López Obrador y García Villa rechazan que la cifra acordada de 2.50 pesos por empadronado aumente a 20

López Obrador y García Villa rechazan que la cifra acordada de 2 50 pesos por empadronado aumente a 20
La propuesta oficial de financiamiento a los partidos, “derroche inmoral” y “asalto escandaloso” en beneficio del PRI, advierten PAN y PRD
Gerardo Albarrán de Alba y Fernando Mayolo López
El financiamiento público para los cuatro partidos políticos representados en el Congreso de la Unión (PRI, PAN, PRD y PT) podría llegar a 1,884 millones de pesos en 1997 (unos 250 millones de dólares) La mitad, para las campañas de sus candidatos a diputados federales y senadores
Esto, dice Andrés Manuel López Obrador, presidente del Partido de la Revolución Democrática, “es inmoral”
Para Juan Antonio García Villa, secretario general del Partido Acción Nacional, “es escandaloso”
Peor aún, coinciden ambos dirigentes: Con este gasto, el gobierno de Ernesto Zedillo pretende asegurar el triunfo electoral de su partido, el PRI, mediante la legalización en 1997 de parte del financiamiento que, hasta ahora, han recibido “bajo la mesa” las campañas priístas
Y es que, si la propuesta de la Secretaría de Gobernación prospera, el PRI recibirá un financiamiento público de 836 millones 742 mil pesos, monto al que no parecen dispuestos a renunciar, pues, como advirtió el coordinador de la fracción priísta en la Cámara de Diputados, Humberto Roque Villanueva, aceptar una reducción en los topes de campaña “pondría en riesgo la viabilidad electoral del partido”
Por lo pronto, este tema es uno de los mayores obstáculos para la reforma electoral que negocian gobierno y partidos
Mientras, los tiempos se agotan y, hasta el viernes 25, no había consenso en el nombramiento de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) y de los magistrados del Tribunal Federal Electoral, que deben entrar en funciones este 1¼ de noviembre
También persisten las diferencias en la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), ley secundaria que reglamenta las reformas constitucionales en materia electoral aprobadas el pasado 25 de julio, y que deben regir los comicios del año entrante
El atorón se completa con la falta de acuerdo en materia de coaliciones y todo lo relativo al funcionamiento e integración del IFE
El abuso
Según estimaciones del PAN, elaboradas con base en la propuesta gubernamental, el financiamiento público en 1997, tan sólo para el PRI, PRD, PT y el propio PAN, ascenderá a 1,884 millones 979,000 pesos
“Es un gasto inmoral —sostiene López Obrador— No se justifica, y menos en época de crisis Podría hacerse campaña y financiarse la acción política con mucho menos Nuestra propuesta original (la del PRD), fue de un peso por elector”
Para García Villa, “es escandaloso por su magnitud”
De confirmarse los cálculos panistas, el PRI recibiría un financiamiento público total de 836 millones 742,000 pesos; la mitad, destinado al gasto electoral, lo que le representa un incremento total del 477%, comparado con los 145 millones en prerrogativas que recibió este año
Sin embargo, el secretario de Finanzas del PRI, Octavio West, declaró que su partido deberá recibir del IFE 600 millones de pesos en 1997, tan sólo para gastos ordinarios, lo que implicaría otro tanto para sus campañas electorales (La Jornada)
En tanto, según García Villa, el PAN sería financiado con 498 millones 954,000 pesos; el PRD, con 370 millones 964,000, y el PT, con 178 millones 319,000
En medio de esta danza de cifras, lo cierto es que aún no se ha determinado el costo mínimo por campaña, tanto para diputado como para senador y presidente de la República
Estos costos mínimos forman parte de la negociación en curso entre los partidos políticos Una vez acordados, todavía deberán ser aprobados por el nuevo Consejo General del IFE
Como sea, el juicio de los dirigentes del PRD y del PAN responde, también, al desmesurado incremento del gasto electoral, comparado con el de los comicios de 1994, y que dispara aún más la falta de equidad en favor del PRI
Hace dos años, los nueve partidos políticos que participaron en esas elecciones reportaron un gasto de 414 millones 778,751 pesos entre todos
De acuerdo con los informes presentados por los propios partidos políticos ante el IFE, tan sólo el PRI empleó 324 millones 681,340 pesos, es decir, el 78% del total El PAN y el PRD invirtieron apenas 1038% y 458%, respectivamente
Nada más la campaña de Ernesto Zedillo costó 128 millones 3,812 pesos, poco más de lo que el mismo PRI gastó en sus 2,700 candidatos a diputados federales
La disparidad en esos comicios fue más que evidente: El puro costo de la campaña zedillista en 1994 representó el 714% de lo que gastaron los otros nueve candidatos a la Presidencia de la República Diego Fernández de Cevallos gastó 31 millones 968,728 pesos, mientras que Cuauhtémoc Cárdenas apenas invirtió 10 millones 857,300 pesos
Las campañas de senadores fueron igual de desproporcionadas El costo total de esta elección fue de 91 millones 561,116 pesos De esta cifra, los 32 candidatos priístas gastaron 80 millones 317,701 pesos, es decir, 8722% del total Los otros ocho partidos apenas gastaron el restante 1278%, entre todos
Para las campañas de diputados federales, el PRI gastó 104 millones 334,147 pesos, lo que representa el 8124% de los 128 millones 430,464 pesos invertidos por todos los contendientes
En el Distrito Federal, para las campañas de asambleístas, el PRI desembolsó 12 millones 25,680 pesos, o, lo que es lo mismo, 7773% del total empleado por los nueve partidos contendientes: 15 millones 471,743 pesos
Bajo la mesa
Hasta ahora, el financiamiento público es un obstáculo
“Este es un tema que ha trabado desde hace mucho la negociación Nosotros vamos a insistir en que se respete el acuerdo final a que se llegó: 250 pesos por elector”, dice López Obrador
—De cualquier forma, la proyección del gasto de los partidos para 1997 se acerca ya a los 2,000 millones de pesos —se le dice
—Nosotros estamos dispuestos a limitar el gasto de campaña Sostenemos que si se abren los medios de comunicación, si se utiliza el 12% del tiempo oficial del gobierno en horarios de máxima audiencia, sería más que suficiente Las campañas se podrían hacer más por televisión, siempre que los tiempos se distribuyeran con equidad
—¿A quién le interesa mantener ese nivel de gastos de campaña?
—Al PRI Ellos argumentan que no quieren dinero bajo la mesa, pero la verdad es que el dinero sobre la mesa —de aprobarse la reforma con esos topes— sería muchísimo, y no tiene justificación
“El PRI gasta mucho por lo exagerado de sus campañas en medios y por la estructura de promoción del voto que monta En el Estado de México (donde habrá elecciones este 10 de noviembre) tiene 300,000 promotores trabajando Echale pluma: ¿Cuánto les cuesta cada uno?
“Las cajas de Tabasco demostraron que es toda una estructura de gobierno trabajando para un candidato Y hay otros gastos, como la compra de lealtades
“Por eso —sostiene una vez más— tenemos elecciones de Estado”
—¿El financiamiento privado podría ser una alternativa para no impactar el gasto público?
—Sí El problema es la posibilidad de que las campañas sirvan para el lavado de dinero
—¿Estaría dispuesto el PRD a reducir sus gastos ordinario y de campaña?
—Sí, aunque de lo que se trata es de bajarle al que recibe más, no de subirle a los que reciben menos —precisa López Obrador
Para Juan Antonio García Villa, el gobierno “pretende hacer ‘transparente’ el financiamiento que por vías subrepticias se hace llegar al PRI”
Lo malo, advierte el secretario general panista, es que, pese a los desmesurados recursos que podría recibir el PRI en 1997, este partido “seguiría con la tentación de tomar dinero de las arcas públicas, sobre todo si la competencia electoral es cuesta arriba, aunque aparentando que recibe por sobre la mesa lo que antes recibía, de manera vergonzante, por debajo”
—¿Cómo califica el PAN estas formas?
—Nos tratan de tomar el pelo con la verdad
García Villa cita una infidencia de priístas en la negociación de la reforma constitucional: “El derroche es parte de nuestra cultura política”
Y esto, para el panista, “es una cultura francamente antidemocrática, autoritaria, bárbara y patrimonialista; porque con tal de que la maquinaria de ganar elecciones siga funcionando, no reparan ni se detienen en nada”
—¿Qué significa el dinero para el PRI?
—Todo Porque no es capaz de efectuar el más insignificante acto público si no lo paga
“El PRI apuesta al dinero para ganar las elecciones Lo más lamentable es que, mediante dádivas, trate de comprar la voluntad de los electores”
García Villa asegura que, con recursos equitativos, “el PRI pierde, se desintegra, se desmorona”, y por eso se explica el denuedo con el que tratan de suplantar, por vías fraudulentas, la voluntad ciudadana
“Es un asalto No puede interpretarse de otra manera esta desesperación por ganar a como dé lugar las elecciones sino para mantener el poder mismo, el poder por lo que significa”
Así, luego de 23 meses de negociaciones, la reforma electoral aún no acaba de aterrizar Apenas hace cuatro meses se llegó a la reforma constitucional, cuyo carácter, según calificó entonces el presidente Zedillo, es “definitivo, decisivo e irreversible”
Ni de lejos En realidad, la postura priísta en la discusión de la reforma a la legislación secundaria pareciera buscar la renegociación de los acuerdos suscritos por los dirigentes partidistas y el presidente Ernesto Zedillo, reprocha López Obrador
De por sí, en cada etapa de la negociación, los acuerdos pierden alcance
A mediados del año pasado, en el Seminario del Castillo de Chapultepec, PAN y PRD acordaron un tope a los gastos de todas las campañas a razón de un peso por elector inscrito en el Registro Electoral Ciudadano, conforme al valor de la moneda el 21 de agosto de 1994
En los acuerdos de la mesa de Barcelona, que dieron pie a la reforma constitucional de julio pasado, la cifra quedó en 250 pesos por empadronado Y ahora, en la nueva propuesta gubernamental, sobrepasa los 20 pesos por elector
Cuestión de honor
De acuerdo con la reforma constitucional de julio pasado, entre los alcances de la ley secundaria destacan: afiliación individual a los partidos políticos; mecanismos para el voto de mexicanos en el extranjero; fin de la injerencia del Ejecutivo en los órganos electorales; ningún partido deberá tener más de 300 diputados y habrá 32 senadores de representación proporcional, y los partidos políticos podrán impugnar leyes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conocerá de asuntos electorales
Por lo pronto, el presidente del PRD advierte que su partido no irá a una reforma que no cumpla con los acuerdos de la mesa de Barcelona
“Hay un pacto suscrito entre partidos, e incluso por el presidente Zedillo Sin embargo, la primera versión de la reforma legal que se nos presentó no recoge puntos importantes de esos compromisos”, denuncia, y cuestiona:
“Si no respetan lo acordado, no van a respetar nada Y, entonces, ¿para qué firmó Zedillo?”
López Obrador reclama el cumplimiento de los compromisos sobre las candidaturas de coalición, a las que les quieren aplicar nuevos candados Lo mismo ocurre con el financiamiento público a partidos, donde “el PRI se está queriendo aumentar los topes de campaña”
También “hay incumplimiento en cuanto a sanciones por violación a los topes de campaña Nosotros queremos que sea más estricto el castigo, que no sólo se sancione al partido, sino también al candidato Esto tiene como antecedente el caso Tabasco Por eso no podríamos ceder”
Para López Obrador, no basta con el nombramiento del Consejo General del IFE, sino que se deben abarcar las estructuras electorales estatales y distritales
“No tiene ningún sentido renovar el consejo y dejar los mismos funcionarios, porque la experiencia nos dice que este esquema limitado de atribuciones de los consejeros no les permite la conducción del proceso electoral Terminan como adorno, algo que sucedió con los actuales consejeros”
López Obrador y García Villa coinciden en la necesidad de controlar el gasto público, ante la experiencia de la utilización ilegal del presupuesto para favorecer al PRI, incluyendo las partidas de programas sociales como Pronasol y Procampo “y todo lo que significa traficar con las necesidades de la gente”
En cuanto al nombramiento de los consejeros electorales, López Obrador rechaza la asignación de cuotas partidistas y se pronuncia por que “sea gente con una inobjetable vocación democrática, íntegra, con rectitud y con arrojo, capaz de decir ‘No’ a la ilegalidad, a las consignas del régimen, capaz de hacer a un lado sus simpatías personales y actuar con decoro y objetividad Deben ser verdaderos jueces”
La propuesta “ideal”, dice “a título personal”, incluye a Pablo González Casanova, Enrique Krauze, Gabriel Zaid, Luis Villoro, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Octavio Paz, René Drucker
“No hay que partidizar No hay que proponer priístas o panistas o perredistas disfrazados de ciudadanos Tampoco queremos consejeros de partido, sino gente independiente Si se quiere realmente autonomía e independencia, si se quiere tener un órgano electoral que organice elecciones limpias, libres, que emita resoluciones verdaderamente inapelables, debe pensarse en ese tipo de personalidades”
—¿Hay voluntad política en el PRD para eso?
—De nosotros, desde luego que sí
—¿Y en el PAN?
—No lo sé
—¿En el PRI y en el gobierno?
—No parece que haya voluntad política
De cualquier forma, dice López Obrador, “hay que apostar al consenso”
—¿Un acuerdo PRI-PRD?
—Es muy difícil Nosotros queremos el consenso Sobre la mesa está nuestra voluntad de cambio democrático, no queremos simulaciones ni aceptamos candados ni prebendas para beneficiar a un partido en particular
Pese a las coincidencias de fondo, manifiestas en las entrevistas con Proceso, PAN y PRD parecieran no tener contacto, lo que alimenta el recelo mutuo
El PRD desconfía del PAN, porque “en otras reformas electorales se han amarrado con el PRI para legislar”, dice López Obrador
Pero el PAN tampoco cree en el PRD, y García Villa reclama: “Ojalá estuvieran más próximos a nuestra posición que a la otra”
En cuanto al PRI, ambos partidos de oposición tienen mucha mayor claridad
“La verdad es que no hay una línea divisoria entre el PRI y el gobierno Al menos no se sabe dónde termina el PRI y dónde empieza el gobierno No olvidemos que se trata de un partido de Estado, y aun cuando exista una formalidad, el jefe de ese partido es el jefe del Estado”, juzga López Obrador
Para los panistas, la Secretaría de Gobernación “hizo una propuesta que, todo parece indicar, atiende las necesidades del PRI, puesto que los priístas se han mantenido inflexibles e intransigentes” en cuanto al gasto de campaña, mismo que “es inadmisible”, dice García Villa
Y clama:
“Ojalá se atienda este último llamado que hacemos a quienes puedan influir en la reforma para que se moderen los montos y se encuentren las fórmulas para un financiamiento público razonable, sin contradecir lo ya establecido por la Constitución”
En el PRD, según López Obrador, “aceptaríamos menos de la mitad” de lo ya acordado
“Nosotros no vamos a aceptar la zanahoria de un mayor gasto para el PRD, si esto significa una utilización exagerada del presupuesto contraria a los intereses ciudadanos No queremos zanahoria, nosotros estamos acostumbrados a hacer campañas con menos de lo mínimo”
—Pero también se quejan de iniquidad, como si no les alcanzara —se le replica al perredista
—Esto significa que hay que bajarle al de arriba; significa austeridad para todos
Y aun cuando concede que “indudablemente, la democracia cuesta”, aclara que “no a tales grados de desproporción, porque llevaría a la mercantilización de la democracia Toda esta reforma legal, los topes de campaña, no son más que asuntos accesorios Lo fundamental es que haya la voluntad de respetar el voto”
—La democracia cuesta ¿cuánto?
—Lo estrictamente necesario
—¿Sería justificable un gasto así cuando no se cuestione la democracia en México?
—Si hubiese democracia no se necesitaría ese gasto, que hoy es, precisamente, para mantener la antidemocracia
“Hacen falta autoridades imparciales, apertura de medios y control del presupuesto Estas tres cosas no se dan a plenitud porque el gobierno no quiere apostar a la democracia Si se destraban esos tres elementos, que son controlados por el régimen, estaríamos hablando de que hay voluntad política”
—Y si no la hay, ¿entonces a qué estamos asistiendo?
—A mecanismos más sofisticados y más costosos de simulación democrática
Ante estos escenarios, López Obrador concluye:
“Por eso no podemos hablar de reforma electoral definitiva, aunque se llegue ahora a un consenso Tendría que tocar todo esto”
Atorón
—¿Es real el riesgo de que se llegue al 31 de octubre sin consensos? —se le pregunta a López Obrador
—Es real —concede Pero se está hablando, hay avances Nadie tiene una postura intransigente Todos queremos que salga la reforma
Entrevistado el jueves 24, durante una gira por el estado de Hidalgo (con elecciones este 10 de noviembre), López Obrador intenta rescatar el optimismo:
“No creo que no se llegue al acuerdo Hay la posibilidad real de que no se dé el consenso, pero también hay voluntad de todos para hacer la reforma”
Pero el viernes 25, ante la ausencia de los dirigentes nacionales de los partidos, la negociación se entrampó aún más
Frente a la falta de acuerdos, el PAN propuso postergar el plazo para elegir a consejeros y magistrados electorales, pero encontró el rechazo priísta y perredista por su inviabilidad jurídica, pues implicaría desechar los artículos 3 y 5 transitorios de la Constitución, que fijan como plazo límite el 31 de octubre para su nombramiento, siempre que, antes, haya consenso para reformar el Cofipe y la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya negociación también está entrampada
Por su parte, el PRI alega que esos nombramientos se pueden hacer sin necesidad de las reformas legales, a lo que PAN, PRD y PT dicen: “Falso”
Y es que, para que proceda la maniobra priísta, haría falta una contrarreforma constitucional que derogara los artículos transitorios que determinan el plazo legal del 31 de octubre
Otra opción explorada el viernes es que el Congreso de la Unión emita un decreto especificando los requisitos para el nombramiento de consejeros y magistrados electorales, salvando así las limitantes del Cofipe y de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Pero esto encontró la resistencia del PRD, que tiene en el tiempo su mejor instrumento de presión
El PRI, en cambio, lleva la negociación al límite y juega con esos mismos tiempos, pues, para sacar los nombramientos, necesita dos terceras partes de los votos en el Congreso Es decir, necesita al PAN o al PRD al que convenza primero
Otra presión sobre el tiempo la ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya envió al Senado su lista de candidatos a magistrados electorales y ha reclamado a los partidos que cumplan con el plazo legal que vence este 31 de octubre
En este campo, también está pendiente toda la reforma jurídica en materia electoral, lo que incluye, entre otras cosas, los mecanismos a través de los cuales los partidos políticos podrán interponer recursos de amparo e iniciar controversias constitucionales
Por lo pronto, PAN y PRD coinciden en la necesidad de garantizar la plena autonomía de los órganos electorales, tanto federal como estatales y distritales
Ambos rechazan la fórmula oficial propuesta que tiende a facilitar la sobrerrepresentación del PRI en el Congreso de la Unión, y también demandan el acceso equitativo a los medios de comunicación
El PAN, por su lado, sostiene su “rechazo categórico” a la creación de agrupaciones políticas
En tanto, el PRD reclama la penalización efectiva por rebasamiento de topes de campaña y violaciones al reglamento electoral
Entre las diferencias destaca el hecho de que el PAN pretende que las aportaciones privadas a las campañas electorales sean deducibles de impuestos; para el PRD, esto sería un financiamiento público indirecto y disfrazado
Las coaliciones son otro punto de desencuentro: El PRD reclama la flexibilización de las reglas para crear alianzas electorales, mientras que el PAN la rechaza
La negociación debió continuar la mañana del sábado 26, y se esperaba la asistencia de los presidentes del PRI, PAN, PRD y PT para empujar acuerdos
Por lo pronto, en fuentes legislativas se dijo que la Cámara de Diputados estaba citada para mañana, lunes 28, a las cinco de la tarde, aunque no fue confirmado oficialmente
Uno de los temas principales será, por supuesto, el del financiamiento
López Obrador adelanta:
“Es justo que el PRD pida el cumplimiento de lo acordado Es una cuestión no sólo política, sino ética No aceptaríamos que, después de suscribir un acuerdo, no pase a formar parte de la legislación”
García Villa remata:
“El PRI y el gobierno parecen insensibles desde su cultura política del dispendio Un pueblo empobrecido no va a admitir que se destine a la función electoral cantidades tan estratosféricas”