La Corte, víctima del desbordado presidencialismo: Burgoa

La Corte, víctima del desbordado presidencialismo: Burgoa
El cese de Polo Bernal y la designación de Adato, afrentosos: 20 juristas
Ignacio Ramírez
En el gobierno de la renovación moral, el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cayó en la inmoralidad con la destitución anticonstitucional del juez Efraín Polo Bernal y el nombramiento de la exprocuradora Victoria Adato como ministra de ese órgano judicial, actos que desprestigian y ponen en entredicho a la institución
Para el jurista Ignacio Burgoa, la Corte está siendo víctima también ya del desbordado presidencialismo “Y el desbordado presidencialismo es un paso inmediato anterior a la entronización de la dictadura”
Desde 1824, año en que se fundó, la SCJN había gozado del respeto público, hasta que en épocas recientes empezó a declinar su imagen Según Burgoa, la historia del tribunal, baluarte de las instituciones jurídicas y valladar en contra de los atropellos de la autoridad, ha quedado manchada con los casos de Polo Bernal y Adato
Sorpresa e indignación causaron estos dos últimos casos entre 20 catedráticos y maestros eméritos universitarios quienes, en una declaración conjunta entregada a Proceso, subrayan: “Uno de los postulados del licenciado De la Madrid ha sido el de la renovación moral En estos momentos de crisis económica y de catástrofes, en que la confianza en las autoridades es casi nula, se incurre en uno de los viejos vicios del sistema: premiar a los ineficientes y a los deshonestos que el propio gobierno ha desechado”
Añaden:
“Sin prejuzgar sobre las calidades personales y académicas de la señora Adato, es obvio que se le cambió de su puesto por falta de aptitud y de confianza Por ello, la sorpresa y la indignación de que se la envíe ahora al Máximo Tribunal de la Nación, con lo cual la deteriorada imagen de la Suprema Corte recibe otro golpe —recuérdese la afrentosa destitución del Juez Efraín Polo Bernal— colocando además a sus jueces en el entredicho de tener que adscribir, en violación del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a uno de los miembros de la Sala Civil a la Sala Laboral, para poder dar acomodo, en aquélla, a la exprocuradora quien, por cierto, se ha especializado en cuestiones penales”
Firman el documento, con fecha 15 de enero, los doctores en derecho: Raúl Cervantes Ahumada, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, director del Seminario de Derecho Mercantil y autor de los libros Títulos de operaciones de crédito y Derecho del mar; Eduardo García Máynez, distinguido filósofo del derecho, maestro emérito de la universidad y autor de varios libros, entre ellos Introducción al estudio del Derecho y Diálogos sobre la justicia; Raúl Carrancá y Rivas, director del seminario de Derecho Penal y autor del libro Código penal comentado; Antonio Gómez Robledo, internacionalista, autor de Meditación sobre la justicia; Guillermo F Margadant, profesor de derecho romano y autor del libro Historia del Derecho, e Ignacio Burgoa Orihuela, catedrático desde hace 40 años y autor de El Estado, El amparo en materia agraria y Derecho Constitucional mexicano
También firman los licenciados Jorge Barrera Graf, que desempeña el cargo de Defensor Universitario en la UNAM y autor del libro Derecho Mercantil; José de Jesús Monroy, civilista, con más de 25 años de catedrático universitario; Jorge Sánchez Cordero, también maestro emérito de la universidad, así como los doctores David Rangel Medina, Yolanda Frías, Juan Luis González Alcántara y José Barragán Barragán y los licenciados Jorge Sánchez Cordero Dávila, Yolanda Higareda Loyden, Arturo Díaz Bravo, Pedro Alfonso Labariega V, Héctor Santos Azuela, Rodolfo Cruz Miramontes y Víctor Carlos García Moreno
En su declaración, los juristas reiteran que la señora Adato fue removida tras de una serie de actos que demostraron ineptitud e irresponsabilidad “Para no señalar sino los más notorios, conviene recordar el fracaso en las investigaciones tendientes a aclarar el asesinato del periodista Manuel Buendía, así como los procedimientos de tortura empleados en la dependencia a su cargo y que salieron a la luz pública, de manera irrefutable, con motivo del sismo del pasado mes de septiembre”
Enfrentada a estos últimos acontecimientos, agrega el escrito, la licenciada Adato tuvo el atrevimiento de declarar durante un desayuno con los diputados de la Comisión Legislativa de Justicia, entre otros infundios, que “no hubo orden de aprehensión contra los colombianos” que perecieron bajo los escombros de la dependencia a su cargo, pero que “la norma fundamental no fue violada”, que “Hubo denuncias de personas dignas de fe que fueron a la institución a poner en conocimiento de las autoridades los hechos de que fueron víctimas por esos señores y la investigación se abrió justamente por esas denuncias” Con ello, dicen los firmantes, la licenciada Adato manifestó que antepone sus criterios personales a la Constitución, la cual concede, de manera irrestricta, las garantías individuales a toda persona que se encuentre en el territorio nacional
“Todos estos hechos y los constantes ataques de que fue objeto en la prensa, motivaron, aparentemente, que la licenciada Adato presentara su renuncia y que ésta fuera aceptada El Presidente de la República, abogado y antiguo profesor de Derecho Constitucional la designó, entonces, para ocupar el cargo de ministra de la Corte”, concluyen
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Con sus 21 ministros numerarios y otros cinco supernumerarios, bajo la presidencia de Jorge Iñárritu, nunca en la historia del Poder Judicial Federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación había violado la Constitución como lo hizo en el caso específico del juez Polo Bernal, dice el doctor Ignacio Burgoa
Del presidente de la SCJN, hay una definición de su propio amigo Burgoa: “Egresó una generación antes que la mía —1934-38—, fue funcionario de la Dirección del Semanario Judicial de la Federación y Secretario General de Acuerdos de la Corte Siempre se manejó como un hombre probo e inteligente Pero ya como presidente ha dejado mucho que desear Tal vez por el cargo, que es más político que jurídico Y es ahí donde se ha manejado con mucha política y poca aplicación del derecho”
La Corte carece absolutamente de competencia para destituir a jueces de Distrito y a magistrados de Circuito Ni la Constitución, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos le otorgan, por modo alguno, competencia para ello En consecuencia, la destitución que decretó en contra del juez Polo Bernal es nula, porque viola el orden jurídico, El caso, además, era competencia del Congreso de la Unión, por lo que la Corte usurpó también sus funciones
“Esta situación es sumamente lamentable y alarmante —afirma Burgoa— y provoca recelo del pueblo mexicano hacia el tribunal supremo del país Porque la SCJN tiene como función esencial ser la intérprete de la Constitución y ser el órgano del Estado que vela por el mantenimiento del orden jurídico del país Y si es la Corte la que viola ese orden jurídico y actúa al margen de la Constitución, la confianza que se debe tener en ellas se ha deteriorado mucho Creo que la única manera en que la institución puede reivindicar su prestigio ante la nación es revocando la destitución de Polo Bernal, para así restaurar el imperio del derecho que la Corte desafortunadamente infringió”
Y añade:
“Qué lejos están los tiempos en que la Corte estuvo integrada por eminentes juristas, patriotas, esclarecidos, justos y honrados” Entre otros recuerda a los siguientes presidentes de ese alto tribunal que hicieron honor a su investidura: don Benito Juárez, don Salvador Urbina, don Francisco Modesto Ramírez, don Daniel B Valencia, don José María Ortiz Tirado y el eminente constituyente de Querétaro, don Hilario Medina; a los secretarios, don Mario de la Cueva y Manuel Gual Vidal, y a los grandes ministros como don Ignacio L Vallarta, don José María Iglesias, don Ignacio Manuel Altamirano, don Ignacio Ramírez, don Teófilo Leyva, don Gabriel García Rojas, don Juan José González Bustamante, don Francisco H Ruiz, don Luis G Corona, don Luis Chico Guerne y don Fernando de la Fuente, quien fuera consejero jurídico de Venustiano Carranza “Hombres de intachable conducta y de inmaculada honestidad que, a través de su más centenaria historia, construyeron el derecho de México mediante sabias interpretaciones de la Constitución y de nuestras leyes Hombres que guiaron al Poder Judicial Federal por los senderos de la dignidad, de la independencia y del respeto frente a los otros dos poderes del Estado
“Hoy parecen borregos” comenta Burgoa, quien observa que lamentablemente —”y esto no es sólo una opinión mía sino una opinión generalizada en el foro”— el elemento humano de la Suprema Corte de Justicia ha venido a menos “Ha habido una especie de entrega al Ejecutivo Federal”
No sin antes manifestar que ya no hay ministros de la talla de los de hace 20 años, el entrevistado refiere: “Mire usted, el hecho, por ejemplo, de que los ministros de la Corte, como tales, no como amigos del Presidente, vayan a felicitarlo por el Informe cada 1o de septiembre o con motivo del Año Nuevo y vayan como si fueran tribunal en pleno, eso es una demostración de la subordinación de la Suprema Corte, de los ministros al Presidente La Corte está siendo víctima también ya del desbordado presidencialismo Y el desbordado presidencialismo es un paso inmediato anterior a la entronización de la dictadura”
Burgoa expresa la sorpresa que le causaron las fotografía publicadas en los medios de información, cuando el presidente Miguel de la Madrid visitó la Corte el año pasado En aquella ocasión el primer mandatario fue recibido en la calle por algunos ministros togados —”no todos, porque también los hay dignos y justos”—, cuando debieron haberlo esperado en el salón de plenos del tribunal “Eso habla muy mal de los ministros de la Corte y mancha la limpieza que este alto tribunal ha tenido en toda la historia de México”
“Yo creo que la Corte debe depurarse, que los ministros deben enmendar sus pasos, comportarse con dignidad, con valor civil, no ser tan presidencialistas y no considerar al Presidente de la República como un superministro de la Corte, que muchas veces es posible que dé consignas Todo esto es una merma y una afrenta a nuestras instituciones Yo hago una exhortación a los actuales señores ministros para que recapaciten acerca de las actitudes un tanto cuanto bochornosas que han asumido frente al Ejecutivo Federal”
La Corte empieza a declinar, cosa curiosa, a partir de los presidentes civiles De aquella pléyade de hombres ilustres que la integraron sólo queda el recuerdo En últimas épocas se ha llegado, inclusive, hasta la ignominia
El jueves 2 de abril de 1981, el entonces director de Policía y Tránsito, el tristemente célebre Arturo Durazo Moreno, fue investido con la toga y el birrete, con su correspondiente “Medalla al Mérito” de la Legión de Honor Nacional, nada menos que por el doctor Alfonso Guzmán Neyra, quien durante quince años había sido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por el licenciado Salvador Martínez Rojas, en aquella época presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Nación y luego magistrado de la Corte
Según el propio Guzmán Neyra, los integrantes de la Legión hicieron público reconocimiento a la labor del “general” Durazo, entre otras razones, por haber creado la Escuela de Policía, “con lo que el cuerpo policiaco se nutriría ya no de borrachos y malvivientes, sino de personas capacitadas”, dijo en octubre de 1983
Martínez Rojas, el otro personaje que flanqueó a Durazo en esa ocasión, declaró a fines de enero de 1984 que la Legión había admitido a Durazo como miembro honorario “por la seguridad que dio a la ciudadanía” En 1960, siendo juez décimo quinto de la V Corte Penal, Martínez Rojas dictó auto de formal prisión contra Siqueiros, acusado de disolución social, y dos años después condenó también al periodista Filomeno Mata Alatorre a ocho años de prisión
A propósito de ellos, otro presidente de la SCJN, Mario G Rebolledo, fue quien durante su gestión como juez llevó a prisión a otro luchador social, Valentín Campa, en marzo de 1959, acusado de disolución social Estando en la Corte, fue el primero en ir a felicitar a José López Portillo por el decreto de expropiación bancaria, prejuzgando la constitucionalidad del documento, en otro acto de entreguismo
Diversos son los factores que derivan en este fenómeno, como pudieran ser el amiguismo o el favoritismo Pero hay otro: el sueldo que perciben los ministros de la Corte; entre más aumenta, más supeditación hay hacia el Ejecutivo “Un ministro gana más de un millón de pesos al mes —acota Burgoa—, un magistrado de circuito debe ganar 750,000 pesos y un juez de Distrito alrededor de 600,000 Por eso, una actitud de gratitud los hace ser condescendientes, pero la función del juez está reñida con la condescendencia”
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Desde hace tiempo, en el campo de la teoría, surgió la discusión de si el Poder Judicial Federal es en realidad un poder o si es simplemente un departamento del Ejecutivo
En su libro Derecho Constitucional mexicano, el maestro Felipe Tena Ramírez apunta que esa discusión es solamente de orden teórico, que no tiene interés siquiera para el legislador constituyente “Este debe preocuparse, en efecto, por salvar la independencia del órgano judicial y por dotarlo de las atribuciones necesarias para que administre cumplidamente la justicia y mantenga, en una organización del tipo de la nuestra, el equilibrio de los demás Poderes Tales objetivos pueden alcanzarse sin decidirse teóricamente por ninguna tesis”
Y relata esta breve historia respecto a la designación de los ministros de la Corte:
En la constitución del 57, el nombramiento de los ministros se hacía mediante elección indirecta en primer grado y cada uno de ellos duraba en su encargo seis años Como consecuencia de la oposición que se manifestó en contra de cualquiera intervención del Ejecutivo en los nombramientos de los ministros, se suprimió la parte del artículo 96 constitucional que permitía dicha intervención; en cambio, el artículo 92 consagró la inamovilidad de los ministros, magistrados de Circuito y jueces de Distrito, a partir de 1923
Las reformas de 1928 respetaron la inamovilidad, pero modificaron el artículo 96, al encomendar al Presidente de la República, con aprobación del Senado, el nombramiento de los ministros de la Corte En 1934 una nueva reforma suprimió la inamovilidad al señalar seis años de duración en sus encargos a los funcionarios judiciales “Como dicho lapso coincide con el del Presidente de la República, quien al iniciar su período designa a los ministros con aprobación del Senado, debemos estimar que el sistema implantado en 34 es el peor de todos los sistemas censurados, pues convierte en simples agentes del Ejecutivo a los ministros de la Suprema Corte”
Otra reforma iniciada en 1941 y promulgada en 44, restableció la inamovilidad judicial, regresando así al sistema de 1928 “La inamovilidad presupone una buena designación, porque sin ésta, aquélla es un desastre; de aquí que estas dos condiciones para una recta administración de justicia deben estar siempre juntas Por serle favorable, el Ejecutivo se preocupó y tiene buen cuidado de conservar la facultad de designar a los ministros de la Corte” (En 1951 el principio de la inamovilidad fue derogado para los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Federal)
El martes 14 de enero, al término de la sesión secreta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidente, Jorge Iñárritu, negó que haya una vinculación entre el ministro y el Presidente que lo nombra “Lo importante es la calidad —dijo—, el acierto en el nombramiento y en el sistema aplicado ahora, en que intervienen dos poderes, el Ejecutivo, que hace la proposición, y el Legislativo, que aprueba o no, de acuerdo con sus facultades constitucionales Hasta el momento considero que es el mejor sistema, no encuentro otro mejor”
Sin embargo, no todos están de acuerdo con él Por ejemplo, el doctor Raúl Cervantes Ahumada —”La SCJN es una dependencia del Ejecutivo”— está en contra de la designación de los ministros de la Corte por el Presidente de la República, nombramientos que, como se apuntó, son aprobados luego por el Senado, porque pregunta: “¿Quién nos asegura que no se equivoca?” Y el mismo se responde: “Ahí está el caso de Victoria Adato”