El presidente Ernesto Zedillo, el principal obstáculo para reanudar las negociaciones
La situación en Chiapas nunca había sido tan difícil como ahora; hay un endurecimiento militar: López y Rivas de la Cocopa
Guillermo Correa
El diputado perredista Gilberto López y Rivas, vocero de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), advierte: “En el conflicto de Chiapas la realidad nunca ha estado tan difícil como ahora, porque en lugar de avanzar se retrocede y los cambios recientes, tanto en la Secretaría de Gobernación como en el gobierno local, confirman que sólo son de hombres, pues lo que se da es un endurecimiento de la política a través de la acción militar”
Prueba de ello, ennumera, es que tras de la masacre de Acteal van tres semanas de operativos sin precedente del Ejército Mexicano, los cuales comprenden persecución de zapatistas y toma de bastiones de la guerrilla como los “Aguascalientes”; ataques a la población civil, con allanamientos, cateos y vuelos rasantes, lo que implica violaciones constantes de los derechos humanos; la existencia de miles de desplazados; denuncias militares que involucran al obispo Samuel Ruiz, presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), con el alzamiento, y la designación, desde el centro de la República, de un nuevo gobernador representante de los caciques: Roberto Albores Guillén
En entrevista, López y Rivas considera además que la problemática chiapaneca se agudiza debido a que “el presidente Ernesto Zedillo es el principal obstáculo para llevar a cabo la reanudación de las negociaciones de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”
Asegura que suspendido el Diálogo de San Andrés Larráinzar entre las delegaciones del gobierno federal y el EZLN, con la intermediación de la Cocopa, desde hace 16 meses, luego de que en febrero de 1996 el gobierno firmó los Acuerdos pero se negó a firmarlos en septiembre de ese año, el problema básico al que se enfrenta la Cocopa es “el veto presidencial a la iniciativa de Ley Indígena elaborada por esa comisión plural Creo, por ello, que la responsabilidad mayor de lo que está pasando en Chiapas recae en el Ejecutivo federal”
Y que a pesar del cambio de Francisco Labastida Ochoa por Emilio Chuayffet Chemor, en la Secretaría de Gobernación, y de Roberto Albores Guillén por Julio César Ruiz Ferro, en el gobierno del estado, “está peor la situación”, ya que cada vez son más constantes los comunicados que el organismo recibe sobre el despliegue de acciones militares en la zona de conflicto, lo que viola la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, aprobada en marzo de 1995
Esta dispone que los dirigentes y negociadores del EZLN no serán molestados en sus personas o posesiones por autoridad federal alguna De ahí que, según la Cocopa, las acciones militares trastocan también la agenda acordada por las partes dentro de las negociaciones de paz “En ella —sostiene López y Rivas—, el desarme del EZLN no puede ser fruto de una acción unilateral, sino resultado de un acuerdo”
Considera que los cambios de personas se traducen “no en más de lo mismo, sino en mucho peor”, pues piensa que las últimas decisiones fueron con el objetivo de agravar, en vez de buscar la solución pacífica
“Todas las acciones que se están llevando a cabo en lo militar nos están diciendo que hay un endurecimiento, no una continuidad; en todo caso hay una continuidad endurecida
“Creo que, por ejemplo, el primer mensaje del nuevo secretario de Gobernación da cuenta de que no es Francisco Labastida Ochoa el que habla, porque de entrada, antes de conocer un problema, llevar una posición de las características que llevó el funcionario, nos hacen ver que se trata de un discurso que fue preparado sobre la base de instrucciones”
—¿Casi lo mismo que con Chuayffet?
—No, peor
—¿Por qué?
—Porque recoge elementos que el exsecretario de Gobernación nunca hubiera planteado Digamos, la cuestión de que los Acuerdos de San Andrés quedan en calidad de propósitos, que no tienen una fuerza legal, vinculatoria Asimismo, su insistencia en el desarme que, aunque en la reunión que tuvo la Cocopa con él, el 6 de enero, dijo que no se aplicaría al EZLN, sin embargo, vemos que las acciones militares están yéndose contra los zapatistas y no hacia los grupos paramilitares del PRI
De hecho, agrega, el Ejército sólo ha actuado en comunidades zapatistas No ha entrado a Los Chorros ni a uno sólo de los bastiones priístas donde debe haber muchas armas Entonces, “tiene un carácter selectivo el uso militar Y bueno, también es muy preocupante el documento publicado por Proceso sobre el Plan de Campaña Chiapas 94 del Ejército Esto fue planteado al secretario de Gobernación, quien no dio una respuesta concreta”
Los reclamos a Labastida
Integrada por diputados y senadores de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, los integrantes de la Cocopa le reclamaron a Labastida Ochoa su propósito de desarmar a los zapatistas y su temor de que el Ejército Mexicano intente arrasarlos
“Fuimos muy claros en la cuestión de que los desplazamientos militares derivaban en choques con la población civil; él nos dijo que lo iba a plantear al secretario de la Defensa Nacional en términos de que los militares retiraran sus posiciones fuera de las poblaciones, de que no estuvieran permanentemente en escuelas, comunidades, específicamente pobladas por zapatistas”
—¿Quiere decir esto que el Ejército actúa por su lado?
—Para mí, los militares han seguido una guerra de contrainsurgencia que no ha variado en lo más mínimo y que ahora se ha intensificado Es decir, que la política del gobierno federal es de negociación, sin cumplimiento de acuerdos, y provocando el rompimiento permanente del diálogo Eso es lo que hace, en tanto que el Ejército desarrolla una estrategia de destrucción, entre comillas, del enemigo y su base social
A la pregunta de si la Cocopa considera que se pueden agudizar los problemas en Chiapas, López y Rivas responde de inmediato: “Ya están pasando Según nos indican los pobladores, se están llevando a cabo incursiones del Ejército y obviamente siempre hay la posibilidad de un enfrentamiento con la otra fuerza militar Reducido como es el poderío del EZLN, tiene límites en términos de sobrevivencia”
El nuevo gobernador
Ante una demanda casi general que exigía su renuncia, el gobernador Julio César Ruiz Ferro solicitó licencia el miércoles 7 Fue sustituido por el diputado Roberto Albores Guillén, quien de esta forma se convirtió en el quinto gobernador que tiene Chiapas desde que en enero de 1994 apareció el EZLN
Repudiado desde el 14 de febrero de 1995 en que relevó en la gubernatura a Eduardo Robledo Rincón, actual embajador de México en Argentina, Ruiz Ferro llegó a la entidad prácticamente como un desconocido Casi toda su vida la había desarrollado en la capital del país, donde fue director de Finanzas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), involucrándose, según denuncias, en los hechos corruptos —importación de leche radiactiva y frijol contaminado— por los que se investiga a Raúl Salinas de Gortari
Durante los casi tres años de su mandato como gobernador interino y luego substituto, Ruiz Ferro fue acusado por indígenas y campesinos de “incapaz”, de llevar a cabo un plan de contrainsurgencia y de financiar a los grupos paramilitares del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Entre estos figuran los de Paz y Justicia, Los Chinchulines, Tomás Munzer, Alianza Fray Bartolomé de los Llanos, Movimiento Insurgente Revolucionario Antizapatista (Mira), Fuerzas Armadas del Pueblo, Los Degolladores y Máscara Roja, éste último identificado como el ejecutor de la masacre de Acteal en el municipio de Chenalhó
Días antes del relevo, Ruiz Ferro aseguraba que no iba a dejar el cargo, mientras que en México y en el extranjero era acusado —en marchas, mítines, plantones y la toma de dos radiodifusoras en el Distrito Federal— de “asesino”
Carlos Morales Vázquez, diputado federal perredista, miembro de la Cocopa y exlegislador local del PRI, califica de “lamentable y preocupante lo que está ocurriendo, ya que con la designación de Albores Guillén, por enésima vez no se respetó la voluntad de los chiapanecos
“Nos enteramos por televisión de la renuncia de Eduardo Robledo, como ahora sucedió con Ruiz Ferro, un chiapaneco del Distrito Federal Ojalá a éste se le arraigue en el estado, se le enjuicie penal y políticamente por los atropellos que cometió, y no se le premie con un cargo diplomático al igual que al primero y su antecesor, Javier López Moreno”
Con casi 55 años de edad, originario de Comitán, priísta desde 1964 y economista de profesión, Albores, como su antecesor, también hizo la mayor parte de su carrera en la Ciudad de México Durante la gestión de Manuel Camacho como jefe del DDF, fue delegado político en Venustiano Carranza, y posteriormente laboró también en la Conasupo
Como asesor y jefe de Prensa trabajó en la Secretaría de Comercio, al lado de su paisano Jorge de la Vega Domínguez, durante la administración de José López Portillo
Cuando estuvo al frente de la delegación Venustiano Carranza, entre 1989 y 1992, fue acusado de “golpeador” por los comerciantes de La Merced
A mediados de febrero de 1994, Albores manifestó en una carta pagada publicada en los diarios nacionales: “En aras de lo fundamental, que es la tranquilidad social del estado, el Partido Revolucionario Institucional y los partidos políticos nacionales de oposición más representativos de la entidad, deben presentar una candidatura de consenso y unidad para la gubernatura, que garantice nuevas fórmulas electorales plurales, como requisito indispensable para establecer condiciones mínimas de convivencia política civilizada”
Desechada su propuesta para las elecciones de julio de ese año, en las que el candidato fue Robledo Rincón, en diciembre de 1994, de acuerdo con la averiguación previa 984/07/994, decenas de campesinos zapatistas de la comunidad Carmen Shan tomaron la finca Santa Cecilia Sac Chaná, ubicada en La Trinitaria, propiedad del ahora gobernador
Tres años después, el miércoles 7, su llegada al gobierno de Chiapas fue duramente cuestionada por la oposición en el Congreso estatal y el Congreso de la Unión Y para el sábado 10, miles de habitantes de Chiapa de Corzo tenían anunciada la primera manifestación contra Albores, porque como diputado del PRI en esa demarcación, “jamás evitó que el pueblo fuera salvajemente reprimido, el 19 de noviembre pasado, al protestar por la construcción de una cárcel federal”
Con la llegada de Albores, son ya dos presidentes de la República —Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo—, cuatro secretarios de Gobernación —Patrocinio González Garrido, Jorge Carpizo, Esteban Moctezuma Barragán y Emilio Chuayffet—, cuatro comisionados para la paz —Manuel Camacho Solís, Jorge Madrazo Cuéllar, Marco Antonio Bernal y Pedro Joaquín Coldwell— y cinco gobernadores —Patrocinio González Garrido, Elmar Setzer Marseillé, Javier López Moreno, Eduardo Robledo Rincón y Julio César Ruiz Ferro— los que han fracasado en sus intentos por pacificar la entidad
Para Gilberto López y Rivas no hay duda de que la problemática de Chiapas se ahonda cada vez más:
“Ruiz Ferro vivía en la realidad virtual, y el proceso vertical y centralista con que llega su sucesor en nada garantiza una solución”
A esto hay que añadir, explica, una Cocopa hasta hace poco desgastada, los ataques a la Conai, la presencia de un delegado del gobierno, Pedro Joaquín Coldwell, que sólo hace declaraciones y, vuelve a insistir, la intransigencia presidencial
Argumenta: “Ernesto Zedillo y sus asesores manifestaron sus reservas —corchetes—, respecto de la iniciativa de la Cocopa y eso es lo que hace imposible presentar la ley en la Cámara de Diputados En las manos del presidente está retirar esas reservas y dejar que los grupos parlamentarios lleven a cabo las reformas constitucionales en materia de derechos indígenas”
Considera inadmisible que en el último informe presidencial no se mencionara el problema de Chiapas; que a partir de enero del año pasado no sea posible que la Cocopa se reúna con el EZLN y que desde septiembre de 1996 no haya contacto entre los zapatistas y el gobierno federal
“Todo esto es inaceptable, porque lo que hizo la Cocopa fue recoger casi textualmente los Acuerdos de San Andrés Revisar la iniciativa de Ley Indígena significa renegociar lo pactado, ahí es donde radica la trampa puesta, entre otros, por el exsecretario de Gobernación Emilio Chuayffet, con la justificación de diferencias de carácter jurídico”
Recuerda que en una de sus primeras declaraciones, Labastida Ochoa manifestó: “Es indispensable dar forma jurídica a los propósitos planteados en San Andrés Larráinzar”
López y Rivas explica: “No se trata de propósitos, sino de acuerdos adoptados entre las partes, es decir, entre el gobierno federal y el EZLN que, como han afirmado algunos juristas, tienen fuerza legal, y en consecuencia deben ser cumplidos en sus términos y sólo falta hacerlos transitar a través de la iniciativa respectiva al Congreso de la Unión”
“Reconoce que dentro de la Cocopa no todo es leche y miel O sea, que hay un ambiente de grave tensión, de enfrentamiento permanente, que, sobre todo en un contexto donde no hay diálogo y de que el gobierno no quiere cumplir con los Acuerdos de San Andrés, pesa, porque se le boicotea desde el ámbito local y Federal
“El subcomandante Marcos nos critica duramente con toda razón, sólo que debe tomarse en cuenta la dificultad que enfrenta un organismo parlamentario que está sujeto a grandes presiones por parte del Ejecutivo, y que por más buena voluntad política que tengamos algunos de sus miembros nos enfrentamos ante una realidad que va más allá de las capacidades personales”
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