En Chiapas, después de las batallas: Narraciones de cómo el Ejército ha asesinado, torturado, saqueado
“Los soldados los sacaron de la iglesia bañados en sangre mientras nosotros, boca abajo, desde el patio, nada más escuchamos sus lamentos”
Guillermo Correa, Salvador Corro y Julio César López
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS- “Los soldados gritaron: ‘¡Aquí está su jefe! ¡Ya agarramos al comandante Marcos!’ Pero ¿cuál? Si mi único delito es haber nacido con los ojos verdes”, lamenta Alejandro Muñoz al relatar la golpiza que le propinaron los militares cuando fue detenido
Las narraciones de los entrevistados coinciden y estremecen Las torturas sufridas a manos de los soldados abarcan los toques eléctricos en los testículos, capuchas para la asfixia con chile piquín, intentos de ahogamiento, quemaduras con encendedores, cortes con navajas y alfileres en las uñas
A un mes de iniciado el conflicto armado en Chiapas, las quejas contra el Ejército Mexicano por violaciones a los derechos humanos comprenden bombardeos a poblaciones habitadas; detenciones ilegales y arbitrarias; allanamientos; abusos de autoridad; intimidación y amenazas, tanto individuales como colectivas; tortura; desapariciones forzadas e involuntarias; homicidios de civiles y ejecuciones sumarias
El cúmulo de denuncias presentadas por la sociedad civil ante organismos nacionales e internacionales en los primeros 15 días del conflicto es tal que hasta la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y la propia Procuraduría Militar, investigan las “presuntas” violaciones en que ha incurrido la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN)
Pero de antemano las autoridades militares niegan haber incurrido en excesos durante el conflicto armado contra el Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) Rechazan haber realizado bombardeos y argumentan que “no hay absolutamente ninguna evidencia de tales acciones” Por el contrario, responsabilizan al enemigo de hostigar y agredir a la población civil, de cometer hechos que “transgreden la ley”, como los saqueos de ranchos, el cobro de un “impuesto de guerra” y la presión que ejercen contra los pobladores para obligarlos a “unirse al movimiento armado”
Según el general Nicabardo Daniel Velázquez Cardona, responsable de la Oficina de Quejas y Atención a la Ciudadanía, en los módulos instalados ex profeso desde el 27 de enero en los municipios conflictivos, “sólo se han recibido cuatro quejas, de las cuales se han solucionado todas” De ellas, dijo, sólo una tiene relación con la milicia: Juan José Borrego Cadena, responsable del Centro de Informática Las Casas, de Ocosingo, denunció que la tropa causó destrozos en ese local “Aunque está comprobado que no fuimos los militares, sí contribuimos a reparar los daños, estimados en 3,500 nuevos pesos”
Los módulos ubicados en los municipios de Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, Comitán, Las Margaritas y Tuxtla Gutiérrez permanecen vacíos por el temor que inspiran los militares que se mantienen en esos lugares acompañados de tanquetas, blindados y soldados fuertemente armados atrás de sus trincheras
La confianza de la población se deposita más bien en los organismos no gubernamentales de derechos humanos; 35 de ellos, agrupados en la Red “Todos los Derechos para Todos”, han recibido alrededor de 300 quejas, la mayoría contra el Ejército Mexicano
Igual sucede con la Coordinadora de Organismos no Gubernamentales de San Cristóbal de las Casas por la Paz (Conpaz), con representantes enviados por Amnistía Internacional, Americas Watchs, el Centro de Derechos Humanos John F Kennedy, Physicians For Human Rights y Abogados de Minessota, entre otras
La oficial CNDH recibió hasta el 2 de febrero 197 quejas, de las que 115 “ya se han concluido y 82 se encuentran actualmente en curso”
De los casos pendientes, “los principales hechos violatorios alegados son: desaparición de personas, abuso de autoridad, detención ilegal, tortura, incomunicación, lesiones, allanamiento de morada y homicidio”
Las denuncias más graves que investiga la CNDH, de acuerdo con sus propios reportes, son: el caso de cinco personas que presuntamente fueron ejecutadas en el mercado de Ocosingo; el de “los 14 muertos en el microbús 386 HC2, cuyos cuerpos, supuestamente, tenían un tiro de gracia; el de pobladores que perdieron la vida el 4 de enero cuando se transportaban en un vehículo tipo Combi; el fuego aéreo en las localidades de la periferia de San Cristóbal; tres hechos de agravio a periodistas; y el asunto de los 11 cadáveres localizados en el panteón municipal de Ocosingo”, en una fosa común
Si bien la mayoría de las denuncias contra el Ejército Mexicano provienen de campesinos e indígenas, los ganaderos de la región han hecho lo mismo contra los zapatistas Los acusan, dice la CNDH, de “robo de ganado, de sus propiedades y demás ataques de los que supuestamente fueron objeto por parte de elementos del autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional”
En 33 días de guerra, en su informe del 2 de febrero, la CNDH llevaba enlistados 413 casos de desapariciones, 307 de las cuales fueron, asegura, personas ya localizadas El número de detenidos, hasta el 1+ de febrero, era de 149
Durante el mismo lapso, el EZLN ha contabilizado más de 500 muertos, 300 desaparecidos, 370 prisioneros de guerra, 50 heridos y un número indeterminado de torturas y fusilamientos Las cifras fueron reportadas desde Ginebra, Suiza, por la agencia IPS, que cita a fuentes zapatistas
AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
De acuerdo con la Coordinación de Organismos no Gubernamentales de San Cristóbal de las Casas por la Paz (Conpaz), desde el 1+ de enero se vive aquí un estado de guerra que, aunque no se ha reconocido por el gobierno mexicano, debe estar regido por los convenios de Ginebra de 1949
Sin embargo, la Secretaría de la Defensa (Sedena) se ha negado desde un principio a reconocer esta realidad, por lo que, con más razón, argumenta Conpaz, sus acciones son violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional, pues califican a los zapatistas de “bandoleros” y “transgresores de la ley”
La Caravana por la Paz y los Derechos Humanos realizada el 8 de enero confirmó que en las localidades San Antonio de Los Baños y el Corralito, ubicadas al sur de San Cristóbal, existían “áreas de vegetación quemada y orificios producidos por bombas; muchas de ellas cercanas a las casas, a 20 ó 30 pasos de distancia”
Los reporteros de Proceso recorrieron el lugar y levantaron testimonios de la gente que, además de los bombardeos, denunció ametrallamientos contra sus viviendas y detenciones arbitrarias
En San Antonio de Los Baños, Manuel Sánchez Pérez, de 64 años de edad, recordó que tres días antes varios militares golpearon hasta dejar sin conocimiento a su hijo Roberto Sánchez Gómez y a Rosendo Hernández Pérez “Ambos fueron maniatados, y con sus ojos vendados fueron subidos a un camión del Ejército federal y llevados con rumbo desconocido”
Casi la totalidad de la población huyó de las comunidades ante el temor de que los bombardeos se fueran a repetir “Nos venimos acá por las bombas del Ejército Dos noches estuvimos durmiendo en el monte con nuestras familias”, dijo uno de los 170 indígenas refugiados en el albergue Don Bosco, ubicado en San Cristóbal de Las Casas
El día 12, fecha en que se anunció el cese unilateral del fuego, helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea bombardearon las faldas del cerro Tzontewitz, por “el rumbo de Oxchinam y Titaltetic” en el municipio de Mitontic, según denunció el propio alcalde del lugar, Pascual Rodríguez Méndez
Un día después, en carta enviada al presidente Carlos Salinas de Gortari, las organizaciones no gubernamentales dieron a conocer “el bombardeo indiscriminado y el fuego abierto ‘al enemigo’ que tuvo como escenario la ciudad de Ocosingo, así como las comunidades de Oxchuc, Tenejapa y San Cristóbal de Las Casas, mismo que ha dejado una huella de muertos y heridos —entre ellos niños y mujeres— sobre la población que nada tenía que ver en el conflicto”
Imágenes de los aviones militares lanzando bombas fueron recogidos por camarógrafos de la televisión comercial nacional y extranjera Ejemplo de ello fue el ejido Jalisco, situado a 4 kilómetros de Altamirano, a cuya población “no se le dejó salir de sus lugares, sufriendo por días la falta de alimentos, agua y atención médica” Lo mismo pasó en las cercanías de Patihuitz, bastión de los zapatistas, donde algunas poblaciones fueron destruidas
El 20 de enero, Alberto Alfonso, administrador del rancho Yazbalón, de Altamirano, dio a conocer que el 2 de enero la Fuerza Aérea bombardeó los alrededores de la finca, donde momentos antes el EZLN había revelado su presencia al secuestrar un camión
“Debido al temor del bombardeo —dijo—, los habitantes del rancho decidieron permanecer encerrados durante 16 días, hasta que se vieron obligados a salir por la falta de alimentos y la presencia de una mujer embarazada”
Hechos similares se reportaron cerca del ejido Morelia, donde el Ejército dejó caer cuatro bombas y numerosas ráfagas de ametralladora Desde 12 horas antes, los militares se habían apoderado del centro de esa comunidad, donde fueron detenidos más de 30 campesinos
Pese a tales evidencias, la Sedena negó desde el 11 de enero las acusaciones contra la Fuerza Aérea Mexicana El 2 de febrero, en su boletín N+ 28, acusó a “algunos” medios de información de hacer referencia a “supuestos bombardeos e intensos movimientos de aviones” Y precisó que el apoyo directo a sus tropas “en despoblado” ha consistido sólo en “el ametrallamiento y lanzamiento de cohetes, en los cercos y emboscadas que los transgresores han tendido a las propias tropas”
EJECUCIONES SUMARIAS
El 4 de enero, un grupo de periodistas, entre ellos el fotógrafo de Proceso, Benjamín Flores, hallaron en el mercado de Ocosingo cinco cuerpos de presuntos zapatistas con huellas de haber sido ejecutados con el tiro de gracia en la nuca De inmediato, el 7 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) se apresuró a declarar que nada tenían que ver las armas del Ejército mexicano Esta conclusión, dijo 20 días después el grupo norteamericano Médicos Pro Derechos Humanos, “podría haber sido prematura”
Phisicians For Human Rights (PHR), el organismo estadunidense, exhortó entonces al presidente de la CNDH, Jorge Madrazo, a que presentara los resultados médicos-legales, y al gobierno de México a “una mayor investigación de las muertes de Ocosingo”
Y es que la noche del 22 de enero, tres asesores de PHR —el doctor Clyde Collins Snow, antropólogo forense reconocido internacionalmente; la doctora Margarita Arruza, forense patóloga de Jacksonville, Florida; y el doctor Thomas Crane, un internista de Santa Rosa, California— se reunieron en San Cristóbal con integrantes de la CNDH, entre ellos criminólogos y doctores forenses, para revisar el caso en cuestión
A petición de los integrantes de la CNDH, los asesores de PHR examinaron las fotos de la autopsia y del lugar del crimen “En ese momento, sostiene la doctora Arruza, (todos) concluyeron que estos cinco hombres fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales”
La carta de PHR, firmada por su director ejecutivo Eric Stover, afirma que “los integrantes de la CNDH manifestaron sus preocupaciones a los asesores de PHR debido a que una investigación primera, que incluye dos autopsias de los cuerpos y que fue llevada a cabo por la PGR, omitió intencionalmente, o dejó de mencionarlo, la presencia de marcas de ataduras en las muñecas de los cuerpos Más aún, los integrantes de la CNDH y los asesores de PHR cuestionaron los resultados exhibidos por la PGR respecto al tamaño de entrada de las heridas en los cuerpos
“Dadas las discrepancias entre las dos investigaciones, PHR cree que la conclusión gubernamental no puede hacerse si falta una más extensa y completa investigación”
La posición de la CNDH, dijo Jorge Madrazo el pasado 3 de febrero, es que “los cinco cadáveres que aparecieron en esa fotografía muy probablemente hayan sido personas que perecieron en acciones de ejecución sumaria Por eso es que se inició la averiguación previa en el fuero militar y en el federal, con la idea de fincar responsabilidades porque, si bien es cierto que consideramos que muy probablemente fueron ejecutados, lo que no sabemos es quién los ejecutó”
—De acuerdo con la ropa, ¿son zapatistas?
—Es altamente probable que hayan sido elementos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Por su vestimenta y porque incluso se encontraron pañoletas de las que usan los del EZLN Entonces, muy probablemente por su ropa podría tratarse de zapatistas
El presidente de la CNDH puntualizó: “El hecho de que se haya iniciado un procedimiento de orden penal-militar por el caso de los cadáveres de Ocosingo muestra esa voluntad de investigar”
Un caso más El 16 de enero, Jorge Mariano Solís y Eduardo Gómez Hernández, de 21 y 22 años de edad, respectivamente, fueron detenidos en el parque central del poblado de Las Margaritas por la policía local y conducidos a la cárcel municipal De ahí fueron sacados por elementos del Ejército Mexicano, quienes se los llevaron con rumbo a la localidad de El Progreso
“El 24 de enero —denuncia Conpaz—, fueron hallados cerca de la comunidad de Agua Prieta, municipio de Las Margaritas, los cadáveres de Jorge y Eduardo, presentando ambos numerosas heridas con armas punzocortantes” Las protestas fueron enviadas al presidente Carlos Salinas de Gortari y al secretario de la Defensa Nacional, general Antonio Riviello Bazán, a quienes se demanda el “esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables”
RELATOS DE INDIGENAS EXCARCELADOS
El 6 de enero, el Ejército Mexicano irrumpió violentamente en el ejido Morelia, cercano al municipio de Altamirano Todavía no amanecía cuando hicieron su aparición unas 70 tanquetas A culatazos, empujones y patadas, los soldados reunieron a la población en la plaza principal, sin excluir a ancianos, mujeres y niños Según Alfredo García López, junto con él se llevaron a 38, de los que en la actualidad hay tres desaparecidos y ocho que se encuentran presos en Cerro Hueco
No aparecen Sebastián Santiz López, de 65 años; Severiano Santiz Gómez, de 60, y Avelino Santiz Gómez, de 45 años A diferencia de los demás, a ellos los encerraron en la iglesia del lugar, donde fueron torturados “Los sacaron bañados en sangre, luego de casi 12 horas en que nosotros, boca abajo, desde el patio, nada más escuchábamos sus lamentos Se los llevaron en una ambulancia del Ejército, y es tiempo de que no aparecen Queremos ver a nuestros compañeros Que nos los entreguen vivos o muertos”, agregó Juan Hernández
A sus 42 años de edad, de oficio albañil y líder de este gremio en Altamirano, Alejandro Muños Ruiz fue detenido en su domicilio la mañana del Día de Reyes, acusado de ser “el subcomandante Marcos”
Entrevistado poco antes de que recobrara su libertad, recordó que fue sacado por un grupo de 20 militares que llegaron en “tres tanques de guerra” Dice: “Fui vendado de los ojos y conducido a una bodega de café; por la noche, me cambiaron al cementerio y, al amanecer, tapado con una lona, en camión, me llevaron a Comitán, donde llegamos por la noche
“Todo el tiempo me trataron bien Sólo me golpearon con la mano y a patadas al principio de mi detención En Comitán me juntaron con los de Morelia, que estaban completamente desnudos Los soldados gritaron: ¡Aquí está su jefe! ¡Ya agarramos al comandante Marcos! Pero ¿cuál? Si mi único delito es haber nacido con los ojos verdes”, dice Alejandro Muñoz
Manuel López Méndez, del municipio La Independencia, fue detenido en la ciudad de Comitán, a la que había llegado el 3 de enero para visitar a su papá, internado en el hospital regional “Cuando atravesaba por el bulevar, los militares me agarraron de los pelos: gritaban que era guerrillero zapatista Al registrarme, encontraron un recibo de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-CNPA), central a la que pertenezco”
Por ser campesino y llevar un paliacate rojo al cuello, símbolo de los rebeldes, fue amarrado de pies y manos, lanzado a un transporte militar y conducido al cuartel tirado boca abajo Al llegar, fue aventado al piso, pateado en la cara y estrellado en la pared de un cuarto Vendado de los ojos, permaneció tres días, casi sin probar alimentos Cuenta que lo amenazaban de muerte “si no decía la verdad” Con otros detenidos, lo llevaron a la PGR de Tuxtla Gutiérrez, y hasta el 10 de enero lo encerraron en el penal de Cerro Hueco Como muchos otros, López Méndez fue acusado de asociación delictuosa El 28 de enero, el mismo Tribunal Superior de Justicia depositó mil nuevos pesos de fianza para que alcanzara su libertad condicional
Las agresiones por parte de los militares han llegado más allá El 28 de enero, según registró Amnistía Internacional, elementos del Ejército Mexicano, haciendo caso omiso del cese al fuego, disparó en contra de Artemio Espinoza Ruiz y Jorge Santiz Espinoza, causando tres heridas de bala al primero Los hechos se produjeron en el tramo Buenavista—El Triunfo, municipio Independencia El grupo de soldados que disparó iba a bordo de siete tanquetas Las víctimas llevaban al hombre un rifle “palomero”
Delia Espinoza, hermana del herido, cuenta cómo los soldados, “con sadismo”, golpearon a la víctima mientras se desangraba en el suelo por los balazos recibidos en el cuello, el tórax y un antebrazo Y todavía, dice, cuatro tanquetas siguieron al vehículo en que se le llevó al hospital
Otros hechos en el mismo lugar: “El niño José Calvo López, de 12 años de edad, se encontraba jugando en el patio Los soldados se acercaron y, en tono amenazante, le exigieron que dijera dónde escondía el arma La madre del menor intentó acercarse, pero los soldados lo impidieron Le ordenaron que se metiera a su casa El niño se desmayó en manos de los militares, quienes lo abandonaron tirado”
“Desaparecidos, aprehensión ilegal con lujo de violencia, tortura, allanamiento de domicilio, robo y amenazas” Así titulan muchos de sus informes públicos los organismos no gubernamentales de derechos humanos Uno de ellos es el de Pedro, Venancio y Marcos Hernández Jiménez, originarios de Altamirano
Dice: “Los tres hermanos fueron aprehendidos el día 8 de enero, cuando un número similar de vehículos militares y tanquetas se estacionaron en la calle, frente a su domicilio Los soldados entraron con violencia a la casa, rompiendo ventanas y puertas”
La esposa de uno de ellos fue llamada cuando supo de la aprehensión, y atestigua que miró cómo, en uno de los cuartos de su casa, los soldados les ponían cuerdas alrededor del cuello y los amenazaban con ahorcarlos, mientras los golpeaban
Después fueron vendados, amarrados de pies y manos y subidos a un vehículo con rumbo desconocido Se ignora su paradero
En la misma operación, “los soldados robaron la ropa de las familias que viven en las casas aledañas, y también de los Hernández Sustrajeron dinero y grabadoras, regaron papeles por todo el piso y quemaron hasta alimentos
“Los soldados saquearon también una tienda Conasupo, propiedad de Pedro Hernández, de donde se llevaron todos los alimentos y una cantidad no especificada de dinero”
Casos como los anteriores se multiplican en Huixtán, Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, El Bosque, Simojovel, Tenejapa, Chanal, Chenaló, Mitontic, Huitiupan, Chachihuitán y otras
Para la Coordinación de Organismos no Gubernamentales de San Cristóbal de Las Casas por la Paz, “las torturas y ejecuciones son crímenes de guerra, y su impunidad nunca ha contribuido al establecimiento de la paz y han sido elemento que con mayor fuerza impulsa el crecimiento de la violencia, por lo que los responsables que dieron la orden de cometer esos abusos, los toleraron o encubrieron deben ser castigados”
Y ante la pretensión de perdonar a todos aquellos que han intervenido en los hechos violentos de Chiapas, los organismos no gubernamentales se pronuncian por una “amnistía sin amnesia ni impunidad a los crímenes de guerra”
Las condiciones para el restablecimiento de la paz, dicen, no sólo deben ser aceptables para las fuerzas beligerantes, sino también para la población civil del país Por ello, proponen que una comisión de derechos humanos independiente realice una investigación e informe públicamente de los resultados y de las medidas legales aplicadas en cada caso
Su demanda obedece, entre otras cosas, a que la CNDH ha perdido credibilidad debido a que “miembros de la PGR o del Ejército están utilizando vehículos identificables como pertenecientes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para realizar sus actividades”
Como prueba de ello, dicen que el 11 de enero, en el campo de beisbol de San Cristóbal de Las Casas, presenciaron, junto con los miembros de la Comisión Especial Autónoma —integrada por el escritor Eraclio Zepeda, el senador priísta Eduardo Robledo y el antropólogo Andrés Fábregas—, cómo de una camioneta Combi de color blanco, “con una manta y emblemas de la Comisión Nacional de Derechos humanos, descendían tres miembros de la PGR portando armas largas”
La creación de una comisión de derechos humanos independiente pondría —aseguran los grupos no gubernamentales— un alto a la impunidad de los crímenes de guerra y probaría que hay voluntad para avanzar hacia un México más democrático y justo
 |
 |
 |
 |
 |
