UN MES ANTES DE LA CAPTURA DE POLICIAS, LABASTIDA OCHOA
Luz Aída Salomón
CULIACAN – Un mes después de que el gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa ponderó los resultados del Plan Estatal de Justicia y Seguridad Pública ante el subsecretario de Gobernación, Emilio Rabasa, el Ejército detuvo al jefe de la Policía Judicial del estado Arturo Moreno Espinoza, y al director de Seguridad Pública Municipal, Robespierre Lizárraga Coronel
Todo empezó el sábado 8, a las dos de la tarde, cuando el general Jesús Gutiérrez Rebollo, comandante de la IX Zona Militar, llamó a los jefes policíacos para que se presentaran en el cuartel, donde inmediatamente fueron detenidos Al mismo tiempo, elementos del ejército salieron a la calle a interceptar las patrullas de la Policía Municipal para desarmar a los policías y llevarlos detenidos a las instalaciones militares
A las diez de la noche, el ejército tomó el edificio de la Policía Municipal, ubicado en el centro de la ciudad, y por radio concentró a todos los policías en servicio, quienes también fueron desarmados y trasladados a la IX Zona Militar De los 900 policías que integran esa corporación, fue detenido el segundo turno es decir poco más de 200 hombres Él ejército cerró el acceso al edificio, prohibió la salida a los empleados y los detenidos en la barandilla quedaron incomunicados A esa misma hora, el ejército ocupó las instalaciones de la Inmobiliaria “Delia” propiedad de Miguel Angel Félix Gallardo, acordonó el Instituto de Readaptación Social de Sinaloa, estableció estrecha vigilancia en el aeropuerto, la estación de ferrocarril, la central de autobuses y los caminos de acceso a la ciudad; instaló retenes en las carreteras del estado y una guardia en las oficinas de la Procuraduría General de la República y empezó a catear las casas de presuntos narcotraficantes y a rondar la ciudad, principalmente los edificios públicos, como el palacio de gobierno
El domingo 9 la población amaneció atemorizada, los comercios no abrieron, y ante la presencia del Ejército y la ausencia de la Policía Judicial, de la Policía Municipal y los agentes de tránsito, corrió el rumor de un “cuartelazo contra el gobierno de Labastida” En la casa de gobierno trascendió que el gobernador “se encuentra en la Paz, Baja California, buceando” En el palacio de gobierno estaban reunidos el secretario General de Gobierno, Juan Burgos Pinto; el procurador de Justicia, Manuel Lascando Ochoa, y el presidente municipal, Ernesto Millán Escalante
A las tres de la tarde, el Comité Estatal del Partido Acción Nacional citó a conferencia de prensa El diputado local Javier Calvo Manrique, informó a Proceso que hablaron con Burgos Pinto, quien les dijo: “no sabemos nada, parece que los incidentes están relacionados con el narcotráfico”
El dirigente estatal del PAN, Rafael Morgan Ríos, declaró que la operación militar contra las corporaciones policiales violenta la soberanía del estado y evidencia el fracaso total del Plan Estatal de Justicia y Seguridad Pública y demandó que no se reduzca a un golpe publicitario, sino que se investigue hasta sus últimas consecuencias la responsabilidad de los implicados, “entre quienes necesariamente deben estar altos funcionarios que, por complicidad u omisión, han propiciado el florecimiento del narcotráfico en Sinaloa ”
El comandante de la IX Zona Militar, Gutiérrez Rebollo negó que hayan sido detenidos los elementos de la policía municipal y su jefe, así como algunos miembros de la policía judicial y su director y agregó que “se les invitó a cooperar con los agentes del Ministerio Público Federal que vinieron de la ciudad de México, por lo cual están siendo sometidos a interrogatorios personales, después de los cuales quedan libres”
A las seis de la tarde el ejército abandonó el edificio de la Policía Municipal En el transcurso de la noche los policías fueron liberados y trasladados a esa corporación Ahí declararon a la prensa que fueron incomunicados y torturados por el ejército, al tiempo que les preguntaban dónde se encontraba el comandante Armando Barraza Sicairos, jefe del Departamento de Vehículos Robados de la Policía Municipal
El lunes 10 aumentó la incertidumbre en Sinaloa con las declaraciones del gobernador, Labastida Ochoa, relacionadas con la detención de los jefes policíacos, que dijo: “no se les ha detenido, pero en dado caso que se les detenga, porque están sujetos a proceso de investigación, son presuntos responsables” Y justificó la participación del ejército, porque “la situación de urgencia lo determinaba”
En la sesión del Congreso local, el martes 11 las fracciones del PAN y PMS denunciaron que se violaron la Constitución y la soberanía de Sinaloa al intervenir el ejército y la Procuraduría General de la República sin pedir autorización a las autoridades locales Y propusieron un manifiesto público firmado por las tres fracciones —PRI, PAN, PMS— que en su parte medular dice: “Reconocemos que el narcotráfico es un cáncer social que debe ser atacado hasta sus raíces, siendo este ilícito perseguible por las autoridades federales por ser de su competencia”; pero señalan: “Reprobamos que para alcanzar tales objetivos, mandos militares hayan desarrollado acciones desbordando los marcos institucionales, propiciando inquietud ciudadana y alarma social innecesarias, ya que el operativo realizado, por lo inusual, provocó tensiones que no admitimos, al no haberse implementado por las vías más adecuadas”
Esteban Zamora Camacho diputado local del PAN, dijo en la tribuna: “Lo ocurrido en Sinaloa tiene varios vértices para Francisco Labastida Ochoa, o es señal de ineptitud o es cómplice o actúa con lenidad o bien es cobarde, ya que por lealtad a sus funcionarios como deber mínimo los hubiera defendido del atropello de que fueron víctimas y más cuando hace apenas un mes esos dos jefes policíacos recibieron un reconocimiento del ejecutivo estatal ”
José Luis López Duarte, dirigente de izquierda y miembro de la Comisión Promotora Estatal del Partido de la Revolución Democrática, señaló que “la violación a la soberanía del estado, ejecutada por el gobierno federal el sábado, es grave y pone de manifiesto una política autoritaria, despótica y arbitraria, que configura los perfiles de una dictadura, si no véase el estilo con que el gobierno federal procedió a golpear al poder sindical, al poder empresarial y ahora al poder del narcotráfico”
El gerente del Centro Empresarial de Sinaloa, Rafael Cebreros Bringas, manifestó: “Es trascendente que se luche contra el tráfico de enervantes, sin embargo, en la persecución de delitos, aunque éstos sean federales, no se justifica que se violente el orden jurídico y se violen las autonomías municipales y estatal”
La presidenta del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, Norma Corona Sapiens, protestó por las torturas a que fueron sometidos los miembros de la Policía Municipal y expresó que “es grave la violación a la soberanía de Sinaloa y a las garantías individuales, ya que el artículo 16 Constitucional establece claramente que no debe detenerse para investigar”
El miércoles 12, el Ministerio Público Federal giró orden de aprehensión contra Fernando García Félix, Coordinador Estatal del Plan de Justicia y Seguridad Pública y jefe de los directores de la Policía Judicial y de Seguridad Pública Municipal, detenidos el sábado 8 Ese mismo día la Procuraduría General de la República se incautó de la casa de García Félix, quien hasta el viernes 14 se encontraba prófugo
Para sustituir a los jefes policíacos y al coordinador del Plan de Justicia y Seguridad Pública destituidos se nombró a conocidos funcionarios del gobierno de Antonio Toledo Corro: José Antonio Malacón Díaz, coordinador del PJSP; Carlos Alfonso Ontiveros Salas, jefe de la Policía Judicial del Estado y Juan de Dios Aguirre Zazueta, director de Seguridad Pública Municipal
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