EL PRD TAMBIEN PIDE JUICIO CONTRA BARTLETT, GARCIA RAMIREZ, ADATO Y SALES GASQUE
Pascal Beltrán del Río
Justo en el límite del plazo legal para solicitar juicio político, ante el Congreso de la Unión, contra servidores públicos de la administración federal anterior, el Partido de la Revolución Democrática presentará el martes 28, en la Cámara de Diputados, denuncia contra el expresidente Miguel de la Madrid, el exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett, el exprocurador general de la República, Sergio García Ramírez, y los exprocuradores de Justicia del DF, Victoria Adato y Renato Sales Gasque
Suscrita el 24 de julio pasado por 23 miembros del comité ejecutivo nacional del PRD —incluido su líder nacional, Cuauhtémoc Cárdenas—, la demanda de enjuiciamiento constitucional, planteada en los términos de los artículos 108 a 111 de la Constitución, del 7 al 21 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, y 13, 225 y 400 del Código Penal Federal, responsabiliza a los funcionarios citados por “actos y omisiones” relacionados con las elecciones presidenciales del 6 de julio de 1988 y el asesinato del periodista Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984 En el primer caso, la parte demandante solicita a la Cámara de Diputados practicar “todas las diligencias necesarias para la comprobación de las conductas o hechos, materia de la denuncia” —ocultamiento de los resultados “reales” de la votación del 6 de julio de 1988, “imputable a Miguel de la Madrid y Manuel Bartlett Díaz”— y sanción del segundo, por la Cámara de Senadores (“destitución de empleo, cargo o comisión en el servicio público e inhabilitación para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión en el servicio público, por un período de veinte años”) En el caso del expresidente, la sanción demandada, por disposición constitucional, es la “reprobación pública” a través del Congreso
En el caso de los asesinatos de Manuel Buendía y José Luis Esqueda, el PRD pide —en el documento— establecer si existe responsabilidad penal, para Miguel de la Madrid, y penal y política, para los restantes cuatro funcionarios, como autores (artículo 13 del Código Penal Federal), dilatores de la acción judicial (225) y encubridores (400), en los crímenes referidos Exige, del Senado de la República, “destitución de sus empleos, cargos o comisiones en el servicio público, e inhabilitación para desempeñarlos por un período de veinte años”, así como “dictaminar si da lugar a proceder penalmente en contra de los inculpados”
Controvertida por los niveles de enfrentamiento a que han llegado el PRD y el gobierno, la demanda de juicio constitucional contra miembros de la administración de Miguel de la Madrid, no será la primera en su tipo, cuando entre, este martes, a la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados Ya su aliado, el Partido Socialdemócrata (PSD) —campeón en la denuncia formal de funcionarios y personajes públicos— presentó demanda, justo un año antes, el 28 de noviembre de 1988, contra el todavía Presidente de la República
Uno más entre la larga lista de inculpados por el PSD desde 1979 -que incluye a José López Portillo, Alfonso Martínez Domínguez, Bernardo Garza Sada, Enrique Olivares Santana y Ramón Aguirre Velázquez, entre otros—, Miguel de la Madrid fue responsabilizado en aquella ocasión por la política de financiamiento externo que llevó a cabo su gobierno y “cuyas bases, fijadas por él (MMH), comprometen la independencia y soberanía de la nación”; por fallar al “deber legal de dar a conocer los resultados de la elección presidencial (de 1988), por secciones, el domingo siguiente al día de los comicios”; por “presionar” la decisión de la Cámara de Diputados en torno a la investigación que pretendía abrirse sobre la gestión de Mario Ramón Beteta en Pemex; por “irresponsabilidad” de su administración; por “peculado contra la nación”, en relación con el programa de televisión Una semana en la vida del señor Presidente (19 y 20 de noviembre de 1988); y por “irresponsabilidad” de su administración, “antes y después de los sismos de septiembre de 1985”
Sin registro ante la Comisión Federal Electoral desde que los resultados oficiales de las elecciones ubicaron su votación por debajo del mínimo requerido, el PSD no vio progresar su solicitud de juicio contra el exmandatario, más allá de la recepción rutinaria que de documentos de este tipo deben hacer las comisiones legislativas unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia Idéntico final tuvieron las demandas de juicio político contra el ex secretario de Hacienda, Gustavo Petricioli —a causa del crac bursátil de octubre de 1987—, promovidas por el PSD y el PRD, el 27 de febrero y 1o de marzo pasados, respectivamente
Con dichos antecedentes, llegará a la Cámara de Diputados la demanda del PRD, en manos de una comisión integrada por Samuel I del Villar, Heberto Castillo, Arnoldo Martínez Verdugo, Marcos Rascón y Antonio Santos, según resolvió la sesión plenaria del CEN del partido, el martes 21 Camilo Valenzuela, uno de los 23 firmantes, a título personal, de la demanda —originalmente incluido, Leonel Durán declinó suscribirlo—, dijo a Proceso que el PRD realizará movilizaciones en apoyo de la solicitud “Emplazaremos, asimismo, a diferentes fuerzas políticas y sociales para que respalden esta exigencia elemental de moral social e intensificaremos la labor de difusión de la demanda” Poco confiado sobre el futuro legal de la denuncia, fija en dos sus objetivos paralelos: “Dejar en claro que el PRD
no entrará al mercadeo y a la obtención de prebendas, y convencer a los mexicanos de que ya es tiempo de poner un alto a la arbitrariedad e impunidad con que se manejan los asuntos públicos”
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