GUERRERO, ANTE UN EMBROLLO JURIDICO POR EL DICTAMEN DE LA CORTE; LA GUBERNATURA DE AGUIRRE RIVERO, EN CUESTION
Gloria Leticia Díaz
ACAPULCO, GRO – En suspenso desde el momento en que, el martes 23, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la investigación que responsabiliza a Rubén Figueroa y a siete de sus colaboradores de violar garantías individuales y de incurrir en encubrimiento y manipulación de la averiguación sobre la matanza de Aguas Blancas, los tres poderes de Guerrero, que no han recibido formalmente el dictamen, son blanco de críticas y se mantienen inmóviles ante el embrollo jurídico que el caso implica
Una vez que Proceso 1016 dio a conocer el informe de los ministros Humberto Román Palacios y Juventino Castro y Castro, el gobernador interino Angel Heladio Aguirre Rivero, cuya gubernatura está siendo puesta en cuestión en términos de legalidad, se mantuvo en silencio y el viernes 26 señaló que no tiene elementos para definir cuál sería el procedimiento jurídico que seguiría su gobierno:
“Necesitamos primero conocer el dictamen Hasta hoy no he recibido ninguna notificación de la Suprema Corte de Justicia Tan pronto tengamos el documento, con mucho gusto daremos una opinión Queremos conocer el documento para no hacer juicios a priori”
Mientras tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jesús Araujo Hernández, designado hace tres años por Figueroa Alcocer en el mismo puesto que le había conferido Rubén Figueroa padre, manifestó que la investigación de la Suprema Corte no rebasó la capacidad del TSJ “porque no hemos sido desprovistos de la jurisdicción competencial que tenemos como Poder Judicial” En una declaración a La Jornada, apuntó: “Ni siquiera fueron rebasados los jueces de primera instancia”
A su vez, los integrantes del Congreso local se negaron también a exponer los procedimientos jurídicos correspondientes, y sólo el diputado panista Víctor Gómez Zanabria hizo a la corresponsal una exposición de los mismos Señaló que, independientemente de lo que decida el presidente Zedillo, “el Congreso de la Unión puede proceder a iniciar un juicio político contra Figueroa, y el Congreso local puede hacer lo propio con los exfuncionarios involucrados”
Dijo el legislador que debe ampliarse la investigación y proceder penalmente; sobre todo, es preciso “procesar al fiscal especial Alejandro Varela Vidales, quien utilizó 26 millones de pesos de presupuesto y ganó 24 millones de sueldo para integrar una averiguación previa que hizo mal”
Gómez Zanabria reconoció que el Congreso del estado, en especial la Comisión Permanente, tiene responsabilidad en el caso por no haber cuestionado el informe de Alejandro Varela “Fue algo ilegal que sólo a la Permanente se le haya turnado dicho informe, mientras que él (Varela) fue nombrado en la plenaria, de manera que ante todos debió exponer sus resultados”
En el debate jurídico desatado por la investigación de la Suprema Corte, el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, Adrián García Fierro, consideró que debe declararse la desaparición de poderes para que la entidad regrese a la legalidad, en tanto que la presidenta de la Barra de Abogados, Virginia López Valencia, advirtió que el destino de Figueroa está en manos del presidente Ernesto Zedillo
Adrián García Fierro, a quien los ministros Juventino Castro y Humberto Román pidieron su opinión cuando investigaban el caso, puntualizó que la desaparición de poderes es procedente porque no hay garantías de que el Poder Judicial de Guerrero actúe conforme a derecho, ya que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Araujo Hernández, ha tenido el mismo cargo con Rubén Figueroa padre y Rubén Figueroa hijo
Además, recordó que prevalece una controversia jurídica referente a la validez de la “licencia definitiva” que solicitó Figueroa Alcocer, pues dicha figura no está prevista en la Constitución de Guerrero
Como “en la Constitución del estado no aparece el término de ‘licencia definitiva’ —precisó—, esto significa que el señor (Figueroa) sigue siendo gobernador, y, en consecuencia, está en duda la legalidad del nombramiento del actual gobernador”
Es indispensable aclarar qué tan legal es esa licencia, y si no lo es, “¿qué hace Aguirre Rivero en la gubernatura y qué tan válidos son todos los nombramientos que extendió? Esto quiere decir que, a partir de ahí, vivimos en la ilegalidad completa en el estado de Guerrero”
Al Senado de la República correspondería determinar la validez o ilegalidad de la licencia, dice, pero si “asumimos el caso con rigor jurídico, lo que procede es la desaparición de poderes y el desafuero de Figueroa Y, con el fin de regresar a la legalidad a partir de cero, habría dos posibilidades: una, que se nombre a un gobernador interino mientras se convoca a elecciones, y, otra, que, una vez desaforado Figueroa, se nombre a un gobernador sustituto Y esto bien puede hacerlo la Cámara de Senadores”
Para Virginia López Valencia, el dictamen de la Corte es “más un mensaje político que judicial, y eso es lo más impactante de la determinación, porque no es una sentencia”
No obstante, destacó que, dada la trascendencia de la declaración de la Suprema Corte, debe iniciarse un juicio de procedencia en el Congreso de la Unión y en la Cámara de Diputados local para determinar si existen elementos para presumir la comisión de delitos penales por parte de Figueroa
“Una vez hecho esto, puede procederse a desaforar al exgobernador para iniciarle un juicio penal, que puede ser federal o del fuero común, y, comprobada su responsabilidad, procedería iniciar un juicio político en el Congreso de la Unión, mientras que a nivel local se le aplicaría la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”
Mientras en la Cámara de Diputados federal se determina si procede o no entablar un juicio político contra Figueroa, en Guerrero sólo podrá ser sometido a proceso penal en caso de que se reabra el expediente de Aguas Blancas y se determine que tuvo responsabilidad en el asesinato de 17 campesinos
De acuerdo con el dictamen del pleno de la Suprema Corte, de la investigación de Humberto Román Palacios y Juventino Castro y Castro no se desprende necesariamente esta responsabilidad de Figueroa, por lo que, hasta ahora, podría ser sancionado al menos por faltas administrativas
La fracción tercera del artículo 111 de la Constitución de Guerrero menciona como faltas administrativas a “los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones” los funcionarios públicos
Entre las sanciones que prevé el artículo 115 para los funcionarios que cometan faltas administrativas, están: “suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas”
Por los términos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su dictamen, y aplicándolos a la legislación guerrerense, Rubén Figueroa habría incurrido, por lo pronto, en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad
Y, según los artículos 241 y 244 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, las máximas sanciones por estos ilícitos, si Figueroa es procesado por las autoridades de Guerrero, oscilarían entre tres y seis años de prisión y de 120 a 300 días de salario mínimo de multa, con derecho a fianza
La fracción V del artículo 241 considera que todo funcionario, incluido el gobernador, puede ser acusado de ejercicio indebido del servicio público cuando “por sí o por interpósita persona sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión”
Por lo pronto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Araujo Hernández, se sacudió del figueroísmo y manifestó que por lo menos los doce gobernadores anteriores a Angel Heladio Aguirre Rivero “han formado grupúsculos políticos, mafias o camarillas Todos son la expresión de una pequeña mafia generada por políticos ignorantes y cobardes”
Esta declaración fue hecha en vísperas de que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia lo ratifiquen como su presidente o elijan al candidato de Aguirre Rivero, Cervando Alanís
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