Los defraudados, además, bajo acoso

Los defraudados, además, bajo acoso
Procuraduría y Hacienda hacen a un lado pruebas contra las Casas de Bolsa
Carlos Acosta
Con pruebas suficientes que muestran que muchas casas de bolsa cometieron múltiples delitos, por cuya comisión no serían pocos los directivos y empleados de esas entidades bursátiles que estarían en la cárcel, las autoridades nada hacen para imponer los castigos de ley a quienes robaron abiertamente, atropellaron patrimonios y aún vidas de miles de inversionistas
Los damnificados del sismo bursátil del año pasado, agrupado en el frente común Asociación de Inversionistas contra Casas de Bolsa, hacen una denuncia concreta: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público —Desde la Comisión Nacional de Valores , la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y la Procuraduría Fiscal de la Federación, hasta el titular de la dependencia Gustavo Petricioli— impide que prosperen en favor de los inversionistas las miles de quejas y reclamaciones interpuestas contra las casas de bolsa
Abogados de los afectados confirmaron a Proceso que, inclusive, altos funcionarios de la Procuraduría General de la República les han dicho que ya no aguantan la presión de los inversionistas; que “les queman las manos” las pruebas contundentes de los ilícitos cometidos por casas de bolsa, pero que no pueden hacer nada porque la Secretaría de Hacienda no mueve un dedo para acatar lo dispuesto por la Ley de Mercado de Valores en su artículo 52 Bis 2, en el sentido de que los delitos previstos por ese ordenamiento y cometidos por casas de bolsa, “solamente se perseguirán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión Nacional de Valores”
Dice la Ley del Mercado de Valores, en su artículo 52 Bis, que serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de 1,200 a 10,000 días de salario, los administradores, funcionarios, empleados, o apoderados que intencionalmente dispongan de los fondos o de los valores recibidos de la clientela, aplicándolos a fines distintos de los contratados por la misma El 52 Bis 1 dice que también serán castigados con prisión de uno a diez años y multa de diez a 10,000 días de salario quienes omitan registrar las operaciones efectuadas por la casa de bolsa, o que mediante maniobras alteren o permitan que se alteren los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas de orden o resultados (Proceso 597)
La misma ley señala que esas disposiciones no excluyen la imposición de las sanciones que conforme a otras leyes fueran aplicables Y, en efecto, a la Procuraduría General de la República han llegado cientos de casos, bien documentados, de los cuales se desprenden delitos perfectamente tipificados, entre los cuales están el fraude, robo, abuso de confianza, defraudación fiscal, depositaría infiel, delito bancario, simulación, encubrimiento y muchos más, que son competencia de ordenamientos distintos de la Ley del Mercado de Valores y que dictan penas aún más severas
Pero de ninguna forma las autoridades actúan en favor de los inversionistas, salvo cuando se trata de casos verdaderamente menores, que no causan molestia alguna a la casa de bolsa interpelada, ni en su patrimonio ni en su imagen
Mientras tanto, impunes y protegidas, las casas de bolsa con nada sacian su voracidad: de la falsificación de firmas y alteración de contratos, del embargo y el despojo, de la amenaza y el amedrentamiento constante, de todo ello han pasado a la violencia física para obligar a clientes, que ellas mismas convirtieron en deudores, a pagarles dineros que no deben y que sólo existieron en el papel
En efecto, conforme avanza la unidad de los inversionistas “damnificados”, las casas de bolsa recurren con mayor frecuencia, a falta de razón moral y jurídica, al empleo de la fuerza En las últimas semanas se han multiplicado los casos en que inversionistas —sobre todo los más persistentes en su defensa legal— han sido víctimas no sólo de hostigamiento telefónico —”si no pagas ya sabes lo que te puede pasar”— y de las visitas domiciliarias de amedrentamiento —”si en 30 días no liquida, lo sacaremos de aquí a la fuerza”—, sino de la persecución, el secuestro, el asalto y aun de los golpes
No son pocos los inversionistas que sufren a diario el acoso: les hablan por teléfono, en la madrugada, para amenazarlos; van a sus casas y hostigan a sus familiares; apedrean sus puertas; los siguen en sus coches; van a sus lugares de trabajo En una palabra, les hacen la vida imposible Algunos, o sus familiares, están a punto del infarto Muchos han tenido que vender su coche o cambiarse de casa
De esa manera, las casas de bolsa —las más denunciadas son Operadora de Bolsa, Casa de Bolsa de México, Estrategia Bursátil y Probursa— quieren obligar a los inversionistas a pagarles deudas que ellas mismas les inventaron y, de paso, quitarles el ánimo de actuar conjuntamente con otros inversionistas en la defensa de sus intereses Sin embargo, ninguna de las dos cosas han logrado: la primera, porque los inversionistas no quieren pagar —por que no deben; porque la ley les dé la razón- o no pueden hacerlo- muchos quedaron sin quinto y sin bien alguno— La segunda, porque entre mayor es la agresión en su contra, mayor es su ánimo de enfrentarla colectivamente
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Francisco Flores Malagón es un cliente de Operadora de Bolsa al que le hicieron perder hasta la camisa Aun en el crac, su cartera sumaba varios cientos de millones de pesos En su ausencia, esta fuera del Distrito Federal, hicieron lo que quisieron con ella Le endilgaron un préstamo, que no pidió ni necesitaba, sin su consentimiento Primero le habían dicho que era por 25 millones de pesos, pero finalmente resulto de 100 millones porque —le dijo su asesor Carlos Acosta Pattoni— era política de la empresa no prestar menos de esa cantidad “pero si yo no los quiero”, reclamó “ya esta hecho; además, no se preocupe: en un mes le habrá sacado bastante jugo”, le dijo el encargado de su cuenta
Flores Malagón quiso salirse del mercado desde el 5 de octubre de 1987, cuando la bolsa estaba en su nivel mas alto, rondaba los 370,000 puntos Pidió a su asesor que vendiera toda su cartera Nunca le hizo caso: “teníamos órdenes de no vender sino hasta la tercera semana de Octubre”, le explicó el asesor Pero ni entonces le vendieron, pese a que insistía casi diario Lo empezaron a hacer cuando la bolsa estaba en el suelo en los 80,000 puntos, allá por diciembre Le llegaban telegramas a su casa, por este estilo: “de acuerdo con sus instrucciones procedimos a vender sus acciones Con tal” Cuando pidió la venta, esas acciones estaban en 48,000 pesos; cuando lo hicieron, habían caído a 6,000 cada una
Lo desplomaron, su cuenta quedo casi en ceros y lo peor: quedo debiendo 100 millones del préstamo que nunca autorizó Los abogados de Operadora de Bolsa —del bufete Vela Treviño y Asociados— lo quieren obligar a pagar y recurren a todo: lo amedrentan por teléfono, van a su casa y hostigan a su familia; lo buscan en el trabajo Ha tenido que salirse de su casa Anda, casi, a salto de mata A un colaborador suyo, que trabaja en la misma oficina, lo persiguieron en el coche lo bajaron a la fuerza, lo apalearon y, estando en el suelo, le dijeron:” ya sabes para quien es el mensaje y de parte de quién”
Otro caso, Miguel Angel Hernández Campos fue hasta diciembre pasado empleado de la Casa de Bolsa México como promotor y asesor de inversiones Para ese mes, la empresa había sufrido un fuerte quebranto, sobre todo por operaciones a plazo con las que se llevaron entre los pies a muchos clientes que perdieron todo y quedaron debiendo En su desesperación por recuperar algo de lo perdido, la Casa de Bolsa inauguró un nuevo método: inculpar a sus empleados ilícitos administrativos y de coludirse con clientes para defraudar a la casa Una noche de ese mes, Hernández Campos fue prácticamente secuestrado por su superior, el director de proyectos Roberto Gloria, quien mediante engaños y casi en vilo lo subió al despacho de Roberto Cassís, el abogado de la casa
Allí lo mantuvieron encerrado durante más de tres horas, agrediéndolo, intimidándolo Le decían que si no se cooperaba con ellos lo iban a refundir en la cárcel; que tenían todo el poder para hacerlo Roberto Gloria se ufanaba de ser compañero de parrandas del procurador general de la República, Sergio García Ramírez, y asesor del secretario de la Defensa, además de ostentarse como contador público y teniente coronel Por su parte, el abogado Cassís le decía que tenía todas las palancas del mundo en la Procuraduría General para meterlo a la cárcel si no accedía a sus peticiones con eso, y con la presencia amenazante de miembros del cuerpo de seguridad, Hernández Campos fue obligado a firmar documentos en los que se hace responsable de fraudes y otros ilícitos contra la casa de bolsa, de coludirse con clientes —curiosamente, con los que había denunciado públicamente los manejos oscuros de esa casa— para defraudar a la casa También le obligaron a firmar su renuncia y dos pagarés, uno por 19 millones de pesos y otro por 1,900 millones, con lo que lo hacía responsable de pérdidas que había tenido la institución
Con las firmas de Hernández Campos, los directivos de la empresa querían fabricar pruebas en contra de clientes que habían llevado a la quiebra y que habían hecho las reclamaciones y denuncias correspondientes, Hernández Campos dio parte a las autoridades, denunció los hechos y se desdijo de lo que con violencia le obligaron a firmar “si algún ilícito cometí fue con autorización y a veces a petición expresa, de mis superiores”, dijo ante el juez El haber emprendido el alegato jurídico —su caso se ventila con la Averiguación Previa SC/8164-987— le ha costado a Hernández Campos el acoso permanente, la amenaza diaria, no sólo a él sino también a su madre, a quien amenazan con mandarla a la cárcel
La casa de bolsa Estrategia Bursátil no se queda atrás en actitudes anómalas En las ultimas semanas, sus abogados y personeros de los mismos, han incrementado las visitas intimidatorias a las casas de los clientes Les dan de plazo 30 días para que liquiden sus adeudos (derivados en su mayor parte de operaciones a plazo hechas contra la voluntad del inversionista), y si no lo hacen les advierten que emplearán la fuerza para obligarlos En los últimos días han sido visitados e “invitados” a pagar los clientes Soledad Contreras Arellano (contrato 57163-034), Manuel Ramírez Snell (559559-23) y Federico Ramírez Snell (87081-23) Este último dice a Proceso: “me han estado amenazando de muerte, a mí y a mi esposa; me dicen que si no les pago ya sabes lo que te puede pasar, Me sugieren que por bien mío no oponga resistencia y deje de hacer ruidos con abogados ”
Y cuenta su caso: “tenía ya una cartera de más de mil millones de pesos Tuve que ausentarme del país Estaba en Europa cuando me enteré de que me habían hecho dos operaciones a plazo Nunca las pedí ni las autoricé Cuando regresé ya no tenía ni quinto: lo único que tenía era un adeudo por 100 millones Reclamé, exigí cuentas, denuncié Tuve que ver a abogados para recuperar mi cartera Se molestaron en Estrategia, me hicieron un ofrecimiento: te damos 100 millones y ahí muere, pero no des lata con tus abogados Yo no acepté Pedí mis estados de cuenta, que no me llegan desde diciembre, pero no me los daban Ahora resulta que el adeudo que tengo ya no es de 100 millones sino de casi 400 por intereses a los cuales supuestamente pacté el préstamo
Las acciones intimidatorias de casa de bolsa no tienen fin A Fernando Rodríguez (cuenta 0041126-4 de Operadora de Bolsa) también le indilgaron una operación a plazo por 200 millones de pesos que nunca autorizó y de la cual supo hasta que en su estado de cuenta se le adjudicaba una enorme deuda Los abogados de Operadora —del despacho de Zamora Pierce— lo quieren obligar a pagar a como dé lugar; loa amedrentan por teléfono, a su madre la amenazan de embargarla y enviarla a la cárcel, todo por ser beneficiaria y co-titular de la cuenta La tienen al borde del infarto Las gestiones del inversionista ante la Procuraduría ni prosperan La Juez Silvia Muñiz Castillo tiene congelado su asunto, indebidamente porque ha presentado pruebas fehacientes y suficientes para que se inicie la averiguación Pero nada
Marco Antonio Arceo (cuenta 16763-0) también esta en la lista negra de Operadora de Bolsa Hace dos semanas fue a esa casa a notificar un cambio de domicilio La Gerente Jurídico Concepción Valandia, lo detuvo en su oficina y llamó al personal de seguridad Acudieron tres hombres, uno uniformado y dos de civil No le aceptaron a Arceo el cambio de domicilio Quería notificarle que a causa de las pérdidas sufridas en esa casa (orillado por quienes se encargaban de sus cuentas), había tenido que desalojar el departamento donde vivía y que de momento quedaba sin domicilio filo a donde pudiera enviarle documentación Lo obligaron a anotar un domicilio que el desconocía Arceo se resistió aduciendo que no tenía por que anotar un domicilio que ni era suyo Los de seguridad hicieron la finta de golpearlo Arceo se escamó y firmó Le dijeron: “que bien que nos hiciste caso, sino nos hubieras obligado a cumplir nuestro trabajo” ¿Le hubieran golpeado? “por supuesto pero donde no se nota”
Por extrañas coincidencias los asaltos a inversionistas quejosos han proliferado A Victor Hernández Castilleja Socorro López Juárez, clientes de Operadora de Bolsa (al primero le adjudicaban una deuda de “nada más” de 5,000 millones de pesos), los despojaron con lujo de violencia y pistola en mano de un Ford Topaz 85, hace tres semanas en la colonia Polanco A Arturo Acuña (cliente de estrategia Bursátil) lo asaltaron hace dos semanas, le quitaron dinero y objetos personales que llevaba con sigo Lo mismo le sucedió a la secretaria particular del Abogado Cesar Fentanes Méndez, quien lleva por lo menos uno 200 casos de inversionistas “bolseados”
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No obstante por su prepotencia típica y la protección oficial de que gozan, las casas de bolsa —particularmente Operadora México, Estrategia Bursátil y Probursa— están siendo sometidas a una escrupulosa investigación por los propios inversionistas y sus abogados Es decir, la tarea que corresponde a las autoridades la emprenden los afectados no obstante los crecientes obstáculos que aquéllas y las propias casas les imponen: no les dan información, congelan sus asuntos, les ocultan datos
Uno de los despachos que más se han destacado en la lucha contra las casas de bolsa es el de los abogados Cesar Fentanes y Antonio Sánchez Ancira, que atienden el mayor número de casos, de los más difíciles e ilustrativos de lo que aconteció en la bolsa Es tal la fuerza que ha adquirido ese despacho, que tanto autoridades como casa de bolsa parecen haber encontrado la horma de sus zapatos Por lo tanto, la comisión Nacional de Valores ya designó un grupo especial de abogados para atender exclusivamente los casos que presenten Fentanes y Sánchez Ancira Ya tuvieron una entrevista la semana pasada; los del grupo especial externaron sorpresa, alarma y preocupación ante los documentos, pruebas y datos que aquellos les mostraron, según dijo a proceso el abogado Sánchez Ancira
El reportero tuvo acceso a una parte de los expedientes con que a diario se trabaja en ese despacho, y pudo conocer con detalle, con casos y nombres completos, cómo las casa de bolsa disfrazaron operaciones bancarias —que la ley les prohibe— en operaciones bursátiles; cómo se coludieron en bancos para especular con dinero público, y cómo inventaron empresas para disimular créditos y crear deudores; engañaron a sus promotores para que éstos, a su vez, engañaran al público; ocultaran información a inversionistas y también a autoridades los alegatos jurídicos; alentaron a sus funcionarios para defraudar a la clientela; defraudaron al fisco; se quedaban con los dólares repatriados y los transferían a sus cuentas en el exterior; se burlaron y/o hicieron caso omiso de la legislación bursátil; investigan a sus clientes problemáticos en casi todos sus movimientos, en sus finanzas, en sus bienes, para luego atemorizarlos entre otros muchos ilícitos
El despacho Fentanes encontró una sencilla fórmula para descubrir la verdadera naturaleza de muchas operaciones: comprar los estados mensuales de cuenta de los inversionistas a quienes encajaron operaciones a plazo con los estados de cuenta de aquellos otros que se supone, fueron conservados por la casa de bolsa en el más absoluto anonimato
Sin embargo, ahora que tiene en sus manos la lista de los rentistas de varias casas de bolsa, el despacho Fentanes afirma, sin temor a equívocos, que quienes “prestaron” no tenían las acciones que los otros compraron; es decir, que se trató de préstamos directos de dinero entre personas físicas, atribución exclusiva de los bancos En una palabra: las casas de bolsa realizaban operaciones bancarias disfrazadas y, de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, si los hechos denunciados por varios abogados e inversionistas fueran efectivamente atendidos por las autoridades, habría razones suficientes para cancelar el registro a las casas de bolsa que incurrieran en tal ilícito
Un ejemplo que ilustra claramente lo anterior es el caso del inversionista Francisco Covarrubias, inició su inversión en Operadora de Bolsa con un millón de dólares; hasta antes del crac su cartera sumaba ya casi 6,000 millones de pesos Para que “ganara más”, el encargado de su cuenta, el asesor Reynaldo Teffel —que por cierto fue detenido y luego dejado en libertad— le sugirió que trabajara con créditos de margen y operaciones a plazo y le hizo firmar contratos en blanco Cuando empezó el crac, que se inicia el 7 de octubre y llega al clímax el 19 del mismo mes Covarrubias da indicaciones de que se vendiera su cartera y se liquidaran anticipadamente los plazos Nunca le hicieron caso Operadora argüía que no lo podía hacer porque no había compradores Después se comprobó que si los había y que, inclusive, la propia Operadora había hecho compras masivas
Atrapado mientras la bolsa se desplomaba vertiginosamente Covarrubias mismo se dispuso a investigar quienes le habían “prestado” para los créditos de margen y operaciones a plazo La ley dice que sólo los bancos pueden financiar ese tipo de operaciones, pero él se encontró con la sorpresa de que sus rentistas eran personas físicas y morales También las investigó En los registros de Operadora de Bolsa aparece una empresa denominada Consejo de Servicios Empresariales SA prestándole a varios clientes un total de 60,000 millones de pesos Lo curioso es que esa empresa se había formado en abril de 1987 con un millón de pesos de capital social y cuyos socios o accionistas habían declarado para efectos de impuestos ingresos por dos millones de pesos durante todo el año Más aún, tal empresa multimillonaria estaba constituida en un humilde despachito de dos piezas un teléfono y una sola empleada
Covarrubias siguió investigando Se encontró con que un ejecutivo de Operadora de Bolsa, Claudio Castro Villagana Zapata, también era acreedor suyo, por más de 700 millones de pesos Curiosamente, esa persona había declarado al fisco, el año anterior, ingresos anuales por sólo 40 millones de pesos, provenientes de su único trabajo, en esa casa de bolsa Otro de sus acreedores, por 400 millones de pesos, era María del Carmen Leonard o Mora , media hermana de José Luis Gavez Mora, director de Promoción de Operadora Resultó que aquélla solamente prestaba el nombre y éste, quien realmente daba el dinero Pero en los registros de Operadora, María del Carmen aparecía no sólo como prestamista, sino también como receptora de préstamos de Consejo de Servicios Empresariales, citada arriba
Covarrubias se metió a fondo Descubrió que los contratos, que le hicieron firmar en blanco, eran alterados en la casa de bolsa: le inventaban cantidades, fechas de suscripción y de vencimiento, tipo de documentos que negociaban y garantías que se señalaban
Posteriormente, los abogados de Covarrubias, Cesar Fentanes Méndez y Antonio Sánchez Ancira, se entrevistaron con Eduardo Legorreta, el dueño de Operadora, y le hicieron saber las irregularidades y delitos cometidos en el manejo de la cuenta de aquél Legorreta ni se inmutó Dijo que el problema de los prestamistas era sólo de ellos y que si alguno de sus empleados había cometido algún delito” Pues que se vaya a la cárcel” Fentanes replicó : “No es tan sencillo el asunto, señor Legorreta; sus empleados cometieron ilícitos, pero el producto de ellos fue para usted; entonces el que se va a la cárcel es usted y no el empleado” Acto seguido, el abogado mostró las pruebas periciales que demostraban la alteración de contratos y falsificación de firmas Aquí tampoco se inmutó Legorreta y delante de Fentanes y Sánchez Ancira, espetó: “Licenciado (dirigiéndose al director jurídico de Operadora, Gerardo González osas), mañana mismo compre dos peritajes que digan lo contrario”
Así lo contó a Proceso el propio Cesar Fentanes, quien en esa ocasión le replicó a Legorreta: “Compre los peritajes que quiera, señor: sólo va a gastar su dinero porque no va a desvirtuar hechos que están probados”
Con el caso de Covarrubias, los abogados Fentanes y Sánchez Ancira han demostrado que los rentistas, los prestamistas, no eran realmente inversionistas, sino que el dinero que se manejaba en los créditos de margen y las operaciones a plazo era de la propia casa de bolsa, la cual simulaba que ese dinero provenía de gente ajena a la empresa con el único fin de encuadrar esas operaciones dentro de los términos de la ley Sin embargo, la propia Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, la Ley del Mercado de Valores y el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, prohiben que las casa de bolsa capten recursos del público para prestárselos a sus clientes La única operación legal que puede existir, en el caso de márgenes y plazos, es cuando el financiamiento se obtiene directamente de los bancos
Lo más que podía recibir Operadora de Bolsa del sistema bancario —en función de su capital contable, dice la ley— eran 4,000 millones de pesos Sin embargo, se dio el lujo —por poner un ejemplo— de prestarle al industrial Isaac Saba Raffoul más de 20,000 millones de pesos, vía Consejo de Servicios Empresariales Dice Fentanes:” O la casa de bolsa se extralimitó o los bancos irresponsablemente le autorizaron créditos a los que no tenía derecho” Y muestra al reportero documentos en los que se prueban que indebidamente Banca Cremi y otros bancos les prestaron a Operadora casi 20,000 millones de pesos, cuando de todo el sistema bancario sólo podía recibir 4,000 millones
De cualquier manera, existiera o no el rentista, fuera o no dinero de la propia casa de bolsa, el caso es que —dice Fentanes— las operaciones a plazo y créditos de margen se utilizaron para inventarles un pasivo a los clientes que ya traían una cartera importante y a los cuales había que impedir salieran del mercado e hicieran efectiva su ganancia De esa forma, de acreedores que eran de la casa se convirtieron en deudores y perdieron el control y dominio de sus carteras; nunca pudieron disponer de sus acciones en el momento en que se encontraban en su punto máximo de rendimiento y de valor, mientras que la casa de bolsa —depositaria de las acciones dadas en garantía— en forma arbitraria ordenaba la venta cuando más le convenía, es decir, cuando estaban en el punto más bajo El resultado obvio es que el cliente perdía toda su inversión y, además, aparecía como deudor, por aquellas cantidades que no llegaban a cubrirse con la venta, aprecios ínfimos, de las acciones
Casos como el de Covarrubias, dice Fentanes, aportan elementos para atacar jurídicamente con mayor fuerza, más allá del alegato mercantil: se esté en presencia de fraude, de engaño, simulación, inducción a error, sostenimiento de error para obtener un lucro, depositaría infiel, violación de procedimientos, defraudación fiscal, encubrimiento y muchos más delitos de diversa índole