El levantamiento zapatista pone en aprietos al sistema

El levantamiento zapatista pone en aprietos al sistema
Salinas: de las amenazas a la amnistía; el Ejército: en la rabia contenida; los priístas: en el desconcierto
Carlos Acosta Córdova
Cambios en el discurso presidencial sobre el conflicto armado en Chiapas —cuyo tono ha ido del enfrentamiento a la conciliación—, un efímero, pero significativo distanciamiento con el Ejército, y un desconcierto en las filas priístas por el resurgimiento político de Manuel Camacho, son signos de cómo el levantamiento de los zapatistas puso en serios aprietos al gobierno de Carlos Salinas de Gortari
No eran claros aún para el gobierno la magnitud del conflicto ni la fuerza y tamaño del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando el presidente Salinas manifestó que los alzados en Chiapas eran unos “profesionales de la violencia”, un “grupo violento y armado”, al que se habían sumado indígenas, muchos de ellos “en contra de su propia voluntad”
En su primer mensaje a la nación, el 6 de enero, en los momentos más candentes de la confrontación, Salinas fue particularmente beligerante: amenazó a los zapatistas —”agresores”, dijo— con que sufrirían “la acción firme de la autoridad” si continuaban “atacando a nuestros soldados” Se les ha ofrecido diálogo desde las primeras horas, informó el Presidente, pero han respondido con más violencia “Van a fracasar”, dijo
Cuatro días duró ese tono No era pequeño el enemigo Los ojos del mundo estaban sobre Chiapas, México y la figura presidencial: por los atropellos a los derechos humanos que documentaba la prensa extranjera y por el frustrado despertar de un México de primer mundo con el TLC
El Presidente comenzó a actuar y a cambiar el tono de su discurso El 10 de enero introdujo el término reconciliación: como “un reconocimiento de lo que no funcionó”, para “garantizar que las decisiones públicas se apeguen a la Constitución y al derecho”, y para “abrir cauces eficaces de reconciliación y justicia en Chiapas”, removió a Patrocinio González de la Secretaría de Gobernación, puso en su lugar a Jorge Carpizo, dejó a Diego Valadés en la PGR y nombró a Manuel Camacho como Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas
El propósito de los cambios —”restaurar la más pronta tranquilidad en Chiapas” y asegurar que las medidas gubernamentales en medio del conflicto “se apeguen estrictamente a Derecho”— chocó, empero, con la decisión del propio Presidente de dejar manos libres al Ejército El mismo día en que anunció los cambios, advirtió también que las tropas no retrocederían
Y justo cuando era insistente, y creciente, el llamado de importantes grupos de la sociedad en el sentido de que el Ejército debía cesar el fuego unilateralmente y no seguir atacando a la población civil, Salinas de Gortari elogió a la institución armada y avaló sus acciones en Chiapas
Dijo: “Con lealtad y patriotismo, producto de sus raíces históricas y su origen popular, cumpliendo su responsabilidad constitucional y con apego a la política del gobierno de la República, (el Ejército) seguirá garantizando en Chiapas la seguridad de los ciudadanos y, junto con las autoridades competentes, contribuirá a evitar que individuos o grupos, por motivos violentos, busquen afectar la tranquilidad de las familias y la armonía del país”
El apoyo al Ejército impidió que el incipiente cambio en el discurso presidencial tuviera correspondencia en los hechos Para el Ejército, a diez días de iniciado del conflicto, y al tiempo que seguía bombardeando comunidades y afectando con sus ataques —según la prensa nacional y extranjera— a la población civil, los combatientes zapatistas seguían siendo un “grupo agresor”, “transgresores de la ley”, “malhechores”, “grupos subversivos”, “grupos armados que han alterado el orden”, según los comunicados de la Secretaría de la Defensa Nacional
Recuperadas por la tropa las principales plazas que habían sido tomadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el presidente Salinas, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, decidió —el 12 de enero— un cese al fuego unilateral, y reiteró la oferta de perdón que había hecho días antes para “aquellos que hayan participado por presión o desesperación y que ahora acepten la paz y la legalidad”
El cese al fuego, “primer paso para salvar vidas y para encontrar nuevos caminos de reconciliación”, estuvo acompañado, sin embargo, de un nuevo aval para el Ejército: dijo que el cese al fuego no impediría que el Ejército se defienda “si es atacado” por el “grupo agresor” Advirtió: “Si los grupos armados no deponen a su vez sus acciones agresivas, el Ejército tendrá que defenderse y defender a la población civil”
Hasta ese momento había un entendimiento cabal entre Ejército y autoridades civiles El Presidente ordenó no abrir fuego y los militares acataron Pero la tensión y el miedo continuaron en las plazas recuperadas por la decisión del Ejército de mantener, según informó ese día la Sedena, “la libre movilidad de su personal y equipo, incluyendo patrullaje terrestre y reconocimiento aéreo”, que se tradujeron, según denuncias públicas, en continuos atropellos a la población civil
Siguieron tres días de calma tensa en los cuales la Sedena sólo reportó un incidente: un “grupo de transgresores” hizo disparos contra soldados que hacían un reconocimiento sobre el camino que conduce de Ocosingo al poblado de Suschila
Pero el sábado 15, el alto mando militar endureció su postura pública Se advirtió inclusive un distanciamiento con las autoridades civiles Varios hechos provocaron esa actitud militar: la presencia cada vez más extendida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la zona en conflicto y las quejas —en privado— de su titular, Jorge Madrazo, en el sentido de que los soldados entorpecían su labor; la llegada de representantes de organismos no gubernamentales internacionales y nacionales, y los recorridos de una comisión pluripartidista de legisladores, con el fin de analizar la situación en Chiapas
ENDURECIMIENTO MILITAR
Ese día, el Ejército respondió, severo, a las acusaciones crecientes y documentadas, que se le hacían, dentro y fuera del país, por violar los derechos humanos: “Tales acusaciones las rechaza la Secretaría de la Defensa Nacional por considerarlas falsas, estimándose que únicamente se basan en simples rumores, supuestos y actitud amarillista de quienes han propalado tales infundios, que lejos de contribuir en la solución del conflicto, producen confusión y desorientación en la opinión pública”
En uno de sus más extensos comunicados —cuatro páginas—, la Sedena eximió de culpas a la tropa, defendió al Ejército y la emprendió contra quienes lo acusaban: “Quizás para ellos sí sean justificables los asesinatos de 24 elementos de seguridad pública y policía judicial, así como 31 heridos y más de 100 desaparecidos de la población civil además del encarcelamiento de policías; la destrucción de edificios públicos en San Cristóbal de las Casas, Altamirano y Ocosingo, entre otras; la privación de la libertad de tránsito y sometimiento mediante el terror de las poblaciones por ellos ocupadas; del ocultamiento de transgresores muertos y muy probablemente su inhumación clandestina; los hostigamientos constantes a que son sujetas las poblaciones entre otros muchos atentados a los derechos elementales de los habitantes de la región”
De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Sedena dijo, en ese mismo comunicado, que es “la máxima autoridad moral del país” y que las tropas le han dado “las mayores facilidades”, “permitiéndole en todo momento el cumplimiento de su elevada misión y dispuestos al esclarecimiento de cualquier duda respecto a la actuación del personal militar”
Siempre, remató, “el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos han actuado conforme a Derecho”, y “la actuación de las tropas está y estará encaminada en todo momento a respetar la integridad física y moral de la población, a pesar de que existen intereses que se empeñan en desvirtuar la verdadera imagen del instituto armado”
La Comisión Plural de legisladores que estuvo en Chiapas entre el 13 y el 15 de enero, presentó su informe ante la Comisión Permanente el jueves 20 y pareció no coincidir con lo que señaló la Defensa Por el contrario, dejó entrever que no había en Chiapas un total cese al fuego ni se respetaban a cabalidad los derechos humanos en la zona
En sus “recomendaciones”, la Comisión apuntó: “Se considera una condición necesaria para lograr la paz y el reestablecimiento del orden social, que continúe vigente el cese al fuego”, y “debe respaldarse la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su tarea de revisar y hacer que se preserven los derechos humanos en el conflicto chiapaneco y que se faciliten las funciones que la ley reconoce a los organismos no gubernamentales en esta materia”
Un día después de la autodefensa del Ejército, el presidente Salinas, reconsideró y anunció: como “un esfuerzo adicional por la justicia y la reconciliación”, y para que no quede ya “pretexto alguno para no reintegrarse pacíficamente a sus comunidades e incorporarse a las tareas de superar solidariamente necesidades y rezagos”, envió al Congreso de la Unión —previo anuncio “al pueblo de México” por televisión— una iniciativa de ley para otorgar una “amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del estado de Chiapas”
La Ley de Amnistía fue discutida tarde y noche del jueves 20 y aprobada la madrugada del viernes 21 en la Cámara de Diputados y más tarde, el mismo día, en el Senado Con modificaciones negociadas por legisladores priístas y panistas en la Secretaría de Gobernación, con el titular de ésta, Jorge Carpizo, el procurador Diego Valadés y el jefe de la Oficina de la Presidencia, José Córdoba Montoya, la Ley beneficia a todos aquellos que estén involucrados en delitos que se desprendan del conflicto armado en Chiapas, a condición de que entreguen rehenes, armas, explosivos y demás instrumentos empleados para la comisión de los delitos El Presidente daba un plazo de 20 días para que los interesados hicieran esa entrega, pero la Cámara de Diputados determinó que sea una comisión especial, integrada por el Ejecutivo, la que determine plazos y términos
La amnistía beneficia a quienes hayan participado en el EZLN desde el 1¼ de enero hasta las 15 horas del jueves 20, y no a las 11 horas del domingo 16, como señalaba el texto original La ley señala expresamente que a las personas que beneficie la amnistía, “no podrán en lo futuro ser interrogadas, investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna por los hechos que comprende esta amnistía”
SOLICITUD DE RENDICION
Y no obstante que la amnistía fue calificada de “atípica” por la oposición en la Cámara —porque se decreta antes y no después del diálogo que lleve a la paz y la reconciliación, lo que equivale a una solicitud de rendición, según diputados opositores—, es un hecho que el presidente Salinas pasó de la posibilidad de perdón para unos cuantos —los que actuaron bajo engaño o por desesperación—, a un perdón más amplio, aunque discutible todavía y calificado de precipitado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
De paso, desde el domingo 16 en que anunció la amnistía, Salinas abandonó no sólo los calificativos agresivos para los zapatistas sino, también, los elogios sobrados para el Ejército A unos se refirió ya sólo como “quienes han entrado en confrontación con el Estado mexicano” o como “participantes en los hechos de violencia” Al otro, lacónicamente, lo definió como “eficaz”
Mientras sucedía lo anterior, para el Ejército aquellos seguían siendo “trasgresores de la ley”, 18 de los cuales fueron aprehendidos, el lunes 17, en Oxchuc, por participar en “actos vandálicos” que, luego se supo, nada tenían que ver con los alzados
Un día después, al franco cambio en el discurso del Presidente se sumó un tácito reconocimiento del comisionado Manuel Camacho a la representatividad de los zapatistas como fuerza beligerante “Me he referido a ustedes como EZLN, respetando la denominación que les ha dado identidad”, dijo el martes 18 en San Cristóbal, en mensaje que envió a los comandantes guerrilleros
Entre los militares hubo disgusto —nunca expresado directamente, sino filtrado a través de la prensa— porque el Ejército no fue mencionado por el comisionado Camacho Solís como parte de los esfuerzos de pacificación, no obstante que los últimos días se había dedicado, según comunicados de la Sedena, a prestar “auxilio a la población civil chiapaneca”, a “actividades de labor social” y a “tareas humanitarias”
El miércoles 19, cuando aumentaban las esperanzas de lograr un pronto diálogo con el EZLN y las informaciones periodísticas reflejaban un clima de tranquilidad en la zona en conflicto, la Secretaría de la Defensa Nacional, contra la costumbre de emitir sus comunicados por la noche —regularmente después de las 19 horas—, expidió un boletín de prensa en plena tarde, antes de las 14 horas En él anunciaba que “se tiene conocimiento de que en las próximas 24 horas grupos transgresores planean realizar ataques armados contra las poblaciones de Yajalón, Sabanillas y Venustiano Carranza”
Ninguno de los cientos de periodistas presentes en la zona confirmó esa posibilidad de ataque de los zapatistas Es más: autoridades y pobladores de esas localidades, entrevistados, dijeron que antes de la advertencia de la Sedena estaban en paz
La disociación entre las acciones del gobierno y las del Ejército —azuzada en la prensa por inserciones pagadas y columnistas que salieron en defensa de los soldados— puso en acción al aparato político gubernamental, que se había vuelto a sacudir con la remoción del gobernador interino de Chiapas, Elmar Setzer, el martes 18, y el regreso de Beatriz Paredes a la esfera política nacional: fue designada, el miércoles 19, presidenta de la recién creada Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia Social para los Pueblos Indígenas Dejó la embajada en Cuba, uno de los varios países —Colombia, España y Suiza entre ellos— que el presidente Salinas pensaba visitar, en giras que pospuso por el conflicto armado en Chiapas
CUMBRE EN LOS PINOS
El jueves 20, vistos los efectos de pánico que había provocado en las poblaciones aludidas el anuncio de la Sedena, hubo reacciones casi simultáneas en los poderes Ejecutivo y Legislativo En Los Pinos, dos acciones: sometimiento y llamada al orden al Ejército, pero también reconocimiento a su papel en el proceso de pacificación En la Cámara de Diputados, un “desagravio” para las Fuerzas Armadas
Ese día, el presidente Salinas llamó a Los Pinos a Manuel Camacho, al secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, y al secretario de la Defensa, Antonio Riviello Nadie supo los términos y el tono de ese encuentro La Presidencia de la República lo pretendió feliz y cordial: en un boletín de la Dirección de Comunicación Social, se dijo: “Al término de su reunión con el presidente Salinas de Gortari, los dos secretarios de Estado y el Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, caminaron y conversaron por los jardines de la residencia oficial de Los Pinos”
Horas después, a las 7 de la noche, Camacho Solís dio a conocer lo acordado en ese encuentro Primero dijo que el presidente Salinas había convocado a Carpizo y Riviello a una reunión en Los Pinos y que él había sido invitado “al final de la misma para darme a conocer dos decisiones del gobierno relacionadas con la situación en Chiapas” Comunicación Social había dicho antes que Camacho fue a Los Pinos a presentarle al Presidente “un informe sobre el curso de los acontecimientos en aquella entidad federativa” y que durante la presentación del mismo “el jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por los secretarios de Gobernación, Jorge Carpizo, y de la Defensa, Antonio Riviello Bazán”
Fuera de esa discrepancia informativa, Camacho leyó lo acordado en Los Pinos Primero, el repliegue del Ejército por dos vías Una: “Las tropas que todavía estén presentes en las ciudades donde ha tenido lugar el conflicto, se constituirán en guarnición de plaza, de preferencia fuera de las ciudades, en un lugar cercano a las mismas”
Otra: “Las tareas de ayuda humanitaria de distribución de alimentos, de asistencia médica que venía desarrollando el Ejército Mexicano se irán transfiriendo a las autoridades estatales y municipales con participación de organizaciones sociales no gubernamentales y de la Cruz Roja”
Luego, el reconocimiento exigido por el Ejército: ni agrede ni actúa por su cuenta, y sí colabora con la paz
Dijo Camacho: “Por toda la información con que cuenta este comisionado respecto al Ejército Mexicano, me queda claro que su posición respecto al conflicto en Chiapas es cumplir su función constitucional y apoyar los esfuerzos de paz y conciliación Este es un factor y un patrimonio institucional de México, que será de la mayor importancia en la construcción del proceso de paz Es una razón de fortaleza de las instituciones republicanas que todos debemos cuidar”
Casi al tiempo en que Camacho informaba “a la opinión pública nacional”, en la tribuna de la Cámara de Diputados el priísta Rodolfo Echeverría Ruiz alteraba el orden de oradores y cambiaba de tema —se debatía la Ley de Amnistía— para hacer una encendida exaltación del Ejército Mexicano
Como si “estuviéramos en la plaza de un pueblito o en un rancho, justo en el Día del Ejército” —dijo el perredista Jorge Calderón—, Echeverría Ruiz manifestó: “Los 64 años de paz en México, se deben, entre otras cosas, a la alta conciencia cívica de las Fuerzas Armadas”
De su actuación en Chiapas, dijo que ha procedido dentro de la legalidad y en acatamiento a mandatos superiores: “Nuestro Ejército no asesina Rechazamos que alguien quiera ponerlo en el banquillo de los acusados”
Al terminar el priísta, los perredistas Jorge Calderón y Jesús Martín del Campo, en sus curules, señalaron a Proceso que era una provocación el intento de Echeverría de desagraviar, en la tribuna, al Ejército Interpretaron el hecho “como una demostración de que el gobierno no sabe cómo controlar ya las fuerzas autoritarias que desató en Chiapas El gobierno primero manda al Ejército a reprimir, a golpear, le da fuerza, y luego no sabe cómo controlarlo”
En la misma sesión, salió a relucir el desconcierto que entre priístas causó la reaparición de Camacho Solís Sin ser parte del tema a discusión, no faltaron diputados priístas que insistieron en que su partido no tiene más candidato a la Presidencia de la República que Luis Donaldo Colosio
La de esos diputados fue una acción concertada con la dirigencia de su partido: por la tarde, en la clausura del XXXI Congreso de la Central Campesina, Fernando Ortiz Arana gritó: “Luis Donaldo Colosio es el candidato del PRI Los priístas elegimos al mejor candidato Los de todo el país, desde el seccional más remoto, hasta el Comité Ejecutivo Nacional, empezando por su presidente”