La decisión no respeta ni sus propias tesis
El dinero no viene y Salinas vende casi lo único que quedaba: la banca
Carlos Acosta
Contra sus propias tesis en materia de propiedad de la banca, expresadas en sus discursos de campaña, en sus alocuciones públicas como Presidente de la República, en el Plan Nacional de Desarrollo y en sus programas sectoriales, en la argumentación de la reforma financiera de diciembre pasado y aun en los criterios generales de política económica para este año, Carlos Salinas de Gortari se decidió —de manera tan apresurada como congruente con el proyecto neoliberal que lo impulsa— a devolver los bancos, nacionalizados en 1982, a particulares, que muchos de ellos serán, sin duda, sus antiguos dueños
El servicio público de banca y crédito, de acuerdo con la iniciativa de decreto que modifica los artículos 28 y 123 constitucionales —enviada a la Cámara de Diputados el miércoles pasado—, dejará de ser una área estratégica y prioritaria del Estado y pasará a ser tan sólo “una muy importante actividad”, susceptible por tanto de quedar bajo el control de particulares
Aunque se veía venir, por los afanes gubernamentales de liberalización económica —propios y exigidos—, el anuncio de la reprivatización bancaria sorprendió a todo mundo, incluidos funcionarios bancarios, no se diga la gran masa de empleados, muchos de los cuales bien a bien no sabían, el viernes 4, de qué se trataba
Es que, en efecto, no había indicios, ni documentales, ni discursivos o en los hechos que apuntaran a un repentino retiro estatal —o al menos, a un anuncio precipitado— del sistema bancario nacional Durante su campaña por la presidencia, Salinas de Gortari siempre defendió la propiedad estatal de la banca Sí criticó fallas y defectos del sistema y le reconoció avances y virtudes, pero nunca dejó entrever, ni expresa ni implícitamente, la posibilidad de un cambio de manos Prometió, para los bancos, una inserción más sólida en la actividad económica; pero no su venta
Es más, de las reuniones nacionales sobre modernización financiera durante la campaña electoral —con la presencia o no del candidato— el Partido Revolucionario Institucional escogió las tesis que vendrían luego a formar parte de los perfiles del programa del gobierno salinista, que luego editaría y difundiría masivamente el IEPES del PRI Allí se hace un panegírico del sistema bancario nacionalizado, cuyos avances —dice— se deben “al esfuerzo de los mexicanos” Gracias a ese esfuerzo, se asienta, “se ha conservado la confianza de los ahorradores se han mantenido, y en algunos casos aumentado, los créditos para actividades prioritarias”Y más adelante, en relación con la plataforma electoral básica del partido, dice: “La banca nacionalizada debe ser el apoyo primordial de los sectores social y privado, mientras que la intermediación no bancaria (casas de bolsa y demás) debe evitar prácticas especulativas e inciertas y participar solidariamente en los proyectos del cambio”
En todo el documento, 154 páginas, no hay una sola insinuación de la necesidad de que, para que cumplan efectivamente los objetivos que tienen asignados, los bancos deban pasar a manos de particulares
NO HABIA INDICIOS
Ya como presidente, Salinas tampoco dijo nunca, ni entre líneas —hasta la semana pasada, claro—, que hubiera necesidad de que los particulares se encargaran del control y manejo de la banca nacional En su discurso de toma de posesión, el 1¼ de diciembre de 1988, prometió fortalecer y modernizar al sistema bancario, bajo el control del Estado, para que apoye de manera decisiva la productividad y la competitividad de la economía No hizo ni la mínima referencia a la necesidad de un cambio de propiedad
Dos meses después, en febrero de 1989, frente a pescadores cooperativistas, habló de la actitud responsable de los funcionarios de “la banca nacionalizada que, al ser de la nación, tiene que servirle a todos los mexicanos”
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que presentó el día último de mayo de 1989, el Presidente señaló el fortalecimiento de las instituciones formales de crédito (los bancos, pues) y la mayor eficiencia de la banca, que se ha traducido “en beneficio tanto de ahorradores como de usuarios del crédito” Y antes que una reprivatización, el PND propone, como medidas para que la banca sea realmente una palanca del desarrollo económico, aumentar su eficiencia operativa y su autonomía de gestión, sanear su funcionamiento, capitalizarla y reglamentarla mejor Pero nada acerca de pasar la banca a los particulares
En la quinta reunión nacional de la banca —Monterrey, 3 de agosto—, Salinas de Gortari tampoco se refirió a reprivatización alguna, pero sí a una “restructuración a fondo” de los bancos, “que fortalezca las responsabilidades de los consejeros y asegure una información pública, transparente, a la par de la desregulación y la mayor autonomía de gestión que ahora existe”
También dijo: “La banca nacional tiene un papel esencial en la atención de las necesidades de los industriales, de los campesinos, obreros, grupos populares, de los pequeños empresarios; hacer crecer el ahorro, repartirlo con eficiencia y equidad entre las regiones y las ramas económicas; otorgar crédito a los grupos de menores ingresos”
Nunca dijo, empero, que esa “responsabilidad insoslayable” de la banca sólo pudiera cumplirse si ésta queda en manos de la iniciativa privada
Más tarde, en su primer informe de gobierno —el 1¼ de noviembre—, insinuó que la banca nacionalizada estaba en el camino cierto de la modernidad: los bancos tienen ya libertad par fijar sus tasas y sus plazos, crean sus propios instrumentos de captación, ya no adolecen de regulaciones excesivas y compiten eficazmente por atraer el ahorro La banca nacional, dijo, “esta recuperando terreno perdido”
En los Criterios Generales de Política Económica, el documento anual que concentra el programa económico para el año siguiente —fue presentado a la Cámara de Diputados el 15 de noviembre y aprobado a fines de diciembre—, el presidente Salinas informa de lo que se hará con los bancos, en el marco de la propuesta de modernización financiera: se les dotará de mayor eficiencia operativa y financiera y seguirán eliminándose restricciones que limitan su desarrollo en síntesis, nada más Pero nunca se habla de —para emplear el término recurrente en los textos oficiales— desincorporarlos del sector público
Sin embargo, fuera de todo el discurso anterior, son otros dos documentos los que hablan del cambio repentino en la percepción que tenía el presidente Salinas de Gortari respecto de la banca, su carácter, su propiedad, sus funciones El primero es el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito —aprobado el 26 de diciembre por los diputados priístas con ayuda del grupúsculo parlamentario que dirige Rafael Aguilar Talamantes—, y el segundo es el Programa Nacional de Modernización de la Empresa Pública 1990-1994, dado a conocer a mediados de marzo de este año
El decreto de diciembre es explícito: “El servicio público de banca y crédito es una actividad estratégica en la economía nacional que debe alcanzar los siguientes objetivos de carácter general: fomentar el ahorro nacional; facilitar al público el acceso a los beneficios del servicio, canalizar eficientemente los recursos financieros”, entre otros Y el programa sobre empresa pública, de marzo, remata:
“El Estado mantendrá la propiedad y control de las áreas estratégicas a que se refiere el artículo 28 de la Constitución, las cuales son: () y prestación de servicios de banca y crédito En relación con las sociedades nacionales de crédito, se preservará el régimen mixto de inversión pública y privada”
A un mes y medio de la publicación del Programa de Modernización de la Empresa Pública, a cuatro meses de la aprobación de las reformas a la ley bancaria (el decreto afirmaba rotundo que el gobierno mantendría el 66% del capital ordinario de los bancos) y a 17 meses de iniciada la administración actual, el presidente Salinas de Gortari se desdice: el servicio público de banca y crédito es apenas “una muy importante actividad”, pero no es “una área estratégica”
Por tanto, según la lógica privatizadora inicia el sexenio pasado pero recrudecida en el actual, los particulares podrán tener el control y el manejo de los bancos Y son muchos, en la opinión presidencial —expuesta en la iniciativa presentada a la Cámara el miércoles—, los beneficios de que la banca, en su mayoría pertenezca a los que de por sí ya son dueños del dinero, casualmente, los antiguos propietarios de las instituciones de crédito: se sirve más a los intereses nacionales, pues la venta de los bancos generará recursos para atender necesidades sociales
También: que la venta de la banca —el Presidente dice “restablecimiento del carácter mixto en la propiedad”— hará de ella una entidad debidamente capitalizada, más eficiente y competitiva dentro y fuera del país, con más posibilidades de modernizar rápidamente su infraestructura y sus servicios, y con más capacidad para detener las fugas de capital (Aunque antes de la nacionalización, se sabe, se dieron las fugas más dramáticas, a grado tal que el entonces presidente José López Portillo calificó a los banqueros de saqueadores y vende patrias)
Empero, sin garantizarlo de modo alguno, el Presidente señala que la privatización de la banca no significa ni el retorno de privilegios, ni el abandono de la rectoría del Estado, ni una renuncia a su participación directa en la actividad financiera; tampoco que con su privatización la banca pierda su arraigo y su compromiso con el país “Al contrario, se abre a la sociedad para que comparta plenamente su destino” (No se dice en el texto si en esa “sociedad” están incluidos los 40 millones de pobres de que habla Carlos Tello Macías, el principal promotor de la nacionalización bancaria de 1982 y actual presidente del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad)
El apresuramiento en el cambio de la percepción presidencial sobre el carácter y el papel de la banca sorprendió también porque no se ve como una respuesta a exigencias del exterior: la documentación —pública, que se conoce por voluntad gubernamental o por filtraciones a la prensa— en torno de los múltiples acuerdos entre el gobierno mexicano y los agentes financieros internacionales, no habla nunca de compromisos expresos de vender los bancos a particulares La exigencia es, cuando mucho, de liberalizar más los servicios financieros, de generar un ambiente de mayor competencia en el sistema financiero y de eliminar restricciones y regulaciones a los bancos comerciales Pero el cambio en la propiedad nunca se exigió
La sorpresa que causó el repentino anuncio de la reprivatización de la banca ha venido diluyéndose —que no así lo que produjo: satisfacción en los menos; indignación en muchos— al tiempo que la explicación oficial —poco creíble, de que se venden los bancos para destinar más recursos a las necesidades sociales— se muestra endeble ante razones de más fondo
SE LLEVARA SU TIEMPO
En efecto, si bien ahora no hay el caos económico, la inestabilidad financiera grave y la pugna abierta que había entre gobierno y empresarios en 1982 —lo que ciertamente dio paso a la nacionalización bancaria y el control de cambios—, sí hay factores económicos y políticos cuya presión obligó al gobierno a anunciar el regreso de los bancos a manos privadas, aunque el impacto que se busca es por el momento más psicológico que efectivo, pues según la Secretaría de Hacienda —dijo el viernes— el proceso de privatización bancaria podría durar hasta dos años, a partir de que se apruebe la iniciativa presidencial: hay de por medio razones jurídicas, legislativas, administrativas, contables, fiscales que se llevan su tiempo
Justamente por la tardanza del proceso, los motivos políticos de la reprivatización de la banca en estos momentos adquieren preeminencia sobre los económicos Las recientes discrepancias entre el PRI y el PAN —acompañadas de pleitos verbales y jurídicos en el estado de Baja California, de impugnaciones por la imposición de la miscelánea fiscal y, más reciente, la huelga de diputados panistas (y de otros partidos) para destituir al presidente de la Cámara de Diputados, así como las acusaciones priístas de que el PAN recibe financiamientos del exterior— tenían en una situación incómoda al gobierno de Carlos Salinas de Gortari: cómo recomponer la alianza que necesita con el PAN para sacar adelante los cambios en la legislación electoral, que deben ventilarse en este período
Lo que se busca, pues, con el anuncio de la reprivatización de la banca —por lo demás, una de las demandas más sentidas del PAN—, es capitalizar en lo inmediato una decisión, la venta de los bancos, que de todos modos hubiera tomado el gobierno, pues ya venía trabajando en ello como parte del proyecto neoliberal
Por otra parte, la razón económica de la reprivatización no tiene vuelta de hoja: no hay dinero suficiente no sólo para hacerle frente al próximo año que será eminentemente electoral, sino tampoco para sacar adelante la principal propuesta —el crecimiento económico sano y sostenido— de la administración salinista Y así lo deja entrever la propia exposición de motivos de la iniciativa presidencial: “Los recursos que se obtengan de la enajenación de la participación estatal en el capital de la banca contribuirán a fortalecer la estabilidad económica del país, ampliar las perspectivas de desarrollo de largo plazo y atender las demandas más urgentes de quienes menos tienen”
Es decir, el gobierno reconoce tácitamente lo que no había querido aceptar: que el dinero no le alcanza y que así como van las cosas no ve de dónde sacarlo El beneficio de la renegociación de la deuda, según las cifras oficiales más recientes proporcionadas por el Banco de México, que difundió su informe anual en forma completa apenas la semana pasada— es realmente magro: las transferencias al exterior, entre 1990 y 1994, se reducirán apenas en 1,423 millones de dólares en promedio anual El beneficio global, contando ahorros en intereses, posposición de pagos de capital y entrada de recursos frescos, apenas rebasa los 3,760 millones de dólares en promedio anual Falta por lo menos una cantidad similar para cubrir los requerimientos mínimos del programa económico en turno
El Banco de México no se queda ahí; las reservas internacionales y la balanza comercial siguen en picada: las primera cayeron en 464 millones de dólares entre octubre y diciembre del año pasado, al pasar de 7,324 millones a 6,860 millones de dólares Las segundas pasaron de un superávit del 1,667 millones de dólares a un déficit de 645 millones
La insuficiencia de divisas no queda allí La repatriación de capitales sigue lenta y no siempre entran a la economía productiva: prefieren la especulación financiera La inversión extrajera directa continúa renuente y sin responder al cúmulo de incentivos que se le dan en el país: sigue, como diría el propio Salinas de Gortari, fascinada por los cambios en la Europa del Este Más: los propios empresarios nacionales permanecen a la expectativa y poco arriesgan
El gobierno, empero, no se amilana: sigue inventando recursos para golpear psicológicamente y atraerse confianzas El anuncio de la reprivatización de la banca es un nuevo llamado a los capitales de dentro y de fuera para que deberás le entren al toro Y la oferta que ahora les hace no es cualquier cosa: de concretarse la venta de los bancos y si hipotéticamente son todos —no queda claro todavía cuantos y cuáles se venderán—, el pastel que se llevarían los afortunados es realmente atractivo: 18 bancos múltiples, de los cuales Banamex y Bancomer, los más importantes del país, ocupan respectivamente los lugares tercero y cuarto de una lista de los 100 bancos más grandes de América Latina; 4,500 sucursales, con casi 200,000 empleados sin derecho a huelga, en más de mil poblaciones del país; además, más de 40 sucursales en el extranjero, y una productividad global tal que rebasa el manejo de 40 millones de cuentas anualmente
Por si fuera poco, dice la propia iniciativa reprivatizadora del Presidente, las instituciones “están financieramente sanas y el Estado tiene importantes activos invertidos en ellas”: por lo menos quince bancos que cotizan en Bolsa tienen activos con un valor total de 152 billones de pesos, según la Bolsa Mexicana de Valores
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