González Blanco, secretario del Trabajo de López Mateos y Díaz Ordaz

González Blanco, secretario del Trabajo de López Mateos y Díaz Ordaz
La “Belisario Domínguez”, premio por dos sexenios de servir a los empresarios
Oscar Hinojosa y Emilio Hernández
Salomón González Blanco, el secretario del Trabajo del presidente Adolfo López Mateos —que consumó una de las mayores operaciones represivas contra la clase obrera en todo el periodo post porfirista— sirvió durante 13 años a sucesivos gobiernos con mano dura e inflexible frente a los trabajadores y con mano suave y cordial ante los empresarios
El abogado chiapaneco, quien el martes 9 recibirá la medalla Belisario Domínguez en “justo reconocimiento a los servicios que en grado de eminente ha prestado a la patria y a la humanidad”, permaneció en total 23 años en los tres primeros niveles de la Secretaría del Trabajo, una dependencia que realiza “muchos trabajos sucios en favor de la patronal”: de 1947 a 1952, oficial mayor; de 1952 a 1957 subsecretario y de 1957 a 1970, titular
Pero es propiamente como secretario del Trabajo cuando se aclara y deslinda su participación personal en el desconocimiento de sindicatos o dirigentes elegidos democráticamente, en las arbitrarias declaratorias de “inexistencia” de huelgas y en la aplicación de requisas
Testimonios periodísticos de la época —particularmente la revista Política y el diario El Popular— describen a un Salomón González Blanco comprensivo e indulgente con los empresarios y casi siempre duro y autoritario con los movimientos de insurgencia democrática en los sindicatos obreros
La “Historia oculta de una huelga” trazos que contribuyen a dibujar el perfil del secretario del Trabajo de López Mateos y Díaz Ordaz
La huelga declarada por la Sección de Técnicos y Manuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica contra los productores de películas “terminó como tenía que terminar en el México de 1963: después de 10 días de paralización de labores, el 14 de agosto, la Junta de Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente, echando mano de una triquiñuela legal A los trabajadores no les quedó otra alternativa que volver al trabajo o sufrir la represión acostumbrada en estos casos”
En las entretelas del conflicto que define el estilo inflexible de González Blanco: antes de que estalle la huelga, el funcionario advierte de buenas a primeras a los técnicos y manuales que “tenía instrucciones de arriba” de no permitir ninguna huelga importante en vísperas del informe presidencial y que, en todo caso, sería declarada inexistente “con todas sus consecuencias”
Desconcertados, los dirigentes sindicales se entrevistaron con el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz Pero aquí —ellos, que esperaban comprensión— se toparon con un funcionario más duro
El gobierno —les dijo— protegerá a los productores “porque son gente que invierte no sólo en el cine sino en otras actividades productivas”
Díaz Ordaz, desde octubre de 1968 asociado históricamente a los sucesos de Tlatelolco, ilustró ante los técnicos y manuales su vocación de sepulturero:
—Si lo que desean es enterrar a la industria cinematográfica, yo presidiré los funerales Al gobierno no le interesa esa industria Ahora bien, si lo que desean es que el gobierno la tome en sus manos, lo haremos a partir de mañana mismo, pero sólo produciremos cinco películas al año, para que se mueran de hambre
En la huelga iniciada en octubre de 1962 por los trabajadores de Radio Aeronáutica Mexicana (RAMSA) aparece de nuevo la mano dura del gobierno lopezmateísta, a través de González Blanco
Señaló Política: “Declarada la huelga de Ramsa, el Presidente de la República emitió un decreto requisando la empresa para que el público —se conoce el pretexto— no sufriera suspensiones del servicio aéreo La requisa se esperaba
“El decreto presidencial incluyó la orden a los trabajadores de que continuaran sus labores El secretario del Trabajo licenciado Salomón González Blanco, les hizo constar que no cabía la discusión de la asamblea sindical, que se trataba de un decreto presidencial y que un decreto no se discute: se acata
“De esta manera —acotaba la revista quincenal dirigida por Manuel Marcué— quedó definitivamente clara la situación: el derecho de huelga está prohibido Lo prohibe el Ejecutivo federal, por el procedimiento de emitir un decreto ilegal que pasa por encima de la Constitución”
La requisa fue un arma diligentemente utilizada por el gobierno de López Mateos En la Compañía Mexicana de Aviación se aplicó en 1959 y en 1964, “cuando la CMA fue administrada por el gobierno sin que sus accionistas perdieran un solo centavo”
Ante el sindicato de telefonistas —que en esos años conoce un proceso de reanimación similar al de otros gremios— el gobierno aplica diversos recursos, según las circunstancias: la requisa, el apoyo a dirigentes espurios, el despido de sindicalistas y la declaratoria de “inexistencia” de huelga son las principales
Raúl Trejo Delarbre, coautor de “De Adolfo Ruiz Cortines a Adolfo López Mateos” examina estos fenómenos
“El 4 de abril de 1962, a las 12 horas, estalla una nueva huelga al vencer el plazo señalado por el sindicato, que había demandado un aumento salarial del 30% El director de Teléfonos Hugo Beckman, dice que sólo puede ofrecer 24% y ni un centavo más, pues el sindicato le ha exprimido ya a esta empresa, como a un limón, hasta la última gota de zumo”, escribe Trejo Delarbre
La empresa, que había violado compromisos con el sindicato, como el de no contratar personal ajeno al STRM, es requisada por el gobierno federal, apenas hora y media después de que estallará la huelga
Los telefonistas aceptan volver al trabajo, aunque mantendrán “simbólicamente el movimiento de huelga y finalmente el 13 de julio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la declara inexistente
En el curso del conflicto, González Blanco se había colocado al lado de la empresa y lucido su rigor frente a los trabajadores
Política consignó que el 9 de julio de 1962, González Blanco “se convirtió abiertamente en vocero de la empresa” y ofreció a los telefonistas un aumento de 4 millones —dos por año—, “una oferta de monto ridículo y que nada apreciable añadía al atole con el dedo ya ofrecido”, así como prorrogar la fecha de vencimiento del contrato
En su respuesta, los telefonistas señalaron que la fórmula propuesta por SGB “no contiene un mejoramiento perceptible a la proposición hecha por la empresa pero lo grave de ella es que incluye un punto que no fue puesto oportunamente en el tapete de la discusión por alguna de las partes, ya que la empresa no solicitó la revisión del contrato colectivo de trabajo y el sindicato, que fue quien la solicitó, no la propuso”
El bisemanario comentaba: “Estos argumentos ponían al descubierto la maniobra montada en su conjunto por la empresa y el secretario del Trabajo, lo cual irritó a este último que, según Novedades habló `enérgicamente’ a los telefonistas y dijo:
—La proposición de la empresa es justa Ustedes son unos intransigentes Es conveniente cambiar la fecha de la revisión del contrato de trabajo, porque coincide con la revisión del contrato de los electricistas y no me es posible atender debidamente los dos conflictos
“Es decir escribió la revista de Marcué— las conveniencias burocráticas del licenciado González Blanco estaban por encima de la ley, que establece precisamente un plazo de dos años, ni un día más ni un día menos, para la revisión de los contratos colectivos de trabajo En otros términos, el gobierno, por conducto del `secretario del ramo’ se declara abiertamente al margen de la ley”
Los golpes a los telefonistas continuaron, sin embargo El investigador Trejo Delarbre señala que el 26 de julio de ese año, la Secretaría del Trabajo acuerda desconocer al secretario general de los telefonistas, Agustín Velasco Valerdi, y pone en ese cargo a Manuel Guzmán Reveles, quien había perdido las elecciones un año antes
“El nuevo `secretario general’ —dice Trejo Delarbre— da validez bien pronto a las acusaciones que señalaban que era apoyado por la empresa para acabar con la dirección democrática del STRM Su primera medida es dejar sin efecto los permisos y licencias sindicales y `aplazar por tiempo indefinido’ la X Convención Ordinaria”
Guzmán Reveles —con un comité ejecutivo y bases adversas, pero con el apoyo de la empresa y el gobierno— anuncia que la demanda salarial que sostenían los telefonistas disminuye al 15% y cita, además, a una convención nacional extraordinaria para el 14 de agosto
Esa “convención”, impugnada por los trabajadores, es avalada con la presencia del secretario del Trabajo González Blanco, en la que, sin seguir los procedimientos estatutarios, se eligen un nuevo comité ejecutivo y una nueva comisión de vigilancia
González Blanco, según las palabras de Política escribió “un epitafio a la huelga y a la independencia sindical” con su comportamiento ante los telefonistas
En estos términos, convalidó el secretario del Trabajo de López Mateos la sui géneris elección de dirigentes en el STRM:
Estoy seguro que los trabajadores telefonistas al designarlos a ustedes como dirigentes, tuvieron en consideración la rectitud, honestidad (sic), ética y sentido de responsabilidad, actuando en forma tal que todos sus actos redunden en beneficio de los trabajadores, teniendo presente que laboran para una empresa de servicio público y que los actos que realicen al margen de la ley y del contrato y que consecuentemente traen trastornos a la empresa, dañan los intereses de México
El clamoroso espaldarazo a dirigentes espurios hizo escribir a Política: “Toca al licenciado González Blanco ser el primero en la historia que identifica los intereses de empresarios, como Trouyet y Beckman, con la patria Pero, además, nadie dejó de sentir la explicita amenaza que para el derecho de huelga hay en las palabras del salomónico defensor de Trouyet y Beckman: toda huelga que traiga trastornos a las empresas —y ¿qué huelga no es la coacción aparejada a los `trastornos’?— será tan inmisericordemente tratada como lo fue incluso la huelga simbólica, de mentirijillas de los telefonistas”
En la represión del movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo, la Secretaría del Trabajo dio uno de los primero pasos, al declarar inexistentes la huelga, porque —sostenía— no se había demostrado a su entera satisfacción el deseo de los trabajadores de suspender labores
El mismo día que tras de una vasta operación represiva, fuerzas militares, policía preventiva y policía secreta ocupaban los edificios sindicales de los ferrocarrileros en todo el país y detenían a cerca de 5,000 trabajadores, González Blanco atribuyó la violencia a los trabajadores
El se lavó las manos:
—¿Cuál será la actitud futura del gobierno? preguntó un periodista el sábado 28 de marzo de 1959, día de la gran represión
—Por lo que respecta a nosotros (se refería a Eduardo Bustamante, secretario del Patrimonio Nacional, y a él mismo), es de abstención, mientras no depongan la actitud de violencia Si la situación degenera en actos de carácter ilícito, correspondería a otros órganos del Estado enfrentarse a ellos
—¿Y cuáles serían esos órganos del Estado?
—La Procuraduría General de la República
En el sexenio de ALM, cruzado por un renacimiento sindical, los trabajadores del periodismo también sintieron el rigor de la mano dura del lopezmateísmo
Confiados en el amparo que el juez segundo administrativo les había concedido contra una declaración de inexistencia de huelga, los trabajadores de la editorial Zócalo se presentaron ante la sede de esa empresa periodística para colocar las banderas de huelga el miércoles 19 de mayo de 1960
No pudieron hacerlo Dos agentes de la Procuraduría les exigieron que exhibieran el documento del juez “para llamar por teléfono a los jefes y así poder decidir si el movimiento es legal”
Entretanto, Enrique Cordero, un expolicía secreto empleado de confianza del director de Zócalo, se encargaba de organizar a un grupo de cien rompehuelgas, que pronto pasaron a los hechos
En la agresión fueron heridos René Artega, Moises Erwin y Edmundo Sánchez la policía detuvo, todavía armados, a una docena de rompehuelgas Al día siguiente se reanudó la agresión: cerca de 300 rompehuelgas hirieron a los huelguistas, arrancaron y quemaron las banderas sindicales y se posesionaron del edificio
Fidel Velázquez, el jefe máximo de la CTM, dio entonces la clave
—Los trabajadores de Zócalo tienen razón, pero no podemos permitir que triunfen, porque se desmoronaría toda la estructura del movimiento obrero
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El investigador universitario Trejo Delarbre consideró que es difícil definir la política laboral del sexenio 1958-1964 “porque hubo de todo: trancazos, literalmente, a los trabajadores, distanciamiento entre el gobierno y los líderes más tradicionales, intentos gubernamentales, parcialmente exitosos, de crear un nuevo polo sindical para enfrentarlo a Fidel Velázquez, cambios legislativos avanzados —el reparto de utilidades, que provocó el enojo de los patrones—, la ubicación forzosa de los trabajadores del Estado en el apartado B del artículo 123, etcétera”
En suma: “pan y palo”
En el sexenio de López Mateos —explicó Trejo Delarbre a Proceso— los ferrocarrileros, los maestros y los petroleros disidentes se enfrentaron a la realidad de un gobierno que tenía razones de Estado —siempre discutibles, pero incuestionables desde la cúpula gubernamental— para disponer requisas, allanamientos y encarcelamientos El gobierno, en cambio, se enfrentó a la realidad de un movimiento obrero en creciente vocación para el quehacer político
—En el conflicto ferrocarrilero y los demás que ocurrieron en el gobierno de ALM ¿es correcto referirse a funcionarios duros y blandos?
—Siempre los hay No los podría señalar con precisión, para no equivocarme Pero fundamentalmente la política dura estuvo a cargo —o lo está a menudo en este país— de la Secretaría de Gobernación y la política no blanda, pero sí proclive a la negociación, a cargo de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo
A juicio de Trejo Delarbre, la función de la STPS “es necesaria, contradictoria e insuficiente” Consideró que es necesario que existan cauces para la regulación y sostenimiento de las relaciones obrero patronales, que se enfrentan a las contradicciones de una sociedad de clases como la mexicana y sobre todo a las contradicciones de un movimiento heterogéneo como el que existe en el país y un sector empresarial especialmente codicioso
La función de la STPS —añadió— es insuficiente, porque es explícita se limita a la aplicación de las leyes, según el criterio de los funcionarios, pero cuando no lo es —y esto se da en muchas ocasiones— pretende incursionar en la vida interna de los sindicatos e interviene en la acción de los dirigentes El actual titular de esa dependencia es un ejemplo; excede sus funciones institucionales y se mete en cosas que formalmente no le importan: los asuntos internos de los sindicatos, y trata de dividir al movimiento obrero además de que dice mentiras a los dirigentes sindicales
La política laboral de ALM —comparada con la de otros gobiernos anteriores y posteriores— es, según el investigador universitario, “en algunos aspectos flexible, porque atendía a la riqueza de posiciones del movimiento obrero, pero en otros casos tan intolerante —como fue con los ferrocarrileros—, como Alemán con los mineros y Díaz Ordaz con los estudiantes”
El autor de un ensayo sobre la clase obrera en el sexenio lopezmateísta señaló que el secretario del Trabajo es “corresponsable en gran medida” de la política que en esa materia aplique el Presidente de la República
Añadió:
“La corresponsabilidad depende de las circunstancias: 60, 80% Pero el cargo de secretario de Trabajo en algunas ocasiones ha sido disminuido, porque la relevancia de los asuntos que debe afrontar es tal que llegan a ser de la Secretaría de Gobernación En el caso de López Mateos los asuntos estrictamente laborales corrieron a cargo de la Secretaría del Trabajo, pero el surgimiento de nuevos sindicatos y los movimientos disidentes llegaron a ser atendidos de manera personal por López Mateos”
—¿Es decir, que en los conflictos sindicales López Mateos fue su propio secretario del Trabajo?
—Sí, Y su propio Procurador, secretario de Gobernación y su propio secretario de Hacienda: efectos del presidencialismo, que concentra funciones excesivas en un mismo individuo
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El doctor en ciencias políticas Octavio Rodríguez Araujo, coautor con Paulina Fernández Christlieb, candidata a doctora en ciencias políticas, del volumen En el sexenio de Tlatelolco, el primer estudio global del gobierno diazordacista, dijo:
—La política laboral de Díaz Ordaz está asociada, necesariamente, a las condiciones de la clase obrera en ese período El auge del capitalismo a escala mundial y por lo tanto nacional, permite que la política laboral en el sexenio sea básicamente benigna El gobierno de GDO necesita apoyarse en los trabajadores y los obreros de la industria manufacturera —eje de la acumulación capitalista— están en condiciones ventajosas En cambio, los trabajadores que podrían ser beligerantes, porque no están en las mismas condiciones que los trabajadores de la industria manufacturera, se encuentran sumamente golpeados Fuerte, salvajemente golpeados
La política laboral de GDO —expuso Rodríguez Araujo— se inscribe en dos condiciones: auge del capitalismo y aumento del salario real de los trabajadores, que recupera en 1967 el nivel de 1939
Por lo tanto —agregó—, la política laboral de Díaz Ordaz es muy fácil de llevar a cabo Y logra acuerdos muy importantes con los dirigentes obreros, que se negocian particularmente en el período del movimiento estudiantil de 1968
En la investigación que realizaron Rodríguez Araujo y Paulina Fernández Christlieb —según indicó el primero— surgieron indicios suficientes para suponer que a cambio del rechazo de la mayor parte de la dirigencia sindical a los estudiantes en 1968 se da la nueva Ley Federal del Trabajo, más avanzada que la anterior
—¿Cuáles son, a su juicio, las diferencias fundamentales entre la política laboral de ALM y GDO?
—López Mateos tuvo una política muy contradictoria Primero reprimió a los trabajadores, lo que constituyó una derrota muy grave para ellos: después de la represión que se emprendió en el sexenio de ALM los obreros piensan 10, 12 veces la posibilidad de realizar un movimiento Con ALM se apuntaló el charrismo sindical, que estaba muy deteriorado en los años anteriores Pero después del gran golpe, que descabeza a todos los movimientos democráticos, se legisla sobre ampliación del seguro social, la creación del ISSSTE y el reparto de utilidades
Pero tanto López Mateos como Díaz Ordaz favorecen la expansión del capitalismo trasnacional y un sindicalismo sometido a los intereses de los Estados Unidos
En ambos sexenios explicó ORA—, para satisfacer las necesidades de trabajadores calificados en las industrias trasnacionales, se crean institutos tecnológicos regionales y mecanismo de formación rápida de mano de obra Con GDO, por ejemplo, se crea ARMO (Adiestramiento Rápido de Mano de Obra) con influencia muy considerable de la ORIT, (Organización Regional Internacional del Trabajo), dependiente del departamento de Estado Norteamericano y de la central estadunidense AFL-CIO
En la época en que González Blanco era secretario del Trabajo se creó en México la sede del Instituto Americano de Desarrollo del Sindicalismo Libre, con sede en EU: el gobierno de Morelos dona seis hectáreas en Cuernavaca para este fin
El IADSL —dicen Rodríguez Araujo y Paulina Fernández Christlieb en el libro citado, cuya primicia fue entregada a Proceso— es un proyecto tripartito apoyado por unas 65 trasnacionales, por el gobierno norteamericano a través de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y la ALPRO (Alianza para el Progreso) con fondos suministrados por la AID (Agencia Internacional para el desarrollo) y por la AFL-CIO
Según los autores de la investigación, que forma parte de la serie “La clase obrera en la historia de México”, dirigida por Pablo González Casanova, de la fundación de la IADSL hasta finales de los años sesenta, han sido agentes prominentes y experimentados de la CIA: William C Doherty, Serafino Romualdi y Andrew McLellan
La filial mexicana de la IADSL funcionaba desde 1962 y tres años más tarde construyó su propia sede, bajo el nombre de Instituto Interamericano de Estudios Sindicales ORIT-CISL, cuyo director era el chileno Bernardo Ibañez
El IADSL, —cuya principal filial era la mexicana— formó de 1962 a 1966 40,000 sindicalistas pronorteamericanos en toda América Latina La mayor parte de los cursos se dieron en Washington, Virginia y Maryland, pero también en Cuernavaca y en Montevideo, Uruguay, según los autores de En el sexenio de Tlatelolco, que se apoyan en fuentes de diversos tipos
—¿Especialmente en los períodos de López Mateos y Díaz Ordaz se dio un clima propicio para la expansión del sindicalismo pronorteamericano?
—Sí, Es el período de expansión de las empresas trasnacionales Así como Morrow estaba detrás de Calles así ALM y GDO —según documentos y testimonios varios: Agee en el Diario de la CIA no expurgado— acordaban más frecuentemente con el jefe de la estación de la CIA en México que con el embajador norteamericano Eso consta en nuestro libro
A su juicio ¿un secretario de Estado —y en este caso, concretamente el del Trabajo— es corresponsable, política, histórica y moralmente de la política que en su ramo aplique el Presidente de la República?
—Ciento por ciento Es necesario recordar que en México no hay ministros: son secretarios Y cuando no están de acuerdo, o renuncian o los hacen renunciar Tenemos muchos ejemplos en el país Un ministro sería otra cosa: tendría fuerza, producto de la voluntad popular o de un partido, en gobiernos de coalición, por ejemplo Pero en México son secretarios que pone o remueve el Presidente a su voluntad Un secretario es corresponsable de la política que siga el Presidente De esto sólo se zafa con la renuncia
Rodríguez Araujo, profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y coautor de El Partido Comunista y reforma Política y partidos, el de más éxito editorial, afirmó que la Secretaría del Trabajo realiza “muchas tareas sucias en favor de la patronal”
Es una política de todos los gobiernos, dijo, por lo menos de 1940 para acá las principales acciones de la Secretaría del Trabajo son: desconocer sindicatos o comités elegidos democráticamente, violar o negociar por abajo de la ley los contratos colectivos y aplicar las requisas
La STPS es una secretaría que en términos generales desde 1939-1940 ha jugado un papel de conciliación de la lucha de clases en beneficio del capital En su función, rara vez, “pero rara vez”, ha seguido una política a favor de los trabajadores: por sus efectos los conocereis”
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Valentín Campa, uno de los líderes del movimiento ferrocarrilero de 1958-59, expresó que la Secretaría del Trabajo siempre ha sido una dependencia antiobrera, pero “sobre todo en el sexenio de Adolfo López Mateos”
La represión del gobierno de López Mateos contra los trabajadores de ferrocarriles —dijo VC— se hizo para acentuar una política favorable al capitalismo
De González Blanco, con el que tuvo un escaso trato, dijo que “era muy hábil para tratar los problemas Daba, la impresión, hipócritamente, de que era imparcial, pero estaba metido en el juego de la gran represión”
El sábado 28 de marzo de 1959, el comité ejecutivo del sindicato ferrocarrilero se enfrentó con González Blanco y Eduardo Bustamante en la Secretaría del Trabajo
Los sindicalistas plantearon:
—Estamos dispuestos a levantar la huelga en todo el país Después discutiremos las demandas, que están dentro de la Constitución Sólo pedimos que cese la represión brutal Solicitamos que el secretario intervenga para que cese la represión
González Blanco se comunicó entonces con Benjamín Méndez, el duro director de Ferrocarriles El secretario González Blanco se separó del oído la bocina para que los dirigentes sindicales escucharan la respuesta de Méndez:
—No sólo no ceso la represión, sino que la aumentaré
Hábil en el oficio de Poncio Pilatos, González Blanco dijo a los ferrocarrileros:
¿Se dan cuenta? Yo ya hice lo que pude