EXTRANJERA “DESPOJADA”
Señor director:
El 8 de octubre de 1990, después de llegar de Canadá, renté un departamento ubicado en Calzada del Carmen 2101, en Atlixco, Puebla, propiedad de Mercedes Balderas Mora
La casera sustrajo furtivamente de este domicilio varias de mis pertenencias y, con el fin de saquearme, se rehusó a aceptar la renta, nos privó de agua y gas, y, finalmente, se cayó en el lavadero, me acusó falsamente de haberla lesionado, me echó de la casa y cambió la chapa del zaguán Esto ocurrió el 22 de octubre de 1991
Consulté al abogado Rubén Rangel García, quien me pidió 3 mil 650 nuevos pesos para arreglar el problema, cosa que garantizó, pero luego dijo que había tenido que “pagar a los de arriba” Este individuo, en colusión con autoridades judiciales, decidió que la casera necesitaba nueve días para escoger y sustraer algunas de mis costosas pertenencias, contenidas en 52 cajas que guardaban objetos de arte, electrónica, mecánica industrial, artículos personales y de hogar, electrodomésticos, etcétera
Cuando pude regresar a recoger mis pertenencias, el 31 de octubre de 1991, acompañada por el suplente del Ministerio Público Fernando Castillo, encontramos que la vieja chapa había regresado al zaguán El suplente permitió que la casera nos provocara e insultara a su gusto y, por la prisa estratégica que él tenía, no revisó ninguna caja; sólo se examinaron tres piezas nuevísimas (una lavadora, una mesa de comedor chino y un tractor) que siempre habían quedado embodegados con la casera y que presentaban severos daños deliberados
Al fin echaron mis muebles a la calle bajo la lluvia, y el suplente me obligó arrogantemente a firmar un papel que no me dejó leer Revisando mis posesiones, me percaté de que la arrendadora me había despojado de numerosas cajas con artículos nuevos y de primerísima calidad
Con mentiras y tácticas dilatorias, durante cuatro meses el suplente trató de disuadirme para que no denunciara el robo, pero cuando finalmente lo hice, mis palabras fueron manipuladas en el proceso, y mis tentativas por aclarar la denuncia fueron deliberadamente frustradas por la actitud dolosa de la agente del Ministerio Público Hilda Reyna Castillo Calderón Recurrí al Tribunal Superior de Justicia y, en octubre de 1992, éste negó la orden de aprehensión por estar el texto de la denuncia “confuso e impreciso”
Recurrí a las más altas autoridades estatales y federales, pero pronto se evidenció que la influencia del cacique de Atlixco, el exdiputado federal Eleazar Camarillo Ochoa, neutralizaba cualquier esfuerzo que emprendiera para que se hiciera justicia, pues el valor del botín, de acuerdo con una lista incompleta que presenté apresuradamente, era de 80 mil nuevos pesos
Después de que la prensa de Puebla publicó mi caso en octubre de 1993, la casera inmediatamente desapareció por cinco meses y, a su regreso, vendió la propiedad Acudí entonces a Los Pinos y solicité auxilio de la señora Cecilia Occelli de Salinas La Defensoría de Oficio y Control de Procesos amplió la averiguación aportando inspección de los daños, peritajes, fotografías, etcétera, pero entonces salió a la luz una inspección ministerial total y burdamente falsificada, fechada el 31 de octubre de 1992, cuando en realidad yo había recogido mis pertenencias el 31 de octubre de 1991 Además, el 25 de febrero de 1992, la licenciada Hilda Reyna Castillo Calderón me aseguró que nunca se redactó una inspección ministerial porque, dijo, “con el fin de ayudarle a recuperar sus bienes sin recurrir al Juzgado de lo Civil, se actuó de manera informal”
Después de ser defraudada, humillada y convertida en víctima de tanta corrupción, en junio de 1994 la juez Blanca Laura Villeda Martínez, deformando y enredando el contenido del proceso número 151/992, resolvió que “se ejercite acción penal en contra mía como probable responsable del delito de falsedad en declaraciones judiciales”, señalando que, con el fin de vengar una acción jurídica dirigida en mi contra, trataba de obtener beneficios en mi patrimonio
Para mí, que no he robado a nadie, esta postura constituye un insulto a mi integridad moral y una amenaza a mi anhelo y derecho de justicia Pido a las más altas autoridades del país que me ha acogido que se proceda conforme a la ley (Carta resumida)
Atentamente
Gabriella Kaur Centenary
Apartado Postal 383
Puebla, Puebla
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