Si el Presidente no apoyara al procurador, éste ya habría renunciado
La comisión de Carpizo, limitada porque carece de legalidad:Barrera Graf
Rodrigo Vera
Guadalajara, Jal -“El hecho de que procurador Enrique Alvarez del Castillo haya rechazado algunas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos significa que ésta no tienen el suficiente apoyo del presidente Carlos Salinas de Gortari”, afirma el jurista Jorge Barrera Graf, excolaborador y amigo personal de Jorge Carpizo, y agrega:
“Este es un problema político Las consecuencias de que una autoridad de ese rango deseche las recomendaciones por razones fútiles, llevaría, en un régimen parlamentario de derecho, a que el Presidente tomara partido a favor de una u otra autoridad”
—¿Y en este caso, Salinas de Gortari ya mostró su preferencia?
“Hasta ahora no hay una actitud clara del Presidente Por lo menos aquí consideró que para él hay valores de mayor rango que la protección de los derechos humanos,como pueden ser sus propios valores políticos”
Si Salinas de Gortari estuviera en desacuerdo con el procurador, prosigue,”probablemente ya hubiera aceptado su renuncia”
Entrevistado en el domicilio particular de uno de sus hijos, en esta ciudad, Barrera Graf hace énfasis en el origen “legal” de la CNDH, creada por decreto presidencial el pasado 6 de junio “La creación de esta figura la hizo el Presidente sin facultades constitucionales Debió hacerse por una disposición del Legislativo y mediante una reforma constitucional, cosa que no existen
Desde ese punto de vista, es muy precaria, muy falsa la situación de su director, pues no tiene apoyo constitucional”
Y la compara con los ombudsman de los países escandinavos, figuras jurídicas que protegen los derechos humanos que son violados por las autoridades, que Salinas de Gortari inútilmente intentó emular al fundar la Comisión:
“El ombudsman está para juzgar incluso al Presidente de la República o al Parlamento Su función tradicional es enfrentarse a cualquiera autoridad que viole los derechos del hombre Y entre estos están los derechos políticos y los sociales”
—En su comparecencia del martes 25 antes la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, Carpizo dijo que intervendrá sólo en la violación de las garantías individuales que se deriven de los procesos electorales, no propiamente en la defensa de los derechos políticos ¿Ocurre igual con los otros ombudsman?
—¡No señor! Allá está bien establecida la institución Defiende toda clase de derechos Incluso actúa aun cuando la parte no promueva su actuación, cuando considera que en una situación determinada hubo violación de derechos humanos Lo hace por iniciativa propia Y creo que en todos los demás países la figura está contemplada constitucionalmente
Y agrega:
“Lo que pasa es que Carpizo no ha querido intervenir de una manera amplia, sino limitadamente Creo que trata de evitar enfrentamientos, sobre todo en esta época en la que se han dado tantas violaciones electorales y cuando están en el tapete de las discusiones estos problemas con motivo de la aprobación del nuevo Código Federal Electoral Por eso considera que debe intervenir sólo hasta ese nivel Pero debería hacerlo más allá Son motivos y razones políticas los que están en el fondo de su decisión”
—¿Y en el caso de la defensa de los derechos sociales, dónde se incluyen los laborales?
—Parece que los excluyó el doctor Carpizo, la Comisión misma Los derechos sociales del trabajador están contemplados en gran parte en el artículo 14 constitucional Y en cuanto se violen esas garantías, como se han venido violando flagrantemente, el trabajador tiene derecho a acudir a esa defensoría para buscar protección Corresponde al ombudsman intervenir no sólo en la violación del elenco de garantías individuales que la Constitución señala, sino en todas las áreas del derecho, inclusive en los derechos penales Desgraciadamente, nuestra Comisión no tiene plena libertad de actuación Es una limitante el hecho de que fue creada ilegalmente por el Presidente de la República y, además, que depende de la Secretaría de Gobernación”
Enfático, el jurista de 72 años , que intervino en la elaboración del Diccionario jurídico mexicano, es experto en la figura del ombudsman, afirma que la índole misma de ésta es el enfrentamiento abierto con las autoridades:
“Ya que se basa en el supuesto de que haya violaciones de autoridad y, claro, a ninguna autoridad le gusta que le pongan cortapisas y que le recomienden enmendar su conducta ilícita En el caso concreto del enfrentamiento entre la Comisión y la PGR, creo que el procurador no quiso actuar porque consideró que la Comisión se estaba inmiscuyendo en funciones que sólo a él le habían correspondido tradicionalmente, que no tenía porque darle cabida a las recomendaciones de Carpizo”
El enfrentamiento surgió a raíz de que, en dos ocasiones, la CNDH pidió a la PGR la revisión de la acción penal contra Antonio Valencia Fontes, acusado de narcotráfico y arrestado por la Policía Judicial Federal Pero la Procuraduría desacató ambas llamadas de atención A cambio, ofreció un grupo de apoyo
—agentes del Ministerio Público Federal y de la Policía
federal— para auxiliar a la Comisión en sus investigaciones Pero ésta rechazó el ofrecimiento
“Ese ofrecimiento es una burla Las autoridades están obligadas,sino a acatar las recomendaciones, sí a dar razones convincentes, jurídicas, cuando se nieguen a ello, y no dar argumento falaces como los de la Procuraduría Y el día que la Comisión acepte una oferta de este tipo, dejará de tener las virtudes que le corresponden”, dice Barrera Graf, quien tampoco considera convenientes las propuestas hechas por los partidos de la Revolución Democrática, Auténtico de la Revolución Mexicana y Popular Socialista, que piden las comparecencias de Enrique Alvarez del Castillo y Jorge Carpizo ante el Congreso de la Unión, para que públicamente diriman sus diferencias
“No creo que sea el Congreso el lugar adecuado para que dos funcionarios de esa magnitud resuelvan sus conflictos Está bien que se cite a comparecer a los funcionarios para que informen sobre su desempeño Pero no es propio enfrentar a dos autoridades No se llegaría a ningún resultado, lo único que se provocaría sería erosionar más la actuación del Congreso”
Y recalca:
—Si ambas autoridades dependen del Presidente y tienen un punto de vista contradictorio, pues es éste quien debe apoyar a una u a otra Alguna de las dos posturas debe ser la cierta El Presidente debe determinarlo
Sin embargo, considera cuestionable el apoyo de Salinas de Gortari a la Comisión, ya que para que ésta hubiera funcionado plenamente, lo ideal hubiera sido que se sustentara en la ley Es una mera “esperanza” todavía “Nosotros los juristas, y todo mexicano, estamos obligados a señalar las limitaciones de la Comisión con el fin de que se fortalezca y una manera de fortalecerla sería reformando la Constitución para dar cabida a la figura”
Para él, era previsible el enfrentamiento CNDH-PGR “Era de esperarse si se toma en cuenta el carácter excesivamente autoritario de las autoridades mexicanas, sobre todo las federales Hay instituciones que generalmente se manejan al margen del reconocimiento de los derechos individuales La procuraduría es un caso típico; sus policías siguen operando sin limitaciones reales” Y acepta que ninguna autoridad ha logrado
—dice ignorar si algún procurador se lo haya propuesto realmente— someter a sus policías a un régimen de derecho
“La disyuntiva parece ser muy seria: o aceptan la intervención de un órgano como la Comisión, que les señala sus violaciones a los derechos humanos y les recomienda curar el defecto, o tendrán que reconocer, cada vez más claramente, que no tienen el control sobre sus órganos represivos” Aclara, además, que la Comisión debe también recomendar acciones penales, siempre y cuando estén “fundadas en la ley”
Lamenta la inasistencia de Carpizo al primer Encuentro Nacional de Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos, celebrado en Culiacán el viernes 21, al que asistieron más de 20 organizaciones de todo el país con miras a lograr una mayor cooperación entre sí
Los organizadores estuvieron telefoneando diariamente a las oficinas de Carpizo para confirmar su presencia —o la de un representante—, lo que a fin de cuentas nunca ocurrió (Proceso 725) “La Comisión debería actuar en conjunción y con el apoyo de las organizaciones que tienen la misma finalidad y no quedarse al margen”, opina Barrera Graf
Miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesor emérito de la UNAM, en cuya Facultad de Derecho imparte cátedra desde hace 47 años; con estudios de posgrado en la Universidad de Michigan; miembro distinguido de la American Foreing Law Association y del Colegio de Abogados de la Barra Mexicana de Legislación y Jurisprudencia; autor de varios libros de derecho, la trayectoria de Jorge Barrera Graf ha coincidido a veces con la de Jorge Carpizo
Siendo este último rector de la UNAM, en agosto de 1985, Barrera Graf ocupó el cargo de Defensor de los Derechos Universitarios
—semejante al que ahora ocupa Carpizo a nivel nacional—,al que renunció ya con José Sarukhán como rector, en abril de 1988, a pocos meses de que concluyera su cargo
“Renuncié porque sentí que las autoridades universitarias, la Rectoría y la Junta de Gobierno, no apoyaban mi Defensoría Permitieron la violación de derechos por algunas autoridades universitarias que, sin fundamento y sin razón, se negaron rotundamente a seguir nuestras recomendaciones No tenía caso seguir ahí”
—¿Algo semejante a lo que está viviendo actualmente Carpizo?
—Bueno, el ámbito en que figuré yo y en el que figura él son muy distintos El mío era mucho más limitado La violencia y las arbitrariedades de los directores de la Universidad no pueden compararse con las de los agentes de la Procuraduría Pero sí, en ambos casos se da el enfrentamiento con la autoridad
—¿Es usted amigo personal de Carpizo?
“Sí señor Me considero como tal y le estoy muy agradecido por haberme propuesto para Defensor de los Derechos Universitarios Al darme posesión del cargo, me dijo claramente que el ombudsman estaba para juzgar hasta al propio rector, a él mismo Me dio plena libertad para actuar sin sujeción a ninguna autoridad Soy su amigo desde antes, desde que entré al Instituto de Investigaciones Jurídicas, en 1978, cuando él era su director El doctor Carpizo me dispensa afecto y estimación, que yo también le tengo, precisamente por su prestigio personal y moral”
Indica que justamente por esas cualidades, Salinas de Gortari lo llamó para hacerse cargo de la Comisión “Ahora lo que está por verse es si efectivamente puede hacer prevalecer los principios que siempre hemos sostenido, en este medio político en que comienza a actuar”
Y considera que, definitivamente, debe ser un jurista quien esté a cargo de la Comisión “Un jurista político diría yo Y está por verse si Carpizo lo es En su actuación al frente de la Universidad tuvo mucho de político y, pese a los gravisímos problemas, salió bien librado, aunque desgraciadamente no pudo culminar todas las reformas que quiso Ahora debe poner más a prueba sus facultades de político Pero debe predominar su carácter de jurista, y eso sí lo es”
—¿Y si la Presidencia le pone un hasta aquí a sus funciones, o de plano llega a tener un enfrentamiento con ella?
—No dudo que entonces Carpizo renunciaría, como lo hice yo
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