Para impulsar las exportaciones, México otorga todo

Para impulsar las exportaciones, México otorga todo
El Pacto de Comercio pone la economía en Estados Unidos
Fernando Ortega Pizarro
Legisladores, funcionarios y empresarios norteamericanos están sumidos en una polémica sobre la eventual firma de un convenio comercial con México Pero aquí, ese acuerdo, silenciado por su principal gestor, el secretario de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Hernández Cervantes, es prácticamente desconocido por el público
Proceso obtuvo una copia del documento que se conoce en Estados Unidos, el cual contiene el entendimiento de los dos países sobre subsidios e impuestos compensatorios para las mercancías mexicanas El convenio y las acciones adicionales de los norteamericanos basados en él, revelan la intención de Estados Unidos de dar el golpe final en su empeño de someter a la economía mexicana
El convenio se llevó 18 meses de negociaciones Héctor Hernández prometió, el 16 de mayo pasado, dar a conocer el documento y explicó que su aplicación requeriría “el trámite correspondiente en el sector legislativo y su planteamiento ante los sectores privados, de acuerdo con los procedimientos de uno y otro país”
Ni el Congreso ni los empresarios mexicanos conocen el documento En contraste, el gobierno de Ronald Reagan lo presentó inmediatamente a los legisladores y a la iniciativa privada de su país, para que opinara sobre la conveniencia de aceptarlo Aunque el Ejecutivo estadunidense tiene la facultad unilateral de firmarlo, toma en cuenta los pronunciamientos de ambos sectores Está en un año electoral
El convenio bilateral, pese a ser más ventajoso para Estados Unidos, porque se rige por los lineamientos del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) y somete a México a sus dictados, opera como un anzuelo que lleva al gobierno mexicano a hacer peligrosas concesiones, con tal de obtener la prueba de daño a sus mercancías Esta “ventaja” permitiría a nuestro país evitar la aplicación arbitraria de impuestos compensatorios ante cualquier demanda de los productores estadunidenses
Hasta ahora, los principales interesados en que se firme el convenio son el propio presidente Reagan y el secretario y representante comerciales, Malcom Baldrige y William Brocker, y el embajador de Estados Unidos, John Gavin La idea es que con el convenio México se compromete a comprar prioritariamente productos estadunidenses —con esto se evita la diversificación de la economía mexicana— y se garantiza el pago de la deuda
Pero un sector importante de industriales y legisladores estadunidenses pretenden condicionar la firma del convenio a una serie de concesiones por México, con lo cual Estados Unidos terminaría por apoderarse del país
Esto es lo que quieren:
—Gravar los productos mexicanos que utilicen recursos abundantes, que se venden localmente más baratos que en Estados unidos, como los energéticos, que son incorporados en sus exportaciones (De prosperar esta iniciativa, se penalizará al tal grado a nuestros productos que hará imposible su aplicación)
—Flexibilizar la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, para facilitar la penetración de inversiones extranjeras
—Eliminar los caminos burocráticos y la incertidumbre en la aplicación de la Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, para que los capitales foráneos “eleven el estándar de vida y crear más empleos”
—Desaparecer la incertidumbre de las inversiones en la industria farmacéutica, eliminando las disposiciones que restringen los productos y marcas Además, el gobierno debe comprometerse a no tener una mayor participación en esta industria
—Modificar el Sistema Generalizado de Preferencias, a fin de reducir a la mitad los límites en volúmenes y montos para los productos mexicanos que pueden entrar en Estados Unidos Actualmente esos límites son del 50% y de 25 millones de dólares, respectivamente
—Restringir las importaciones a Estados Unidos de cobre y acero
—Aplicar a México, a partir de 1985, los conceptos de graduación y reciprocidad, por los cuales México deja de ser país en desarrollo y se pone en igualdad de circunstancias y obligaciones con Estados unidos
México a su vez, concede lo siguiente:
—Eliminó el permiso previo a cerca de 2,000 fracciones de las 7,000 que integran la tarifa del impuesto general de importación
—Atendió importaciones urgentes de refacciones, para lo cual exentó del requisito de permiso previo en forma condicional a 115 fracciones
—Incorporó a todas las fracciones arancelarias, que están exentas de permiso previo, al derecho de contar con divisas del mercado controlado, con excepción de los artículos prescindibles
—Formuló una lista de actividades industriales prioritarias, en las que podrá autorizar participaciones mayoritarias del capital extranjero
—Como complemento de lo anterior, da trato igual a las empresas extranjeras, como si fueran mexicanas; mantiene por tiempo indefinido las ventajas económicas; otorga acceso al crédito bancario y promueve la instalación de maquiladoras, no sólo en la frontera, sino en el interior del país
—Prometió eliminar la incertidumbre que existe en la legislación sobre la industria farmacéutica, con lo cual se estudiará el interés de la industria de mantener los 24,000 productos que existen en el mercado
El gobierno mexicano está empeñado en lograr la prueba de daño para sus exportaciones, ya que Estados Unidos es su principal mercado y necesita estar seguro de él El cambio estructural de la economía está basado en la posibilidad de exportar y en la necesidad de tener divisas Por eso busca decididamente la firma del convenio comercial —”entendimiento”, prefiere llamarlo—, ya que de esta manera no sólo los exportadores eliminarán su incertidumbre, sino también los inversionistas que se quieren establecer en México para vender afuera
El costo es muy alto y severo De acuerdo con el “proyecto de Entendimiento sobre Subsidios México-Estados Unidos”, cuya copia en inglés obtuvo Proceso, existen dos aspectos fundamentales que ponen en serio riesgo al aparato productivo del país, en aras de favorecer a la industria exportadora, que en su mayoría es trasnacional
En su punto número dos señala el texto: “El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos conviene en que los subsidios a la exportación de sus productos no deberán ser utilizados de tal manera que causen serio perjuicio al comercio y a la producción de los Estados Unidos de América” Y, en seguida, impone condiciones:
“El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no otorgará los elementos de subsidio a la exportación del programa de Certificados de Devolución de Impuestos (CEDI) a ningún producto y, como se establece en el quinto párrafo, tampoco reintroducirá estos elementos mediante la sustitución del programa CEDI por otro similar o lo reimplantará mediante la emisión de Cedis en forma modificada”
En estas condiciones queda a discreción de Estados Unidos lo que es subsidio y regula las políticas de estímulos que el gobierno mexicano determina para las exportaciones Pero además, en el punto cuatro, impone sanciones:
“Durante la vigencia de este acuerdo, el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no continuará ni instruirá ningún nuevo programa que constituya un subsidio a la exportación
“El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos comprende que si introduce los elementos de subsidio a la exportación del programa CEDI, o realiza alguna otra acción incompatible con los párrafos 2 ó 4 de este acuerdo, a entrar en efecto 60 días después de iniciada esta acción () no será aplicable entre México y Estados Unidos el entendimiento y ninguna determinación de daño material será requerida por México para cualquier investigación de obligación compensatoria o mercancía de Estados Unidos”
Un segundo aspecto fundamental que causa inconformidad en el mismo sector industrial mexicano son las disposiciones en materia de precios preferenciales Dice la sección “B” del punto número 2:
“El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos acepta no establecer ni mantener ninguna práctica de precios concerniente a la energía o a los productos petroquímicos básicos, incluyendo el Programa de Precios Preferenciales para Productos Petroquímicos Básicos, que sea un subsidio a la exportación o que tenga el propósito o efecto de promover las exportaciones Con este fin, si excepcionalmente cualquier precio preferencial se mantiene vigente hasta su expiración, se hará sin ningún requerimiento de exportación”
La aplicación de esta cláusula prácticamente desquiciaría a la industria que se encuentra bajo el amparo de los precios preferenciales, principalmente de los energéticos
Prácticamente, también, la totalidad de los productos mexicanos serían sancionados e impedida su exportación, lo cual resulta paradójico en un convenio que pretende fomentar las exportaciones Va en contra, inclusive, del propósito del gobierno de abatir la inflación, pues la igualación de los precios de los productos petroquímicos a los internacionales provocaría una alza descomunal
En el punto número 8 del convenio, Estados Unidos acuerda otorgar a los productos mexicanos un tratamiento no menos favorable que el que ha acordado con otros país, “en consideración de los procedimientos utilizados para la imposición de compensaciones obligatorias, y, en el inciso “C” del punto 2, señala:
“El gobierno de los Estados Unidos de México acepta, en relación con el financiamiento preexportación o para la exportación, con una maduración de dos años o menos, no otorgar subsidios a través de estos programas”
Estados Unidos tiene la sartén por el mango El punto seis (“Leyes y Procedimientos Nacionales”) señala que “ninguna previsión de este acuerdo debe ser interpretada para impedir a Estados Unidos imponer sus obligaciones compensatorias a su Ley Nacional sobre Productos conforme a su Ley Nacional sobre Productos Mexicanos que reciben subsidio, ya sea a la exportación o de cualquier otra naturaleza”
En virtud de que quienes pueden resistir estas condicionantes son las empresas más fuertes, trasnacionales, es evidente que el convenio está dedicado a proteger y fortalecer los intereses industriales de Estados Unidos en México Las principales exportadoras son de estadunidenses, y son las que en su mayoría provocan la fuga de capitales por subfacturación o sobrefacturación de lo que venden o importan Por esta vía se han ido a Estados Unidos 8,300 millones de dólares, tan sólo en 1983
Puede explicarse el silencio oficial, por la reacción que puede provocar el documento entre los propios empresarios mexicanos e, inclusive, entre los trabajadores Una muestra de estos desacuerdos se observa en la discusión para el establecimiento de un programa industrial en el corto plazo Esta es una falla de las negociaciones que llevó a cabo Héctor Hernández, secretario de Comercio, pues sin contar con una estrategia industrial concretó un convenio comercial con Estados Unidos
La falta de consulta molesta hasta al sector privado, el cual reclama que los legisladores, cuando acuden a las reuniones interparlamentarias, no dialogan con los posibles afectados y toman como planteamientos únicos los del presidente de la República
“El gobierno —dice un estudio del Consejo Coordinador Empresarial— tiene una política industrial contradictoria, ya que por un lado mantiene la estrategia de sustitución de importaciones y, por otro, el fomento de las exportaciones Ambas son incompatibles, ya que la primera impide la creación de empresas exportadoras y la segunda implica la desaparición de las industrias ineficientes —no por su calidad, sino por el precio— que abastecen el mercado interno y lo dominan”
No convencen los intentos del gobierno de establecer un programa de mediano plazo para la industria y comercio exterior El presidente de la Coparmex, Alfredo Sandoval, sintetiza: “No estamos de acuerdo con el excesivo reglamentismo, en la falta de participación de los distintos ramos del gremio industrial, ni la política de estímulo-desestímulo que coarta la libertad de emprender la actividad económica y la libertad del trabajo, inclusive”
Pero, aparte de estas diferencias, el secretario de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Hernández, espera que a más tardar a finales de julio, o principios de agosto, se firme el convenio Al ser interrogado el 23 de mayo sobre la naturaleza del convenio comercial y la inquietud de la opinión pública por conocer los términos del convenio, Héctor Hernández cortó de tajo y contestó en su tono peculiar: “Ahora las cosas se harán a mi manera”