Ratificación del TLC a un alto costo económico, político y social para México
Convoca el Departamento de Estado a una reunión para discutir en Washington las elecciones federales del 94
Carlos Puig
WASHINGTON, DC – Culminó la reubicación geopolítica de México iniciada por el presidente Carlos Salinas Ya no habrá más dudas: a partir del 1 de enero de 1994, los mexicanos seremos norteamericanos
Al cobijo de Estados Unidos, su aliado, México emprende una nueva era de su historia y, particularmente, en la relación con su vecino del norte Mediante los compromisos que incluye el Tratado de Libre Comercio (TLC), México se ata con el país más poderoso del planeta para continuar las políticas económicas de los últimos seis años, más allá de elecciones o decisiones nacionales; el tratado impone el abandono total de la economía mixta y de la política nacional de desarrollo, más restricciones a los subsidios, más privatizaciones y restricciones a posibles nacionalizaciones, entre otras cosas
Pero la nueva relación con Estados Unidos también implica costos políticos para el sistema mexicano, los cuales comenzarán el 2 de diciembre próximo:
En el Departamento de Estado, convocados por su oficina de México y la Agencia de Desarrollo Internacional (ADI), se reunirán organizaciones no gubernamentales y centros académicos de México y Estados Unidos para discutir cómo observarán las elecciones mexicanas de agosto de 1994
Al mismo tiempo, congresistas que votaron a favor y en contra del tratado comenzaron a planear el envío de delegaciones legislativas para estar en México en el momento de las elecciones
Este nuevo escrutinio a que se someterá México es producto de la declaración abierta y unánime —única coincidencia en los bandos que participaron en el debate del miércoles 17— de Albert Gore y David Bonior, pasando por Jimmy Carter, de que México “no es una democracia”
El gobierno mexicano en repetidas ocasiones ha manifestado que no está dispuesto a permitir que observadores internacionales intervengan en asuntos internos, como las elecciones, y ha mantenido esa posición aún después de una sugerencia explícita del secretario de Estado al de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, parece difícil que ahora, a partir de la actitud de apertura mexicana, pueda detenerse a los observadores
La nueva relación también implica nuevas “colaboraciones” en aspectos antes inusitados Más allá de que fueran necesarios para la “compra” de votos en el Congreso, el gobierno de Carlos Salinas se ha comprometido ha realizar nuevos programas y acciones para resolver problemas estadunidenses Y aunque el acuerdo ratificado el miércoles 17 fue comercial, la Cancillería y hasta el procurador general de la República (PGR), Jorge Carpizo, entraron al quite para obtener la mayoría necesaria:
Nuestro gobierno comenzará a hacerse cargo —con un pago estadunidense de por medio— de mexicanos que han delinquido en el vecino del norte para aliviar la carga que los ilegales significan para el sistema penitenciario de aquella nación
Por su parte, el procurador Jorge Carpizo se comprometió, ante un legislador estadunidense, a perseguir, arrestar y extraditar a un supuesto violador y secuestrador oculto en México
Para obtener más votos a favor del TLC en el Congreso, la nueva relación con Estados Unidos también implicó un “entendimiento” con la ultraderecha cubana de Miami, mediante el cual el gobierno de México se compromete a aplicar “estrictamente” criterios comerciales y mantener en los niveles actuales la relación con Cuba En palabras del secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, en una reciente entrevista con el Miami Herald, “no tenemos por qué subsidiar otras economías si ni siquiera subsidiamos las nuestras”
Además, la ratificación del TLC, por otra parte, no significó una disminución del clima antimexicano en Estados Unidos Por ejemplo, la Asociación de Estadunidenses contra México, creada en Houston por un grupo de familiares de individuos torturados en las cárceles mexicanas, anunció que pronto contará con sucursales en otras ciudades norteamericanas
El Congreso de Estados Unidos acaba de ratificar el nuevo presupuesto del Departamento de Defensa, que incluye fondos para el envió de la guardia nacional —el ejército— a la frontera para contener a los mexicanos ilegales La propuesta fue de la senadora Bárbara Boxer, de California, quien votó contra el TLC
La nueva era ha propiciado la intromisión en asuntos internos de México, como la afirmación de Mickey Kantor, representante comercial de Estados Unidos, ante un grupo de sus compatriotas, en cuanto a que “necesitamos el TLC para que Salinas pueda elegir a su sucesor”
Y la urgencia por conseguir votos significó que “triunfos” mexicanos obtenidos en la negociación del TLC de Norteamérica tuvieran que “ser revisados” en los últimos días, dando mayores protecciones a industrias estadunidenses y, por tanto, creando nuevas barreras contra productores mexicanos de cítricos, verduras y azúcar, entre otros
Esto es, entre otras cosas, ser norteamericanos
OBSERVADORES ELECTORALES
Semanas antes de la votación, se reunieron en Nueva York Warren Christopher, secretario de Estado, y Fernando Solana Christopher le dijo que México debería aceptar la presencia de observadores internacionales en las elecciones del año próximo, lo que les proporcionaría muchos votos a favor del TLC en el Congreso
Solana dijo que no, pero se guardó su indignación hasta que el Wall Street Journal recibió la filtración de la conversación; entonces, la cancillería mexicana hizo una declaración pública reiterando la posición de que no se acreditará formalmente a ningún observador extranjero en agosto próximo
Pero en el Departamento de Estado de William Clinton se han replanteado los objetivos de la política exterior estadunidense, dirigidos ahora a la “expansión de los derechos humanos y la defensa de la democracia”
La ADI, involucrada al final del gobierno de George Bush en un escándalo por sus actividades de exportación de trabajos estadunidenses a países en vías de desarrollo, ahora orienta sus esfuerzos a “ayudar a democracias emergentes y al desarrollo sostenido en países del tercer mundo”, bajo la dirección de Brian Atwood, quien perteneció al Fondo Nacional por la Democracia y fue gran promotor de los observadores electorales y sistemas de “conteo rápido” en los comicios de Nicaragua, Haití y otros países del hemisferio
Ahora, las oficinas de México del Departamento de Estado y de Iniciativas Democráticas de la ADI han convocado a organizaciones no gubernamentales, académicos y fundaciones, como el Centro Carter de Georgia, a discutir el problema de la democracia en México, y específicamente la observación electoral del proceso del año entrante
El corresponsal se enteró de que se han enviado invitaciones a personalidades como Robert Pastor y, según una fuente oficial cercana a la organización de la reunión del jueves 2 de diciembre, se plantean tres objetivos:
—”Aclarar” la política del Departamento hacia México en cuestión de democracia
—Apoyar a los grupos estadunidenses que tiene programas de ayuda a observadores electorales en México
—Formar un grupo de trabajo permanente para analizar estos temas
La reunión tiene carácter “privado”, sin acceso para la prensa, y se realizará en las instalaciones del Departamento de Estado en Washington
Cualquiera que sea el resultado de esa reunión, delegaciones de congresistas, representantes y senadores que votaron tanto a favor como en contra del tratado ya se preparan para ir a México en agosto de 1994
El corresponsal confirmó que por lo menos seis legisladores comenzaron a mostrar interés y se han comunicado con varios grupos para estar presentes el año próximo en México
PRISIONEROS EN MEXICO
La nueva era de las relaciones bilaterales incluye que México se convierta en brazo operativo del sistema penitenciario estadunidense Esto surge a raíz de un programa piloto para que prisioneros mexicanos, juzgados y sentenciados en Estados Unidos, sean regresados a nuestro país, donde cumplirán su condena
Según datos obtenidos por la corresponsal de Proceso en San Francisco, Beatriz Johnston Hernández, lo anterior también es fruto de una negociación para lograr votos favorables al TLC
El 11 de noviembre Jay C Kim, congresista del Sur de California que se mantenía indeciso ante el TLC, fue invitado a la oficina de William Clinton, quien le aseguró que a cambio de su voto a favor, “haría todo lo necesario” para lograr el traslado a México de miles de ilegales encarcelados en Estados Unidos
Esa misma semana funcionarios de la PGR se reunieron con sus contrapartes estadunidenses en Washington para negociar la acelerada reactivación de un tratado que firmaron en 1977 ambos países, que prevé el retorno voluntario de presos no violentos a centros de rehabilitación en México
El 16 de noviembre, un día antes de la votación, Clinton llamó a Kim y le dijo que todo estaba arreglado: “¿contamos con tu voto?”, preguntó el presidente “Sí”, contestó el legislador
El congresista confesó que estaba “muy emocionado”, pues pensaba que México no compartía responsabilidades respecto a sus delincuentes detenidos en Estados Unidos y que el TLC le había dado la oportunidad perfecta para poder presionar, según dijo a Proceso Sandra Garner, asesora principal de Kim
Cuenta Garner que al salir de la oficina de Clinton, su jefe le dijo: “no pegué un home run, pero sí llegué a primera base y apenas es la primera entrada”
Tanta era la urgencia de los funcionarios para satisfacer los deseos del legislador que de un momento a otro habían encontrado ya 8,000 presos que reúnen los requisitos del programa; los primeros traslados están previstos para diciembre El programa original llevaba dormido 15 años
El traslado se realizará pese a que el Departamento de Justicia todavía no sabe si México cuenta ya con los “centros de rehabilitación” necesarios, en los cuales, según lo estipula el tratado, deberán estar los presos
Ana Cobián, del Departamento de Justicia, señala: “estamos encaminando esfuerzos hacia la identificación de tales programas en México”
Explica que sólo serán trasladados los indocumentados que no tengan antecedentes penales previos y con posibilidades de rehabilitación en centros mexicanos semejantes a los de Estados Unidos Actualmente la repatriación es voluntaria y la mayoría de los mexicanos prefiere las cárceles estadunidenses
El programa confirma las especulaciones de que el TLC estaba relacionado con la mano de obra barata en México: prevé que Estados Unidos siga pagando los gastos de los presos, pero “se ahorraría grandes cantidades”, ya que en México el costo de mantener a los reos es muy inferior a los 15,000 dólares al año que en promedio se gastan en Estados Unidos
Este plan, además, hará necesario un nuevo acuerdo binacional para satisfacer algunas preocupaciones de congresistas, sobre todo respecto al trato que se da a los prisioneros en México
Esta no es la única preocupación, dice Christopher Cox, congresista republicano del sur de California: “lo que me interesa es que los presos, ya trasladados, purguen el tiempo completo de sus sentencias Debe haber un alto grado de certeza de que los reubicados no tengan acceso a la serie de oportunidades de salir antes de tiempo bajo las leyes mexicanas”
Para Kim, quien votó a favor del tratado, la preocupación sólo es económica Dice su asistente: “al estado de California le cuesta 356 millones de dólares mantener presos a los 16,000 indocumentados que están en nuestras cárceles, y ése sólo es el costo de la habitación, sin contar gastos médicos, educación, etcétera”
El Departamento de Justicia informó que las pláticas en torno al regreso de los presos las iniciaron la procuradora Janet Reno y el presidente Salinas, en la visita que hizo a México en octubre de 1993 Salinas ofreció la revisión del tratado a varios congresistas que lo visitaron el mismo mes en México, entre ellos a Gary Condit, del Subcomité de Justicia De acuerdo con Shannon Lehy, asesora del comité, Salinas le ofreció a Condit “trabajar con funcionarios estadunidenses para establecer el programa de extradición de presos” Pero Condit no se convenció y el miércoles votó en contra
Fuentes diplomáticas mexicanas aseguran que el programa actual ha funcionado y que ya hubo “56 intercambios masivos” Explican que en las nuevas conversaciones, “a pesar de algunas iniciativas de Estados Unidos”, la posición mexicana es que cualquier nuevo programa “tendrá que ser voluntario”
Salinas también actuó como garante en la persecución, arresto y extradición del mexicano Serapio Zúñiga Ríos, oculto en México y acusado en Estados Unidos de secuestro y violación de una joven californiana, según informó el Wall Street Journal el viernes 19
Se trata del caso de Clay Shaw, representante de Florida, cuyo voto a favor del TLC muestra las concesiones que hubo en los últimos momentos de las negociaciones
La sobrina de la secretaria de Shaw fue supuestamente secuestrada y violada por Serapio Zúñiga, quien después huyó a México Mediante cartas y reuniones con funcionarios mexicanos en Washington, Shaw pidió que se detuviera y extraditara a Zúñiga
Según Shaw, México “despreciaba el tratado de extradición firmado con Estados Unidos”, pues nunca había extraditado a un mexicano que hubiese cometido delitos en territorio estadunidense
Shaw condicionó su voto a que le garantizarán que ahora las cosas serían diferentes El titular de la PGR, Jorge Carpizo, envió una carta a la procuradora Janet Reno, y el embajador de Estados Unidos en México, James Jones, se la entregó el mismo día de la votación a Shaw, quien emitió el siguiente boletín de prensa:
“Después de reuniones con autoridades mexicanas, se me ha asegurado que México extraditará a Zúñiga Ríos El progreso que hemos hecho —no sólo de poner a Ríos donde debe estar— sino en las relaciones judiciales México-Estados Unidos es enorme Este compromiso envía un mensaje a todos los delincuentes en el sentido de que pueden huir a México, pero no pueden esconderse de nosotros”
Funcionarios mexicanos se quejaron de que Shaw había distorsionado el compromiso del procurador y que la carta de Carpizo aclaraba que Zúñiga deberá ser encontrado extraditable por un juez mexicano
Sin embargo, dos días después, el Wall Street Journal hizo una crónica de los últimos cabildeos con el congresista: “el ejecutivo de la industria automotriz Lee Iacocca, al cabildear en la oficina de Clay Shaw el día de la votación en la Cámara, habló por teléfono con el presidente Carlos Salinas de Gortari y obtuvo su garantía de que se actuaría El representante Shaw votó por el TLC Ahora sonríe ante el contraste con otros congresistas que llevaron sus peticiones a la Casa Blanca “Mis negociaciones —dice— fueron con los mexicanos”
A estas concesiones se agregan las hechas alrededor del TLC mediante cartas de entendimiento, acuerdos paralelos de los paralelos y las incluidas en la legislación de aplicación, que protegen a industrias estadunidenses y crean barreras, que el tratado supuestamente debía eliminar, contra industrias mexicanas
En resumen: mayor protección a las industrias estadunidenses del azúcar, vegetales y cítricos; aceleración en la reducción de tarifas mexicanas para electrodomésticos, vinos y vidrio plano; eliminación del aviso con 30 días de anticipación sobre la inspección de plantas de empaque de carne en México; promesas de otorgar más protección a los textileros estadunidenses
Todo lo anterior está incluido en cartas de “entendimiento” entre Jaime Serra Puche y Mickey Kantor, que acompañaron a los acuerdos paralelos y a la legislación de aplicación, que constituyen la base de esta nueva era norteamericana de México
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