Movilización del clero para obtener el “apoyo de los fieles”

Movilización del clero para obtener el “apoyo de los fieles”
En secreto, negociaciones entre funcionarios públicos y jerarcas católicos
Rodrigo Vera
Ocho meses después de que el presidente Carlos Salinas de Gortari ofreció “modernizar” las relaciones Iglesia-Estado, el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, afirmó el jueves 3 de agosto:
“No se contemplan modificaciones al artículo 130 constitucional Continuará vigente el espíritu de las Leyes de Reforma”
Sin embargo, a lo largo de estos meses se han efectuado negociaciones a puerta cerrada entre altos jerarcas de la Iglesia Católica y altos funcionarios públicos En ellas, los religiosos exigen reformas no sólo al 130, sino a cuatro artículos más
Además de la próxima visita del papa Juan Pablo II —anunciada por el propio Gutiérrez Barrios—, el clero católico mexicano prepara movilizaciones a escala nacional para pugnar cambios a las leyes puestas en vigor por los liberales de la Reforma desde la Constitución de 1857
Un estudio estregado a la Conferencia del Episcopado Mexicano por el perito en materia legislativa, el obispo Luis Reynoso Cervantes, revela cuáles son los cambios constitucionales que la Iglesia está reclamando en la mesa de negociaciones
Pide que el artículo 130 sea modificado para que se le reconozca personalidad jurídica a la Iglesia, así como el voto activo y pasivo a los sacerdotes; que en el artículo tercero se dé libertad a las instituciones privadas y a los padres de familia para dar a sus hijos la educación que deseen; que del artículo quinto constitucional se quite la prohibición para establecer órdenes monásticas Se pide también que el artículo 24 otorgue permiso a los sacerdotes para oficiar en lugares públicos, y finalmente, propone que en el artículo 27 se permita los clérigos poseer y administrar bienes
“El estudio me lo encargó personalmente el presidente de la CEM, Adolfo Suárez Rivera Y yo sólo me limité a sugerir los cambios convenientes para nosotros”, afirma a Proceso Reynoso Cervantes, obispo de la diócesis de Cuernavaca y principal asesor en derecho canónico y constitucional de la Conferencia Episcopal
“Propuse cambios en los cinco artículos porque el reconocimiento de nuestra personalidad jurídica, contemplada en el 130, implica el reconocimiento de otros derechos contenidos en los demás artículos Deben respetarnos una serie de actividades, ya que la religión es una creencia estructurada que tiene una doctrina, una ética y un culto”
Para el doctor en Teología, la Iglesia de hoy ya no es la misma que apoyó a Maximiliano y tuvo enormes riquezas: —Nos hemos purificado— No pretendemos ningún poder Sólo queremos poseer y administrar bienes para preparar a nuestros sacerdotes y divulgar nuestra doctrina Tampoco exigimos que nos devuelvan lo que nos quitaron Queremos vivir modestamente y sin rencores
Por eso afirma que las reuniones que están sosteniendo con altos funcionarios públicos “son para limar asperezas e intercambiar conceptos”
Al igual que los demás jerarcas, evita entrar en detalles sobre el contenido y la identidad de los funcionarios: “Son gente que está en los centros de decisión Yo personalmente me he reunido con el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios”
Revela, en cambio, los planes del clero de hacer una movilización nacional para obtener el apoyo de su feligresía: “Empezaremos de arriba hacia abajo Primero haremos reuniones con los obispos para discutir el problema Después con los sacerdotes de todas las diócesis Luego con los laicos cualificados y las comunidades de base Y, finalmente, con el pueblo, al que vamos a concientizar para que por sí mismo se vaya expresando a través de manifestaciones y documentos dirigidos al Presidente de la República”
Sus propuestas legislativas, dice, se discutirán en una asamblea plenaria de obispos, de la que saldrá un documento definitivo con la postura oficial del clero Aún no se fijan fechas para llevarla a cabo
QUE EL GOBIERNO YA TIENE SU PROYECTO
Guillermo Schulemburg, abad de la Basílica de Guadalupe, asegura por su lado que las negociaciones entre los dos poderes —”aunque me desagrada llamarle poder a la Iglesia”— son con el objeto de afinar puntos y procedimientos para la enmienda constitucional
—¿Y por qué se realizan ocultamente?
—¡Ah! pues porque son pasos prudenciales y diplomáticos No olvidemos que la diplomacia es todo un arte de la negociación Y nosotros la estamos aplicando al pie de la letra para llegar a buenos términos Para que la negociación sea cordial y no se malogre por injerencias externas
Junto con Carlos Quintero Arce, Arzobispo de Hermosillo, jura y perjura que el gobierno ya tiene un proyecto propio de cambios a la Constitución, sólo que lo esconde porque se trata de “información confidencial”
Ante las aseveraciones de los representantes de la Iglesia Católica, el gobierno ha mantenido un diplomático silencio Gutiérrez Barrios, en su declaración del 3 de agosto, nada dijo sobre las negociaciones con la Iglesia
Edith Alicia Barroso, subdirectora de Cultos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, dice desconocer si efectivamente el gobierno tiene ya su proyecto: “Que yo sepa, oficialmente no hay ningún movimiento tendiente a modificar la legislación en materia religiosa Desconozco si se tenga algún estudio Mis superiores no me lo han informado No lo creo, lo único que intenta el gobierno es una transparencia en las relaciones Iglesia-Estado”
Para la encargada de la dependencia que controla jurídicamente a los 10,500 sacerdotes católicos del país, “son temerarias y tremendas las declaraciones del clero que, siguiendo sus intereses, quiere aprovecharse del río revuelto que provocó la disposición al diálogo del gobierno actual Las que más nos preocupan son las declaraciones de Schulemburg a la prensa Afortunadamente, tenemos respaldo histórico y no daremos marcha atrás”
Pero no hacen falta las declaraciones gubernamentales para comprobar que las cosas están cambiando Por sí mismos los hechos hablan:
El más reciente indicio de las buenas relaciones entre la Iglesia y el Gobierno, fue el anuncio oficial de la Secretaría de Gobernación, el pasado 26 de julio, sobre la visita del papa para mayo de 1990 A diferencia de la primera visita a México de Juan Pablo II, que se confirmó con sólo un mes de anticipación, esta vez se hizo con diez meses de adelanto
Para la izquierda, este es un “acto político orquestado entre cúpulas”, que utilizarán el viaje papal como un instrumento para restablecer las relaciones entre México y El Vaticano, señaló un boletín del Partido de la Revolución Democrática, difundido el 28 de julio
El PRD censuró al secretario de Gobernación, por hacer un anuncio religioso, “como si fuera una visita de carácter intergubernamental o de un jefe de Estado” E instó a una decisión pública que acabe con “la clandestinidad, los actos vergonzantes y ocultos entre gobierno y jerarquía” En el mismo tenor se declararon los demás partidos de izquierda, que fueron impugnados tanto por los jerarcas religiosos, como por los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que ven en la visita del papa un acto puramente pastoral
Este acercamiento entre Iglesia y Gobierno se dio desde el mismo día en que Carlos Salinas de Gortari asumió la Presidencia de la República, el 1o de diciembre pasado Invitados al acto, allí estaban, con sus alzacuellos, los principales representantes del clero católico mexicano: el delegado papal, Gerónimo Prigione; el cardenal Ernesto Corripio Ahumada; el presidente del Episcopado, Suárez Rivera; el vicepresidente del mismo, Juan Jesús Posadas Ocampo; su secretario general, Manuel Pérez Gil y Guillermo Schulemburg
Otro hecho significativo fue la investidura de Mario de Gasperín Gasperín como obispo de Querétaro, en una ceremonia celebrada el 5 de mayo en el estadio de futbol la “Corregidora” El acto congregó a 36 obispos, 200 sacerdotes y 35,000 fieles, que desde las granaderías hacían “olas de la fe” y coreaban vivas a Cristo y al nuevo obispo El acto fue posible gracias al visto bueno del gobernador queretano, Mario Palacios Alcocer
Y el 31 de mayo, el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, envió al subsecretario del ramo, Guillermo Ortiz Martínez, a reunirse con los 23 obispos que asistían en Monterrey a la reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) El objetivo era preciso: pedir el apoyo del clero en la renegociación de la deuda externa
Los obispos no defraudaron a Aspe, pues volcaron su apoyo a las autoridades hacendarias a través de las declaraciones periodísticas Y a mediados de julio, la Conferencia del Episcopado envió una carta al presidente estadunidense George Bush, en la que le pedía intervenir a favor de México:
“Señor Presidente, reconocemos sus continuos esfuerzos para promover con los bancos privados una equitativa y voluntaria reducción de la deuda mexicana oraremos para que a través de su liderazgo se encuentre una adecuada solución”
ALGUNOS OBISPOS DESCONFIADOS
Sin embargo, los encuentros secretos han provocado una división en el seno de la Iglesia No todos los obispos confían en las promesas del gobierno, muchos las ven como un señuelo mediante el cual la administración de Salinas trata de ganarse al clero para legitimarse
Pese a que dice saber que el gobierno ya tiene su proyecto de reformas, el arzobispo de Hermosillo, Carlos Quintero Arce, se incluye dentro de los “desconfiados”
—Muchos obispos sentimos que se utilizó a la Iglesia al invitarla a la toma de posesión de Salinas de Gortari —afirma en una entrevista telefónica
Se declara abiertamente contra las modificaciones legislativas: “Para cambiar las leyes debe haber, primero, una maduración popular Para conseguirla se requiere educar al pueblo por medio de una aclaración histórica sobre el papel de la Iglesia en México Coincido en que debe reconocérsele jurídicamente, pero no ahorita No tenemos por qué acelerar un hecho ante el cual el pueblo aún no toma conciencia”
También dentro de la oposición están los obispos de la zona pastoral Pacífico Sur, quienes desde hace años encabezan el ala izquierda de la Iglesia
Para Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, la discusión sobre las posibles reformas constitucionales está “desviando la atención del problema fundamental del momento, que es la pobreza en que viven millones de mexicanos” Del mismo parecer es Arturo Lona, obispo de Tehuantepec, quien se lamenta porque las ansias de modificar la legislación relegan muchas veces a segundo plano ” las prioridades sociales más urgentes”, y entorpecen el trabajo pastoral en las zonas marginadas
Circula la versión de que el desacuerdo se da también entre las más altas cúpulas del clero Se habla de que existen hondas diferencias entre Gerónimo Prigione y el cardenal Corripio Ahumada Que mientras el entusiasmo del delegado apostólico alienta a los obispos a propugnar el cambio legislativo, el escepticismo de Corripio los insta a guardar compostura y no caer en la trampa de un posible maquiavelismo salinista
Por otra parte, ante las posibles reformas, algunos partidos políticos ya tienen puestas sus cartas sobre la mesa:
Acción Nacional, por ejemplo, desde octubre de 1987 presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados, para reformar los artículos 5, 24, 27 y 130 Con posturas muy semejantes a las del clero, el PAN pide el reconocimiento jurídico de la Iglesia y que se le otorgue “capacidad para adquirir, poseer o administrar los bienes raíces indispensables para su objeto” En el documento critica a la corriente liberal que, en la Constitución de 1917, se impuso sobre “la inmensa mayoría del pueblo mexicano que es y ha sido creyente Para muchos, en esta corriente se ve una tendencia, la de acabar con la religión”
Y el Partido Demócrata Mexicano —pese a que desde enero de este año perdió su registro— también se sumó a los reclamos del PAN El 22 de junio envió al Presidente de la República su “Iniciativa de ley para reformar los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución”, mismos que la Iglesia pide que se modifiquen
Ese partido detalla que tales preceptos “establecen discriminaciones, rompen el principio de igualdad ante la ley, no son observados en la práctica y son objeto de tolerancia y disimulo, ya que si se cumplieran al pie de la letra, sería con graves trastornos en la paz social”
Para contrarrestar la embestida de la Iglesia, los Partidos del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Popular Socialista, pactaron el pasado 30 de mayo para no apoyar las iniciativas de la ley que propongan esas reformas
El PRI, hasta la fecha, todavía no adopta una postura concreta ante los posibles cambios en la Constitución Solamente algunos de sus líderes, a título personal, han opinado sobre el asunto en entrevistas a la prensa, como los senadores priístas Emilio M González y Alfonso Martínez Domínguez, quienes, por separado, propugnaron por la actualización de las relaciones Iglesia-Estado
EL JACOBINISMO PASO A LA HISTORIA
Asimismo, juristas y politólogos externaron sus puntos de vista:
Ignacio Burgoa Orihuela, doctor en Derecho Constitucional, catedrático universitario y señalado como uno de los asesores jurídicos de la Iglesia —cosa que niega—, afirma que el artículo 130 debe modificarse por “obsoleto e ilegítimo” Aclara que nunca se aprobó por votación “Es un producto de cierta tendenciosidad de la comisión que lo incorporó ilegalmente a la carta magna Nunca lo aprobó el constituyente de Querétaro Lo único que hizo la comisión redactora fue adaptar algunas Leyes de Reforma expedidas por Juárez El artículo es espurio Y las recientes declaraciones de Gutiérrez Barrios hay que leerlas entre líneas, no dice que no habrá, sino que no se ‘contemplan’ reformas a la Constitución”
Pugna porque se derogue la Ley Reglamentaria del 130 —expedida durante el gobierno de Calles—, en la que se prohibe a los sacerdotes vestir con sotana fuera de los templos “Esto es irrisorio, en los países civilizados los budistas, los católicos o los brahamanes andan vestidos como les de la gana Nuestra legislación en materia religiosa está atrasada Tiene un tinte jacobino y masónico que ya pasó a la historia”
Luis Javier Garrido, investigador universitario y autor del libro El Partido de la Revolución Institucionalizada, se muestra contrario a la reforma del 130, al que considera “texto central de nuestra vida institucional y fundamento de la soberanía del Estado El gobierno está obligado a respetarlo”
Y exige que se aclaren “las negociaciones a espaldas del Congreso y de la nación, que representan una traición al país Con esto se muestra que la discusión pública no le conviene a Salinas de Gortari, que lo que quiere es —como lo ha venido haciendo— gobernar por decreto y a través de conciliábulos palaciegos Este es un problema político antes que jurídico”
Arnaldo Córdova —politólogo también, autor del libro La Formación del Poder Político en México— descarta en cambio que el reconocimiento jurídico a la Iglesia y la reanudación de relaciones con El Vaticano traigan consecuencias negativas para el país
—Aquí el problema de fondo es de carácter democrático Pues las decisiones deben partir de una amplia participación de la población Es muy posible que nuestro señor Presidente ya tenga todo cocinado
A su vez, Soledad Loaeza, investigadora de El Colegio de México, supone que el gobierno aceptó ya las propuestas del clero “Por los acontecimientos y las declaraciones de los obispos, parece que las negociaciones se están desarrollando en los términos planteados por la Iglesia”
Al igual que Luis Reynoso, la investigadora acepta que el reconocimiento jurídico implica aceptar el derecho a la propiedad Así la Iglesia “ya no dependerá de ‘terceras personas’ para administrar sus bienes terrenales, como lo ha venido haciendo”
El Anuario Pontificio respalda a las aseveraciones de Loaeza, al informar que actualmente la Iglesia controla 3,600 escuelas de todos los niveles Entre éstas, trece universidades, en las que se incluyen la Iberoamericana y la Anáhuac Esto se debe a que la Constitución “no es virgen pura”, como declaró recientemente Genaro Alamilla, vocero del Episcopado, refiriéndose a las constantes violaciones a la carta magna
Los actuales jacobinos se han mostrado tolerantes ante estas violaciones Incluso propugnan por modificaciones legislativas en las que se les devuelvan algunos derechos a los sacerdotes Así lo declararon sus representantes actuales: Antonio Martínez Báez, maestro constitucionalista y diputado priísta; Rodolfo González Guevara, dirigente de la Corriente Crítica del PRI y José Carreño Carlón, director del periódico gubernamental El Nacional Todos arguyeron que los enconos Iglesia-Estado ya se acabaron Que la Iglesia ahora es otra (Proceso 634)
El 12 de julio de 1859, se expidieron las Leyes de Reforma En ellas se dictaba la nacionalización de los bienes del clero, la separación Iglesia-Estado, la supresión de las órdenes religiosas, la secularización de los cementerios, la tolerancia de cultos, la supresión de los noviciados Y se declaraba al matrimonio como un contrato civil Después, sus herederos de 1917 se anotaron otra victoria legislativa: la no intervención del clero en materia educativa y el desconocimiento formal de la personalidad jurídica de la Iglesia
Melchor Ocampo, ministro de Relaciones, se dirigió así, en una misiva del 12 de enero de 1861, al entonces Nuncio Apostólico, Luis Clementi:
“No es de ningún modo conveniente al Supremo Gobierno Constitucional de la República la permanencia de usted en ella, después que tantos sacrificios ha costado a esta nación el restablecimiento del orden legal, después de que tanta sangre se ha derramado en este suelo, y todo esto por el escandaloso participio que ha tomado el clero en la guerra civil Hoy que el orden constitucional queda restablecido, el Excelentísimo Señor Presidente ha dispuesto que usted salga de la República en un breve término que sea el absolutamente necesario para preparar su viaje”
Más de un siglo después, las querellas se han dirimido: en secretísimos coloquios, clero y gobierno planean prescindir de las leyes que los tienen distanciados