Ganó otra vez la inflación y no se hallan salidas
Desesperado, el gobierno sólo atina a subir impuestos
Carlos Acosta Córdova
Perdida otra batalla gubernamental contra la inflación —la tasa de 1985 llegó finalmente a 63 7%, es decir, 287 puntos porcentuales arriba de lo pronosticado y 45 puntos superiores a la tasa de 1984—, las autoridades optaron para este año por pasarle a la población el costo de ella y hacerle pagar los errores oficiales La vía: modificaciones fiscales que merman aún más los castigados ingresos de la ciudadanía
Hay en la política fiscal para 1986 acciones que denotan la desesperación del gobierno por hacerse de ingresos “sanos”: aumentos y ocultamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (grava productos y servicios como gasolina, teléfono, tabacos y bebidas alcohólicas); cargas adicionales al Impuesto sobre la Renta de las personas de medianos y altos ingresos: inclusión del Impuesto al valor Agregado al precio final que paga el consumidor; aumento de las tasas en el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y en el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; alza de todos los derechos (son contribuciones que establece la Ley Federal de Derechos “tanto por servicios que presta el Estado, como por el uso o aprovechamiento de bienes en el dominio público de la nación”); se establecen nuevos derechos; se crea la “contribución de mejoras”, pago que deben hacer las personas físicas que se benefician directamente de una obra pública; se incrementan las multas y recargos a los infractores; se persiste en el combate a la evasión y elusión fiscales, ahora con una nueva modalidad: máquinas registradoras de comprobación fiscal por establecerse en las negociaciones y con control directo de la Secretaría de Hacienda y, por último, se abre la posibilidad de que a partir de este año paguen impuestos hasta los subempleados: maleteros, músicos y trovadores ambulantes, voceadores, billeteros y fotógrafos ambulantes; pero también, los introductores de ganado, aves y mariscos, agentes de Pronósticos para la Asistencia Pública, comisionistas en ganaderías y pieles en crudo, tortilleros y taxistas
La maniobra fiscal del gobierno es clara: sin aumentar los impuestos clave del sistema tributario —Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado— pretende obtener más ingresos gracias al aumento generalizado en derechos y productos La meta del gobierno federal para 1986 es obtener ingresos por 14 billones 100,793 millones de pesos, es decir, 775% más que el año pasado De ese monto, el 578% se obtendrá por el cobro de impuestos (Renta, Valor Agregado, Producción y Servicios, Erogaciones, Importación, Exportación, Adquisición de Inmuebles, Automóviles Nuevos, Tenencias y otros); el 401% provendrá del cobro de derechos y el 21% restante, de otras percepciones directas
Si bien el Impuesto sobre la Renta (que grava directamente el ingreso de las personas) y el IVA bajarán en términos porcentuales respecto al ingreso total —de 236% en 85 a 202% en 86 y de 183% a 166% respectivamente—, el incremento en los ingresos tributarios será posible, básicamente, por el aumento en el Impuesto Especial de Producción y Servicios y en el cobro de derechos
Los incrementos en el IEPS para los distintos productos será como sigue: en gasolina pasa de 110% en 85 a 122% a partir del primero de febrero próximo; en teléfonos sube de 491% el año pasado a 60% en este; en vinos de mesa, de 15% a 19%; en cerveza, de 215% a 25%; en otras bebidas alcohólicas (aguardientes, alcohol simple, concentrados), de 40% a 50% y en cigarros, de 139% a 180% Los aumentos en este impuesto, obviamente, se traducirán en aumentos de precios para esos productos
EL DISFRAZ, NUEVO METODO
El IEPS, como el IVA, están ocultos en el precio final, de tal forma que el consumidor no se da cuenta, bien a bien, de cuánto paga de impuesto y cuánto de precio real del producto
Basten unos ejemplos:
Actualmente el precio de un litro de gasolina nova es de 85 pesos al consumidor De esa cantidad, 1108 pesos corresponden al IVA, 3872 al IEPS y el resto, 3520 pesos, es el precio neto Es decir, al precio neto se le agregó el 110% de IEPS, y la suma de ambos, 15% más de IVA
A partir del 1o de febrero de este año, con el aumento del IEPS al 122% y el aumento al derecho de hidrocarburos, el litro de gasolina estará costando casi 94 pesos
El caso del teléfono Suponiendo un gasto de 100 pesos, la estructura del precio sería la siguiente: por renta del servicio, 100 pesos, más 491 pesos (491%) de IEPS; a esa suma se le agrega 2236 pesos por concepto de IVA (15%), y da un total de 17146 pesos
Con el aumento a 60% en el IEPS, para este año, la estructura es como sigue: 100 pesos de renta, 60 pesos más por IEPS (60%); a esa suma se le carga el 15% de IVA, es decir, 24 pesos más, para dar un total de 184 pesos
El aumento en el cobro de derechos se traducirá en incrementos de precios y tarifas en los siguientes rubros: correos, telégrafos, uso de aeropuertos, suministro de agua, uso de puertos (atraque, muelle y desembarque), servicio de telecomunicaciones (vía satélite, microondas, electrónica), servicio de cinematografía, registro de máquinas de comprobación fiscal, servicios de trámite diversos para aprovechamiento de aguas federales y servicios de riego, uso de carreteras y puentes federales de cuota, entre otras
En la estructura porcentual de los ingresos oficiales, los mayores incrementos se dan precisamente en el rubro de Derechos (por hidrocarburos y los señalados arriba) y el Impuesto sobre Producción y Servicios Respectivamente, pasarán de 369% en 85 a 401% en 86, y de 135% a 147%
Aunque las metas no sólo son para la recaudación fiscal sino para todo el presupuesto de ingresos ya fueron aprobados por los legisladores, la Secretaría de Hacienda anunció la semana pasada que el gobierno aplicará nuevos ajustes a esas metas —sobre todo en precios y tarifas del sector público— si la inestabilidad del mercado internacional del petróleo y el poco crecimiento de nuestra economía previstos para el año complican las expectativas
EN LA DESESPERACION
Para el doctor Eduardo Johnson Okhuysen, especialista en política fiscal y finanzas públicas, director del consejo académico del Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, el gobierno se halla en completa desesperación por allegarse recursos que le permitan financiar su gasto Prueba de ello es que ya no se sabe qué y cómo cobrale a los contribuyentes Por eso inventa conceptos (como el de contribución de mejoras), crea nuevos derechos (como el cobro por estacionamiento y por demoliciones), grava a quienes no tienen ingresos mínimos ni seguro, oculta y aumenta impuestos en detrimento de la transparencia fiscal y con efecto en el precio final de los productos y servicios de consumo generalizado
Y lo peor de todo, dice Johnson Okhuysen, es que está siguiendo una tendencia autoritaria, poco sutil Es decir, si ante aumentos desproporcionados en algunos impuestos, las personas —físicas o morales— tienen derecho de defensa legal (como el amparo, por ejemplo), el gobierno ha optado por hacerse de más recursos por incrementar el ingreso de productos y derechos O sea, ante las alzas arbitrarias en gasolina, teléfono, electricidad y otros, el ciudadano nada puede hacer, tiene que aceptar lo que se le impone
En el corto plazo, considera el especialista, habrá problemas serios de orden social: cada vez se está asfixiando más al contribuyente y más aún con medidas como las de los incrementos mensuales en productos y servicios de consumo básico Se le está cargando la inflación al ciudadano, mientras que sus ingresos pierden día con día poder de compra
Eduardo Johnson es autor de varios libros sobre temas fiscales, entre ellos, Equilibrio entre presión fiscal y justicia social, Impuesto sobre la renta de las personas físicas, El contrasentido de los impuestos Es también consejero de la Barra Mexicana de Abogados y miembro del Ateneo Nacional
Critica el entrevistado que en su desesperación por obtener ingresos el gobierno opte por castigar más a la población en lugar de hacer cambios efectivos en la conducción económica La introducción, este año, del concepto “contribución de mejoras” —dice— es una de las manifestaciones más claras de la desesperación oficial y de su vocación antipopular
La contribución de mejoras será un pago que deberán hacer —según las disposiciones de Hacienda— quienes se beneficien directamente de obras de infraestructura hidráulica realizadas por el gobierno O sea, el ciudadano, además de financiar esas obras, deberá pagar por hacer uso de las mismas, independientemente de la cuota por servicios de agua que está obligado a cubrir
Aclara Johnson que el Código Fiscal deja abierta la posibilidad de que esa “contribución de mejoras” puede cargarse a conceptos distintos al del agua, como bien pudiera ser, construcción de carreteras, escuelas, unidades habitacionales y otros
En su opinión, la política fiscal en la presente administración, además de caduca está mal estructurada y peor ejecutada Prueba de ello es que cada año le hacen múltiples modificaciones a la legislación “Estoy de acuerdo en que el estado necesita dinero y que el contribuyente debe cooperar, pero no es posible que haya tanta indefinición, tan poca claridad en esa materia En tres años, el código fiscal lleva más de 300 cambios; el impuesto sobre la renta, de 1981 a la fecha ha sufrido más de 700 cambios; el de Producción y Servicios ya no es el mismo que se concebía al iniciarse este gobierno; la ley federal de derechos cambia cada año, se le incluyen e inventan nuevas cosas; al IVA se le inventan virtudes que al año siguiente ya son defectos
Los continuos cambios, en la razón del gobierno, son una adecuación de los instrumentos fiscales a las nuevas realidades del país; según dijo, el martes pasado, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Prieto Fortún Sin embargo, dice Johnson, el caso es que todos los años la realidad le gana a la política fiscal del gobierno: no se alcanzan las metas de recaudación, no contribuye al cambio estructural, desalienta la inversión productiva y fracasa en su enfática, pero sólo verbal, lucha contra la evasión
Respecto a este último punto, el especialista comenta que es cierto que esta administración ha hablado mucho de abatir la evasión y la elusión fiscales Sin embargo, el balance de tres años es negativo: hay más ahora que en el sexenio pasado porque cuanto más alto son los impuestos más alta es la defraudación Pura lógica: a nadie le gusta que le quiten un alto porcentaje de sus ingresos Un médicos, por ejemplo, que gane al año 10 millones de pesos nunca va a dejar que le quiten el 55% de esa cantidad por concepto de Impuesto sobre la Renta; un industrial tampoco Los comerciantes evaden como se les viene en gana En general, quienes perciben ingresos medios y altos son quienes más evaden Y los controladores utilizados hasta ahora han fracasado, dice Johnson
Y como las sanciones son muy severas, los evasores buscan formas “profesionales”, aprovechan las lagunas legislativas para evadir y eludir al fisco El que evade más de medio millón de pesos en un año tiene pena de tres a nueve años de prisión, sin posibilidad de fianza Sin embargo no hay casos, o son muy contados, en los que se aplica esta sanción De cada mil multas, por otra parte, sólo una se va a la vía penal Y es que los que evaden lo saben hacer bien Además de que el gobierno promueve indirectamente la evasión: si no hubiera, no tendría posibilidad de seguir siendo corrupto e ineficiente él mismo Porque el ciudadano se haría de otra mentalidad, vigilaría el empleo correcto, honesto y eficiente de sus impuestos
Finalmente, Johnson Okhuysen es pesimista: mientras no se modifique la conducción de la economía, mientras no se corrijan los presupuestos de egresos y de ingresos, el gobierno nunca podrá cubrir sus gastos, por más que golpee los bolsillos y el estómago de los ciudadanos Es más, aun si pagáramos los intereses de la deuda externa, el gobierno sería incapaz de generar recursos sanamente para financiar sus gasto Los funcionarios lo saben Por eso su desesperación actual
 |
 |
 |
 |
 |
