El Pacto, no acuerdo, sino imposición
Firmaron las cúpulas pero la base empresarial no se considera obligada
Carlos Acosta y Salvador Corro
Urgido de allanarse el camino al próximo año, esencialmente político, el gobierno adelantó la renovación del Pacto, alargó su duración y le introdujo novedades: aumento salarial, más subsidios y desgravación impositiva parcial
Busca con ello, que el efecto inflacionario de los aumentos acordados se concentre a fines de este año y no el próximo, sin importarle dejar en segundo plano la aspiración de crecimiento económico sostenido
Como nunca, la “concentración” fue forzada Apenas unas horas después de su firma quedó de manifiesto que se trató de un pacto de mentira: los líderes obreros fueron presionados por las autoridades laborales y no quedaron satisfechos con el aumento de 18% a los salarios mínimos, los empresarios, sin convicción a la hora de firmar, están en franca rebeldía Mientras, al gobierno se le acaban los recursos para imponer la aceptación de un pacto que solo causa encono social
Convocados a última hora para que suscribieran la quinta etapa del PECE, los líderes del sindicalismo oficial se acusan mutuamente de haber aceptado sin protestar, pero reconocen, también, que “no nos quedaba otra” Y divididos, atrapados en sus propias contradicciones y cada vez más desacreditados, los integrantes de la cúpula sindical tienen dificultades para justificar lo que ya tiene colapsado el nivel de vida de los trabajadores
El “no nos quedaba otra” es en realidad el temor, aunque no lo reconocen públicamente, a las represalias del secretario del trabajo, Arsenio Farell Cubillas, quien se muestra implacable contra los que no están de acuerdo con el Pacto Sus primeras víctimas, por ese motivo, lo son los que fueran dirigentes de la Confederación Obrera Revolucionaria, (tercera en importancia dentro del Congreso del Trabajo), Angel Olivo Solís y José de Jesús Pérez, principales críticos del PECE Las autoridades laborales, en cuestión de horas, reconocieron la planilla que los sustituyó
“Los problemas, denunció Olivo Solís a principios de agosto, empezaron cuando nosotros manifestamos nuestro desacuerdo con la firma del Pacto Ese es, quizá , nuestro delito Nunca hemos visto con simpatía el Pacto No estamos convencidos de que todo deba subir, de que no hay control de precios y de que se congelen los salarios”
Con ese antecedente cercano, cuando el domingo 11 por la mañana, el secretario del Trabajo convocó a los dirigentes del Congreso del Trabajo a su oficina del Ajusco, unas horas antes de la firma, todos asistieron puntuales Ahí, dicen ahora, se enteraron de los términos de la nueva etapa y, algunos hicieron propuestas al vapor de modificaciones, pero ninguno se opuso Y una vez hechos los “ajustes”, se declararon listos para firma, que se realizaría por la noche, en la residencia presidencial de Los Pinos
Esa misma noche, los líderes obreros pensaban que los términos de la nueva etapa eran positivos, porque aunque se aumentaban los precios de la gasolina y la electricidad principalmente, se había logrado un aumento del 18% a los salarios mínimos, se desgravan de impuestos los sueldos de hasta cuatro veces el mínimo y los empresarios se comprometían a absorber los aumentos y no elevar los precios
La autorización de aumento a las tarifas de taxis y peseros, as¡ como la reetiquetación de mercancías, hicieron ver la realidad a los dirigentes, quienes desataron una guerra verbal entre ellos y contra comerciantes y empresarios, pero en defensa del gobierno
Del sector gubernamental, el secretario del Trabajo, Arsenio
Farell Cubillas, “abrió fuego”, al aclarar y amenazar de que “Todos los pactos se firman de buena fe” y contra quien no lo cumpla “tendremos que actuar y el gobierno de la República va a actuar con la debida energía
Para hablar de las bondades del Pacto, el funcionario señaló; “como quiera que sea tenemos que reconocer que el Pacto ha funcionado Vean ustedes lo que ha sucedido en el Cono Sur, la inflación que tienen, y que los va a llevar a una convulsión espantosa y que está haciendo insoportable la vida de esos pobres pueblos”
Sin embargo, los líderes obreros expresan su descontento y preocupación por la escalada de precios y el giro que está dando el Pacto Ahora quieren salvar su responsabilidad
Jorge Sánchez, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), aseguró que no fue una imposición del gobierno, “sino que la culpa es nuestra porque aceptamos el Pacto no obstante que no se nos tomó en cuenta y nos avisaron al cuarto para las doce” Pero aclaró, “nadie dice que no firma porque todos tienen temor a decir que no” aunque “lo firmamos sin haberlo analizado a fondo” También se justifica: el Pacto es necesario, pero que lo respeten El dirigente de los electricistas, uno de los cinco que integran a la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (Fesebes) fue recibido por el presidente Carlos Salinas de Gortari, en Los Pinos, el martes 13 Dice que “no fue para llamarme la atención Tratamos otros asuntos”
El secretario general de la Fesebes y líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, manifestó su preocupación por la cláusula que precisa que el 18% no es extensivo a los salarios contractuales y porque no se firmó un acuerdo para elevar la productividad
La CTM, aparentemente se ha convertido en la central que hace más crítica Fidel Velázquez dirigente de esa central, no escapó a la presión para que firmara según sus propias declaraciones
—Hay dirigentes —se le preguntó como Jorge Sánchez, que dicen que el movimiento obrero no fue tomado en cuenta y que el gobierno y los empresarios se pusieron de acuerdo antes
—Pues Jorge Sánchez habla de muchas cosas, pero estuvo presente el domingo en la reunión y dio su voto en favor del arreglo
—Pero dice que no les quedaba otra
—Ah, bueno, a mi tampoco me quedó otra
El Departamento del Distrito Federal, el martes 13, autorizó el aumento en tarifas de taxis y peseros Sin embargo, Velázquez declaró: “Hay razones para estar optimistas, porque los compromisos adquiridos ahora son firmes y seguimos creyendo en la seriedad de nuestro gobierno y en la conveniencia de los patrones Por su propio bien deben haber entendido ya de que si esto no se respeta vendrá la anarquía y, posiblemente, ellos sean los primeros perjudicados”
Juan Moisés Calleja, representante de la CTM ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto, y Javier Pineda Serino, vocero obrero ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM), entrevistados por separado relatan que tanto Hernández Juárez como Jorge Sánchez no tienen autoridad para criticar, porque no acudieron a las citas en las que se iba a aprobar el documento que entregarían a la CNSM “Y no lo hicieron porque ya sabían de la firma del Pacto Inclusive el propio presidente del CT, Rafael Riva Palacio, asistió solamente a una”
La CTM ya había elaborado la petición formal para que se reuniera la CNSM El documento que sería entregado a Norma Samaniego de Villarreal, presidenta del organismo, contiene una impugnación a la política económica del actual sexenio e iba a ser dado a conocer una vez que hubiera sido planteado al CT Pero la anticipada firma del pacto y la recomendación del 18% de aumento a los mínimos hizo que se quedara inédito De cualquier manera, la CTM ve as¡ la economía:
“Recientes informes oficiales, dados a conocer a la opinión pública, nos señalan que los principales indicadores de la economía nacional registran tasas positivas superiores a épocas pasadas Si esto acontece en la economía nacional cómo se explica que este crecimiento económico no se refleje en el bienestar de los trabajadores y de la población en general?”
Luego se refiere a que hay una fuerte concentración del ingreso nacional Que “al implantarse el PECE, la capacidad adquisitiva del salario ya tenía un déficit considerable, mismo que a la fecha no se ha restituido” Que del pacto del 15 de diciembre de 1987 al mes de septiembre de 1990 los salarios se han incrementado en 558% mientras que los precios lo han hecho en 1357% La merma del poder adquisitivo, hasta septiembre era del 61% Que de los 25 millones que componen la Población Económicamente Activa, 9 millones reciben apenas un salario mínimo
Otro de los párrafos señala: “Los postulados y acuerdos del Pacto de Solidaridad Económica y del PECE jamás han sido cumplidos cabalmente por los signantes, salvo una excepción, el sector de los trabajadores Porque entre otros aspectos se establecieron con la prioridad máxima de que la población de bajos ingresos o recursos no viera reducido aún más su poder adquisitivo o sus condiciones de empleo, aspectos que hasta la fecha no se han cumplido o atendido debidamente”
Hicieron sus cuentas de cuánto debe ganar un trabajador de salario mínimo, para satisfacer sus necesidades elementales y llegaron a la conclusión de que el salario debería ser de 33,325 pesos diarios Actualmente, “los que sólo devengan el mínimo, simple y llanamente están en la miseria”
“Las clases populares, no solamente el movimiento obrero, se encuentra en una situación crítica que les llevar indiscutiblemente a tomar medidas contra el comerciante abusivo Por ejemplo, tendrán que apoderarse de las tiendas, o cerrarlas El país no puede quedar a voluntad de unas cuantas”, señala Calleja, quien también es asesor jurídico de la CTM
“Más que tolerancia, hay imposibilidad de las autoridades para someter a los comerciantes Por eso es necesitamos ayudarlas a someterlos”
Una central obrera independiente que nunca ha sido invitada a la firma del Pacto, el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), a través de uno de sus voceros, Benedicto Martínez, dice que el gobierno solo ha demostrado capacidad para someter a los obreros y no as¡ a los empresarios y a los comerciantes Ello, dice, está provocando brotes de inconformidad sociales, aislados, pero que amenazan generalizarse Hace un recuento de los recursos que tiene el secretario del Trabajo para obligar a las organizaciones obreras a alinearse con el Pacto o a impedir que se rebelen: no da trámite a los emplazamientos de huelga, si éstas estallan, las declara inexistentes: reconoce o desconoce dirigentes En cambio a los comerciantes y empresarios les autoriza todo
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La imposición —encubierta en el discurso de la “concertación- en la firma de la renovación del PECE no faltó entre los empresarios Como los obreros, estuvieron lejos de considerar al Pacto en los términos en que lo hizo el presidente Salinas, que lo calificó de “instrumento de diálogo nacional” y “mecanismo eficaz para la conducción de la política económica”
Apenas conoció los términos del nuevo acuerdo entre las cúpulas —sindical, empresarial y de gobierno—, el grueso de industriales y comerciantes se manifestó en contra: a las bases no nos consultaron, dijeron, y sostuvieron que no podían garantizar el cumplimiento cabal del acuerdo suscrito el domingo 11, sobre todo el punto 8, que los obliga “a absorber los incrementos en los precios de los energéticos y en los salarios mínimos y a no repercutirlos en los precios de los bienes y servicios”
Los dirigentes de la Concamin y la Concanaco, aunque avalaron la renovación del Pacto, reconocieron las limitaciones de la concertación: es sólo de buena voluntad, pero los organismos no tienen la fórmula para que sus agremiados, todos, respeten los acuerdos
El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, Luis Germán Cárcoba, dijo que la Concamin no puede obligar, ni siquiera vigilar, a cada uno de sus 150,000 afiliados, a que cumplan irrestrictamente con el Pacto Y no es que no quieran —”estamos convencidos del esquema, si no lo apoyaríamos—, sino que en la práctica no es posible hacerlo
Lo mismo arguyó el presidente de la Concanaco, Hugo Villalobos: ” no hay capacidad para obligar a los comerciantes del país a cumplir forzosamente con el Pacto” Más que del organismo, dijo es responsabilidad de las autoridades hacer que se respeten los precios La Confederación no puede estar atrás de los casi 400,000 afiliados
Los pequeños comerciantes de la capital del país fueron al grano: no podemos respetar los acuerdos del PECE durante 13 meses más “porque sencillamente no fuimos consultados, y mucho menos se nos pregunto, no obstante que nosotros sostenemos el 76% de la comercialización nacional”, dijo el miércoles 14 la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño de la Ciudad de México, que agrupa a unos 120,000 socios Además, dijo, el desorden en los precios no es culpa de los comerciantes, ni de los productores, sino de los miles de intermediarios y acaparadores, a quienes no se castiga
Los industriales que no están en la Canacintra también reprobaron los acuerdos de la nueva etapa de PECE y la forma en que se llegó a ellos Rubén Barrios Graff, dirigente de la ANIT, la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación, se mostró escéptico respecto del cumplimiento puntual de los acuerdos y criticó que se haya incurrido en lo que ya es una práctica común: el no consultar a las bases empresariales y “no tomar en cuenta los intereses de los pequeños, medianos y microempresarios, quienes resienten directamente las consecuencias del Pacto”
Voces empresariales del interior de la República también se hicieron escuchar y en prácticamente un solo sentido: su oposición al Pacto y la amenaza de no cumplirlo Ejemplos: los industriales de la Transformación de Puebla, y de Monterrey agrupados en su respectiva Caintra, dijeron, sin ambages, que no se comprometían a cumplir el nuevo acuerdo, ya que los incrementos en los energéticos repercutirán hasta en 50% en sus costos de producción
En Durango, la Canaco criticó el 18% de aumento a los salarios mínimos, pues —dijo— en nada resuelve los problemas de los trabajadores, ya que se viene una escalada de aumentos en bienes y servicios a causa del incremento en los energéticos y de los básicos
La oposición de los empresarios al Pacto, esta vez directa y franca, mostró no sólo el creciente distanciamiento entre bases y cúpulas, sino también la fragilidad de la concertación: la obligación de firmar no garantiza la obligación de cumplir
Tan sólo en una semana, la última de octubre, la Procuraduría Federal del Consumidor que dirige el exsubprocurador antinarcóticos Javier Coello Trejo, “realizó —dice un comunicado oficial— 8,334 visitas de inspección a comercios del Distrito Federal y zona conurbada, mediante las cuales comprobó las anomalías con la venta de huevo, carne de res, margarina, chocolate en polvo, medicamentos, artículos escolares, pilas, tortillas, sal y galletas populares, entre otros”
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Las medidas acordadas el domingo 11 confluyen en el propósito de disminuir las presiones económicas que propician el encono social y predisponen al grueso de la población en contra del gobierno y del PRI pero nada está asegurado
Así, los aumentos a las gasolinas (más de 20% la Nova, más de 10% la Magna Sin), al diesel y al gas licuado (10%), al combustoleo (30%) y a las tarifas eléctricas, as¡ como a los salarios mínimos (18%), se adelantaron para no repetir la experiencia de la “burbuja inflacionaria” de los primeros meses de 1990, que llevó a la inflación al doble de lo pronosticado Para 1991 la meta oficial es una inflación, en todo el año, de 14%, según anunciaron, el jueves 15 en la Cámara de Diputados los secretarios de Hacienda y Programación, al dar a conocer el programa económico para ese año
La única garantía que da el gobierno de que esos aumentos no lleguen a los precios finales de bienes y servicios es, frágil: un llamado de buena voluntad a los empresarios a que absorban esos aumentos y no los hagan repercutir en sus precios, a cambio de abaratarles costos, tanto por la vía de reducción del desliz cambiario —de 80 a 40 centavos diarios— como de una baja en las tasas de interés
Sin embargo, si el pago que se les ofrece a los empresarios tiene resultados tangibles —el abaratamiento de los insumos importados producto del menor deslizamiento y la reducción de los costos financieros derivados de intereses más bajos—, no es así respecto de lo que se les pide —no aumentar precios—, pues no se pactaron obligaciones expresas ni se establecieron mecanismos de control, vigilancia y sanción para quienes no respondan al llamado de buena voluntad
En el interés político electoral del Pacto inciden también las medidas con dedicatoria a los pobres: el aumento salarial, la desgravación parcial y el aumento en los subsidios al consumo de leche y tortillas
A partir del viernes pasado, el salario mínimo es mayor, en promedio, en 18% De 10,080 pesos pasó a 11,900, es decir, subió 1,820 pesos diarios Alcanza para tres kilos de tortillas
Sin embargo, con ese 18%, los salarios mínimos acumulan un aumento, en lo que va de la administración salinista que apenas se acerca al 30%, mientras que los precios registran una taza acumulada superior al 55% Peor todavía: como, de acuerdo con lo pactado el domingo no se moverán en todo el año próximo, sufrirán un deterioro en su poder adquisitivo que, al termino de la primera mitad del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ser de por lo menos 27% Y eso es adicional al deterioro de más del 40% que ya registraban los salarios al inicio de esta administración
La segunda medida de “directo beneficio social” tomada en los acuerdos del domingo es una propuesta —enviada a la Cámara de Diputados el jueves 15— para reducir, hasta un máximo de 40%, la carga fiscal en el Impuesto sobre la Renta de quienes tienen ingresos inferiores o iguales a cuatro salarios mínimos El detalle y los alcances de la propuesta se conocerán hasta esta semana, cuando los secretarios de Hacienda y Programación, Pedro Aspe y Ernesto Zedillo, comparezcan ante los diputados para explicar el programa económico para 1991
La tercera y última medida de beneficio directo “para los más pobres”, acordada en la renovación del PECE, es la extensión de la cobertura de los subsidios al consumo de leche y tortillas Si hasta ahora sólo en 17 entidades operaba el subsidio a la tortilla, a partir del lunes 26 lo habrá en todo el país Ya no ser un millón de familias las beneficiadas, sino cuatro millones, a partir de marzo Además, el número de establecimientos que distribuyen leche a las familias pobres se incrementará en 20%, para cerrar el año próximo con cerca de 2,000 lecherías de Liconsa
No se ve claro, empero, como el obsequio un kilo de tortillas al día y leche un poco más barata —ambos, para aquellos, no todos, que ganan el equivalente a dos salarios mínimos o menos— podrían ser suficientes para elevar el nivel de vida de los sectores más pobres del país, como dice el gobierno que se propone Se ve más claro, en todo caso, la preocupación por mostrar el rostro solidario de un gobierno en busca de credibilidad
Los efectos negativos de los “Pactos” ya no se pueden ocultar El gobierno se encuentra cada vez en mayores dificultades para contener a los obreros, que son los más afectados Y aunque en todo el sexenio de Miguel de la Madrid hubo 1,869 movimientos de huelga, y en el actual la cifra apenas llega a 110, estos conflictos son más prolongados y de mayor impacto social
La situación no es distinta respecto de los empresarios en este sector, la rebeldía es creciente Los acuerdos suscritos por los dirigentes, tampoco son acatados y el gobierno se queda sin recursos para obligarlos a cumplir La muestra de ello es el desorden que priva en los precios que autorizados o no se mueven arbitrariamente
En suma, se trata de un pacto en el que nadie cree
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