La solución, a medias

La solución, a medias
En el caso de Norma Corona, la Procuraduría y la Comisión de Derechos Humanos sólo apuntaron a los de abajo
Ignacio Ramírez
Culiacán, Sin – La Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos resolvieron a medias el caso de Norma Corona Apenas se conoció, con la detención del exprimer comandante Mario Alberto González Treviño, presunto autor intelectual del homicidio de la abogada, una puntita de la corrupción de los cuerpos policiacos que han sembrado el terror en la entidad
González Treviño era tan sólo el ejecutor Detrás de él estaban sus jefes inmediatos: Marco Antonio Rosales de la Garza, delegado de la PGR en Sinaloa, y Javier Coello Trejo, hoy subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico También se coludió con su compadre Luis Soto Silva, exdirector de la Policía Judicial Federal, quien estaba al frente de los separos de López 14 en la ciudad de México, donde fueron torturados varios de los implicados en el caso Bajo la presunción de que “todos los sinaloenses están bajo sospecha de ser narcotraficantes,” González Treviño y Rosales de la Garza actuaron con toda impunidad de febrero a septiembre de 1990, tiempo en el que abundaron los secuestros, las detenciones arbitrarias, las balaceras y los crímenes sin aclarar “La protección era obvia”, escribió días pasados el periodista Humberto Millán S, quien recordó la ira del entonces procurador general de la República, Enrique Alvarez del Castillo, cuando se le denunciaban en público los atropellos de la Policía Judicial Federal, incluso ante la presencia de González Treviño, Rosales de la Garza y el propio gobernador Francisco Labastida Ochoa “No se conformaba el titular de la PGR con el clamor de justicia de la sociedad sinaloense No aceptaba como cierto el terror que ocasionaba la presencia de esa horda en la entidad”
Ante las demandas de los ciudadanos para que se pusiera freno a las arbitrariedades policiacas, sobre todo a raíz de la muerte de tres estudiantes universitarios venezolanos y del abogado Jesús Alfonso Güemes Castro —secuestrados la madrugada del 22 de febrero del año pasado y encontrados muertos el 11 de marzo siguiente—, la respuesta de las autoridades fue la creación del Consejo de Participación Ciudadana contra la violencia, en el que Alvarez del Castillo impuso a Rosales de la Garza para que lo encabezara
Coello Trejo salió al paso de las acusaciones inmediatamente diciendo que, en el caso de ese asesinato colectivo, así como en el de Norma Corona, “puedo garantizar que no participaron agentes de la Policía Judicial Federal”
Tanto Coello Trejo como Rosales de la Garza deben ser investigados, afirma el jurista defensor de los derechos humanos Carlos Gilberto Morán Cortés, porque es evidente que como jefes de González Treviño no desconocían su conducta
En su opinión, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Poder Judicial y el Gobierno del Estado quedan en evidencia, así como su credibilidad y moralidad en entredicho, al convalidar la investigación y el proceso tras de los cuales anunciaron el año pasado la “solución” del crimen de Norma Corona “Le hicieron más caso a González Treviño que a las denuncias de sospecha que pesaban en su contra”
“El gobernador Labastida Ochoa tenía toda la información que acusaba a González Treviño ¿ por qué dejó pasar tanto tiempo?”
Interrogado al respecto, el procurador del estado, Manuel Lazcano Ochoa, dice que “sí actuamos, pero no había denuncias ni pruebas concretas Y cuando se designó al capitán Adelaido Valverde Cabañas para continuar la investigación, ya vio, nos lo mataron” Oscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, refiere que, a pesar de haber evidencias de la culpabilidad de los agentes de la PJF, la investigación no había avanzado “Y ahora que las autoridades se atrevieron a tocarlos, debe llevarse al fondo del asunto, pues aún quedan pendientes por aclarar los asesinatos del periodista Manuel Brugueño Orduño y del abogado Jesús Michel Jacobo, entre otros”
LAS VERSIONES
En relación con la causa penal 71/990 que se sigue en el Juzgado Cuarto de lo Penal de esta ciudad, el juez César Candelario Gutiérrez Ramírez afirmó que el expediente está en manos del agente del Ministerio Público, para sus conclusiones Y éste, José Antonio Sainz León, manifiesta que una vez cerrada la instrucción, tanto la representación social como la defensa tienen 24 días hábiles, contados a partir del 24 de septiembre, para presentar sus conclusiones, en espera del fallo
En una primera versión se mencionaba a Ramón Leija Serrano, “El Ramoncillo”, a Ricardo N y a un individuo apodado “El Cacho” como los autores materiales del asesinato de Norma Corona, identificados por los testigos oculares, mediante retratos hablados, en sus primeras declaraciones oficiales Eran los mismos que, según Adolfo Lugo Cárdenas, quien trabajó para ellos seis meses, habían matado también al licenciado Güemes Castro y a los venezolanos José Vladimir Arzolay Mendoza, Víctor Julio Suate Peraza y Amaury José Glaciano Planchartt
A menos de un mes de haber sido giradas las órdenes de aprehensión contra los inculpados, el procurador del estado, Lazcano Ochoa, dio una segunda versión del homicidio de Norma Corona, el 2 de julio de 1990, acompañado por el gobernador Labastida Ochoa y el delegado Rosales de la Garza En ella se identificó a Jacobo Isaac Chávez Lafarga, “El Caballo”, como el autor material, junto con Fermín Murillo Beltrán, “El Viejo”, y José Rosario Angulo Quintero, recluidos en el Instituto de Rehabilitación Social de Sinaloa, así como Camilo Beltrán Gastélum, libre bajo fianza, por encubrimiento, quienes eran comandados por Santos Humberto Arellano Bazán, “El Santillos”, asesinado el 29 de junio del año pasado, junto con Jaime Ignacio Ruiz Castro
Como autor intelectual se señaló a Salvador Zazueta Calderón, “El Titón”, ligado a los narcotraficantes Miguel Angel, Gustavo y Enrique Rico Urrea
Aquí el proceso penal se puede embrollar más, pues mientras el doctor Jorge Carpizo, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se basó para inculpar al excomandante González Treviño en la declaración ministerial de Chávez Lafarga ante ese organismo, el agente del Ministerio Público, Sainz León, sostiene que “las pruebas que se presentaron en su momento son contundentes para fincar la responsabilidad de Chávez Lafarga”
El caso continúa abierto
CAMPO DE BATALLA
Desde que gobernó Leopoldo Sánchez Celis, cuando surgió abiertamente en la entidad el tráfico de drogas que se incrementó en la administración de Antonio Toledo Corro, Sinaloa fue convertida en campo de batalla de los grupos de narcotraficantes y policías ligados a ellos, sobre todo tras de la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, cuando los capos de la mafia encontraron terreno aquí para sus operaciones
Con la detención de Miguel Angel Félix Gallardo, a principios de abril de 1989 —fichado por la DEA desde 1979-, las pugnas por controlar el mercado de Las drogas derivaron en crímenes al puro estilo siciliano En este contexto surgió el grupo de Jesús Héctor Palma Salazar, “El Güero Palma”, quien junto con su cuñado Ramón Leija Serrano, “El Ramoncillo”, están involucrados también en el asesinato de Norma Corona, de los estudiantes universitarios venezolanos y del abogado Jesús Alfonso Güemes Castro, así como los de Rodolfo Sánchez Duarte, Luis Manuel Pérez Fernández y Jesús Pérez Partida
De robacarros y “burrero”, “El Güero Palma” pasó a formar parte del grupo de gatilleros de Félix Gallardo y posteriormente compadre de Mario Alberto González Treviño
Hace dos años, otro estudiante universitario, Enrique Rafael Clavel Moreno, amigo de sus compatriotas asesinados y ligado al “Güero Palma”, enamoró y extorsionó a la esposa de este, Guadalupe Leija, hermana de “El Ramoncillo”, a quien dio muerte en San Francisco, Estados Unidos En su país arrojó desde un puente, llamado Paseo de Concordia, a los dos hijos de Guadalupe y de Jesús Héctor Palma, por lo que fue detenido y encarcelado en una prisión de Caracas, donde apareció muerto recientemente
Durante su estancia en Culiacán, Clavel Moreno vivió en la casa del doctor César Silva Palazuelos, quien contrajo matrimonio con una hermana del licenciado Jesús Alfonso Güemes Castro, detenido en esas fechas por posesión de cocaína
En represalia, según versiones policiales, “El Güero Palma” y “El Ramoncillo” ejecutaron al abogado Güemes Castro y a los tres estudiantes universitarios venezolanos Una primera versión daba cuenta de que Félix Gallardo había mandado matar a la esposa y a los hijos de Palma Salazar, debido a las diferencias entre ambos Así había ocurrido, por lo menos, con otro de sus gatilleros, Eduardo Retamosa, “El Lobito”, acribillado en noviembre de 1988 por José Guadalupe Graciano Aguilar, Ramón Delgado Cárdenas y Ramón Portilla Lizárraga, entre otros agentes judiciales al mando del capo del narcotráfico
Desde mucho antes de ese crimen, el clamor popular y las denuncias públicas contra los cuerpos policiacos se habían convertido en motivo de escándalo cotidiano Fue entonces cuando la doctora Norma Corona Sapién, de 35 años de edad y madre de dos hijos, abanderó con más fuerza la causa en defensa de los derechos humanos en la entidad
Se había graduado abogada en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la cual era catedrática y funcionaria, y tenía doctorado de la Universidad de Roma Sus inquietudes humanitarias surgieron desde su época de estudiante, al lado de algunos compañeros de la facultad, entre ellos Jesús Alfonso Güemes Castro y Jesús Michel Jacob Después fue dirigente del Colegio de Abogados “Clemente Vizcarra” y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado, desde 1981
Tres años después fue pieza clave en la absolución de dos profesores de Mazatlán acusados de ser miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre, por lo cual fueron torturados Coadyuvó en la defensa de 37 indígenas tarahumaras del municipio de Choix, señalados injustificadamente como traficantes de droga Cuando investigaba el homicidio de Olga Iris, encontrada muerta en terrenos de un rancho vecino cercano al del hermano del exgobernador de Baja California Sur, recibió las primeras amenazas de muerte
Mario Alberto González Treviño nunca le perdonó que, a fines de 1989 con motivo de la fuga de 97 reos del penal de Mazatlán, hubiera hecho pública la grabación de una plática con el director de esa cárcel, Cuauhtémoc Conde, quien fue detenido y torturado por el comandante para declararlo culpable de la evasión
Y en el caso del abogado mexicano y de los estudiantes universitarios venezolanos recopiló información, investigó Desde un principio señaló a los miembros de la Policía Judicial Federal como los culpables del homicidio Volvió a ser amenazada Continuó su lucha hasta lograr que el Congreso del Estado reformara el Código Penal para incluir la tortura como delito
El 21 de mayo de 1990 fue acribillada a balazos (Proceso 759)
Además de ser acusado por la PGR y la CNDH de ser el autor intelectual del asesinato de Rodolfo Sánchez Duarte —hijo de Leopoldo Sánchez Celis y ahijado de boda de Miguel Angel Félix Gallardo— y de sus acompañantes Luis Manuel Pérez Fernández y Jesús Pérez Partida, secuestrados el 21 de noviembre del año pasado en aeropuerto internacional de la ciudad de México y cuyos cadáveres aparecieron la noche de ese mismo día en el municipio de Ecatepec, Estado de México, Mario Alberto González Treviño estuvo involucrado también en el tiroteo entre policías estatales y agentes federales —el 18 de septiembre de 1990—, en el que murió el capitán Adelaido Valverde Cabañas, comandante de la Base de Coordinación de Sinaloa y guardia personal del gobernador Labastida Ochoa Según la versión del propio capitán, González Treviño había ayudado a escapar del penal de Culiacán a Jesús Héctor Palma Salazar y lo conducía a Ciudad Obregón, Sonora, cuando fueron interceptados, suscitándose la balacera
De nada valieron tampoco las quejas y denuncias de la ciudadanía para poner freno a la violencia en Sinaloa y mucho menos para actuar en contra de Mario Alberto González Treviño y sus agentes, quienes actuaron con toda impunidad a la vista de las más altas autoridades estatales y federales
En vez de investigarlos y relevarlos de sus cargos, el entonces procurador Enrique Alvarez del Castillo, ordenó su traslado al estado de Guerrero