Había orden de arrestarlo y, oficialmente, era fugitivo

Había orden de arrestarlo y, oficialmente, era fugitivo
En vísperas de la visita de López Portillo a Ford, se limpió a Durazo en Miami
Rafael Rodríguez Castañeda
WASHINGTON, D C- Rodeado de casas de madera desvencijadas, en un suburbio de Atlanta, Georgia, un edificio moderno de ventanas polarizadas alberga la Sección Sur del Centro de Récords y Archivos Federales del gobierno de los Estados Unidos
Entre millones de documentos microfilmados, ahí yace para siempre —en su calidad de caso cerrado— el expediente de la acusación por narcotráfico hecha contra Arturo Durazo Moreno, en 1976, por la justicia norteamericana
Entonces comandante de la Policía Judicial Federal (PJF) y jefe de seguridad de la campaña electoral del candidato del PRI a la Presidencia, José López Portillo, Durazo Moreno fue acusado por tráfico de cocaína, ante la Corte Federal de Distrito de Miami, Florida, el 29 de enero de ese año
Menos de siete meses después —lapso en el que, además, el asunto se mantuvo en secreto tanto en México como en Estados Unidos—, el fiscal federal a cargo del caso, Samuel Sheres, se desistió de las acusaciones, el juez Joseph Eaton retiró la orden de arresto y el expediente quedó cerrado 37 días antes de que el entonces presidente Gerald Ford recibiera cálidamente en Washington entre ellos había lo que el embajador Joseph J Jova calificaba de “amistad personal” —a José López Portillo, ya convertido en Presidente electo de México
La justicia de Estados Unidos hizo a un lado el cúmulo de pruebas contra Durazo (Proceso 402) y prefirió encubrirlo, en una acción con sospechosos ingredientes políticos Lavado, por lo menos formalmente, de su larga trayectoria como traficante de estupefacientes, Durazo se convirtió en el jefe de la policía del Distrito Federal Lo que hizo desde ese puesto sólo vino a confirmar su vocación criminal
El gobierno mexicano supo de la acusación contra Durazo apenas un día después de que fue aprobada por el Gran Jurado de Miami, el 30 de enero de 1976, a través de una carta enviada a diversos funcionarios por Robert J Eyman (por error de transcripción, en Proceso 402 se atribuyó la firma a Robert J Lyman), director regional en México de la Administración para el Combate del Narcotráfico (DEA, por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento de Justicia norteamericano
Eyman ha dejado ya la DEA y fue imposible localizarlo en Washington Su testimonio hubiera sido valioso para saber exactamente a quién dirigió la carta Se tiene la certeza de que copias de ella llegaron a la Procuraduría General de la República, encabezada por Pedro Ojeda Paullada, y a la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Mario Moya Palencia
En aquellos días el problema de las drogas entre México y Estados Unidos estaba candente, después de que una misión de diputados norteamericanos vino a México, con Lester L Wolff —presidente de la Comisión de Control del Tráfico Internacional de Narcóticos, de la Cámara de Representantes— a la cabeza
Wolff causó un escándalo al afirmar, a su regreso a Washington, que de México provenía el 90% de la heroína que entraba ilegalmente en los Estados Unidos
En aquel momento Wolff declaró también que tenía “noticias fidedignas de que en estos días (marzo de 1976) es inminente el despido y procesamiento penal de un alto funcionario policial en México por su participación en el tráfico de drogas”
En una entrevista con Excélsior (17-III-76), Wolff dijo, sin embargo, que “debe entenderse que yo no puedo revelar públicamente los nombres de los implicados Por un lado, cualquier información la hacemos llegar a las autoridades para que realicen sus investigaciones Y por otra parte, debo mantener la confidencialidad de mis fuentes”
Ahora Wolff ha dejado de ser diputado Localizado en su casa de Nueva York, el exrepresentante dijo “no recordar” el nombre del funcionario policial al que se refería entonces “Han pasado muchos años Simplemente no me acuerdo”, reiteró
Contra lo que Wolff suponía, Durazo no fue procesado, ni aquí ni en Estados Unidos Continuó en su puesto de comandante de la PJF y, también, al frente del equipo de protección de su amigo, el candidato López Portillo
Lo que sí ocurrió —en lo que se calificaba como “una renovada campaña contra las drogas”, emprendida por el gobierno de Luis Echeverría a partir de la visita de los diputados estadunidenses— fue el cese de tres magistrados de Hermosillo, supuestamente coludidos con narcotraficantes
Diversas bandas de estos delincuentes fueron capturadas en Tijuana, Sinaloa y Durango, pero la “conexión Miami” —a la que pertenecía Durazo— permaneció intocada
A mediados de marzo apareció en escena el licenciado Francisco López Portillo, como defensor de una banda de narcotraficantes mexicano-colombiana Era el mismo abogado que fue asesinado en febrero de 1983, crimen que se atribuye a los integrantes del Grupo Jaguar, responsables de la matanza del río Tula, que actuaron bajo el mando directo del jefe de la División de Investigaciones, Francisco Sahagún Baca y del propio Arturo Durazo Moreno
El 14 de octubre de 76, el mencionado Lester Wolff, para entonces presidente de la recién creada Comisión Selecta sobre abuso y Control de Narcóticos de la Cámara de Diputados, escribió una carta al subsecretario de Estado, Charles W Robinson, dentro del contexto de una serie de audiencias sobre la situación del tráfico de drogas en Estados Unidos
En la misiva, Wolff hacía al funcionario —el secretario de Estado era Henry Kissinger—, entre otras, una pregunta clave: “¿Qué información tiene usted acerca de los datos que hemos recibido de otra fuente, según los cuales en México existen laboratorios de refinación de heroína y que altos funcionarios mexicanos están implicados en su funcionamiento así como en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos?”
También por escrito Robinson contestó: “Su afirmación de que altos funcionarios mexicanos están envueltos en el procesamiento y tráfico de heroína refleja el grave problema de la corrupción en los programas de control de narcóticos de México y otros países, inclusive los Estados Unidos El gobierno de México está consciente de este problema de corrupción y ha adoptado rápidas y efectivas acciones contra los funcionarios oficiales a los que se ha encontrado culpables de esas actividades”
Para esa fecha, no sólo el gobierno mexicano no había emprendido ninguna acción contra Durazo sino que la propia justicia de Estados Unidos había decidido ya dar carpetazo a las acusaciones por narcotráfico contra el que después fue jefe policiaco
CASO CERRADO
En un tarjetero de la sección criminal de la Corte Federal de Distrito del condado de Dade (al que pertenece el centro de Miami), se halla la ficha correspondiente a la acusación: US vs DURAZO-MORENO, ARTURO, Expdte No 76-43-Cr-JE-II
En el número del expediente está la historia en síntesis: Año, 76; Cr: closed record (caso cerrado); JE: las siglas del juez, Joseph Eaton
En la oficina del juez, en el propio edificio de la Corte Federal, en ausencia del magistrado, que preside una audiencia judicial en esos momentos, se informa escuetamente: el juez cerró el caso por desistimiento del fiscal federal
El archivo criminal proporciona el único documento disponible en la corte de Miami: la hoja con la acusación contra Durazo por “conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos” La acusación está fechada el 29 de enero de 1976 El caso, en manos del fiscal federal Samuel Sheres Y luego, fecha a fecha, los pasos que siguió el breve y frustrado proceso:
Febrero 2 – Orden de arresto, sin fianza
Febrero 2 – Publicación de la orden de arresto, con copia al archivo
Abril 21 – Orden para colocar el nombre de Arturo Durazo en lista de fugitivos de la justicia de Estados Unidos
Agosto 17: Desistimiento de los cargos
Agosto 17: Retiro de la orden de arresto
En la medida en que se trata de un caso cerrado, ningún otro documento está ya en la Corte Federal de Miami El expediente completo fue enviado al Centro de Récords y Archivos Federales, en su Sección Sur, ubicado en un suburbio a una media hora del centro de Atlanta, Georgia
Los datos para su localización:
Acceso No 21830288
No del Centro de Récords Federales: B0541511
Caja No 3
En Atlanta no lleva más de media hora a los encargados encontrar el fólder amarillo tamaño oficio con los originales de los documentos del caso Durazo Son exactamente siete hojas, todas con el número del expediente 76-43-Cr-JE-1
La acusación, basada fundamentalmente en la investigación cuyos pormenores se dieron a conocer en esta misma revista hace tres semanas, hubiera podido derivar para Durazo en una pena de hasta 15 años de cárcel y una multa de hasta 25,000 dólares La gravedad que el juez atribuía al caso queda subrayada por el hecho de haber decidido no fijar fianza
La acusación indica:
Estados Unidos de América versus Arturo Durazo Moreno
El Gran Jurado acusa que empezando alrededor de julio de 1968, hasta diciembre de 1971, en el condado de Dade, en el Distrito Sur de Florida, y en otras partes, el acusado, Arturo Durazo Moreno, voluntariamente, a sabiendas e ilegalmente, co-conspiradores con Adolfo Padrone, Raúl Cifuentes Bresego, Rogelio Azcárraga Madero, Juan Pienbert, Ann Gabriele Cook-Jacquez, considerados co-conspiradores no acusados aquí, y con otras personas conocidas o no por el Gran Jurado, para cometer delitos contra Estados Unidos violando la Sección 952 (a) del Título 21, del Código norteamericano
Como parte de la mencionada conspiración el acusado y los co-conspiradores no acusados y los otros conocidos o no por el Gran Jurado, voluntaria e intencionalmente importaron a Estados Unidos una sustancia incluida dentro del Programa II de drogas consideradas narcóticos, a saber: multikilos de cocaína, en violación del Título 21, Sección 952 (a) del Código de los Estados Unidos
El Gran Jurado afirma que el acusado y los co-conspiradores, en cumplimiento de su conspiración y a fin de alcanzar los objetivos de ella, llevaron a cabo, entre otras, las siguientes acciones:
1 El 16 de enero de 1971, el acusado Arturo Durazo Moreno y Adolfo Padrone llevaron una determinada cantidad de cocaína desde la ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Miami, condado de Dade, Distrito Sur de Florida
2 El 12 de marzo de 1971, el acusado Arturo Durazo Moreno y Rogelio Azcárraga Madero importaron una determinada cantidad de cocaína desde la ciudad de México a San Antonio, Texas
3 El 2 de marzo de 1970, el acusado Arturo Durazo Moreno y Juan Pienbert importaron determinada cantidad de cocaína desde la ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Miami
Todo ello en violación del Título 2, Sección 963, del Código de los Estados Unidos
El documento acusatorio está firmado por el fiscal federal Robert W Rust, como titular, y por Samuel Sheres, fiscal especial a cargo de la investigación por el Departamento de Justicia norteamericano
El 2 de febrero de 76, el juez Joe Eaton firmó la siguiente orden de arresto:
“En representación de los Estados Unidos, se ordena: que una orden de arresto se extienda contra el acusado Arturo Durazo Moreno Sin fianza Dado y ordenado en Miami, Florida, este día 2 de febrero de 1976”
La Corte para el Distrito Sur de Florida expidió el mismo día 2 la orden de arresto solicitada:
A cualquier alguacil u otro oficial autorizado de los Estados Unidos:
Se le pide arrestar a Arturo Durazo Moreno y traerlo a esta corte de Distrito de los Estados Unidos para que responda a la acusación de conspiración para importar cocaína que se le hace en violación del código de los Estados Unidos
Otro documento, firmado también por el juez Eaton, pide a la oficina del Clerk de la Corte Federal tomar las providencias necesarias para colocar a Durazo Moreno en la lista de fugitivos de la justicia de los Estados Unidos Fecha: 21 de abril del 76
Finalmente, fechada el 17 de agosto, la orden de desistimiento indica que el fiscal federal a cargo del caso, Samuel Sheres, retira los cargos contra el acusado Arturo Durazo Moreno y el mismo día, en rápida secuencia, el juez Joe Eaton decreta el retiro de la orden de arresto y ésta queda “inejecutada por desistimiento”
Encontrar las causas del desistimiento resultó tarea difícil El fiscal Sheres dejó de serlo y no trabaja más en el Departamento de Justicia Los archivos de esta dependencia y aún más los de la Administración para el Combate del Narcotráfico son de acceso más que difícil Un informe de la CIA, entregado para las audiencias del comité de narcóticos de la Cámara y que pudo dar una idea de lo que pasó, está considerado “material clasificado” y, por tanto, secreto
El dato se encontró, finalmente, en una carta enviada por el director de la DEA, Peter B Bensinger, al propio comité de narcóticos, en la que hace una balance de las actividades de esa entidad durante 1976 en la lucha conjunta de México y Estados Unidos contra el narcotráfico
Al analizar estadísticamente las acusaciones emprendidas en uno y otro país, Bensinger dice que en Estados Unidos hubo un solo proceso que concluyó en desistimiento Obviamente no da el nombre del acusado pero sí la razón: falta de pruebas
Es decir, el trabajo de los investigadores de la DEA, que establecieron los pasos de Durazo como narcotraficante desde 1960 a 1974, quedó anulado
Aunque bien pudo ser otra la causa, de acuerdo con la posibilidad que sugirió el jefe de asesores del Comité sobre el Control y Abuso de Narcóticos de la Cámara de Diputados, John T Cusak: un entendimiento político