No lo supieron los diputados de la anterior Legislatura, que supuestamente revisaron todo el proceso de desincorporación bancaria No lo saben los de la actual, que tienen en su poder los famosos “libros blancos” de la venta de cada uno de los bancos
Tampoco sabe la opinión pública –que reclama conocer con precisión el destino de los recursos obtenidos por esas ventas– por qué, por ejemplo, el gobierno vendió el banco BCH al ahora prófugo Carlos Cabal Peniche; Banpaís, al bolsista acusado de fraude, Angel Rodríguez, hijo del zar del autotransporte Isidoro Rodríguez; Serfín, al grupo encabezado por Operadora de Bolsa, la firma bursátil más denunciada por fraude el sexenio pasado; ni Cremi, a Raymundo Gómez Flores, repentino industrial sin mayor experiencia financiera
Pero, de acuerdo con una somera revisión de los libros blancos de la reprivatización bancaria –a los que Proceso tuvo acceso– y de las evaluaciones oficiales de la desincorporación, es mucho más lo que no se sabe de la venta de los bancos que se efectuó de junio de 1991 a julio de 1992:
–El origen exacto de los casi 38 billones de pesos de entonces que reunieron los más de 130,000 inversionistas que se hicieron de los 18 bancos vendidos Ni siquiera se conocen los nombres de todos esos inversionistas, sólo los que formaban los grupos de control;
–El plan de negocios –es decir el para qué querían un banco, qué pretendían hacer con él– de cada uno de los grupos que ganó la subasta de una institución de crédito;
–Cómo y por qué se decidió dejar de lado el principio básico, de los ocho planteados por Pedro Aspe, de que en la asignación de un banco se exigiría vincular aptitud y calidad moral en la administración con adecuados niveles de capitalización, para privilegiar el criterio del precio más alto;
–Las razones precisas, más allá de la capacidad económica, para dejar sin banco a 26 grupos, de los 44 que tuvieron interés en la venta Es decir: quiénes formaban esos grupos y por qué perdieron;
–Y de los ganadores, también, quiénes son en su totalidad; los currícula, exigidos en las bases de la desincorporación, de quienes forman el grupo de control, sus planes de negocios y políticas de capitalización;
–Los prospectos de venta y los perfiles de cada banco, documentos que desmenuzan bondades y defectos de cada institución;
–El examen que las autoridades hacían de cada grupo para decidir quién sí y quién no –más allá del precio ofrecido– se quedaría con un banco
–La opinión completa de las firmas extranjeras que asesoraron a la Secretaría de Hacienda en cada una de las ventas;
–La opinión, la evaluación, que hizo la Secretaría de la Contraloría General de la Federación sobre todo el proceso de desincorporación bancaria;
–Los dictámenes de la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento, con transcripción del acuerdo, en que se resuelve favorablemente cada venta
–A quiénes alentó y promovió el gobierno –y por qué– para participar en la desincorporación, a sabiendas de que eran grupos sin experiencia en el ramo, como en los casos de Cabal Peniche (BCH) y Raymundo Gómez Flores (Cremi);
–La respuesta oficial a quienes señalan –critican– que el propio gobierno apoyó con recursos a algunos grupos para ganar la subasta por un banco; a cambio de qué, o en pago de qué;
–Tampoco, la respuesta gubernamental a afirmaciones, contenidas incluso en publicaciones de la ONU, en el sentido de que posiblemente en la compra de los bancos haya habido dinero sucio, presuntamente del narcotráfico
En suma, nada de eso se sabe
No lo supieron los diputados de la LV Legislatura: en el análisis que hizo la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados de la Cuenta Pública de los ejercicios 1991 y 1992, la revisión del proceso de desincorporación bancaria fue de trámite Nada buscaron y nada encontraron Cuando diputados de oposición miembros de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda –presidida entonces por la priísta Laura Alicia Garza Galindo– pedían información, sugerían investigar hechos concretos, eran sometidos por la mayoría del PRI, según cuenta a Proceso el exdiputado panista Alfredo Lujambio, miembro de esa Comisión
No lo saben los diputados de la actual Legislatura –LVI–, aun cuando tienen en su poder los libros blancos de cada una de las ventas de los bancos: la información que les llegó –tres años después de concluida la desincorporación y año y medio después de que la Contaduría Mayor de Hacienda recibió de la SHCP los libros blancos de los bancos– está incompleta
“Faltan documentos clave, de vital importancia”, para comprender cabalmente la reprivatización bancaria, dijo el miércoles 13 el diputado panista Juan Antonio García Villa, presidente de la actual Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, que un día antes había levantado ámpula al informar que del análisis de la Cuenta Pública de 1993 se habían detectado serias irregularidades, no pocas corruptelas, en el ejercicio del gasto público de ese año
Y poco sabrán los actuales diputados, dice García Villa a Proceso, porque de acuerdo con el principio jurídico de anualidad, el caso de la venta de los bancos ya está cerrado: la revisión de ese proceso correspondió a la anterior Legislatura y la actual nada puede hacer ya
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En mayo de 1990 el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, decidió que el servicio público de banca y crédito no fuera más una actividad estratégica y prioritaria bajo propiedad y control del Estado, como lo había sido desde septiembre de 1982, con la nacionalización de la banca decretada por el entonces presidente José López Portillo
Salinas envió a la Cámara de Diputados, el 2 de mayo de 1990, una iniciativa de reforma a los artículos 28 y 123 constitucionales, con la que dejaba a la banca y al crédito en apenas “una actividad muy importante”, pero no estratégica ni prioritaria; susceptible, por tanto, de ser controlada por los particulares
En la exposición de motivos de la iniciativa que proponía la reprivatización de los bancos, el entonces Presidente señalaba que el regreso de éstos a manos de particulares no significaba ni el retorno de privilegios, ni el abandono de la rectoría estatal, ni una renuncia a la participación del gobierno en la actividad financiera; más aún, la banca privatizada mantendría su arraigo y su compromiso con el país
“Al contrario –argumentaba–, (la banca) se abre a la sociedad para que comparta plenamente su destino” (Proceso 705)
Más tarde, en agosto de ese año, en la sexta reunión nacional de la banca –Ixtapa, Guerrero–, el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, expuso los famosos ocho principios fundamentales que normarían la desincorporación bancaria En el primero de ellos señalaba que con la venta de los bancos se buscaba “un esquema que contribuya a aumentar el ahorro interno, a canalizar crédito oportuno y suficiente a la inversión productiva”
Y en el tercero dibujaba a los que serían nuevos banqueros como “empresarios con liderazgo dispuestos a fortalecer las instituciones con una visión de largo plazo, cuidando siempre el interés del público ahorrador”
Enérgico, Aspe sentenciaba: “Que quede claro: la banca, por su naturaleza, es una actividad basada en la confianza de la sociedad No servirá para la especulación de unos cuantos”
De los ocho principios que regirían, según Aspe, la venta de los bancos, los primeros cuatro fueron: 1) Conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo; 2) Garantizar una participación diversificada y plural en el capital, con objeto de alentar la inversión en el sector e impedir fenómenos indeseables de concentración; 3) Vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos, con un adecuado nivel de capitalización
Los demás: 4) Asegurar que la banca mexicana sea controlada por mexicanos; 5) Buscar la descentralización y el arraigo regional de las instituciones; 6) Buscar obtener un precio justo por las instituciones; 7) Lograr la conformación de un sistema financiero balanceado, y 8) Propiciar las sanas prácticas bancarias
Esos “ocho mandamientos”, como se les llamó en el medio financiero, orientarían, según las autoridades, todo el proceso de venta de los 18 bancos comerciales
Se formó un Comité de Desincorporación Bancaria, que presidió Guillermo Ortiz, entonces subsecretario de Hacienda y hoy titular del ramo Fue el encargado, pues, de vender los bancos El diseño del proceso de venta, a cargo de ese Comité, incluía la elaboración de las bases generales del proceso, una etapa de registro y autorización, la valuación de los bancos, el procedimiento de las subastas, la enajenación de las instituciones, la transformación de los bancos en sociedades anónimas –en manos del gobierno, eran sociedades nacionales de crédito–, la adjudicación
La de la privatización bancaria fue, según Guillermo Ortiz –en julio de 1992, luego de que se vendió la última institución, el Banco del Centro– una “historia de trabajo intenso, incertidumbre y sobresaltos” Los grupos interesados visitaban los bancos; funcionarios de éstos les hacían presentaciones Hubo alrededor de 500 visitas y presentaciones, según Ortiz
De preguntas y respuestas por escrito, así como de información relevante de los bancos, para que los grupos participantes pudieran “realizar ofertas serias y competitivas”, se acumularon “casi dos toneladas de papel”, dijo el entonces subsecretario
Además: “Testimonio de la prolijidad de las entrevistas, son los kilómetros de cinta en que se registró la voz de los funcionarios y sus interrogadores Para escuchar completas estas conversaciones harían falta tres meses, sin una sola pausa”
De esa pesada y kilométrica información, empero, hay poca constancia en los libros blancos que la Secretaría de Hacienda envió a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados Si según Ortiz, el Comité recibió 133 solicitudes de inscripción, correspondientes a 44 grupos, será un enigma el por qué, más allá de posibles ofertas poco convincentes, 26 grupos perdieron la oportunidad de hacerse de un banco
Enigma sobre todo, porque el propio subsecretario Ortiz, y otros funcionarios del Comité de Desincorporación, mostraron particular interés en que algunos grupos se quedaran con un banco Casos relevantes son el de Carlos Cabal Peniche, para el banco BCH; Raymundo Gómez Flores, para banca Cremi, y Angel Rodríguez Sáez, para Banpaís El mismo Ortiz viajaba a las sedes de sus respectivos emporios, para alentarlos a participar en la compra
Eso, a sabiendas de que los dos primeros no tenían la menor experiencia en materia financiera Angel Rodríguez la tenía: pertenecía a la casa de bolsa Mexival, una de las más acusadas de fraude luego del crac bursátil de 1987, al grado de que dos de sus altos funcionarios, Juan Carlos Fernández Cueto y José Francisco Rodríguez Dupont, fueron detenidos y encarcelados, junto con Eduardo Legorreta Chauvet, de Operadora de Bolsa, en febrero de 1989
Angel Rodríguez, también de Mexival, se daría a conocer más tarde, casi en los mismos términos en que Cabal Peniche: en marzo pasado, Banpaís fue intervenido por la autoridad Las causas: infinidad de operaciones irregulares, como autopréstamos, prestamos de complacencia a los accionistas, triangulación ilícita de operaciones, créditos relacionados, faltantes de capital e insuficiente provisión de reservas, utilidades infladas, falseo de información a la autoridad, entre otras bondades
La misma historia, pero sin empresas fantasma, que protagonizó Cabal Peniche el año pasado Dos nuevos banqueros, alentados y protegidos inicialmente por el gobierno –particularmente por Guillermo Ortiz–, que pusieron en entredicho los principios 3 y 8 de la desincorporación: la aptitud y calidad moral, y las sanas prácticas bancarias
Del favoritismo de Hacienda hacia Cabal Peniche, a la hora de adjudicar el BCH, da cuenta este dato Según las reglas para la asignación, en caso de que se presentaran posturas entre las que existiera una diferencia no superior al 5%, la asignación se haría considerando, además del precio, los criterios de: regionalización, diversificación del capital, experiencia financiera del grupo, plan de negocios y propuesta de capitalización
La postura de Cabal, por 87336 millones de nuevos pesos, fue sólo 093% superior a la siguiente Y en los documentos oficiales –libros blancos incluidos– no hay constancia de que el grupo encabezado por el tabasqueño-yucateco tuviera, por ejemplo, más experiencia financiera o un mejor plan de negocios
El mismo Guillermo Ortiz, en su libro La reforma financiera y la desincorporación bancaria –de la colección “Una visión de la modernización de México”, editada por el Fondo de Cultura Económica, y con la que el gobierno salinista pretendió, a principios de 1994, enfrentar el desprestigio nacional e internacional que le causó el alzamiento zapatista– reconoce que el grupo de empresarios del Sureste comandados por Cabal carecía de experiencia financiera, “dada la conformación económica –actividades primarias– de la zona”
Atendiendo, pues, al criterio del precio más alto, Cabal ganó “por una nariz”, según expresión del propio Ortiz
Para nuevos banqueros y autoridades, la venta de los bancos fue un éxito: el gobierno obtuvo casi 38,000 millones de nuevos pesos –57,000 millones “a precios de hoy”, según el secretario Ortiz, en la Cámara de Diputados el 7 de septiembre pasado– y los nuevos banqueros encontraron una fértil fuente de ganancias Así fue, por lo menos, hasta 1994 Aunque después la crisis posdevaluatoria de fines de ese año los descobijó y el gobierno tuvo que socorrerlos generosamente hasta con un monto similar al que pagaron aquellos por los 18 bancos
Socorridos y defendidos, los neobanqueros encuentran en Guillermo Ortiz un apoyo incondicional En su comparecencia en la Cámara, para el análisis de la parte económica del informe presidencial, el secretario de Hacienda les fue bondadoso: negó que los banqueros se hayan enriquecido
Dio cifras: “Se pagaron por los bancos, a precios de hoy, aproximadamente 57,000 millones de pesos Entre capital adicional y utilidades no distribuidas, esto es, utilidades que han sido reinvertidas tanto en capital como en reservas, los accionistas de los bancos han aportado más de lo que se pagó por los propios bancos
“Hoy en día las acciones de los bancos valen una fracción de lo que se pagó por ellos Las utilidades distribuidas, las utilidades generadas en estos años han sido alrededor de 30,000 millones de pesos, de los cuales el 90% han sido reinvertidas, o bien en los bancos o bien en los grupos Se ha distribuido el 10% de utilidades a los accionistas Esto equivale a un rendimiento de 25% anual nominal
“Y hoy los bancos, por la situación económica del país y por todos los acontecimientos que conocemos, valen una fracción, repito, de lo que se pagó por ellos En promedio, sus acciones están por abajo del valor en libros De manera que si algo ha ocurrido es que los accionistas de los bancos y los banqueros no se han enriquecido Al revés, creo que como muchos de los ciudadanos, como muchos de los empresarios, han perdido una buena parte de su capital”
Eso dijo
El diputado perredista Saúl Escobar, comentó ese día al reportero: “Sólo le faltó pedirnos que saliéramos con la charola a pedirle a los jubilados que están afuera, que se ‘cooperaran’ para los banqueros” En efecto, ese día, unos 4,000 pensionados de distintas partes del país, se apostaron frente a la entrada principal de la Cámara de Diputados para exigir aumento en sus pensiones y manifestar su rechazo a la intención del gobierno de privatizar la seguridad social
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Como todo proceso de desincorporación de entidades públicas –vía venta, liquidación, extinción, fusión o transferencia–, la de los bancos también se halla compendiada en los llamados “libros blancos”, uno por cada institución El objetivo de esos documentos, según el propio Ortiz, es “guardar memoria de todo aquello que precedió y sucedió en el proceso de desincorporación de cada una de las entidades que dejan de pertenecer al Estado”
Además, el libro blanco “debe contener no sólo la información sino los documentos que soporten la misma Ha de ser tan extenso como sea necesario”
Sin embargo, no es precisamente eso lo que sucedió con los libros blancos que la Secretaría de Hacienda envió entre febrero y marzo de 1994 a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados –y luego ésta, apenas a fines de agosto pasado, a la Comisión de Vigilancia–: están incompletos; deliberadamente se excluyeron documentos clave para entender cabalmente la reprivatización bancaria
Entre los faltantes están el “Prospecto” y el “Perfil”, documentos que según el propio Guillermo Ortiz, muestran “de manera fehaciente las entrañas mismas del banco” También, las valuaciones contables y las económicas; de éstas se hicieron dos: una, por el despacho contratado por el Comité de Desincorporación Bancaria, y otra por el despacho contratado por el banco
De la kilométrica y pesada información que decía Ortiz en julio del 92 no hay nada: ni las presentaciones hechas a los interesados en comprar banco, realizadas por el director general de cada institución y las que hicieron los consultores del Comité Nada tampoco de las visitas solicitadas y concedidas, de las solicitudes de información de los participantes, ni las grabaciones de las presentaciones y entrevistas
La información que los postores entregaron a los notarios tampoco aparece: ni los currícula de los integrantes del grupo de control, ni los gruesos legajos que contienen los planes de negocios y las políticas de capitalización
Del contenido básico que debe tener un libro blanco, según determinó la Unidad de Desincorporación de Entidades Públicas, de la Secretaría de Hacienda, en los libros bancarios no aparece ningún dictamen de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, que debe venir acompañado por una transcripción del Acuerdo No hay minutas, no hay actas Nada que revele el contenido de las reuniones, sesiones, discusiones, que precedieron a la asignación de cada banco en favor de uno y en contra de otros grupos interesados
Ningún documento tampoco en el que la Secretaría de la Contraloría General de la Federación reporte inconformidad alguna o aceptación relacionada con la venta de cada uno de los bancos
Enteradas de esos faltantes, nada hicieron la Contaduría Mayor de Hacienda y la Comisión de Vigilancia –dirigidas por priístas– en la Legislatura pasada No observaron nada que motivara inconformidad alguna Las operaciones, dice su Informe de Avance sobre el Programa de Auditorías de las Cuentas Públicas de 1992, “se ajustaron en lo general a los Lineamientos y Bases del Proceso de Enajenación de las Sociedades Nacionales de Crédito, Instituciones de Banca Múltiple y demás disposiciones legales aplicables”
Caso, pues, juzgado Al menos con la información disponible, no puede saberse quiénes realmente son los que compraron los bancos, ni por qué las autoridades los eligieron a ellos y no a otros
“Nuestro pueblo se siente agraviado”, dice el viejo exdirigente priísta Alfonso Corona del Rosal, en Mis memorias políticas, libro de reciente aparición, en el que el político hidalguense muestra su extrañeza por la actual crisis, la peor –dice– que el país haya padecido en este siglo
“Esta grave situación causa sorpresa, porque el gobierno salinista contó con los recursos provenientes de la privatización de los bancos y la venta de bienes de la nación
“¿Dónde están esos recursos o en qué se invirtieron?”, reclama
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