Todos acabamos siendo espías o colaboradores de Hacienda

Todos acabamos siendo espías o colaboradores de Hacienda
Cacería general de causantes, evasores sin excepción, según el fisco
Carlos Acosta y Raúl Monge
Mejores son las amenazas, el uso de la fuerza y la propia cárcel que las campañas moralizadoras, concientizadoras y los llamados de buena voluntad en pro del fisco El gobierno de Carlos Salinas de Gortari está decidido a olvidarse de “slogans” y figuras publicitarias —pagar impuestos es cumplir con México; Lolitas, Justinos Morales y cosas por el estilo— para que los mexicanos, todos, cumplan sus obligaciones fiscales
Las recientes modificaciones a la legislación fiscal, por la forma en que habrán de llevarse a la práctica, concentran una idea implícita: todo contribuyente es no sólo un sospechoso de evasor sino también un defraudador fiscal en potencia Con ello en mente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha volcado a las calles —lo cual no necesariamente implica un mayor número de fiscalizadores, sino una presencia multiforme, más amplia, del fisco— en una búsqueda afanosa de presuntos delincuentes cuyos dineros, también presuntamente mal habidos, urgen a las arcas de la Federación
Desde el inicio de la actual administración, las autoridades hacendarias —el secretario Pedro Aspe al mando; el subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz como ideólogo y brazo ejecutor, y el procurador fiscal de la Federación Roberto Hoyo d’Addona, como acusador y enlace con la Policía Judicial— formularon un programa de “vigilancia permanente” de los contribuyentes, de cuyos principales puntos destacan los siguientes:
*) Fuerte presencia del fisco en giros, actividades económicas, poblaciones o rubros específicos, identificados con un alto grado de incumplimiento tributario
*) Intensificación de acciones contra los llamados paraísos o resguardos fiscales, a fin de cubrir los grupos pendientes de fiscalizar
*) Desarrollo y consolidación de sistemas de cruzamiento de información para detectar grandes evasores, jeraquizando por importancia de montos la información parcial obtenida, en aras de lograr una presencia fiscal inmediata
*) Detección permanente de fuentes de ingresos, mediante el cruce de la información que presentan las empresas en relación con sus 50 principales clientes y proveedores, contra la cuenta única de contribuyentes que perciben los ingresos; ello se utilizará en mayor medida a fin de materializar la globalización automática de declaraciones
*) Personas físicas y trabajadores independientes estarán bajo estrecha vigilancia del fisco Para el control de los primeros se intensificará un proceso de selección para fiscalizarlos, considerando información exógena de terceros y el cruce de declaraciones presentadas Para los independientes que cobran por honorarios se intensificará el intercambio de información con las autoridades estatales del país, a fin de complementar los estudios correspondientes a diversas profesiones e iniciar , “sobre bases firmes”, diversos actos de fiscalización
*) Para impedir que la mayor parte de las empresas registradas ante el fisco (unas 250,000) siga presentando declaraciones en ceros y hasta con pérdidas reiteradas (hecho que motivó la creación del Impuesto del 2 por ciento al activo de las empresas) se analizarán esas declaraciones con desdoblamiento a cinco años atrás, a fin de tener elementos sólidos para castigarlas o no
*) Finalmente, la Secretaría de Hacienda “se apoyará en la sociedad para el combate a la evasión”: se dará importancia especial a las denuncias presentadas a la Secretaría por los diferentes sectores de la población , que contengan suficiencia y veracidad en la información (Inclusive, en pláticas en privado con reporteros, funcionarios de Hacienda piden a éstos, sus familiares y amigos, que denuncien, por ejemplo, al dentista, al casero, al mecánico, al doctor, al arquitecto, al abogado y a cuanto profesional libre, del cual se sospeche que no paga impuestos)
Una de las medidas de fiscalización que más irritación ha causado entre los contribuyentes es que las reformas a la legislación fiscal para este año los convierten, de hecho, en fiscalizadores, en casi empleados de Hacienda Esto es: en la información que el contribuyente deba proporcionar al fisco debe incluir información de las operaciones efectuadas con sus clientes y proveedores, para que la autoridad pueda realizar compulsas en cadenas y redes productivas
Eugenio Arriaga Mayes, presidente de la Academia de Derecho Fiscal, en entrevista con Proceso, critica que el gobierno pretenda convertir en auxiliares del fisco a los contribuyentes, pues éstos deberán verificar la identidad de la persona con la que se realiza el acto comercial “Ahora tiene la obligación de pedirle todos sus datos y checar su veracidad sobre nombre, razón social, giro, domicilio, registro federal de contribuyentes, etcétera Eso será, sin duda, una carga administrativa considerable para el contribuyente”, dice el especialista
Los asesores fiscales Miguel Jaimes y Miguel Angel López, del Despacho Jaimes López y Cía, SC, también coinciden en que es un abuso de la Secretaría de Hacienda de pretender convertir a los contribuyentes en supervisores y fiscalizadores de sus propios clientes y proveedores Si éstos cometen errores en sus datos, o los aportan incompletos o con mala fe, el de la responsabilidad será el otro, que quedará prácticamente indefenso ante el fisco “Lo peor de todo, a fin de cuentas, es que el contribuyente queda como sospechoso de malos manejos”, dicen a Proceso
Brazo derecho de Gil Díaz, Alma Rosa Moreno, directora general de Política de Ingresos de la SHCP, sale al quite de esas críticas Lo que se pretende con ese cruzamiento de informaciones es “cerrar los candados, cerrar los eslabones, tener una cadena completa, fuerte y bien eslabonada, para que las tensiones que siempre existen en la cadena, o sea los deseos que alguien tiene de romperla, los deseos que alguien tiene de pagar pocos impuestos, sea cada vez más difícil”
EL EJERCITO DE GIL DIAZ
Artífice que es de la política tributaria del gobierno salinista, Francisco Gil Díaz —egresado del ITAM y de la Universidad de Chicago, donde fue alumno sobresaliente de Milton Friedman— no podía dejar de lado, para lograr efectivamente el pago generalizado de impuestos y el castigo a los reticentes, la integración de un cuerpo fiscalizador “enérgico, calificado y eficiente”
Quizá vio a su paso por la Dirección General de Política de Ingresos, de la que fue titular entre 1978 y 1982, que ese era un gran hueco en los afanes de recuperación del gobierno Por eso, al asumir, en diciembre de 1988, la Subsecretaría de Ingresos —luego de pasar todo el sexenio de Miguel de la Madrid como director de Investigación Económica en el Banco de México, al lado de Miguel Mancera— instrumentó un programa para “vitalizar el cuerpo fiscalizador” de la Secretaría de Hacienda, mediante el cual se intensificaría la capacitación de fiscalizadores en municipios, estados y en el propio gobierno federal
El mayor énfasis se puso en la especialización de los cuerpos revisores, para que atendieran con mayor precisión las particularidades y especificidades que revisten algunos giros de la economía y diversas prácticas sofisticadas de evasión que se presentan con algunos contribuyentes que cuentan con asesorías de alto nivel (Hace dos años, por ejemplo, pocos fiscalizadores —por no decir nadie— entendían de evasión y fraude fiscal en, por ejemplo, casas de bolsa, empresas de factoraje financiero, triangulaciones en empresas “dominatrices”, entre muchos otros)
De que Gil Díaz quería crear un cuerpo sólido de fiscalizadores, no sólo bien instruidos, sino también mejor pagados y motivados, fue muestra la creación del programa de reconocimientos, premios y ascensos con base en productividad, así como el establecimiento de exámenes de oposición para ocupar puestos superiores El subsecretario quiere tener contentos a sus muchachos: hubo, desde el inicio de la administración, un plan para incentivar la eficiencia del personal que realiza las labores de revisión, determinación y cobro de créditos fiscales, y que consiste en que del total recaudado en las multas efectivamente pagadas, les tocaría una participación determinada
Antes, el ánimo de Gil Díaz de calificar a quienes emprenderían la cruzada contra la evasión, lo llevó a proponer la carrera de Fiscalización, cuyos egresados se ocuparían de diversos niveles operativos, procurando su vinculación con alguna institución de enseñanza superior para la obtención de grados de excelencia
Ello se dio a conocer desde principios del año pasado, pero a la fecha en la Secretaría de Hacienda nadie sabe nada al respecto Pero todavía, los buenos deseos de Gil Díaz de mejorar y calificar a su personal se han visto empeñados por no pocos tropiezos Humanos que son, muchos de los empleados del ramo parecieron no entender a su jefe, o no quisieron hacerlo En febrero, Fabián Zavala y Sabina Alvarado, auditores de la Administración Federal Norte del Distrito Federal, fueron acusados de corrupción: trataron de extorsionar a unos empresarios y por ello fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales
En marzo a Raúl Molina Ortiz, entonces coordinador de Auditoría de la dependencia antes citada, y a Sotero Aguirre, empleado de la misma, se les acusó también de extorsión (pretendieron sacarle 20 millones de pesos a los dueños de la empresa “Grupo Delher”) y fueron consignados ante la PGR
En julio, cuando se creía que las ideas moralizadoras y de eficiencia de Gil Díaz ya estaban bien asentadas, cinco funcionarios adscritos a la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas, Michoacán, participaron, en complicidad con otras personas, en un fraude fiscal por 2,200 millones de pesos Por supuesto, algunos de los inculpados están en la cárcel
En agosto, otros cinco empleados de la Dirección General de Aduanas (que depende directamente de la oficina de Gil Díaz) fueron responsabilizados de 30 millones de pesos y acusados por la comisión de los delitos de cohecho y ejercicio abusivo de funciones
En octubre, cuatro funcionarios de diversas dependencias del ramo de Ingresos fueron denunciados por cometer irregularidades en el ejercicio de sus funciones; unos fueron destituidos de sus cargos y otros, peor, inhabilitados
Al concluir ese mismo mes también quedaron inhabilitados los contadores públicos Miguel Martínez y Gorki Ruiz, director y subdirector de Auditoría Fiscal Su pecado: por irregularidades en su trabajo, siempre velando por sus intereses personales, provocaron que el fisco perdiera unos 500 millones de pesos Nunca más podrán desempeñar cargo alguno en el gobierno
En noviembre, cuando el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, había presentado ya ante el Congreso la política económica para 1990 y hablando de la eficiencia y honestidad del sector hacendario, cuatro empleados de la Secretaría de Hacienda, adscritos al ramo aduanero (otra vez, que depende de Gil Díaz) fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal como presuntos responsables de la comisión de los delitos de cohecho y extorsión por 40 millones de pesos
SOFISTICADOS VS SOFISTICADOS
Todos esos casos —que son los menos, por supuesto; los que la Secretaría se anima a hacer públicos con un evidente mensaje de que el buen juez por su casa empieza— no hacen perder el optimismo a las autoridades respecto a las virtudes del personal fiscalizador Alma Rosa Moreno, directora general de Política de Ingresos, dijo hace unas semanas:
“En estos momentos, la secretaría de Hacienda cuenta con un equipo humano, físico y técnico, que tiene la capacidad para, por ejemplo, detectar la sofisticadísimas manipulaciones, evasiones, de impuestos Porque llegar a fiscalizar a un grupo empresarial importante no es cualquier cosa: es meterse en una sofisticación contable que antes no estábamos en posibilidades de hacerla y en este momento ya lo estamos”
Gil Díaz fue más lejos en la defensa de sus muchachos En una de sus muchas apariciones públicas para explicar la todavía no aceptada ni digerida miscelánea fiscal —el propio secretario Aspe ha visitado a San Luis Potosí, a Chihuahua y a Morelos, para “seguir convenciendo” de las bondades de la miscelánea— el subsecretario hizo un recuento somero de lo hecho por su personal en materia de fiscalización:
Dijo: pese a que el cuerpo fiscalizador a nivel nacional ha observado un decremento del 24 por ciento respecto a 1987 (no dio números) se logró la revisión de 62,352 contribuyentes, 13,468 (20 por ciento) más que en 1987 Otra: el importe cobrado en 1989 con respecto a 1987 representa un incremento del 1,801 por ciento (no dio cantidad) También: el número de actos de fiscalización terminados en 1989 fue de 78,919, que son 25,324 más que en 1988 Otra: se incrementó la presencia fiscal para alcanzar un 466 por ciento, menor al proyectado 5 por ciento, pero mayor al 317 por ciento de 1988 Finalmente, el monto captado como consecuencia directa de las acciones de fiscalización ascendió a 582,000 millones de pesos en 1989, 454,000 millones más que el año anterior
Si bien presentadas un tanto amañadas (fuera de un contexto que las ubique en su verdadera dimensión) las cifras de Gil Díaz parecen positivas, pero hasta a él mismo le perecen insuficientes El 8 de enero, en conferencia de prensa, habló de la necesidad, urgente, de intensificar la labor de fiscalización y de mejorar e incrementar la presencia del fisco
Y deveras que hay toda una intención, amenazante, de recrudecer la presencia del fisco en la calle, en las casas, en las empresas: dijo el subsecretario que en 1990 posiblemente la secretaría de Hacienda presente unas 400 querellas contra evasores y defraudadores fiscales, que es una cifra que deja en nada las 45 presentadas en 1989 y hace de risa las siete habidas en 1988
Peor todavía, la Secretaría de Hacienda está decidida, y lo han reiterado diversos funcionarios, a no otorgar ya más el perdón a quienes defrauden al fisco, no obstante que paguen con recargos, multas y sanciones todo lo que deben a la hacienda pública Serán los jueces, no hacienda, quienes decidan la suerte de los inculpados
Sin duda, la Secretaría de Hacienda, para fortalecer la presencia del fisco en la sociedad, se ha valido de los servicios de las autoridades judiciales Gracias a la cooperación prestada por la Procuraduría General de la República —agentes judiciales y fiscalizadores, casi de la mano— Hacienda no sólo ha logrado desenterrar expedientes olvidados, sino darle pronta salida a aquellos casos en los que apenas con mínimos indicios de defraudación De esa forma Hacienda impide que los presuntos delincuentes fiscales evadan la acción de la justicia
El enlace de la Secretaría de Hacienda con las autoridades judiciales se concretan en la persona de Roberto Hoyo d’Addona, el procurador fiscal de la federación
—”Si hay todo un ejército de fiscalizadores y grandes cuadrillas de auditores, es porque también hay un enorme ejército de evasores”, dijo el 8 de enero quien es en la práctica el que se encarga de formular las querellas ante el Ministerio Público Federal
Al término del sexenio de Miguel de la Madrid, Hoyo d’Addona —70 años de edad— anunció su retiro del servicio público, en el que está desde 1947, cuando ocupó la jefatura del Departamento de Seguros y fianzas Tenía la intención de pasar el resto de su vida en la tranquilidad de su casa de Cuernavaca Es aficionado a cultivar flores Pero Pedro Aspe lo llamó Necesitaba, al lado de Gil Díaz, una mano experta y libre para, sin transgredir la ley, imponer la autoridad del fisco
AJUSTE DE CUENTAS
Apenas habían transcurrido once días del inicio de la nueva administración, cuando la mancuerna Gil díaz-Hoyo d’Addona empezó a ajustar cuentas a los defraudadores, en lo que sería el inicio de una verdadera cacería fiscal, que a poco más de un año de distancia tiene atemorizados a diversos sectores de la sociedad
La Procuraduría General de la República recibió el 12 de diciembre de 1988 la primera solicitud para ejercer acción penal contra Ricardo Rosas Muñoz, empresario privado y ex empleado de la casa de bolsa Inverlat, propiedad de Agustín Legorreta, por el delito de defraudación fiscal
Según la SHCP, el inculpado, actualmente preso en el reclusorio Norte, dejó de pagar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1987, casi 212 millones de pesos por concepto de IVA, cantidad, que con recargos y sanciones asciende a más de 735 millones Rosas Muños burló al fisco con documentación falsa, contratos sin garantía y falsificación de facturas
Un mes después, el 10 de enero de 1989, cayó la siguiente víctima Esta vez, empero, fue una presa grande: Sergio Bolaños Quezada, prestanombres de La Quina, propietario del Grupo Serbo Junto con cuatro de sus socios, según la Secretaría de Hacienda, Bolaños defraudó al fisco 3,493 millones de pesos, que con recargos y sanciones sumaban entonces casi 25,000 millones de pesos
Esta cantidad, sin embargo, es poco frente a los más de 184,000 millones de pesos que también defraudó al fisco, según otro juicio que se le instruye en el juzgado noveno, a partir de fines de octubre del año pasado Fueron múltiples las formas que emplearon Bolaños y socios para defraudar: triangulación de dividendos, creación de cuentas apócrifas y planeación fiscal dolosa
Empeñado en demostrar a todo mundo que la batida contra la corrupción dentro y fuera del gobierno iba en serio y que no había intocables, Hacienda continuó con los golpes espectaculares contra grandes evasores En febrero, con el apoyo siempre disponible de las autoridades judiciales, cayeron otros dos peces gordos: Guillermo de la Parra Loya, presidente del Consejo de Administración del Grupo Vid (actualmente en libertad bajo fianza) y Eduardo Legorreta Chauvet, expresidente del Consejo de Administración de Operadora de Bolsa
Según Hacienda, mediante engaños y maquinaciones, De la Parra y socios (Yolanda Vargas Dulché y Manelick, Iddar, Tonatiuh, Emol y cristal de la Parra Vargas), dejaron de pagar más de 1,300 millones de pesos al fisco federal, por concepto de impuesto sobre la Renta, durante los años 1983 y 1984
De la Parra fue sentenciado a tres años de prisión, pena que no purgó al acogerse al beneficio de la libertad caucional, por la que pagó 100 millones de pesos Tuvo también que resarcir el daño causado al fisco
Días después, el 14 de febrero, Eduardo Legorreta Chauvet ingresó junto con Jaime Ceballos, también funcionario de Operadora de Bolsa, en el reclusorio Oriente, acusados de haber cometido “graves daños patrimoniales” tanto a particulares como a la hacienda pública, según la PGR, la que, por cierto, especificó los 11,000 millones de pesos defraudados a particulares inversionistas bursátiles, pero nunca el perjuicio al fisco federal
Fuera de esos golpes espectaculares del fisco, la acción contra los defraudadores fue permanente a lo largo del año Grupos industriales, pequeños empresarios, personas físicas, comerciantes, profesionales, deportistas y hasta artistas, fueron objeto de supervisión , advertencia, persecución y, en muchos casos, consignación ante la autoridad judicial
Estos son algunos de los contribuyentes que ya sintieron la fuerza del fisco: Herramientas de Corte (245 millones de pesos defraudados); Grupo Santa Fe (302 millones); Grupo Ferretero Amutio (511 millones); Pusch Process (77 millones) y empresas Toberttini (135 millones) También pequeños empresarios: Carlos Sparrow Sada y Silvia Tam Burboa, de Corporación Carsa (58 millones; Vicente Aguilar Martín del Campo, actualmente prófugo, de Discotecas Aguilar (195 millones); Enrique Hamparzumian, de Zapatomática (73 millones); José Luis Treviño, Procopio Moreno y Gilberto Montemayor, de Distribuidora Comercial de Chatarra (1,400 millones) y Juan Antonio Colunga, de Edificadora Penta (54 millones)
Otros más: Juan Javier Macklies, Gustavo Zamorano y Rodolfo Alvarez, de Laboratorios Milano (1,666 millones); Alberto Alfaro, de Vitalva (11 millones); Marta Esther Moctezuma y Miguel Caballero, de Industria Atila (14 millones); Gustavo Eugenio Juárez, del grupo Proveedora Industrial Mueblero (480 millones) e Isidoro y José Casaab, de Originales Deby (138 millones)
Las personas físicas tampoco están a salvo: Alfonso Gómez Vázquez (32 millones); María del Coral Cabrera (22 millones) y Ramón de Jesús Ruenes (36 millones de pesos)
Sin duda, a la secretaría de Hacienda le ha interesado destacar los casos más espectaculares —la función política del ejemplo— como el de las figuras públicas
Antes del caso Brizuela, el medio artístico había tenido un claro aviso de hasta dónde estaban dispuesta a llegar las autoridades hacendarias El 16 de abril de 1989, la SHCP embargó en Guadalajara, Jalisco, el equipo de sonido del cantante inglés Rod Stewart y, además, había impedido que éste abandonara el país
La causa: el rockero debía al fisco 1,300 millones de pesos Luego de un berrinche, el cantante inglés pagó el Impuesto sobre la Renta y las autoridades le devolvieron su equipo y le permitieron la salida del país
Ahora, empero, el mensaje fue más severo Laureano Brizuela podría pasar una larga temporada en el reclusorio Norte, porque acumuló un nuevo juicio, también por fraude fiscal, que puede “superar la suma de 1,000 millones de pesos”, de acuerdo con la SHCP
El pasado 17 de enero, la dependencia emitió un comunicado en el que informa que con base en las auditorías que ha practicado al cantante argentino naturalizado norteamericano, se comprobó que obtuvo ingresos por más de 1,300 millones de pesos, dinero con el que compró dólares y los transfirió a las cuentas bancarias que tiene en Estados Unidos
De una deuda con el fisco de 52 millones, más recargos y multas, Brizuela debe ahora 1,300 millones de pesos Según Hacienda el cantante “únicamente cubrió el equivalente a la quinta parte de los impuestos que debió haber declarado, por lo que es evidente que trató nuevamente de sorprender a las autoridades hacendarias, defraudando con ello no sólo al fisco sino al país que lo ha recibido con los brazos abiertos y le ha permitido proyectarse internacionalmente”
Seis días antes de que se hiciera público el nuevo juicio que enfrenta Brizuela, el procurador fiscal de la Federación, Roberto Hoyo d’Addona, envió un escrito al Procurador General de la República, Enrique Alvarez del Castillo, en el que subraya que el hecho de que el artista haya cubierto un adeudo de 208 millones, no lo libera de su responsabilidad penal Hace notar, además, que la SHCP no autorizó el pago de tal contribución
Y, de antemano, adelantaba su suerte “las cantidades que en definitiva determine el fisco federal por concepto de impuestos, recargos y multas, pueden superar ampliamente las que se autodeterminó el inculpado Es conveniente precisar que los pagos los efectuó en una institución bancaria y corresponden a 1986, 1987, 1988 y 1989 y no por el periodo comprendido del 1 de enero de 1988 al 24 de abril de 1989 —causa de la primera querella— además de que por no contar con la autorización de la SHCP, el fisco federal se encuentra en posibilidad de ejercer, si lo estima conveniente, facultades de comprobación sobre el contenido de tales declaraciones”
Así sucedió La SHCP presentó una nueva denuncia contra el “Angel del Rock”