Aspe hace caso omiso de las inconformidades por la miscelánea
Bajo los lineamientos del FMI, Hacienda aprieta el cinturón
Carlos Acosta
Aprobado que fue sin convencimiento generalizado y sólo con el empleo de recursos que contradicen la propuesta modernizadora del presidente Salinas —el aval de la “oposición” incondicional al gobierno—, la miscelánea fiscal ofrece para el próximo año un descontento social, más incertidumbre e intranquilidad entre los contribuyentes, inconformidad creciente de los sectores productivos y, por tanto, dificultades para el gobierno en su afán de conducir la economía por la vía de la concertación
En el fondo, ello significa una gran preocupación para el gobierno, a grado tal que ya aprobada la miscelánea también por la Cámara de Senadores, el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, ha tenido en los últimos días una febril actividad: tanto en el Distrito Federal como en el interior de la República ha sostenido reuniones, masivas pero secretas, con diputados priistas que contra su voluntad tuvieron que levantar la mano para sacar adelante los cambios fiscales propuestos por el gobierno; también con empresarios, con productores agropecuarios de todos tamaños y hasta con grupos de actores que, espantados, piden explicaciones y clemencia
Sin muchos logros hasta el momento, el objetivo de esas reuniones ha sido el mismo: convencer de las bondades de los cambios fiscales y prometer facilidades para el cobro de los impuestos
Si bien esa preocupación persiste en el fondo —pues el poco consenso en torno de la miscelánea fiscal pone en riesgo la concertación económica—, las autoridades hacendarias se han empeñado en no demostrarla Por el contrario, han sido insistentes, aunque nunca de manera directa sino a través de filtraciones a la prensa, en que les asiste la razón y tienen la autoridad moral para proceder, en materia fiscal, como lo están haciendo Que no es posible ya, dicen, que la tributación descanse en tan pocas personas; que los evasores recurrentes no pueden seguir impunes
Y la jactancia no es ajena a esa convicción: la Secretaría de Hacienda hace alarde, inclusive, de que mientras en los 67 años transcurridos entre 1921 y 1988 sólo dos evasores del fisco fueron castigados con cárcel en los primeros trece meses del gobierno de Carlos Salinas de Gortari ya son más de 40 los evasores que han estado tras las rejas Y más: poco más de 71,000 contribuyentes incumplidos han sido sancionados por el fisco en lo que va del sexenio
A través de la acción penal y la sanción administrativa, Hacienda ha definido, que no recuperado, una evasión cercana al medio billón de pesos
De hecho, las autoridades esperan obtener para 1990 más ingresos por la vía de la fiscalización, los castigos, los recargos, las multas y las sanciones, que por la propia tarea de recaudación, con todo y que se pretende, a cualquier costo social y político, ampliar el universo de contribuyentes Las propias cifras oficiales —otra vez: conocidas más por filtraciones de las propias autoridades que por información directa— indican que los ingresos derivados del primer rubro serán diez veces superiores al incremento obtenido por la tributación Esta, en 1990, avanzará 03 puntos porcentuales del PIB, mientras que los ingresos derivados por la cacería fiscal serán equivalentes a tres puntos del producto
Todavía más, las autoridades no han tenido empacho en señalar que la mano dura contra evasores y defraudadores del fisco —”para que aprendan” los delincuentes fiscales, potenciales y reincidentes, dicen—, no será ni flor de un día ni simple amenaza: cuando así lo considere la Secretaría de Hacienda, no otorgará el perdón al defraudador aun cuando haya sido resarcido el daño al fisco
Las sanciones serán rigurosas; la persecución implacable yfaltarán cárceles
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Con todo y que la mayor parte de las casi 340 modificaciones que los diputados hicieron a la Miscelánea Fiscal original son más de forma que de fondo, el resultado final constituye de hecho un revés para la Secretaría de Hacienda Contra la voluntad de esta, a contrapelo de sus pretensiones, los ejidatarios, los comuneros y los colonos no pagarán impuesto sobre la renta, ni el impuesto al activo ni estarán obligados a llevar contabilidad Las mismas exenciones gozarán las organizaciones ejidales, comunales y de colonos
Más: los pequeños y medianos propietarios, que en la propuesta original de Hacienda debían pagar impuestos sin consideraciones sobre su ingreso, sólo lo harán si este supera los 72 millones de pesos al año Lo mismo para las organizaciones de pequeños propietarios: estarán exentas si sus ingresos no rebasan los 720 millones de pesos al año, pero si rebasan esa suma sólo pagarán por el excedente
Con esas modificaciones, se supone que entre 90% y 92% de los productores del campo no pagará impuestos, renta y activo, ni estará obligado a llevar la contabilidad que les exigía originalmente la Secretaría de Hacienda
El 10% u 8% restante de los productores, si bien pagará impuestos, no lo hará en los montos y condiciones que también querían las autoridades hacendarias Sólo pagarán, por mitad, los impuestos sobre la renta y el activo, y tendrán otro tipo de facilidades: en los primeros nueve meses (no seis como se quería) seguirán tributando como venían haciéndolo (cuotas fijas), luego comenzarán a pagar conforme a las nuevas disposiciones; deberán llevar una contabilidad simplificada de entradas y salidas; no harán pagos provisionales sino sólo una declaración anual
Más el impuesto al activo de los predios, que tanto escozor causo en la población (pues la redacción original de la propuesta hacendaria llevaba a considerar como “activos” al ganado, los árboles, las cercas, los animales domésticos), sólo se pagará sobre el valor catastral actual, que es dentro de cuatro y diez veces inferior al valor comercial, por lo que el impuesto se reduce a una cuarta parte o menos
En el polémico asunto de las sociedades cooperativas, que Hacienda quería gravar sin distingos, los legisladores determinaron que aquellas que tengan ingresos anuales que no excedan los 730 millones de pesos no pagarán ni Renta ni Activo, y las que rebasen ese monto los pagarán, a partir de julio, por el excedente de aquel ingreso
Cuando la Secretaría de Hacienda proponía que pagarán impuestos, todos los jubilados, pensionados y aquellos que reciben “haberes de retiro”, sin importarle el monto de la percepción, se reveló públicamente como —por citar sólo algunos de los calificativos que lanzaron los propios afectados— insensata, cruel, inconsciente, insensible y ajena por completo a la miseria con que vive la mayoría de los jubilados El extremismo recaudatorio de Hacienda sufrió aquí un tope: las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro no pagarán el impuesto sobre la renta siempre y cuando no excedan de nueve veces el salario mínimo (unos 33 millones de pesos al año) Es decir, más de 90 % de los jubilados del país quedará exento, Al resto se les desgrava en sus primeros nueve salarios mínimos
Otros reveses de Hacienda: no podrá erigirse en el gran juez literario del país; tendrá que aceptar que los automóviles con más de diez años de antigüedad no paguen tenencia; deberá exentar del IVA no sólo a los proveedores nacionales de las maquiladoras como quería sino también a los consorcios de exportación
También, topes a los afanes persecutorios y al ánimo sancionador: la multa para quien no suministre la información requerida por las autoridades fiscales, que en el anteproyecto de la miscelánea era de 50 millones de pesos, luego de 40 millones en la iniciativa, quedo finalmente en una multa de cuatro al millar sobre los ingresos de la actividad preponderante del contribuyente Además, se acotan las disposiciones fiscales para que esta multa se aplique sólo cuando no se entregue información de clientes y proveedores
Además, la tasa de los recargos moratorios se reduce del 100% al 50%, y la multa para las empresas que presenten información incompleta de sus clientes no será del 100% del monto de la factura, como quería Hacienda, sino del 20%
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Sin embargo, si bien las modificaciones introducidas por los legisladores a la miscelánea fiscal significan en algunos caos una reconvención a pretensiones extremas de la Secretaría de Hacienda y un desgaste de la figura pública de los autores de la miscelánea —particularmente el subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz, y el propio titular del ramo, Pedro Aspe—, las autoridades están empeñadas en no dar marcha atrás, al costo que sea , en revertir las condiciones actuales del sistema impositivo mexicano Y dos razones tienen: una interna y otra externa
La primera está en función del añejo problema de la insuficiencia de los ingresos públicos Los que viene del exterior son limitados y entran, cuando entran a cuentagotas y condicionados por agentes externos Los ingresos internos, por su parte, son generados también con insuficiencia, de fuentes inseguras y poco solventes
El gobierno, entonces, está decidido a dar la batalla en el campo de los impuestos y diversas contribuciones, sin importar que se afecte aún más el exiguo poder de compra de millones de mexicanos Por lo pronto con la supresión de las bases especiales de tributación, la limitación y reforma del régimen de contribuyentes menores, y la imposición de severas sanciones contra evasores y defraudadores del fisco —las tres cosas, su gran éxito, aunque parchado, en la polémica miscelánea fiscal—, se propone, que no asegura, el gran cambio en el sistema fiscal, que está signado por una serie de distorsiones que a lo largo de los últimos años han provocado una caída persistente de los ingresos tributarios (mientras que estos significaban en 1984 el 954% de los ingresos corrientes, en 1988 apenas rebasaban el 70%)
Producto de esas distorsiones, según información de la propia Secretaría de Hacienda, en la actualidad sólo 10% de las 250,000 empresas registradas en el padrón de contribuyentes cumple cabalmente con sus obligaciones fiscales Otra: poco más de 220,000 negociaciones (pequeñas, micro y medianas, que en su mayoría se encuentran en la economía subterránea), se escudan en el régimen de contribuyentes menores para evadir y eludir impuestos sin reparo de ninguna especie Más: del millón y medio de contribuyentes menores registrados como tales en la Secretaría de Hacienda, pocos, muy pocos dice la misma autoridad, son en realidad menores, pero todos, al amparo de cuotas fijas establecidas por la ley podían, hasta este año, evitar que se les gravaran las exorbitantes utilidades que ni empresas mejor constituidas obtienen
Finalmente, la razón externa que tienen las autoridades para introducir cambios en el sistema impositivo, tiene que ver con el apego del gobierno mexicano a las líneas de conducción económica diseñadas en el exterior, particularmente en los Estados Unidos En su boletín informativo del 4 de diciembre pasado, el Fondo Monetario Internacional hace referencia a una reciente reunión de funcionarios, académicos y especialistas de varios países latinoamericanos, celebrada en Washington, con el fin de hacer un examen de la reciente evolución de las economías del subcontinente
En esa reunión patrocinada por el Instituto de Economía Internacional, con sede en la capital estadounidense, los organizadores dictaron un recetario a sus interlocutores latinoamericanos —México estuvo representado por dos catedráticos del ITAM— “acerca del modo de lograr la estabilidad económica”
Lo que deben hacer los países latinoamericanos, según lo que allí se dio en llamar el “Consenso de Washington” —”un consenso entre entidades públicas estadounidense, centros de estudios situados en Washington e instituciones financieras internacionales”, dice el boletín del FMI—, es lo siguiente:
1) Reformas tributarias encaminadas a ampliar la base tributaria y a imponer tasas marginales moderadas” 2) Disciplina Fiscal 3) Fijar prioridades al gasto público, incluida la eliminación de subsidios indiscriminados, el establecimiento de mejores objetivos de educación y salud pública e inversiones en infraestructura 4) Dejar al mercado a determinar las tasas de interés 5) Establecer tipos de cambio competitivos compatibles con objetivos macroeconómicos a mediano plazo 6) Liberalizar el comercio exterior 7) Mayor apertura a la inversión extranjera 8) Privatizar empresas públicas para aliviar la presión sobre las finanzas públicas 9) Promover la desreglamentación para inducir la competencia y la eficiencia 10) Ampliar el sector privado y procurar que se oriente hacia la exportación, y 11) Tomar medidas de alivio a la pobreza
Cualquier semejanza con lo que ha venido haciendo el gobierno mexicano, en el sexenio anterior, pero con más énfasis en el actual, es mera coincidencia
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