Informe de las ONG a la CIDH-OEA: En México no hay justicia ni se respeta la ley
Con medidas de excepción, el gobierno de Zedillo ha anulado derechos y garantías
Raúl Monge
En el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, ni se han respetado los derechos humanos, ni ha habido justicia social, ni ha imperado la ley Además, con la recurrente aplicación de medidas de excepción, se han provocado “graves” y “sistemáticas” violaciones a las garantías individuales
Así empieza el informe Situación general de los derechos humanos en México, elaborado por la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, Alianza Cívica y el Centro de Reflexión y Acción Laboral
El documento, de 187 cuartillas, fue entregado, el miércoles 17, en reunión de trabajo privada, a los integrantes de las delegaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que realizan una visita a México para valorar la situación de los derechos humanos
Los organismos civiles advierten que “la cauda de los derechos humanos en México atraviesa por momentos difíciles” y sostienen que nada, ni siquiera el hecho de que el gobierno admita que la corrupción y el narcotráfico han invadido las esferas gubernamental y privada, y que aún prevalece el abuso de poder de policías y jueces, “ha logrado revertir la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia”
Con excepción de los casos de Chiapas y Guerrero —tratados por separado—, el informe hace un breve repaso de las medidas adoptadas en materia de justicia en la actual administración, así como de hechos que reflejan el estado de indefensión en que se encuentran diversos sectores sociales
LA MANO DURA
El siguiente es el panorama de los derechos en México, visto por las organizaciones civiles
Ante el aumento de la delincuencia y posibles estallidos sociales, el gobierno mexicano ha optado por endurecer la legislación penal, reforzar los cuerpos policiacos y militarizar las instancias encargadas de la seguridad pública
Las organizaciones ponen como ejemplo de lo anterior las reformas penales de agosto de 1993; la creación de la Coordinación de Seguridad Pública, el 26 de abril de 1994; la aprobación de la Ley de la Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, el 21 de noviembre de 1995, así como la instalación del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la iniciativa de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del 7 de marzo de este año, que no ha sido aprobada pero que reglamentaría las reformas a los artículos 16, 20, 21, 22 y 73 constitucionales, aprobadas el 27 de abril —con los votos del PRI y del PAN— con el fin de endurecer las medidas para la persecución y el castigo de conductas delictivas
Dice el informe:
“Este proyecto de reformas penales tiene una expresión preocupante para el campo de los derechos humanos, especialmente la exposición de motivos del proyecto de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en donde se reconoce explícitamente que la gravedad de la delincuencia organizada en nuestro país ‘exige considerar ciertas excepciones’ () a la aplicación general de algunas de las garantías individuales”
Menciona la autorización para intervenir comunicaciones privadas de sujetos sospechosos y “para ordenar diligencias de cateo en casos urgentes, retener por más tiempo a los presuntos responsables y confiscar los bienes de una persona que resulte sentenciada por pertenecer o cometer delitos dentro de una organizaciones criminal”
Según las organizaciones civiles, este proyecto de reformas penales “pretende legitimar acciones inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos”
Y abundan en los puntos que, en su opinión, contravienen el marco legal de las garantías individuales: plazos de retención ante el Ministerio Público más largos, con probable incomunicación; confiscación y no devolución de bienes durante el proceso y en caso de sentencia condenatoria; estrategia premial (recompensas por colaboración); perdón total o parcial a miembros de organizaciones criminales que cooperen con la justicia; protección a testigos, con reserva sobre su identidad hasta el momento procesal oportuno; existencia de jueces sin rostro; investigación electrónica de la privacidad; cateos administrativos en casos urgentes y punibilidad como adultos a menores de 18 años y mayores de 16
Consideran la militarización de los cuerpos de seguridad como un riesgo potencial, pues se trata de elementos adiestrados para eliminar adversarios, no para rehabilitarlos; además, pueden ser utilizados discrecionalmente contra disidentes políticos y eventuales brotes de descontento pacíficos o armados
Otro peligro que vislumbran con la presencia militar, es el refuerzo de la cultura de la delación, del temor y la sospecha entre la ciudadanía
“Hay ya muchos signos que hablan de la intención oficial de penalizar a grupos disidentes u opositores al régimen, en una estrategia que sustituye demandas sociales o políticas por demandas penales-judiciales”
Las ONG señalan que existen diversos indicadores sobre el cambio en la concepción de seguridad nacional:
“Si se invierte la lógica, podemos darnos cuenta de que no se trata ya de preservar la soberanía a salvo de un peligroso enemigo extranjero; ahora el enemigo está dentro, oculto tras de cualquier ciudadano común Eso explica la presencia militar en diversas entidades, principalmente Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Hidalgo, Veracruz, Morelos y el Distrito Federal”
JUSTICIA Y POLITICA
Como ejemplo de que la aplicación de la justicia está subordinada a criterios políticos, el informe cita los casos de Jorge Javier Elorriaga Berdegué y María Gloria Benavides Guevara, ambos vinculados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
Elorriaga fue acusado inicialmente de los delitos de rebelión, sedición, motín, terrorismo y conspiración El 2 de mayo fue sentenciado a 13 años de cárcel, pero sólo por los delitos de terrorismo, conspiración y rebelión Año y medio después, el 6 de junio, fue absuelto y liberado
Gloria Benavides fue detenida en la Ciudad de México y consignada por los delitos de asociación delictuosa, rebelión, terrorismo y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Sin embargo, el 7 de noviembre fue absuelta El fallo fue ratificado en segunda instancia por el Tribunal Unitario del Primer Circuito
A partir del curso judicial que siguieron ambos casos, el informe entregado al organismo de la OEA sostiene que “la decisión de encarcelarlos respondió más a una situación política que jurídica”
La misma situación se reprodujo en los casos de los presuntos zapatistas: Sebastián Etzin Gómez (libre); Fernando Yáñez Muñoz (libre); de varios detenidos en Cacolmacán, Estado de México, y en Yanga, Veracruz (que siguen presos), y de Francisco A García Santiago (en trámite la apelación)
Por ello, entre otros argumentos, el informe expresa que “en México aún no contamos con un Poder Judicial independiente e imparcial”
El sistema de gobierno presidencialista, expresa, es el principal obstáculo para concretar la independencia del Poder Judicial Ni el Consejo de la Judicatura, creado a raíz de la reforma constitucional promovida por el presidente Zedillo en diciembre de 1994, ha sido garantía de independencia del Poder Judicial
Según el informe, mediante sus consejeros, los poderes Ejecutivo y Legislativo intervienen en los asuntos de la administración interna del Poder Judicial, no obstante el principio de división establecido en el artículo 49 constitucional
También considera que “el papel del Ministerio Público en el procedimiento penal ha crecido excesivamente, en menoscabo de la función judicial”
Al Ministerio Público, explica, se le han otorgado las siguientes facultades: la aprehensión de presuntos delincuentes; la incomunicación; la libertad bajo caución; la recepción de testigos y pruebas ofrecidas por el inculpado y la posibilidad de realizar escuchas telefónicas “Con todas esas facultades, el MP se convierte en una especie de juez instructor, reservándose a los jueces la función de confirmar lo actuado”
Cuestiona también el sistema de defensores de oficio, pues además de que éstos son insuficientes, están mal preparados profesionalmente En comparación con el Ministerio Público, se hallan en franca desventaja, amén de que, al formar parte del presupuesto del juzgado, su independencia está en entredicho
El informe dice que resulta inexplicable el hecho de que ninguna persona haya purgado o se encuentre purgando sentencia por el delito de tortura, a pesar de que se tienen registros puntuales de casos ocurridos en distintos puntos del territorio nacional Anexa los casos de Gonzalo Sánchez Navarrete, del menor Ismael Pérez Gómez y de Gonzalo e Isidro Ríos López, todos agredidos físicamente antes de ser consignados
Prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes específicas al respecto en todos los estados de la República, excepto Puebla y Tlaxcala, la práctica de la tortura —explican— sigue siendo regla en los cuerpos policiacos y en el Ejército Mexicano, aunque “el último reducto, intocable, aún, es el Poder Judicial”
Abunda: “El artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura es letra muerta Además de que las autoridades la incumplen, los jueces dan poco valor legal a los certificados de lesiones presentados por los detenidos, amén de que siguen considerando con más valor jurídico la primera declaración testimonial, en franca contradicción con los postulados legales”
Por otra parte, de acuerdo con el documento, las instituciones penitenciarias son “inoperantes” Entre enero y marzo, ocurrieron por lo menos seis motines en distintos centros de reclusión, todos ellos con heridos y muertos El origen: la lentitud en los procesos penales y las condiciones de hacinamiento De las 116 recomendaciones giradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre mayo de 1995 y mayo de este año, 27 están relacionadas con presuntas violaciones a las garantías individuales de internos y familiares Ocupan el segundo lugar en cuanto a número de quejas En la Comisión del DF se recibieron 264 quejas de internos, de octubre de 1994 a septiembre de 1995
Establece que en la mayoría de los penales prevalecen los siguientes problemas: dilación en los procesos judiciales; sobrepoblación; promiscuidad entre sentenciados y procesados, adultos y menores, hombres y mujeres; ineficacia en los programas de readaptación; grupos de poder constituidos por internos; ausencia de servicios médicos, psicológicos y de trabajo social; inoperancia de la defensoría de oficio; corrupción y tráfico de influencias; discrecionalidad en la aplicación de sanciones disciplinarias; tráfico de armas, estupefacientes y bebidas alcohólicas, e incumplimiento de los beneficios de libertad anticipada
LOS INDIGENAS
El informe se ocupa también de la situación en que viven entre ocho y 15 millones de indígenas, concentrados en 56 etnias, según datos oficiales
Además de la violencia social —carencia de agua, de drenaje y educación, así como enfermedades propias de la pobreza—, padecen una sistemática violación de sus derechos humanos
Sólo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, organismos de derechos humanos registraron 18 mil 31 casos de violación El hostigamiento y la detención ilegal ocuparon los dos primeros sitios, con 8 mil 658 y 3 mil 256 casos, respectivamente
Los cuerpos de seguridad estatal intervinieron en 4 mil 8 de esos casos Las víctimas fueron militantes de alguna organización Problemas de tipo agrario fueron la causa principal de la detención
En el último sexenio, fueron asesinados los siguientes dirigentes: Elpidio Sánchez, líder de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata; Paulino Martínez Delia, dirigente triqui en Oaxaca; Heriberto Martínez, líder mixteco, y Sebastián Pérez Núñez, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC)
Las entidades con más violaciones de los derechos de los indígenas son: Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero “La mayoría de estos estados de la zona centro-sur del país tienen en común el alto grado de marginación El bajo perfil de una legalidad e institucionalidad de estos estados, las condiciones de vida de los indígenas, la represión política de la que son objeto, los proyectos de desarrollo que sólo apuntan beneficios para unos cuantos, hacen de estos estados sitios altamente explosivos”
Advierte el informe que, lejos de disminuir, la violación de los derechos indígenas en México crece y se reproduce en varias regiones, como lo prueban los recientes brotes de descontento en Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca
DERECHOS POLITICOS
Con base en datos aportados por Alianza Cívica, organización civil dedicada a la observación de procesos electorales desde 1994, el informe entregado a la CIDH de la OEA denuncia que los derechos políticos de los mexicanos también han sido violados en las últimas 15 elecciones, entre ellas la federal de 1994
Alianza Cívica recibió ese año 506 denuncias relacionadas con ofrecimientos, amenazas y presiones para inducir el voto en favor del algún partido político De éstas, 485 fueron para favorecer al PRI; siete al PT; seis al PFCRN; dos al PAN y dos al PRD En las cuatro restantes no se especificó el partido político
Los mecanismos de coacción utilizados incluyeron el condicionamiento de programas gubernamentales de asistencia social, de servicios, de obras públicas o, bien, el peligro de que se produjera una pérdida del empleo, la suspensión del pago de salario y la negación de otros derechos
Alianza Cívica documentó asimismo casos en los que funcionarios federales, estatales o municipales utilizaron personal o recursos públicos en actos de campaña del PRI El hecho más claro ocurrió en Veracruz, donde el organismo civil obtuvo una grabación en la que funcionarios del gobierno pusieron líneas telefónicas y un helicóptero a disposición del entonces candidato priísta a la Presidencia de la República, Ernesto Zedillo
De las 21 denuncias penales presentadas por el grupo observador en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, esta instancia sólo resolvió una, la relacionada con un caso ocurrido en Tijuana, Baja California Estuvieron involucrados el director de una escuela y un candidato a diputado del PRI
En el proceso electoral de Yucatán, en mayo de 1995, Alianza Cívica detectó que en trece municipios (76% de la muestra) se condicionó el voto a la entrega de ayuda y que en diez más se ejerció la amenaza de cancelar recursos a los municipios donde triunfara la oposición
Otro método se utilizó en Chiapas, en las elecciones de octubre del año pasado Ahí, según el informe, en lugar de programas sociales, se utilizaron operativos policiacos y militares para modificar las condiciones electorales de los procesos municipales y distritales Antes de la elección, Alianza Cívica recibió 32 denuncias, correspondientes a 18 municipios En todos los casos, el PRI tenía amenazados “no a individuos, sino a comunidades enteras”
Ofrece también evidencias sobre la iniquidad en el acceso a los medios de comunicación y sobre la falta de transparencia en los gastos de campaña Este último caso es ilustrado con los hechos ocurridos en Tabasco, cuyo expediente fue cerrado hace unos días con la exoneración del gobernador Roberto Madrazo
“Durante los procesos políticos se violan los derechos ciudadanos, además de cometerse un gran número de delitos tipificados en el Código Penal Sin embargo, muy pocos de estos delitos son denunciados, y cuando se denuncian, pocas veces se hace justicia Prevalece la impunidad”
VIOLENCIA CRECIENTE
Sobre la violencia rural y política, el documento expone que “el desprestigio y la falta de confianza en las instituciones de administración y procuración de justicia, sumado a la impunidad con que actúan guardias blancas y policías, ha generado un clima de violencia social”
Ante esa situación, es cada vez más fuerte la tendencia de la población a hacerse justicia por su propia mano
Informa que en las Huastecas de Veracruz e Hidalgo, en los últimos dos años el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” documentó 45 casos de violaciones de las garantías individuales, desde asesinatos hasta operativos policiacos para resguardar los intereses de los caciques
“La confrontación en el campo agrario y político no ha terminado”, dice, y agrega que, “desde la aparición del EZLN”, el territorio chiapaneco “ha sido campo político-militar Con el pretexto de buscar armas o narcotraficantes, la acción policiaco-militar ha golpeado fuertemente a las comunidades indígenas Los habitantes viven bajo un clima de permanente hostigamiento y terror”
En relación con la violencia política, el informe menciona que si bien el gobierno promueve cambios a la legislación federal electoral y discute con los partidos políticos, “no podemos dejar de señalar que la violencia continúa”
De 1988 a la fecha, 430 militantes del PRD han muerto en diferentes estados del país por conflictos pre y poselectorales
Los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, ambos del PRI, aparecen también en el capítulo dedicado a la violencia política La única referencia que se hace es que siguen sin ser aclarados y que las autoridades han presentado diversas versiones sobre ellos
Estas son, según el informe, las causas de la violencia política: ausencia deliberada en la procuración de justicia, disputas agrarias, discriminación racial, militarización, poca claridad en los comicios y extrema pobreza
La situación de los menores de edad también es examinada Con base en estudios oficiales y organismos de atención infantil, concluye que “la actual situación social, política y económica por la que atraviesa México ha hecho que la población infantil quede prácticamente desprotegida”
Proporciona datos: alta deserción escolar, maltrato, incremento de niños viviendo y trabajando en la calle; muertes por hambre, principalmente en la Sierra Tarahumara; tráfico, extorsión y prostitución
Acerca de las propuestas para que se reduzca la edad penal, el informe subraya que el índice de delitos cometidos por jóvenes mantiene una tendencia uniforme, por lo que resulta inexacto atribuirle a ese sector el incremento de la criminalidad En 1993, ingresaron a centros de tratamiento 2 mil 896 menores; en 1994, 2 mil 962, y en 1995, 2 mil 989
En materia laboral, el documento dice que México no ha adoptado las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivos los derechos y las libertades consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)
Las medidas adoptadas por el actual gobierno van en sentido contrario a los postulados establecidos por el organismo internacional: libertad de asociación, integridad personal, protección judicial, prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, libertad personal, libertad de expresión, garantías judiciales e igualdad ante la ley
Explica que las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y aceptadas por el gobierno mexicano, han provocado que una tercera parte de la fuerza de trabajo se encuentre en la economía informal (11 millones 799 mil 840 trabajadores); que 6 millones de personas estén desempleadas; que sólo un tercio de la fuerza de trabajo tenga un empleo dentro del sector formal (122 millones); que de 2 mil 365 empresas grandes que en 1991 empleaban a 15 millones de personas, 70 cerraran sus puertas en 1995, y que de los 12 millones de empresas que empleaban a cinco millones de trabajadores, 916 quebraran en promedio cada mes durante todo 1995
“Ocho años han sido suficientes para que el salario mínimo haya perdido 63% de su poder adquisitivo”
En su parte final, el documento analiza el trabajo desarrollado por las comisiones públicas de derechos humanos Dice que a pesar de que la CNDH acredita como totalmente cumplidas 6347% de las recomendaciones emitidas desde su creación, “muchas de ellas sólo recomendaban el inicio de la averiguación previa y la consignación de los responsables, lo que no asegura que se liberen las órdenes de aprehensión y, menos aún, que se cumplan”
Agrega: “La CNDH estableció un programa permanente en Los Altos y la Selva de Chiapas y, a pesar de haber investigado el caso de las cinco ejecuciones sumarias en el mercado de Ocosingo, la fosa común de Ocosingo y el caso del Ejido Morelia, hasta la fecha esta institución pública no ha emitido ninguna recomendación en contra del Ejército Mexicano”
En agosto de 1995, la CNDH enunció cuatro casos de sentencia condenatoria contra servidores públicos por el delito de tortura No mencionó, sin embargo, nombres ni puestos de los servidores públicos Tampoco se tiene conocimiento de que éstos se hallen presos
El informe incluye una lista de defensores de derechos humanos víctimas de amenazas de muerte y persecución: Francisco Saucedo Pérez, director de la Coordinación de Solidaridad con las Luchas Alternativas; Liliana Pérez Benavides, lideresa de El Barzón Monterrey; Alfredo Zepeda, integrante del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz; Leticia Moctezuma, profesora y miembro del Comité de la Unidad Tepozteca; Lourdes Felguérez, investigadora del Centro Binacional de Derechos Humanos; Rocío Culebro Bahena, secretaria técnica de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, y David Fernández Dávalos, director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”
Ante tal situación, los autores del informe hacen 18 peticiones a la CIDH de la OEA, todas orientadas a proteger los derechos sociales, económicos, laborales y políticos de los mexicanos
 |
 |
 |
 |
 |
