Pasa la factura a quienes le deben el cargo: “El futuro está en juego”
Artimañas del PRI para obtener el voto de los burócratas; un millón, en la capital
Salvador Corro
Para triunfar en las elecciones de este año, el PRI comenzó a echar mano de todos sus recursos, mañas y vicios mediante una “estrategia” de alcance nacional con la que pretende “obtener el apoyo de los servidores públicos” que, sólo en el Distrito Federal, podría representar alrededor de un millón de votos de burócratas que viven en la capital
Se trata de un plan para que los altos funcionarios —secretarios de Estado, oficiales mayores, directores, subdirectores, jefes de departamento, etcétera— “que deben su cargo al PRI” se incorporen y participen en acciones concretas de apoyo al partido, como elaborar listas de los empleados que son priístas, así como de aquellos que no pertenecen a otro partido, y designar a coordinadores “que involucren a su personal inmediato, cuidando las formas”
En las oficinas de los funcionarios del gobierno federal y del Departamento del Distrito Federal circula profusamente un folleto titulado: Compañero servidor público / Qué puedes y qué no puedes hacer por tu partido En la parte superior aparece el escudo del PRI y la sigla CEN (Comité Ejecutivo Nacional)
Al mismo tiempo, funcionarios de alto nivel realizan reuniones periódicas para evaluar los avances de la estrategia, que pretende evitar otra catástrofe como la de 1988, cuando el PRI perdió la elección presidencial en el Distrito Federal ante Cuauhtémoc Cárdenas, entonces candidato del Frente Democrático Nacional, y ahora postulado por el PRD a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal
Las mismas acciones se pondrán en práctica en toda la República, a través de los gobiernos estatales priístas, las delegaciones de las dependencias federales y las direcciones de empresas paraestatales
El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Héctor Valdés Romo, está metido de lleno en la campaña y advierte que esa organización, que agrupa a millón y medio de servidores públicos, “no puede abstenerse de participar en política”
Explica: “Sería absurdo que, por escuchar a quienes sólo quieren debilitar a las organizaciones nacidas al amparo de la Revolución de 1910, los trabajadores al servicio del Estado nos mantuviéramos al margen de la política y al margen de nuestro partido, el mayoritario, sólo porque nos llaman corporativistas
“Esos que nos llaman corporativistas sólo quieren que dejemos el espacio para luego apoderarse de él Esos no deben olvidar que el principal soporte de un gobierno revolucionario son los trabajadores al servicio del Estado Por lo tanto, que el principal soporte del partido en el poder lo han de ser los mismos trabajadores al servicio del Estado”
Que sí y que no
A principios de enero, los expertos en cuestiones jurídicas del PRI nacional se reunieron, a instancias del presidente del partido, Humberto Roque Villanueva, para analizar los derechos y las obligaciones de los servidores públicos Después, Juan S Millán, secretario general, envió una carta a José Woldenberg, presidente del Instituto Federal Electoral, en la que decía:
“Afortunadamente en México se ha evolucionado significativamente en las normas y en las prácticas, en voluntad y decisión del gobierno, fuerzas políticas y sociedad, para eliminar situaciones indebidas en el ejercicio de las funciones públicas que pudieran beneficiar a un partido político o candidato En este sentido, se han reforzado diversas disposiciones legislativas en el ámbito electoral, administrativo y penal, para identificarlas y, en su caso, sancionarlas”
Luego citaba diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, los ordenamientos equivalentes locales, etcétera, y solicitaba a Woldenberg:
“Por todo lo anterior, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, atentamente solicito que se someta al Consejo General del Instituto Federal Electoral, como órgano superior de dirección y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, según lo dispone el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, nuestra petición de que se nos informe cuáles son, a juicio de esta autoridad electoral, los alcances de las limitaciones o prohibiciones que tienen los servidores públicos para ejercer sus derechos y prerrogativas políticas, particularmente las referidas a su capacidad de participar en favor de un partido político o candidato”
Días después, el dirigente priísta recibió la respuesta de Woldenberg:
“Al Consejo General del Instituto Federal Electoral, efectivamente, le corresponde vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, sin embargo, no puede ni debe interpretar los límites y alcances de la Ley, solamente le corresponde su estricta aplicación”
Y agregaba: “Es necesario precisar que el Consejo General del Instituto Federal Electoral no es un órgano de procuración o de impartición de justicia, y no entra en la esfera de su competencia establecer los alcances de la legislación administrativa y penal en la materia
“Como usted mismo lo señala, las restricciones a servidores públicos en esta materia se establecen principalmente en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal Dichas disposiciones legales son claras al respecto”
El sábado 15 de febrero, en las oficinas del PRI instaladas en la calle de León Felipe, San Angel Inn, y convocados por Ausencio Chávez, oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, se reunieron: Juan S Millán; Luis Maldonado, en representación de Esteban Moctezuma, secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI; Pedro Ojeda Paullada, de la Federación de Abogados; Antonio Argüelles, director general del Conalep y presidente de la Comisión de Promoción del Servicio Público del Consejo Político Nacional del partido; Germán Fernández, consejero jurídico de la Presidencia, y los oficiales mayores de todas las dependencias, así como directores de Administración de las empresas paraestatales importantes en el país
Una minuta de la reunión, que con el título de “Nota informativa / Estrategia para obtener apoyo de servidores públicos al PRI”, habría sido entregada a algunos secretarios de Estado —Proceso tiene una copia del documento—, define, entre otros, los siguientes aspectos:
“Estrategia Los servidores públicos se incluyen en el programa de profesionales y técnicos
“Se pretende que se incorporen en acciones del PRI durante el proceso electoral de 1997
“Etapas: Promoción y reactivación de asociaciones de profesionales y técnicos; labores partidarias; y actividades en distritos y comités, así como en lugares públicos y durante la jornada electoral
“Los coordinadores sectoriales serán los oficiales mayores y directores administrativos de paraestatales importantes En los estados serán los oficiales mayores de los gobiernos estatales
“Se solicitó que se elaboren listas de servidores públicos, asociados o sin filiación conocida
“Se sugirió que los coordinadores involucren a su personal inmediato y éstos a su vez lo hagan con el suyo para permear en cadena en todas las dependencias y entidades
“En el caso de nuestro personal en delegaciones, serán los coordinadores estatales los que harán contacto, independientemente de que es recomendable transmitir a los delegados la información
“Comentarios relevantes
“Germán Fernández comentó que ya se había reunido con los responsables jurídicos para aclarar derechos políticos y obligaciones de servidores públicos Su presencia fue tomada como un aval presidencial a la estrategia
“Alejandro Peniche, oficial mayor de Secodam (Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo) comentó varios puntos: que ya tenía nota jurídica, que no entregó; que no sólo tenía autorización del secretario Farell de asistir a la reunión, sino también su recomendación para apoyar todo lo necesario ‘para que no lleguen los del PAN’, que él tenía experiencia en el funcionamiento de asociaciones de profesionistas, seguramente Incopse, y que si no se les apoyaba con dinero no funcionaban, por lo que sugirió la intervención de SHCP, y que a los que había que coordinar también era a los secretarios de Estado para maximizar las acciones
“Ausencio Chávez fue muy insistente en el compromiso con el PRI, al que los altos funcionarios deben su cargo; comentó la labor proselitista que hay que realizar y solicitó enlaces, siendo el suyo Jesús Reyna, exsecretario general de Gobierno de Michoacán Ante algunas preguntas, solicitó que era fundamental la participación de servidores públicos en apoyo al PRI, pero que se cuidaran ‘las formas’
“Juan Millán comentó la prioridad para el gobierno de atender con prioridad (sic) la gestión del PRI
“Antonio Argüelles expuso el entorno electoral y la estrategia general del programa
“Se citó a reunión el próximo 8 de marzo y se aseguró que estaría presente Esteban Moctezuma”
Dicha reunión se realizó el 18 de marzo
Pero ya el domingo 2, mejor organizados, los servidores públicos tuvieron un lugar especial en los festejos del 68 aniversario del PRI, que fueron encabezados por el presidente Ernesto Zedillo Allí, el jefe del Ejecutivo procuró dejar a todos muy claro que la “sana distancia” que había ofrecido mantener entre el gobierno y el partido oficial ya era cosa del pasado
El folleto
Para entonces el PRI ya había elaborado el folleto definitivo de “orientación” dirigido al “compañero servidor público” Dice al principio:
“Compañero priísta: El desarrollo de la democracia en nuestro país ha originado normas legales que establecen las restricciones penales para aquellos servidores públicos que hagan uso partidista de sus funciones, atribuciones o recursos
“Esta evolución de las normas aplicables ha originado, sin embargo, que cuadros políticos priístas y muchos de los servidores públicos que provienen de nuestras filas reduzcan su participación política, y no faltan casos en que renuncian a toda actividad política pública
“Lo cierto es que una gran cantidad de cuadros políticos, profesionales y servidores públicos priístas terminan por no servir a la causa del partido al que pertenecen Las nuevas condiciones de la competencia política reclaman de la participación y del esfuerzo de todos los activos partidistas
“La participación de militantes y simpatizantes de nuestro partido es muy importante, no podemos permitir que por desconocimiento de la ley se abstengan de ejercer sus derechos políticos Con estricto apego a la legalidad, y a la responsabilidad que obliga el oficio de servidores públicos, es importante que se tenga cabal conocimiento de las obligaciones, limitaciones y prohibiciones para poder participar en apoyo de nuestro instituto político”
Y advierte: “El futuro está en juego, cumplamos el compromiso con el Partido Revolucionario Institucional”
Para después señalar, en el capítulo II, titulado “Derechos”:
“Recuerda que, como ciudadano, la Constitución y la ley garantizan tus derechos de libre manifestación de ideas y de expresión, así como de libertad de reunión y asociación
“Por ello, fuera de las conductas prohibidas descritas en el punto siguiente, puedes ejercer con plenitud tus derechos y, por lo tanto, sí puedes apoyar a tu partido, siempre y cuando lo hagas:
“—A título personal
“—No en tu carácter de servidor público
“—Nunca dentro de oficinas públicas
“—Fuera de tus horarios de trabajo”
Luego aparece en el folleto un escudo del PRI, con una “palomeada” que lo cruza diagonalmente y, a continuación, en grandes caracteres la leyenda:
“Sí puedes:
“a) Manifestar libremente tus preferencias y opiniones políticas;
“b) Apoyar activamente y asistir a reuniones de nuestro partido, actos de campaña, mítines, conferencias o grupos de apoyo a los candidatos priístas;
“c) Aportar al partido, fondos o bienes de tu propio patrimonio, tales como recursos, equipos y demás bienes, todo ello dentro de los límites que fija la ley;
“d) Proporcionar apoyo o prestar algún servicio, a título personal, a nuestro partido político o a sus candidatos;
“e) Distribuir propaganda electoral, tales como calcomanías, panfletos, volantes, siempre que éstos cumplan con requisitos tales como el respeto a la vida privada de los ciudadanos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos;
“f) Organizar eventos y reuniones de apoyo a los candidatos del partido, en los términos que fija la ley;
“g) Organizar colectas para racaudar fondos para nuestro partido en los términos que señala la ley;
“h) Todas las demás conductas que no estén expresamente prohibidas por la ley”
Con las mismas características tipográficas que el apartado anterior, sólo que precedida por un escudo partidista con una diagonal semejante a las prohibiciones viales, aparece la leyenda:
“No puedes:
“a) Obligar a tus subordinados, de alguna manera, a emitir su voto en favor de un partido político o candidato; b) Condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de tu competencia, a la emisión de sufragio en favor de un partido político o candidato; e) Autorizar comisiones al personal a tu cargo para que labore en un partido o campaña política; f) Distribuir o permitir la distribución de propaganda electoral en el interior de las oficinas y edificios públicos; i) Obtener o solicitar declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de pago o dádiva, comprometa su voto en favor de un determinado partido político o candidato”, entre otras prohibiciones
El folleto, de 20 páginas contando portada y contraportada —donde aparece la estructura del CEN del PRI encabezada por Roque Villanueva—, contiene asimismo las sanciones aplicables a quien incurra en conductas prohibidas Advierte que aquéllas pueden ser penales, y variar “entre 200 y cuatrocientos días (de salario mínimo como) multa”, así como “de uno a nueve años de prisión”; administrativas, consistentes en “apercibimiento privado o público, amonestación privada o pública, destitución del puesto, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”, y laborales, como “la suspensión temporal de los efectos del nombramiento, o bien, el cese de los efectos del nombramiento”
Finalmente, aparece el “Marco legal”, en el que se reproducen diversas disposiciones de la Constitución, el Cofipe, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y las sanciones establecidas en ellas y en el Código Penal
La realidad
Según datos obtenidos por el reportero —sus informantes pidieron omitir sus nombres por temor a ser despedidos—, en algunas oficinas gubernamentales ya se elaboraron las listas de los empleados que dicen pertenecer al PRI Los responsables de los listados no saben qué tan confiables pueden ser tales datos, pues reconocen que, “por los vicios existentes”, “por el temor a sufrir represalias”, muchos servidores públicos se declaran priístas cuando sus jefes les preguntan si pertenecen a algún partido
Mientras tanto, en asambleas, circulares y eventos sociales y deportivos de los sindicatos, “de manera suave, simulada, con habilidad”, se dejan correr versiones de lo que podría pasar a los burócratas si gana la oposición
Y es que los sindicatos de burócratas siguen constituyendo uno de los principales instrumentos con los que cuenta el PRI para obtener sufragios Por ejemplo, aunque legalmente ningún trabajador puede ser obligado a afiliarse a un partido en particular, sí debe pertenecer al sindicato de la dependencia en la que labora, y la mayoría están afiliados a la FSTSE
A su vez, el Programa de Acción de este organismo establece que debe “mantenerse la permanente militancia de la FSTSE, dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional, en las acciones que desarrolle el Movimiento Nacional Sindical al interior del Sector Popular”
El viernes 4 de abril, Héctor Valdés Romo rindió su segundo informe de labores como secretario general de la FSTSE Como representante del presidente Zedillo asistió Arsenio Farell, secretario de la Contraloría
Valdés Romo, ante los 86 secretarios generales de los sindicatos que integran la FSTSE, manifestó:
“En nuestra calidad de trabajadores al servicio del Estado, reconocemos el hecho incontrovertible de que el gobierno es el representante del pueblo, es en quien el pueblo ha delegado su magno poder y a quien el pueblo ha encargado concretar las más nobles y dignas aspiraciones populares
“Lo anterior nos obliga a un análisis sobre la oferta política que tenemos enfrente ¿Qué nos ofrecen los partidos políticos?”
Del PAN dijo:
“Hay un partido conservador, tradicionalista, que amenaza con reformar el artículo 123 constitucional para homologarnos con las leyes laborales que rigen en otros países; para el pago por hora; para el despido indiscriminado; para la contratación individual y, por ende, para la desaparición de los sindicatos Este es un partido que, además, ha presentado a la Cámara de Diputados su propia iniciativa de Ley del Servicio Civil de Carrera, seguramente para su propio beneficio, porque para nada consultó la opinión de los trabajadores de base de la Administración Pública Federal”
Del PRD:
“Hay otro partido Uno que se dice de izquierda Uno que dice ofrecer la solución nacional con base en esquemas ya probados, no acordes con la realidad que se vive en el mundo Uno que en sus conductas ofrece confrontación y, a veces, contradicciones; que con tal de arribar al poder en un interés obsesivo y sectario, se abre a cualquier candidatura a la que le vea la posibilidad de ganar votos”
Y del PRI:
“En contraparte, tenemos al partido de la experiencia, el que tiene oficio gubernamental, el que reconoce errores, el que rectifica rumbos Un partido realista, congruente con el acontecer mundial, incluyente, que busca el cambio para mejor Es el partido con el que tenemos afinidad histórica, el partido en el que prácticamente nacimos como Federación de Sindicatos”
La mayoría, con el PRI
—¿Cómo evitan los dirigentes sindicales caer en la ilegalidad en su proselitismo priísta? —se le pregunta a Valdés Romo
—Nosotros partimos de que si en la Declaración de Principios de la FSTSE está consagrado el principio del pluralismo político, consideramos que todos los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho de hacer campaña en favor de su respectivo instituto político Sería una falacia, una mentira, que yo dijera que todos los trabajadores al servicio del Estado somos priístas Hay quienes pertenecen a otros institutos políticos Pero la mayoría de los trabajadores al servicio del Estado hasta ahora seguimos perteneciendo al PRI
—¿Hay temor de que la burocracia no le responda al PRI?
—No Nosotros estamos conscientes de que precisamente en esa libertad para manifestarse radica uno de los principios esenciales de nuestra autonomía El trabajador es libre de votar por quien desee Aquí no hay priísta por acuerdo de consejo, por convención Quedaríamos en evidencia si yo ofreciera al PRI tantos miles de votos y luego no los saca en las urnas Por eso hemos dejado que lo hagan con libertad
—Pero hay funcionarios de alto nivel que están haciendo proselitismo Antes no se hacía como ahora
—No lo creo, pero de ser así, siempre han tenido libertad también para manifestarse
Según él, la campaña que realizan es de concientización: “Les estamos explicando a los trabajadores cómo vemos las cosas También confesamos públicamente que el PRI ha cometido errores, pero también hemos dicho que los ha reconocido Es un partido influyente Ojalá tenga mucho cuidado en la selección de sus candidatos”
No hay duda de que, más que nunca, el PRI requiere de los votos de los burócratas para remontar derrotas electorales como las ocurridas recientemente en los estados de México y de Morelos, que se suman a las cuatro gubernaturas en manos del PAN, y que, de acuerdo con las encuestas electorales, podrían potenciarse este año con más gubernaturas, ayuntamientos y posiciones legislativas perdidos
Por lo pronto, en el Distrito Federal, cuya elección puede ser determinante para la obtención de escaños y curules en el Congreso de la Unión, así como para alcanzar la Presidencia de la República en el año 2000, las encuestas siguen colocando al candidato priísta a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Alfredo del Mazo, en tercer lugar, mientras que en el primer puesto se mantiene el candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, y en el segundo, Carlos Castillo Peraza, por el PAN
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