Encubrimientos, inculpaciones “aberrantes”, violación de derechos, censura informativa
Toda la acción oficial en Guadalajara, dirigida a exonerar a Pemex y a la Sedue
Felipe Cobián y Francisco Ortiz Pinchetti
El manejo de la tragedia del 22 de abril por el gobierno federal está claramente enfocado a minimizar la responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a exonerar totalmente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue)
Con ello, se pretende proteger a tres personajes muy cercanos al presidente Carlos Salinas de Gortari: Francisco Rojas, director general de Pemex; Patricio Chirinos, hasta hace escasas tres semanas secretario de la Sedue, y Luis Donaldo Colosio, su actual titular
Según las fracciones parlamentarias del PAN y el PRD, así como asociaciones de abogados, organizaciones de damnificados, técnicos y especialistas, esa intención fue evidente desde el informe rendido por la Procuraduría General de la República (PGR) —que a nadie satisfizo— hasta la apresurada y “aberrante” consignación de los nueve inculpados, convertidos en “chivos expiatorios”
La renuncia del alcalde de Guadalajara, Enrique Dau Flores, y su posterior consignación, y el alud de acusaciones contra el gobernador Guillermo Cosío Vidaurri y su retardada caída sirvieron también para distraer la atención pública de la responsabilidad de las dos entidades federales, a través de un hábil manejo de la información
Al final, según la PGR, resulta que toda la culpa fue de un grupo de funcionarios locales de Pemex y del gobierno del estado, por “negligentes”, pero no de la empresa paraestatal como tal ni de la Sedue, a la que por ley corresponde la vigilancia ecológica y la regulación concreta del manejo de las aguas residuales y su filtración en el subsuelo
Según una encuesta publicada por el diario EL Occidental (29 de abril), elaborada por la empresa Vryasa, 84% de los tapatíos considera que se debe castigar a otras personas, y 76% opina que la investigación de la PGR “es insuficiente y hasta tendenciosa, porque deja fuera a varios responsables y pretende cubrir a funcionarios mayores”
Un grupo de ciudadanos, representado por el abogado panista Gabriel de Jesús Camarena Gutiérrez, presentó el martes 28, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, una denuncia contra el director general de Pemex y contra el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, como “responsables directos” de la explosión que destruyó 12 kilómetros de calles y 1,500 viviendas y que oficialmente costó la vida de 200 personas
En igual sentido, en la ciudad de México, la Liga Mexicana Anticorrupción, AC, organismo descentralizado del Partido Social Demócrata, presentó ante el procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, el miércoles 29 de abril, denuncia de hechos contra Francisco Rojas, como principal responsable de la explosión, así como la “complicidad” de los funcionarios Luis Donaldo Colosio, Arsenio Farell, Ernesto Zedillo, Fernando Hiriart, Guillermo Cosío Vidaurri, Patricio Chirinos y Enrique Dau Flores
LOS ENCUBIERTOS
Por orden expresa del presidente Salinas de Gortari, la PGR dispuso de un plazo de 72 horas para “determinar las causas que originaron los hechos, conocer las circunstancias en que éstos se produjeron y establecer las responsabilidades correspondientes”
Así lo hizo, según el informe del procurador Morales Lechuga dado a conocer —y transmitido por televisión en vivo a todo el país— el domingo 26 En él se asienta que se tomó declaración a “más de 600 personas”, pero se cuida de proteger a Pemex con conclusiones ambiguas y contradictorias
A la Sedue ni siquiera se le menciona
El informe insiste en que había “dos hipótesis” sobre el origen de las explosiones Una de ellas era precisamente la versión oficial de Pemex, de que la causa fueron descargas del solvente hexano realizadas por una empresa fabricante de aceites La otra, que obedeció a la presencia de gasolina en los colectores, en grandes cantidades
Precisa el informe que “la investigación fue especialmente difícil, en virtud de que varios elementos de información y de juicio apuntaban en ambas direcciones”
Se acepta la existencia de una fuga en el poliducto sur Salamanca-Guadalajara, pero se señala como causa la corrosión provocada por una tubería de agua colocada sobre el ducto de Pemex Es decir, según la PGR, una toma de agua domiciliaria, común, de apenas media pulgada de diámetro, provocó la ruptura en un ducto de acero de 12 pulgadas de diámetro y al menos una de espesor
Indica que “de la aparición de la fuga a su total aceleración debieron de haber transcurrido varias semanas”, pero no finca responsabilidad alguna a la empresa por este descuido en el mantenimiento de los ductos
La PGR concluye que la concentración “muy grande” de gasolina en el colector propició la primera explosión, aunque otra vez atenúa la culpa de Pemex al afirmar que “la presencia de hexano presumiblemente aceleró la detonación”
Sin embargo, no acusó —como precipitadamente lo había hecho Pemex el mismo día de la explosión— a los propietarios de la aceitera La Central Fincó, en cambio, responsabilidad a los dueños de un negocio aledaño a la fuga de gasolina, usuarios de la toma de agua, pero finalmente no fueron consignados
La responsabilidad recayó en el superintendente, los jefes de Operación, de Area Comercial y de Ductos de la planta almacenadora de Pemex en esta capital, por actitudes “negligentes u omisión”, pero para nada menciona el informe culpa alguna de la empresa como tal
También se acusó al alcalde tapatío con licencia, Enrique Dau Flores, y al secretario de Desarrollo Urbano y Rural del gobierno del estado, Aristeo Mejía Durán, por no haber dispuesto el oportuno desalojo de la zona
Nada se menciona, tampoco, acerca de la responsabilidad del gobernador Cosío Vidaurri, jefe de Mejía Durán, presidente del Consejo Estatal de Protección Civil y autoridad máxima en el estado
Los otros tres inculpados eran funcionarios del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, entidad dependiente del gobierno estatal
Los nueve están acusados de homicidio imprudencial de 190 personas, lesiones imprudenciales a 1,470, daño en propiedad ajena en 1,124 casas, 450 inmuebles comerciales y 600 vehículos, y ataques a las vías generales de comunicación
Pese a que se había convocado a una “conferencia de prensa” y a pesar de las abundantes lagunas que dejaba su informe, Morales Lechuga no aceptó pregunta alguna de los reporteros Apenas terminó de leer su documento de 15 cuartillas, literalmente huyó del salón donde compareció, en el mezzanine del hotel Fénix, seguido inútilmente por una turba de informadores Rodeado de guaruras, el procurador abordó un auto que partió a toda velocidad
No volvió a dar la cara
En el aire quedaron muchas dudas Una de ellas, la evidente omisión de cualquier referencia a la Sedue, al menos como parte de la averiguación, no obstante que en el propio informe se acusa a los inculpados, entre otras cosas, de violación a lo dispuesto por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, cuya vigilancia y aplicación compete precisamente a esa entidad del gobierno federal
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 37 las atribuciones de la Sedue En su fracción primera señala: “formular y conducir las políticas generales de asentamientos humanos, urbanismo, vivienda y ecología”
La fracción V le impone la función de “fomentar el desarrollo de sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado en los centros de población, y apoyar técnicamente en los centros de población, y apoyar técnicamente a las autoridades locales en su proyección, construcción, administración, operación y conservación”
Con mayor precisión, la fracción XXV del citado artículo encomienda a la Sedue “regular el alojamiento, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas residuales y las condiciones que deben satisfacerse antes de descargarse en las redes colectoras, cuencas, cauces, vasos y demás depósitos y corrientes de agua, así como su infiltración en el subsuelo, para evitar la contaminación que ponga en peligro la salud pública o degrade los sistemas ecológicos”
Según el informe de Morales Lechuga, la fuga dejó escapar “durante varias semanas” miles y miles de litros de gasolina nova, que se filtró en el subsuelo y llegó a los drenajes de la ciudad hasta causar la fatídica explosión”
La derrama fue tal que todavía 11 días después de la tragedia, el viernes 1 de mayo, continuaba extrayéndose gasolina del subsuelo en la colonia Alamo Industrial, donde se localizó la fuga, desalojada desde el jueves 23
Tampoco mencionó nada el informe de la PGR sobre la descompresión registrada en los manómetros del poliducto desde ocho días antes de la explosión Ni de las condiciones de los ductos de Pemex que, según los exfuncionarios de la empresa paraestatal inculpados, “datan de hace 40 años
“Es evidente que se está encubriendo no sólo al (ex)gobernador Cosío Vidaurri sino también a Pemex y a la Sedue”, dice el coordinador de la fracción panista en el Congreso local, Gildardo Gómez Verónica
El legislador opina que “es clara” la responsabilidad de esas dependencias federales “Sin embargo, de nada se acusa a Pemex, a pesar de haber sido ya responsable de una explosión de menor volumen aquí, en 1983, y a pesar de que la Sedue es la autoridad competente en la materia”
De la responsabilidad de Cosío Vidaurri recuerda que, conforme a su propio decreto, publicado en 1989, él es el presidente del Consejo Estatal de Protección Civil y el secretario general de Gobierno es el secretario ejecutivo del mismo Ellos debieron elaborar planes preventivos No hicieron nada Ni siquiera se acordaron de que esa estructura legal existía sino hasta horas después de ocurrida la tragedia
A su vez, el líder de la fracción el PRD, Pedro León Corrales, denuncia que hay la intención de encubrir “la responsabilidad de altos funcionarios” Dice que en Pemex de Guadalajara “hay problemas de corrupción” y que la explicación técnica de la PGR, insuficiente, sólo se refiere a la avería del poliducto de Pemex provocada por un tubo de agua, dice, “estaba enterado de la situación La responsabilidad no se limita a los funcionarios encargados de la planta en Guadalajara Por eso hemos pedido la designación de un fiscal especial que haga una investigación imparcial y que no tenga ningún compromiso con Pemex, con la Sedue ni con el gobierno del estado”
También considera “evidente que se está protegido a la Sedue, con lo cual se pretende encubrir tanto a Chirinos como a Colosio, porque ambos están jugando un papel político importante”
Y hasta un legislador priísta, Carlos González Lozano, quien fue vicepresidente municipal en el trienio pasado y coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, pide que la investigación sobre lo ocurrido se amplíe y profundice y que se incluya en ella a Pemex y a la Sedue
“Hay muchas cosas que deben indagarse”, dice “Como el porqué Pemex manda un comunicado de prensa a las 14 horas del día de la explosión en el que inculpa a la aceitera La Central y luego resultó que la paraestatal era la culpable o al menos que participó en el desastre ¿Quién autoriza un comunicado de prensa tan importante en una institución de tanta responsabilidad como Pemex?”
Dice también que la autoridad competente en este tipo de asuntos es la Sedue “Y no se menciona a la Sedue” Aclara: “soy priísta, pero no por ser priísta me voy a callar”
El delegado de la Sedue en Jalisco, José Luis Ibarra, hizo mutis luego de la explosión Apareció ocho días después para declarar, sin más, que la dependencia que representa no tuvo nada que ver En cambio, aceptó que Pemex dañó en forma importante la ecología del valle de Atemajac, sobre todo los mantos freáticos, “que tardarán mucho tiempo en recuperarse” Dijo que la paraestatal petrolera tiene la obligación de restaurar el ambiente, puesto que se ha comprobado su culpabilidad en el derrame de gasolina
Culpabilidad que Pemex no ha aceptado, oficialmente Todavía en vísperas del informe de Morales Lechuga, negaba toda responsabilidad y atribuía la fuga detectada a las explosiones y no al revés La empresa aportó 100,000 millones de pesos para los damnificados, aunque aclaró que no se trataba de una indemnización —lo que implicaría su reconocimiento de culpa— sino de una ayuda solidaria
LOS CHIVOS
Mientras tanto, la acción diligente de la justicia se centró en los nueve inculpados, presos en el Cereso de Guadalajara Pese a que el expediente respectivo contiene 10,000 fojas, el juez sexto de distrito en materia penal, Edmundo F Carrillo Blanco, fue capaz de declararles, antes de cumplirse las 72 horas de ley, el auto de formal prisión
Antes, negó el derecho constitucional de ampliación del plazo Negó el amparo Negó la libertad bajo fianza Negó todo
El presidente de la Federación Nacional de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, José Luis Cotero Bernal, calificó como “aberrante” la actuación de la PGR en este caso Acusó que los procedimientos que se han seguido contra los funcionarios consignados “violan derechos humanos, garantías individuales y todo esto en forma dolosa, de mala fe”
Llamó “ignorante” al juez Carrillo Blanco e inclusive cuestionó la competencia del fuero federal en este caso y alertó: “hasta parece que la Procuraduría General de la República está actuando mal para que los indiciados puedan salir libres Es evidente que todo el procedimiento está mal”
En un “madruguete”, el juez Carrillo Blanco declaró de manera apresurada formalmente pesos a los nueve indiciados, a puerta cerrada, el miércoles 29 A todos juntos, por los mismos delitos
El diputado priísta González Lozano denunció en el Congreso, el jueves 30, estas anomalías “Parece —dijo— que hubiera una línea concreta de aplicación y que no se están respetando los derechos de los inculpados conforme a la ley” Pidió que el Poder Legislativo hiciera una excitativa al Judicial para que se respeten “a ciento por ciento” esos derechos de los detenidos “y que no se acepten consignas” Su propuesta fue aprobada por el pleno
Entrevistado al respecto, González Lozano dijo que su propuesta estaba basada en los argumentos de la defensa de los inculpados, de lo que se deduce que “hay una determinada consigna” contra los presos
Dijo no conocer las razones de esta actitud, pero que le da la impresión de que “se quiere rápidamente definir la culpabilidad de un grupo de personas”
—¿Para encubrir a alguien?
—O cuando menos para no ampliar las investigaciones Si se culpabiliza rápidamente a un grupo, se va minimizando la posible responsabilidad de otras personas o instituciones
—¿Cómo cuáles?
—Como Pemex y la Sedue
LA MANIPULACION
La fuga de Morales Lechuga para evitar preguntas de los reporteros fue parte de la estrategia de manipulación informativa puesta en operación por el gobierno federal Habría luego otras evidencias
Como la andanada contra el gobernador Cosío Vidaurri —cuyos pecados databan de tiempo atrás—, en la cual participaron subrayadamente Televisa y los columnistas de los diarios capitalinos controlados por diferentes instancias del gobierno
De pronto, Cosío Vidaurri se convertía en el malo de la película —lo era de por sí— y hacia él se enfocaron todas las baterías
Como antes, contra el alcalde Dau Flores, cuya cabeza ofrecida por su amigo Cosío Vidaurri para salvar la propia no satisfizo las demandas de los jaliscienses Se tuvo entonces que sacrificar al gobernador
Mientras tanto, se tomaban otras medidas La radio de Guadalajara dio ejemplo de apertura informativa en los primeros días siguientes a la tragedia No sólo difundió información abundante y oportuna sobre los acontecimientos sino que —varias de las estaciones— abrieron sus micrófonos a la opinión de los ciudadanos Y la opinión de los ciudadanos, abrumadoramente, culpaba de la tragedia tanto al gobernador como a Pemex
Esto último llegó a ser insoportable La Secretaría de Gobernación —según testimonio de directivos y reporteros de diversas radiodifusoras locales— ejerció presiones directas para poner fin a tal apertura En los días clave, hubo incluso censores en esas estaciones
Otra presión fue la amenaza contra los reporteros, acusados de manejar informaciones “en forma visceral”, por no contar varios de ellos con la licencia de locutores respectiva En una reunión-desayuno con el gobernador, en la Casa Jalisco —residencia oficial— hubo insinuaciones a los directivos de las radiodifusoras para que le “bajaran el tono” a las informaciones
Finalmente, el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, interrogado el viernes 1 en Palacio Nacional sobre la renuncia de Cosío Vidaurri y la posibilidad de que, también como consecuencia de la explosión Guadalajara, haya cambios o renuncias en el ámbito federal, fue tajante al responder: “no se contempla ningún cambio, ni en el gobierno federal, ni en el gabinete legal, ni en el gabinete ampliado Eso que quede muy claro”
También exoneró a Cosío Vidaurri, y de paso a Pemex y a la Sedue, pues al responder a la pregunta de si se debía investigar al exgobernador, dio prácticamente por cerrado el caso Dijo:
“Es evidente, y lo conocen los medios de comunicación, que hubo una investigación acuciosa de la Procuraduría General de la República, en que se dieron a conocer cuáles fueron las causas y quiénes los responsables Ya está en manos de la autoridad judicial”
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