LA EXPROPIACION DE PREDIOS, ELOGIADA, DEBE TENER ELEMENTOS PARA QUE FRUCTIFIQUE; EL PAN LA IMPUGNA
Raúl Monge y Gerardo Galarza
En lo que fue interpretado como el principio de lo que debería ser una reforma urbana a fondo, el presidente Miguel de la Madrid decretó el viernes 11 la expropiación de 5,500 bienes inmuebles en las zonas más dañadas por el sismo en el Distrito Federal Se trata, de hecho, de la medida más radical adoptada por su gobierno
El decreto expropiatorio, visto con esperanza pero también con cautela, va más allá en sus objetivos que el simple propósito de resolver el problema de vivienda de los damnificados por los temblores del mes pasado y establece la pretensión de regenerar urbanísticamente al Distrito Federal
A pesar de que tanto el regente Ramón Aguirre como algunos miembros del gabinete —Carlos Salinas de Gortari y Guillermo Carrillo Arena, entre otros— habían mencionado la posibilidad de recurrir a la expropiación, resultó sorpresivo el anuncio hecho por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, simultáneo a la publicación del decreto en el Diario Oficial que, por cierto, ese día fue puesto en circulación al filo de la una de la tarde
La expropiación de las partes afectadas por el sismo fue bandera de varios partidos de oposición, pocos días después del siniestro De igual manera lo fue la posibilidad de emprender, a raíz de esto, una reforma urbana que revirtiera el proceso de crecimiento desordenado de la ciudad de México
Sin mencionar la expresión “reforma urbana”, el decreto de Miguel de la Madrid sí establece como objetivo inmediato “acelerar la regeneración urbana del Distrito Federal, con objeto de reducir las graves deficiencias que presenta la ciudad de México en cuanto a infraestructura básica, servicios, vivienda digna y adecuada, en los términos que señala el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”
El decreto aparece firmado, además de por el presidente de la Madrid, por los secretarios de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, y de Desarrollo Urbano y Ecología, Guillermo Carrillo Arena
Las zonas expropiadas se ubican dentro de las delegaciones Gustavo A Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez En total, son 250 hectáreas las que expropió el gobierno, en beneficio de 180,000 habitantes de las áreas afectadas
Los colonos de estos sitios tienen sus empleos —dice el documento de 117 hojas—, o modestas fuentes de vida en esas áreas, en las cuales han arraigado y se identifican en determinados barrios o colonias, hasta el punto de hacer inconveniente su reubicación en otras zonas “Por este motivo, las viviendas dañadas deberán ser sustituidas por edificaciones que garanticen la seguridad de sus habitantes”
El DDF indemnizará a los propietarios de los bienes inmuebles expropiados en un término de diez años y dentro de las posibilidades del erario
Al dar a conocer esta medida, Aguirre Velázquez precisó que de inmediato se pondrán en marcha programas de reparación, mejoramiento, autoconstrucción y vivienda nueva También, añadió, se abrirán bodegas de materiales de construcción que venderán a precios justos y se abrirán líneas de crédito a plazo e interés adecuados
Luego que se conoció el decreto expropiatorio, dirigentes y representantes de partidos políticos nacionales, organizaciones sindicales y de damnificados y vecinos consideraron —en su mayoría y con diversos matices— que la decisión presidencial fue “correcta”, “adecuada”, “positiva”, “trascendente” y hasta “histórica” Pero en muchos casos hubo cautela y se consideró que la medida por sí sola no resuelve el problema de vivienda y que es necesario complementarla
Sólo el Partido Acción Nacional (PAN) se manifestó totalmente en contra El diputado Jesús González Schmall, coordinador de la fracción parlamentaria panista, la calificó como medida “arbitraria e ilógica” Cuestionó el que el Presidente imponga “en forma despótica” una decisión de este tipo a la Comisión Metropolitana de Emergencia
González Schmall dijo que esta medida no beneficiará ni a los inquilinos damnificados “Ni siquiera les garantiza la obtención de la vivienda, sólo les concede derecho de preferencia Y a los propietarios no se les precisa en qué forma se les pagará El decreto —agregó— no se apega a los términos jurídicos de una expropiación”
Adolfo Lugo Verduzco, líder nacional del PRI, afirmó que su partido “apoya vigorosamente” la expropiación de predios, ya que evidencia “el compromiso que el gobierno de la revolución mantiene con el pueblo y con su vocación de justicia social” Dijo que la medida “es congruente con los cambios cualitativos que implican la reconstrucción y renovación nacional y responde a las exigencias, provocadas por los sismos, en barrios capitalinos”
Heberto Castillo, líder nacional del PMT, consideró la expropiación como “necesaria, correcta y positiva Consideramos que la vivienda —de modo equivalente a la tierra— debe ser de quien la habita Sin embargo, la sola medida no es suficiente Debe ser el primer paso para una reforma urbana También se debe impulsar la autoconstrucción para que los obreros tengan acceso a una vivienda digna”
El Partido Demócrata Mexicano por medio de su vocero oficial Jesús Zamora Flores, afirmó que “la medida fue adecuada” para restituir sus viviendas a los miles de damnificados Consideró que incluso para los dueños expropiados es benéfica, “pues desde el punto de vista económico para ellos resulta casi imposible reconstruir edificios nuevos” Rechazó que se afecte la propiedad privada, puesto que se trata de una expropiación a causa de utilidad pública, lo que implica una indemnización justa “Así lo establece la Constitución”
Pedro Peñalosa, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario de los Trabajadores, dijo que la decisión presidencial no soluciona el fondo del problema, “tendrá que estar acompañada de la garantía gubernamental de que realmente los damnificados van a recibir una vivienda Pero, además, el gobierno también tiene que comprometerse a solucionar el problema de la reconstrucción y de la descentralización” Consideró que la expropiación fue decretada “porque las condiciones del país así lo imponían” Sin embargo, manifestó que el Presidente tardó en tomarla Recordó que el 24 de septiembre el PRT presentó en la Cámara de Diputados un decreto similar, pero “se fue a la congeladora porque provenía de la oposición También expresó que la medida no es suficiente, porque es necesaria una reforma urbana
Rosario Ibarra de Piedra, también diputada por el PRT, sostuvo que es lamentable que tenga que venir un terremoto para que el gobierno adopte decisiones que beneficien a las clases populares
Francisco Ortiz Mendoza, diputado federal y vocero oficial del Partido Popular Socialista, expresó que la medida es “trascendente e histórica” Dijo que el pueblo la debe apoyar, pero también manifestó que este primer paso debe conducir a una reforma urbana completa
El exlíder nacional ferrocarrilero y actual diputado por el Partido Socialista Unificado de México, Demetrio Vallejo, comentó que, “en sus fines, la medida es plausible Ahora es necesario que no se demore más la construcción de viviendas para los damnificados” También recordó que el PSUM se había pronunciado por una decisión de ese tipo Agregó que para la reconstrucción de la ciudad de México se deben utilizar los intereses de la deuda externa
El presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores, Antonio Rivapalacio López, señaló que la medida “está justificada socialmente” Sin embargo, de inmediato advirtió que la decisión presidencial no abre las puertas a una posible reforma urbana “porque no existe el marco jurídico necesario para ella No confundamos”
La noticia del decreto expropiatorio produjo “simpatía cautelosa” en las uniones de vecinos e inquilinos de las colonias Guerrero y Morelos “La apoyaremos totalmente hasta que las autoridades den a conocer un programa racional de vivienda La expropiación, por si misma, no resuelve el problema”
María de los Angeles Chávez e Ignacio de la Peña, de las Uniones de la Guerrero y la Morelos, respectivamente manifestaron que podría ser un paso importante, “pero por la forma en que se presentó, sin planes concretos, se antoja como una medida improvisada, sin análisis”
En nombre de la Coordinadora de Tlatelolco, organización que agrupa a cuatro asociaciones de residentes de esa Unidad, Laura Arley dijo que “no creemos que la expropiación pueda resolver nuestro problema No nos ofrece alternativas reales Insistimos en la rehabilitación de nuestras viviendas o en indemnizaciones justas Tememos que el gobierno se comporte como cualquier casero: que nos venda viviendas a precios que nuestros salarios no pueden cubrir”
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