Irregularidades electorales, parte del sistema: el Departamento de Estado
“Acceso del PRI a recursos gubernamentales de los que no gozan otros partidos”
Beatriz Johnston Hernández
A pesar de los logros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los mexicanos siguen sufriendo abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, tortura y asesinatos a manos de cuerpos policiacos protegidos por una “cultura de la impunidad”, hace saber el gobierno del presidente Bush a su Congreso, en el Informe Anual del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en México, dado a conocer el 31 de enero
Además, sigue perpetrándose en México el fraude electoral: “autoridades electorales y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) modificaron los resultados de las votaciones en varios estados”, especialmente en Guanajuato, San Luis Potosí y Sonora
Recuerda el informe que la república mexicana ha sido dominada por el PRI desde 1929 Las reformas políticas recientes han permitido el acceso a puestos de elección a un mayor número de opositores: en el Congreso, en dos gubernaturas y en numerosas alcaldías
“Sin embargo, el PRI ha mantenido su control político predominante gracias a una combinación de fuerza electoral, de poder organizativo y de acceso a recursos gubernamentales de los que no gozan otros partidos políticos” Además, “por medio de irregularidades electorales”, según denuncian los principales partidos de oposición y otros “observadores dignos de credibilidad”
Se refiere a las elecciones intermedias de 1991 El PRI ganó sustancialmente más votos que en 1988 “Mucho analistas políticos lo atribuyen a los programas de modernización económica de Salinas de Gortari” Pero “los líderes de la oposición y muchos observadores respetables, que no pertenecen a ningún partido, tanto nacionales como internacionales”, dieron cuenta de irregularidades electorales que “deformaron los resultados en varios estados” En Guanajuato y en San Luis Potosí, “el gobierno respondió a los cargos de fraude obligando a retirarse a los gobernadores que habían sido declarados victoriosos por las comisiones estatales electorales y reemplazándolos con gobernadores interinos hasta nuevas elecciones”
El Informe Anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado constituye un libro en el que se documenta la situación de los derechos humanos en todos los países del mundo, menos en Estados Unidos Se inició en 1976, con la intención de que los congresistas pudieran evaluar el estado de los derechos humanos en los países solicitantes de ayuda extranjera
A México le dedica 13 páginas, que no serán de utilidad inmediata en cuanto se refiere a la ayuda proporcionada por Estados Unidos, puesto que este año se otorgará a México la ayuda única de 530,000 dólares de asistencia militar
Sin embargo, en el contexto de un Tratado de Libre Comercio, el informe —como sugiere un funcionario del Departamento de Estado— tendrá resonancia entre los congresistas, porque un creciente número de ellos alimenta sospechas sobre un TLC con México, y varios han pedido que se posterguen las negociaciones hasta después de la elección presidencial en Estados Unidos, el año entrante Pero el Departamento de Estado, como brazo clave del gobierno de Bush, tiene interés en presentar al Congreso el mejor perfil posible de México
Los responsables del mayor número de violaciones a los derechos humanos en México siguen siendo —según el informe— los miembros de la Policía Judicial Federal (PJF), especialmente el personal antinarcóticos, que aún practica la tortura, el arresto ilegal y el abuso de autoridad
Varios analistas acusan que la brutalidad policiaca se extiende por todo el país Pero la CNDH y varios abogados de los derechos humanos estatales y locales alegan que esos abusos disminuyeron en 1991 Lo atribuyen, sobre todo, a las reformas legales de febrero del año pasado y a los esfuerzos del gobierno, que ha empezado a procesar judicialmente a algunos funcionarios ofensores
A pesar de las numerosas libertades individuales que consagra la Constitución mexicana —dice el informe—, “sigue habiendo abusos, que incluyen: uso de la tortura y otros abusos policiacos, asesinatos extrajudiciales y fraude electoral”, denunciado por fuentes fidedignas
Hasta diciembre pasado, 139 policías fueron castigados, como resultado de 152 recomendaciones de la CNDH, y están pendientes cargos criminales contra 64 de ellos A pesar de todo, “muchos abusos contra los derechos humanos quedan impunes” Tanto Salinas de Gortari como la CNDH reconocen que “queda mucho por hacer para mejorar el respeto a los derechos humanos y para eliminar la cultura de la impunidad que tradicionalmente ha protegido a sus violadores”
Después de esta introducción, el informe se parte en seis secciones, divididas por capítulos Las secciones son: respeto a la integridad de la persona; respeto a las libertades civiles; respeto a los derechos políticos y al derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno; actitud del gobierno en relación con las investigaciones internacionales de violaciones a los derechos humanos; discriminación basada en raza, sexo, religión, lengua y estado social; y derechos laborales
CONTROL DE LA PRENSA
Uno de sus puntos importantes, en la segunda sección, es la libertad de expresión y de prensa “El control que tiene el gobierno de un significativo presupuesto de publicidad y el haber sido en otro tiempo el único proveedor de papel han alimentado los cargos en su contra por abuso de poder contra los editores Además, un buen número de periodistas depende del `embute’ para completar sus bajos salarios Los partidos políticos de oposición y observadores independientes acusan a las dos principales cadenas de televisión, una del Estado y otra privada, de dar al PRI una cobertura noticiosa desproporcionada, particularmente en tiempo de elecciones”
Añade el informe: “la violencia y las amenazas contra los periodistas continuaron en 1991” Menciona el asesinato de Víctor Manuel Oropeza y lo relaciona con el ejercicio de la profesión periodística y con sus denuncias de la PJF
“El caso de Oropeza fue sólo uno en una serie de ataques a los periodistas, que son objeto de un estudio especial de la CNDH”
En su primera sección —integridad de la persona— el informe registra los “asesinatos políticos y otros asesinatos extrajudiciales” ocurridos en 1991 y en diciembre de 1990 Entre ellos, el de Víctor Manuel Oropeza —lo menciona dos veces—, de Ciudad Juárez, en julio de 1991 Los dos sospechosos, arrestados y confesos, atribuyeron su confesión a la tortura A finales del año, los sospechosos seguían presos y la investigación pendiente
Luego, los asesinatos de un alcalde perredista en Michoacán, de un precandidato priísta a una alcaldía en Veracruz y del hijo de un diputado federal del PAN En diciembre de 1990, agentes de la PJF asesinaron a varias personas en Angostura, Sinaloa El asesinato de Francisco Quijano García, quien pedía una investigación sobre el asesinato de sus tres hijos Norma Corona, abogada Félix Treviño, periodista, al que recuerda, a pesar de que fue muerto tres años antes Y así recorre los actos de violencia perpetrados en ese período
Después vienen los desaparecidos, 54 en 1991, según denuncias ante la CNDH, que investigó otros 156 casos anteriores La lista que tiene la ONU de desaparecidos mexicanos es de más de 200, en los últimos 22 años Grupos de defensores de los derechos humanos en México reclaman, aproximadamente, 500
Tortura, tratos y castigos crueles, inhumanos y degradantes De las 5,741 denuncias de violaciones a los derechos humanos que la CNDH recibió en sus primeros 18 meses de operación, 602 fueron por tortura: amenazas, golpizas, asfixia y choques eléctricos, sobre todo Las denuncias por tortura disminuyeron en 1991 y, durante el segundo semestre del año, representaron sólo 62% de todas las denuncias recibidas
Hasta septiembre de 1991, 60 estadunidenses denunciaron abusos policiacos, contra 97 del año anterior Casi todos implicaron a agentes de la PJF Los incidentes provocados por las policías estatales y municipales aumentaron a finales del año El gobierno de Estados Unidos protestó formalmente por 27 casos de tortura contra estadunidenses
El gobierno investigó, suspendió o despidió a 137 agentes de las policías federal, estatal y municipal, en respuesta a la CNDH De los 64 agentes enjuiciados, diez lo fueron por homicidio, 13 por tortura, 16 por heridas causadas, seis por detención ilegal Siguen pendientes 143 cargos contra los 64
La denuncia más común de abuso es la de arresto arbitrario: 624 en el año Siguen en número los centenares de expulsiones forzadas y arrestos ilegales en zonas rurales por disputas agrarias Durante la primavera del año pasado, cientos de campesinos fueron expulsados de sus tierras, la mayoría indígenas, sobre todo en Achiote, Chiapas Los terratenientes usaron a la policía en su favor para ejecutar las expulsiones Muchos de esos campesinos regresaron a fines de año, sólo para ser detenidos durante meses sin derecho a juicio La invasión de la intimidad y los cateos ilegales son comunes en México, y los campesinos son las víctimas más frecuentes Invasión de oficinas, intervención electrónica, negación del derecho a juicio, interferencia arbitraria en la intimidad, familia, en el hogar, en el teléfono y en la correspondencia ocurren con frecuencia
MAS SOBRE FRAUDES
Más tarde, el informe vuelve ampliamente sobre el fraude electoral Dice que el fraude en las elecciones de San Luis Potosí tuvo lugar en más de la mitad de las casillas y alteró la votación
En Guanajuato, padrón electoral insatisfactorio, boletas electorales fraudulentas y multiplicadas en favor del PRI, incapacidad de los órganos de vigilancia electoral, retraso en la publicación de los resultados, protestas públicas generalizadas y violencia relacionada con las votaciones fueron elementos del fraude Y luego, la decisión central del gobierno federal, después de anunciados los resultados de la votación, de remover al candidato declarado triunfador “en un intento de difuminar las protestas de la oposición y de lavar la mancha de fraude descomunal” Lo mismo en San Luis Y los dos gobernadores fueron sustituidos por dos interinos, por decisión del gobierno federal
“A pesar de ciertos avances de la nueva ley electoral, Cofipe, el proceso electoral sigue pesadamente cargado en favor del PRI” La manipulación y la intimidación ahora, dice el informe, son más sofisticadas, de acuerdo con los reclamos de los partidos de oposición
El padrón electoral ha sido manipulado en favor del PRI “Y el gobierno mismo alienta esa acusación con su malogrado propósito de dar a tiempo los resultados de las elecciones y su fracaso en proporcionar a todos su credencial electoral” Hay que añadir “el uso de fondos gubernamentales para las campañas del PRI, en contra de la ley, y el uso de los servicios sociales del gobierno y de los programas de desarrollo —Pronasol— para conseguir ventajas partidistas”
La sección quinta del informe denuncia la discriminación social, política y económica de los indígenas, no tanto por una acción directa del gobierno, cuanto debido a los viejos patrones de desarrollo económico y social Cita al mismo gobierno mexicano, que reconoce: “aún existe una serie de relaciones de desigualdad hacia los pueblos indígenas” Estos grupos “están en grave desventaja en cuanto al acceso a la educación y a la atención médica”
El informe denuncia la existencia continuada de grandes latifundios, que resultan en una grave escasez de tierras para los indígenas También denuncia la persistente discriminación de la mujer, a pesar de los avances en este terreno
En cuanto a los derechos laborales, la falla principal es la falta de libertad sindical, que viola el derecho de asociación, y la injusta aplicación de las leyes en este sentido, sobre todo en relación con el registro de sindicatos independientes Otra falla es el requisito legal para los empleados públicos de pertenecer a un solo sindicato en cada categoría También ha habido restricciones de hecho al derecho de huelga
Finalmente, los derechos de los niños Hay empleo de menores de edad Pero no habla del subempleo callejero de los niños en la intemperie
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