confirmando hipótesis con trabajo de investigación de campo, “no con suposiciones”, cuenta Mendoza Ríos
Los tentáculos
En la versión publicada por Océano, de 295 páginas, se da crédito como autor al Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada, AC, aunque no se identifica a sus integrantes ni se menciona su origen Más bien los disfraza En la solapa del libro dice: “El Imeco es una asociación integrada por personas con gran experiencia en la procuración e impartición de justicia en México”
Como ejercicios de prospectiva, el Imeco plantea cinco escenarios: libanización; panamización; colombianización; Estado de sitio e impunidad; entre la administración del crimen y el desastre actual, y la restauración de la seguridad pública
En la parte de diagnóstico, plantean:
“La experiencia del crimen organizado en México es bastante singular: Se articula y protege desde el Estado Pero no sólo eso, sino que en el corazón mismo del Estado habitan las más extendidas y más poderosas mafias, al grado de que la mayoría de las corporaciones policiacas devienen en organizaciones criminales”
Y resaltan que esas mafias enquistadas en las instituciones del Estado “incluyen a los empleados y mandos de los penales del país, a miembros de las Fuerzas Armadas, a legisladores federales y locales, a presidentes municipales y a miembros del Poder Judicial”
También se detalla cómo se ha incrustado la delincuencia organizada en las altas esferas del poder:
“Las mafias policiacas han aprovechado hasta el límite la estructura jerárquica, la disciplina, la especialización y división del trabajo del gobierno y en particular de las instituciones de seguridad pública, para sus fines criminales
“Las víctimas inocentes del crimen (asaltados, secuestrados, extorsionados, hurtados defraudados) o las víctimas voluntarias, como los adictos a las drogas, entregan su dinero a los delincuentes sin placa; éstos a su vez entregan sus cuotas de protección a agentes y jefes policiacos; los jefes entregan su parte a los altos funcionarios de las instituciones de seguridad pública; las autoridades entregan por diversos conductos una fracción de las ganancias a los jefes políticos; así, hasta llegar a los máximos niveles del Estado”
“La lucha es interna”
Mendoza Ríos acabó su carrera pública como agregado civil para Centroamérica en la embajada de México en Guatemala, eufemismo para denominar a la que fue “la primera oficina de inteligencia de la Secretaría de Gobernación” en esa región, cuya jurisdicción abarcaba siete países
En entrevista con Proceso, Mendoza Ríos afirma que México ya enfrenta un grave problema de seguridad nacional y que el país está muy cerca de “colombianizarse”
La semana antepasada, los miembros del Imeco al fin pudieron reunirse con el procurador capitalino Samuel del Villar, al que le reiteraron la necesidad de combatir el crimen organizado “desde adentro” de la propia dependencia
“La lucha es interna”, subrayaron ante Del Villar
Para el director del Imeco, el problema es la magnitud del poder que ha adquirido el crimen organizado, “que no sólo puede corromper al policía que cierra los ojos para decir que no existe un ilícito, sino que corrompe al jefe del policía, a la autoridad política, judicial y, en un momento dado, se puede convertir en promotor y protector de cualquier variante del crimen dentro del propio Estado”
Pese a la dureza del diagnóstico, el Imeco no proporciona un solo nombre de los jefes de estas mafias en su libro Mendoza Ríos tampoco lo hace en la entrevista
“Los nombres pueden ser muchos, pero a la sociedad de nada le sirve conocerlos En la DFS hubo criminales y narcotraficantes, como Rafael Aguilar Guajardo, por ejemplo ¿Pero de qué le sirvió a la sociedad conocer los nombres de esas gentes? De nada El crimen siguió El objetivo es que la ciudadanía ataque el problema
“La finalidad del diagnóstico es decirle a la gente: ‘Ciudadano: con los niveles de corrupción e ineficacia que tiene tu policía, y con la convivencia permanente con la delincuencia, jamás te podrá resolver tu problema de seguridad”
En el capítulo “Características del crimen organizado en México”, se describen las pugnas y las corruptelas dentro de las corporaciones policiacas:
“La ruptura de la disciplina criminal se paga con diversas represalias disfrazadas de legalidad o abiertamente ilegales: marginación; relegamiento a tareas tediosas; bloqueo de promociones; arrestos; negativa a la entrega de información, recursos y medios de trabajo; campañas de prensa hostiles; cambios constantes y arbitrarios de comisión y horarios; carga excesiva de trabajo; trato permanente irrespetuoso; humillante y agresivo; destituciones, y expulsiones arbitrarias”
El policía que no convive con la corrupción, es presionado por sus jefes y corre los siguientes riesgos: “Designación de comisiones peligrosas; divulgación de informaciones delicadas entre delincuentes sin placa para que actúen contra los servidores rebeldes u honestos; represalias contra informantes, familiares y amigos; amenazas abiertas y veladas; cuatros; fabricación de delitos; encarcelamiento injusto; tortura; desaparición y asesinato”
Para Mendoza Ríos, un ejemplo de la penetración que enfrenta el Estado son las masacres en Ciudad Juárez y en Baja California, pero uno de los casos más elocuentes es Morelos, donde desde el procurador hasta los jefes policiacos, como Jesús Miyazawa, se vieron envueltos en un fuerte escándalo por brindar protección a una banda de secuestradores
Otro, señala, es el subdelegado de la Policía Judicial en Iztapalapa, Tomás Montes de Oca Alva —exmiembro de la DFS—, quien protegía a una banda de robacoches cuyas acciones delictivas contribuían a que la PGJDF reportara 143 robos de autos al día
Incluso, la llegada de mandos militares a las instituciones de seguridad publica en los últimos años “exacerbó los conflictos” Para el Imeco, “muchas de las confrontaciones entre jefes policiacos civiles y jefes policiacos de origen militar, no son otra cosa que un pleito mafioso por el control del crimen”
Mendoza Ríos explica así el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, acusado de proteger al narcotraficante Amado Carrillo:
“Las mafias criminales pueden penetrar a altísimos niveles, no sólo de partidos políticos, sino al Estado mismo, sin importar el partido que gobierne: El crimen domina y ya es imposible sacarlo”
El riesgo es que “con una nueva correlación de fuerzas políticas en el país y un reparto más plural de las posiciones de poder, los efectos pueden ser más perturbadores para las distintas mafias, sus acuerdos y su permanencia”
Juego de apariencias
A pesar de que la crisis de la inseguridad pública está en su máximo nivel, a Mendoza Ríos le extraña que el problema no esté anotado en la agenda de prioridades del gobierno federal
Explica que la desatención gubernamental es clara desde el momento en que no se atiende una recomendación de la UNESCO para que se destine 4% del Producto Interno Bruto al combate a la delincuencia En México no se invierte ni 08%
El problema no es nuevo Desde hace 40 años, la seguridad pública es una variante electoral, dice
“Lo que pasa es que, por conveniencia política, se combate al crimen con criminales; se habilita a los mandos policiacos que han tenido ciertos éxitos controlando al crimen, no combatiéndolo Aquí el caso de Miyazawa y de Peredo Merlo es significativo: como nunca las combatieron, las mafias los rebasaron”
Agrega: “Si el problema más álgido de la Ciudad de México es la inseguridad pública, ¿qué tiene que ofrecer Cuauhtémoc Cárdenas antes de ser candidato a la Presidencia de la República? Pues buenos resultados A esto apuestan todos los políticos: a controlar el crimen, ofrecer resultados aparentes y así poder tener, de alguna manera, cierta garantía para que sus ambiciones políticas no se vean restringidas Esto lo hace cualquier político de cualquier partido”
Como sea, Mendoza Ríos se muestra escéptico sobre las posibilidades de combate real al crimen organizado en la capital del país, y pone como ejemplo al efímero jefe de la Policía Judicial del DF, Jesús Carrola
“El fue miembro de la DFS, llegó al gobierno de Cárdenas a ofrecer lo de siempre: el control del crimen, bajar los índices en términos muy discutibles, pero que el político entiende como un capital que puede usufructuar en el momento de una elección”
O también el grupo de policías exmiembros de la “hermandad policiaca” que, pese tener una historia negra que se remonta a la época del general Arturo Durazo, fueron incorporados a la SSP por el secretario Rodolfo Debernardi
El problema que tiene el gobierno capitalino, apunta, es que no existe un programa integral contra la delincuencia Lo que hace gente como Carrola —”quien sigue operando en la PGJDF”, dice— o Debernardi “es promover una serie de acciones en las que sí caen delincuentes, pero no los combaten en términos de erradicación, porque el mal está dentro de las instituciones policiacas”
Por lo pronto, el jueves 16, Cuauhtémoc Cárdenas instaló un Consejo Consultivo de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, que aplicará medidas emergentes de combate a la delincuencia
En el acto, el procurador Samuel del Villar afirmó que “la corrupción y el mal gobierno” abrieron las puertas de par en par para que la delincuencia se apoderara de las calles
Mendoza Ríos coincide en esto: “El error es que el político le otorga al policía especializado facultades para controlar al delincuente Como los policías conviven y conocen al criminal, le prometen al político bajar temporalmente los índices
“Pero eso no resuelve de raíz el problema, porque las policías nacionales, estatales o municipales siguen cumpliendo la función de solapadores, y lo peor: se convierten en promotores del crimen organizado
“¿Por qué salió de la PGR Coello Trejo, si los niveles más altos de incautación de droga en la historia de la institución los tiene él? La respuesta es muy sencilla: porque controlaba el narcotráfico, no lo estaba combatiendo”
En esa época, comenta, “si detenían un cargamento de cocaína, dejaban pasar diez Y lo curioso es que ésa fue la etapa en que más droga corrió en Estados Unidos, no obstante esas grandes cifras de incautación”
—¿Así ha operado siempre el crimen organizado?
—Ahora se nota más, porque muchos ciudadanos ya no tienen una venda en los ojos: se dan cuenta de todo lo que sucede; los medios de comunicación están más abiertos a este problema y no hay formas de ocultar nada Pero hace 20 años, cuando no había apertura en los medios, estas cosas pasaban muy por debajo del agua
Planes peligrosos
Cifras del Imeco reflejan que de 1994 a 1997 en el Distrito Federal los índices criminales crecieron en aproximadamente 60% Lo dramático es que los niveles se dispararon más en cuatro años que en las seis décadas precedentes Destacan el robo de vehículos, asalto de transportes de mercancías, asalto armado de establecimientos comerciales y el robo a casas-habitación
En los últimos cuatro años, señalan documentos del Imeco, la descomposición del país aumentó “porque los jefes del crimen organizado decidieron escalar las acciones delictivas tras considerar una situación propicia a causa del desorden político y los vacíos de poder que caracterizaron la más reciente sucesión presidencial en México”
Aunado a esto, la protesta social por la inseguridad pública se multiplica
De ahí que entre las tareas primordiales que se planteó Francisco Labastida Ochoa al asumir la Secretaría de Gobernación, el 3 de enero, el tema de la seguridad pública ocupara un lugar preponderante
Entonces reconoció que las acciones gubernamentales habían sido “insuficientes”, pues la criminalidad y la delincuencia habían crecido en todo el país, por lo que anunció que se actualizaría e impulsaría el Programa Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con los estados
Los objetivos de este programa, según dijo, son: reducir la criminalidad y la violencia; abatir la impunidad; lograr que en una proporción cada vez mayor, los delitos sean investigados, y sus responsables, aprehendidos y juzgados, y prevenir la comisión de delitos
Labastida delineó lo que será el Programa Nacional de Seguridad Pública, que se espera sea presentado esta misma semana:
—Depurar los cuerpos policiacos y mejorar las percepciones económicas y las prestaciones de seguro de vida y de vivienda
—Capacitar y preparar a los policías preventivos y judiciales, creando escuelas e impartiendo cursos estatales y regionales
—Diseñar estructuras organizativas más modernas y eficaces dentro de las policías, y equipar adecuadamente a los cuerpos policiacos, con uniformes, armamento y los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones
—Instalar y operar un moderno sistema de comunicación de alta seguridad, para enlazar a todo el territorio de un estado y a los cuerpos de seguridad que participen en ese sistema
—Perfeccionar un sistema de registro de delitos veraz, confiable y oportuno; construir en cada estado laboratorios de criminalística
—Diseñar y operar un esquema de ascensos, escalafón y estructura de sueldos, y promover el reconocimiento de la sociedad civil a quienes se desempeñen con honestidad y valor en el cumplimiento de sus funciones y en la defensa de la sociedad
—Evaluar periódicamente los cuerpos policiacos, con la aplicación de exámenes antidoping, análisis de congruencia entre ingresos y modo de vida, y con la operación del registro estatal y nacional de policías que hayan incumplido la ley o faltado a su responsabilidad
—Ejecutar un programa de construcción de reclusorios y de mejoría de su operación; impulsar la creación de cursos, posgrados especializados en tareas judiciales, para que tengan interés en ser jueces, secretarios y auxiliares de judicaturas
—Instalar en cada entidad federativa teléfonos, buzones y ventanillas para recibir información sobre fallas de los organismos de seguridad, así como fortalecer el sistema de información de seguridad nacional
Desde entonces, la Secretaría de Gobernación emprendió una amplia labor de cabildeo entre los gobernadores de la República, a fin de sacar el nuevo programa de seguridad con el mayor consenso posible
La presentación del programa se ha pospuesto una y otra vez Uno de los puntos que mayor conflicto han causado es el de la propuesta de crear una policía nacional El 7 de abril, Roberto Zavala Echavarría, subsecretario de Seguridad Pública y Readaptación Social, comentó: “Estamos tratando de coordinarnos con los estados, en muchos la aprueban, pero otros tienen reticencias”
Uno de los “reticentes” es el gobernador panista de Guanajuato, Vicente Fox, quien apenas el viernes 7, tras una reunión en Gobernación, declaro:
“No vamos por ahí, seguimos trabajando en lo clásico, en lo ortodoxo, que es la policía municipal, las policías estatales El objetivo es seguir fortaleciendo la procuración de justicia y el Poder Judicial, que este último tenga suficientes recursos para cumplir su tarea a fondo, además de la rehabilitación del sistema penitenciario”
No obstante, en opinión del director del Imeco, Lucio Mendoza Ríos, el proyecto de reformas a la Constitución y la creación de la policía nacional “es muy peligroso”
—¿Por qué?
—Pueden servir en algunos casos para acrecentar la arbitrariedad y la injusticia El problema no resulta de un marco jurídico inadecuado, sino precisamente del tradicional incumplimiento de los ordenamientos vigentes Un caso concreto es que no se aplica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, vigente desde noviembre de 1996
Y sobre la policía nacional dice:
“Será una policía más No va a sustituir a las policías ineficientes y corruptas que se mueven en los niveles federal, estatal y municipal”
La responsabilidad de combatir al crimen organizado, dice, es de la Policía Judicial Federal, “pero no ha podido hacer nada porque 90% de los elementos están metidos en tareas contra el narcotráfico Como consecuencia de ello, existe un gran vacío que ha sido llenado por el crimen organizado”
Cuestiona:
“¿De qué elementos se va alimentar la policía nacional, si no de los que ya existen? ¿De qué niveles, si no del federal, estatal y —ojalá no— del municipal? De acuerdo con el diagnóstico que hay sobre todas estas policías, están altamente afectadas por la corrupción, la ineficiencia, la incapacidad y la impreparación Con todo esto, ¿qué policía nacional vamos a tener?
“Imaginemos que en Morelos no se le hubiera caído la casa a Miyazawa y a su gente ¿Acaso no hubieran sido ellos candidatos para la policía nacional? Es obvio que sí Esto quiere decir que policías corruptos ligados al crimen organizado pueden ser llamados a los puestos de dirección”
Y si alguien sabe de corrupción policiaca, es el ahora director del Imeco No en balde, durante quince años escaló puestos en la Dirección Federal de Seguridad, corporación por donde pasaron también Florentino Ventura, los hermanos Hugo y Arturo Izquierdo Hebrard, Jesús Miyazawa, Miguel Nazar Haro, José Antonio Zorrilla y Jorge Carrillo Olea, con quien Mendoza Ríos trabajó de nuevo en el Cisen
—¿Qué camino le queda a la sociedad?
—Que exija la depuración permanente de sus policías, como se hizo con los elementos de la DFS Yo fui responsable de hacer ese trabajo y de 900 elementos me quedé con 400, que fueron los que sobrevivieron cuando nació el Cisen