Podría haber responsabilidad oficial, penal y civil: la SAHOP

Podría haber responsabilidad oficial, penal y civil: la SAHOP
De reguladora del suelo, Hank convirtió a Servimet en un negocio inmobiliario
Ignacio Ramírez
A mediados de 1977, el regente Carlos Hank González llegó sonriente a Los Pinos, como era su costumbre, en busca del amigo, el presidente José López Portillo Bajo el brazo, en un portafolios, llevaba uno de los supuestamente grandes proyectos de su administración: la constitución de una sociedad mercantil, que tendría como actividad principal regular el mercado inmobiliario de la ciudad de México, en apoyo del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
De la residencia presidencial, Hank salió más sonriente que como llegó: había logrado el aval de JLP Y por instrucciones del jefe del Ejecutivo, la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizó la constitución de la empresa paraestatal denominada Servicios Metropolitanos, S A de C V, mediante acuerdo del 20 de febrero de 1978
Así surgió Servimet
Documentos consultados en la Secretaría de Programación y Presupuesto, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio Federal demuestran que en vez de regular el mercado inmobiliario, Hank y sus colaboradores se despacharon con la cuchara grande: ratificaron y especularon con terrenos, varios de ellos propiedad de la nación; indebidamente adquirieron, enajenaron y permutaron inmuebles, algunos de los cuales fueron arrendados en beneficio propio; evadieron al fisco; utilizaron notarios no acreditados para ese tipo de operaciones; ocultaron información y, cuando la dieron, la mayoría de las veces resultó falsa; firmaron y tramitaron convenios a todas luces sospechosos; cambiaron el uso del suelo a su antojo y obtuvieron pingües ganancias con la construcción de estacionamientos y fraccionamientos
De acuerdo con una investigación de la antigua SAHOP, las “acciones y omisiones” de Servimet “pudieran tipificar responsabilidades de carácter oficial, penal y civil”
De esta manera fueron negociados, por ejemplo, más de 461,000 m2 de terrenos complementarios de la Central de Abastos; 693,567 m2 en Santa Fe; 849,418 m2 del fraccionamiento “Colinas del Bosque” y casi 3,000 m2 en los cuales se construyeron el nuevo edificio y los estacionamientos de la Procuraduría General de la República
Con su firma, Hank autorizó estos negocios incuantificables Era directamente responsable —no pudieron realizarse sin su consentimiento—, pues en el pecado llevaba la penitencia: fue el presidente del Consejo de Administración de Servimet
Algunos de los funcionarios públicos involucrados en las operaciones de Servimet eran colaboradores de Hank desde que era gobernador del estado de México y luego ocuparon cargos importantes en el DDF durante el sexenio pasado:
Roque González Escamilla, director general de Servimet, fue director de Proyectos del Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS) —aquél organismo descentralizado del gobierno del estado de México, creado también por Hank, que realizó la casi totalidad de las obras oficiales en esa entidad—; Gregorio Valner Onjas, psicoanalista del exjefe del profesor cuando fue gobernador, director de AURIS y subsecretario de Asentamientos Humanos en la anterior administración: Guillermo Colín Sánchez, director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de México y luego director del Registro en el Distrito Federal: Gustavo Mondragón Hidalgo, director de otro organismo descentralizado “Cuautitlán-Izcalli”, designado secretario general de Gobierno “B” del DDF, y Ricardo Blanco, secretario particular de Hank, desde que era gobernador
También estuvieron involucrados Víctor Rolando Díaz Ortiz, director general Jurídico y de Gobierno, considerado como uno de los “cerebros” de Hank; Guillermo Guerrero Villalobos, secretario de Obras y Servicios; Javier Caraveo Agüero, actual director general de Planificación del DDF, cargo que ocupa desde el sexenio pasado: y un hombre clave: el licenciado José Manuel Villa Gordoa Lozano, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto —de 1976 a 1982 despachó en una oficina de Palacio Nacional—, designado por el regente Ramón Aguirre Velázquez como coordinador general Jurídico del DDF
Todos ellos de una u otra manera, tuvieron relación con los negocios turbios de Servimet Igualmente los fraccionadores, intermediarios y empresas que se beneficiaron ilícitamente, como Vicente Bandín Bandín y Alberto Bustamante Luis Lara Braun y “Predios y Fraccionamientos”, S A de C V e “Inmobiliaria Meroca”, S A de C V, entre otros
Un dato resulta elocuente:
“Meroca”, una de las compañías que realizaron operaciones de compra venta con Servimet, se constituyó formalmente el 3 de septiembre de 1981, con un capital de 300,000 pesos Y en un año había realizado inversiones por $1,800 millones de pesos
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No fue sino hasta fines del sexenio —antes se hicieron de la vista gorda tanto el titular de la SAHOP, Pedro Ramírez Vázquez, como los de la SPP, Carlos Tello Macías, Ricardo García Sáinz, Miguel de la Madrid Hurtado y Ramón Aguirre Velázquez, dado que a las dos dependencias les competían responsabilidades en el caso Servimet —cuando se hicieron varios estudios minuciosos sobre los abusos cometidos por la empresa
Violaba diversas disposiciones legales: la Ley para el Control por el Gobierno Federal de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; la Ley Sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes de la Administración Pública Federal; la Ley de Expropiación; la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación y del Distrito Federal, entre otras
La voracidad del Departamento del DF sobre los terrenos de la capital no tuvo límites Fue así como, en un intento desesperado por frenarla, el 27 de octubre de 1982, o sea a un mes de concluir el sexenio, el Diario Oficial de la Federación publicó una convocatoria para que las dependencias y entidades de la administración pública federal hicieran valer sus derechos de preferencia sobre 42 predios, con una superficie total de 245,20955m2, que el Departamento intentaba vender, “en atención a que no le son de utilidad en la actualidad, ni en futuro previsible” No era la primera vez: en noviembre de 1981, Servimet trató de comercializar otros 60 predios, obviamente con una extensión mayor
De última hora se ponía sobre aviso de la especulación venal con los terrenos de la ciudad Pero internamente, dentro de la más alta esfera gubernamental, eran un secreto a voces los negocios de Hank González y sus colaboradores
Documentos oficiales de la SAHOP, avalados por la SEDUE —uno de ellos es del 8 de febrero de 1983—, detallan las irregularidades cometidas por Servimet:
+La empresa manifestó como actividad principal contribuir a regular el mercado inmobiliario, pero en realidad compró inmuebles a bajo costo y los vendió a precios altos, lo cual resultaba un contrasentido, pues con este tipo de operaciones propició la especulación en el mercado de la tierra
+También propició la venta de inmuebles de su propiedad y del DDF, sin acreditar previamente con las autorizaciones del SAHOP y de la SPP, sin acreditar la capacidad jurídica para comprometer inmuebles federales De la misma manera, adquirió inmuebles sin acreditar la disponibilidad de recursos financieros autorizados por la SPP
+Se ostentó ante la SAHOP como gestora o representante del DDF, sin acreditarlo también sin la acreditación correspondiente, manifestó contar con la autorización de aquella Secretaría para realizar operaciones inmobiliarias de compraventa de carácter privado Asimismo, se comprometió a obtener exención de diversos impuestos federales en favor de personas morales
+Antecedentes de propiedad de varios inmuebles del DDF, cuya enajenación gestionó la empresa, derivan de inmatriculaciones administrativas; es decir, de registros falsos
+En muchas de las operaciones de enajenación de inmuebles que se pretendía efectuar en favor de particulares, por supuestos derechos de primacía, no se acreditó tal derecho, ya que se beneficiaba a inmobiliarias particulares y a personas físicas, sin obtenerse ningún beneficio social o bien público
+Se dio el caso de bienes ejidales, expropiados por causa de utilidad pública, que Servimet gestionaba posteriormente en nombre del DDF, para dedicarlos a un uso distinto, desvirtuándose con esto la causa pública que motivó la expropiación Y hubo inmuebles que fueron destinados a una institución del gobierno federal y posteriormente el DDF y Servimet dispusieron del mismo, construyendo instalaciones para su enajenación
+En muchos de los bienes inmuebles propiedad del Departamento, la empresa celebró contratos de arrendamiento con particulares, sin que tuviera capacidad jurídica para ello y recibió directamente los pagos que deberían ingresar en la Tesorería de la Federación
+Diversos trámites para la autorización de enajenación de inmuebles propiedad de Servimet o del Departamento constituían el pago en especie de contratos celebrados por la empresa para la realización de obras, situación anómala en virtud de que no se presentaban los contratos correspondientes para verificar si fueron cumplidos conforme a los términos estipulados
De igual manera, Servimet promovió en nombre del DDF la elaboración o revisión de anteproyectos de Decretos presidenciales, para desafectar del régimen del dominio público del Departamento diversos inmuebles para efectos de enajenación o donación en favor de esa propia empresa, o bien en favor de personas físicas o morales
Eran éstas, tan sólo, algunas de las irregularidades de Servimet
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Para el 19 de abril de 1979, un documento de la Subcontraloría General del DDF daba cuenta de las obras realizadas y en proceso, a cargo de la empresa en esos momentos:
De las obras realizadas —a dos meses de su terminación—, entre estudios y proyectos, centros sociales de barrio, estacionamientos y terrenos para estacionamientos y otros, alcanzaban un total de 195 millones 934,000 pesos
Sin embargo, de las obras en proceso —”indispensables”, se anota— el documento es sumamente revelador:
El Convento de San Jerónimo, más conocido como el Claustro de Sor Juana, tenía asignada una partida de 50 millones de pesos, con la siguiente observación: “Hay compromiso con la Sra López Portillo para hacerlo en cuatro mese”
Una cantidad similar estaba destinada para un predio en San Juan de Letrán, cantidad “que se refiere sólo al valor del terreno que hay que pagar a Banobras en aproximadamente un mes”
Otros 80 millones de pesos para el Metro, en Pino Suárez, “urgente para evitar hundimientos diferenciales en la estación”
Y las tajadas grandes:
Para estacionamientos en los ejes viales, nada menos que 1,550 millones de pesos “Esta cantidad —se observa— es la correcta; puede reducirse en función de disponibilidades con sacrificio de resultados”
Tan sólo un estacionamiento y un edificio en la calle de López números 12 y 14 —el nuevo local de la Procuraduría General de la República— tenían una estimación de 110 millones de pesos, con la siguiente observación: “Hay compromiso con la Procuraduría para iniciar de inmediato la obra, que tardaría 18 meses”
A continuación se describe cómo y en qué forma se construyó ese edificio, lo que revela asimismo cómo y en qué forma se hicieron los grandes negocios por las autoridades del DDF en el sexenio pasado:
El 15 de diciembre de 1978, Hank y el director de Servimet, González Escamilla, suscribieron, conjuntamente con la PGR el convenio respectivo, en los siguientes términos: Por un lado, el DDF aportaría el predio ubicado en López número 14, con superficie de 1,29126 m2 Y por el otro, la PGR el inmueble situado en López 12, con una superficie de 1,62060 m2
La cláusula segunda especificaba que el Departamento y la Procuraduría convenían con Servimet en que ésta última construiría ahí un edificio, con estacionamiento para 50 automóviles en sótano, dos pisos para oficina y siete para estacionamiento Y la cláusula tercera estipulaba que las partes “convienen en que el sótano y los pisos primero y segundo del edificio en cuestión serán para uso de la Procuraduría y quedarán en propiedad exclusiva de la Federación y, los siete pisos restantes, serán propiedad del Departamento”
Pero la irregularidad salta a vista: los terrenos que pertenecen al patrimonio nacional son propiedad de la Federación: de esta manera, los “siete pisos restantes” no tenían por qué pasar a ser “propiedad del Departamento” El negocio era obvio: la recaudación por concepto del pago por estacionamiento de vehículos
La cláusula cuarta comprometía a la Procuraduría a entregar, en 90 días hábiles contados a partir de la firma del convenio, la cantidad de seis millones de pesos, como aportación total de esa dependencia a las obras
Cuatro días después, el 19 de diciembre de 1978, la compañía “Ingenieros Arquitectos Consultores Asociados” (GINARC, SC), por medio de su director general, el arquitecto Carlos Gosselin Maurel, presentó a González Escamilla el estudio definitivo de factibilidad de la obra, a indicaciones del arquitecto Humberto Jasso y del licenciado Abraham Bastida, ambos funcionarios de Servimet
El estudio daba cuenta de las inversiones de Servimet (33762,000 pesos) y de la PGR (6000,000 de pesos), así como la estimación de la productividad anual por los estacionamientos y otros comercios posibles de rentar (20884,286 pesos)
No obstante lo anterior, el 20 de febrero de 1979, González Escamilla solicitó un crédito a Banobras —donde, curiosamente trabajaba ahora Víctor Rolando Díaz Ortiz, exdirector Jurídico y de Gobierno del DDF— por la cantidad de 127 millones de pesos En un escrito dirigido al licenciado Octavio Calvo Abascal, entonces gerente de crédito del Banco Nacional de Obras y Servicios, el director de Servimet le pedía el crédito a un plazo de 10 años, con los intereses usuales para este tipo de operaciones, “quedando garantizado dicho crédito mediante la constitución de un fideicomiso en el que se afecten en favor de esa institución de crédito las rentas y productos que reporte la operación del estacionamiento en cuestión”
El 19 de marzo, la Tesorería de la Federación expidió dos cheques —números A8309823 y A8309824— en favor de Servimet, que en total sumaban seis millones de pesos que correspondían a la PGR para las obras El primer cheque por 1227,21448 “por concepto de un recibo” Y el segundo, por 4772,78552 “por concepto de complemento del No A8309823”
Y un día después, en otro escrito firmado por González Escamilla y dirigido al director general de Urbanizaciones y Asfalto, S A, Mariano Rodríguez —otro contratista—, le comunicaba que ya se estaba en la posibilidad de iniciar las obras en los predios de López 12 y 14 Además, le pedía “que nos manifieste formalmente sus intenciones de iniciar las negociaciones del contrato”, bajo las siguientes bases: Oficinas, estacionamientos y locales comerciales: valor aproximado de la obra: $100000,000
O sea 27 millones de pesos menos que el crédito solicitado a Banobras, sin contar la aportación de los seis millones que pagó la Tesorería correspondiente a los créditos 29907 y 29918 a cargo de la PGR
Un documento más del 27 de marzo de 1979, con papel membretado de Servimet, firmado por el C P Héctor Zozaya, dice: “Recibí para depositar en la caja fuerte de esta empresa, un sobre que contiene documentación confidencial, de parte del licenciado Abraham Bastida Aguilar, coordinador de Asuntos Jurídicos e Institucionales”
Algo se ocultaba, de ahí que los técnicos y especialistas de la SAHOP, que realizaron las investigaciones de la empresa, hayan llegado a la siguiente conclusión:
“Servimet ha construido diversos estacionamientos, sin que hubiera acreditado los recursos presupuestales para la adquisición de los terrenos donde éstos se ubican, así como los correlativos para la construcción de las obras, argumentando en forma verbal que estos se han realizado sobre la base de la coinversión, o bien de la enajenación condicionada y de los cuales algunos han sido objeto de venta en favor de terceros A este respecto la empresa sistemáticamente se ha negado a proporcionar los documentos correspondientes”
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En los últimos días del sexenio, el 11 de noviembre de 1982, Servimet cursó petición formal a la SAHOP para enajenar en favor de “Inmobiliaria Meroca”, S A de C V —cosa que ya había hecho mediante contratos privados de promesa de venta— los tres primeros predios que a continuación se detallan y un cuarto para donarlo al DDF:
Predios rústicos denominados “mina Ocho y Medio” de la antigua carretera México-Toluca, ubicado en la Delegación Alvaro Obregón, con superficie de 525,567 m2; “Peña Blanca”, en el pueblo de Santa Fe, con superficie de 150,000 m2: fracción de “Peña Blanca”, en la misma jurisdicción delegacional, con superficie de 18,000 m2, y “Peña Blanca IV”, localizado en el kilómetro 9 del camino Santa Fe-Contadero, con superficie de 82,000 m2, del cual se donaría gratuitamente una fracción de 22,093 m2
Servimet contravino en este caso las disposiciones de orden público que establecía la Ley General de Bienes Nacionales, por las siguientes razones:
Fueron adquiridos sin contar con la previa y expresa conformidad de la SPP y de la SAHOP; los notarios que protocolizaron las operaciones no fueron designados previamente por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Legislación de la segunda dependencia citada; no se acreditó que los precios de adquisición hayan sido fijados por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales; la empresa no justificó si los adquirió con recursos propios o con partida presupuestal de la SPP, y los comprometió con la “Inmobiliaria Meroca” antes de formalizar las escrituras públicas correspondientes, mediante contrato privado de promesa de venta
No obstante la irregularidad en la adquisición de estos bienes, Servimet enajenó los tres primeros predios en favor de “Meroca”, que en conjunto suman una superficie de 693,567 m2, donde la inmobiliaria pretendía construir un fraccionamiento de tipo residencial
“A partir de la fecha de la solicitud correspondiente —afirma uno de los documentos de la SAHOP—, la Secretaría ha requerido de Servimet diversa documentación que motive y justifique la necesidad de convalidar las operaciones inmobiliarias que oficiosamente ha realizado, contando únicamente con alguna información que impide estructurar en forma total los antecedentes del presente asunto y normar el criterio para resolver conforme a derecho el planteamiento presentado a la Secretaría Lo anterior, se constriñe fundamentalmente a que Inmobiliaria Meroca, S A de C V, en el desarrollo del Programa Santa Fe, argumenta haber ejercido una cantidad de aproximadamente 100 millones de pesos: que adquiere los tres terrenos en aproximadamente 100 millones de pesos, no lográndose entender los beneficios que legítimamente pudiera tener la empresa por las erogaciones que hasta la presente fecha afirma haber efectuado”
Y no sólo eso, sino que Servimet se comprometió a obtener diversas exenciones de carácter fiscal y la autorización del fraccionamiento
Un caso más:
El 21 de septiembre de 1981, el Departamento del Distrito Federal gestionó ante la SAHOP la elaboración de un anteproyecto de Decreto presidencial para ampliar el uso de terrenos, con una superficie de más de 461,000 m2, para la construcción de obras complementarias de la Central de Abastos, entre ellas viviendas, establecimiento de servicios públicos, fuentes de trabajo y áreas verdes Y solicitaba autorización para enajenarlas en favor de terceras personas, de acuerdo con sus programas
Ostentándose como representante del DDF, Servimet manifestó que el desarrollo de las obras se apegaba a las disposiciones consignadas en los ordenamientos aplicables Y en cuanto a la disponibilidad de recursos financieros para su realización, argumentó que la construcción de las obras se llevaría a cabo con base en un programa autofinanciable, “razón por la cual no es necesario acreditar los recursos presupuestales que para tal efecto hubiere asignado la Secretaría de Programación y Presupuesto”
Al requerirle a la empresa, e inclusive al propio Departamento, que acreditaran que los proyectos y programas por ejecutar eran congruentes con lo establecido en el Plano Regulador del DDF, únicamente proporcionaron una copia heliográfica del plano fotogramétrico donde, de manera genérica, se indicaban las áreas de afectación
Ni siquiera dieron a conocer los estudios y proyectos que fueron la base para la construcción de la Central de Abastos —una bodega ahí vale hoy más de 80 millones de pesos— que definían los usos del suelo, a fin de verificar cuales áreas no fueron necesarias para su construcción y determinar si los fines de afectación que se pretendían eran compatibles en función del programa por desarrollar
También se desconocían las características del programa de autofinanciamiento, que debió precisar el DDF para llevar a cabo tales obras Y se ignoraron las generalidades para su comercialización, así como los presuntos beneficiarios
Ante las precisiones ejercidas, se remitió el proyecto de Decreto presidencial El oficio correspondiente tenía la siguiente observación: “se elaboró sin contar con los elementos del caso, encontrándose pendiente de trámite”
Todo se comercializó finalmente
Y lo peor del caso es que el subsuelo de esos terrenos es pantanoso y sus características se manifiestan en un alto contenido de agua y materias orgánicas, pues la chinampería, zona lacustre del Valle de México, asiento del exlago de Texcoco, que por sus condiciones se constituía como despensa de verduras, legumbres y hortalizas, aun de flores fue destruida ecológicamente
Además, Servimet arrendó propiedades del DDF y recibió los productos del arrendamiento Así sucedió con el inmueble ubicado en la calle de Canoa, esquina con la segunda cerrada del mismo nombre, colonia la Otra Banda, cuyo arrendatario fue la “Inmobiliaria Ritco”, S A Y el caso de los locales que ocupan Sumesa y otros giros comerciales en Avenida de las Fuentes esquina con Calle del Agua, sin que se pudiera precisar el destino final de esos recursos monetarios
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La conclusión final de unos de los documentos de la SAHOP habla por sí sola:
“Sería conveniente efectuar una auditoría respecto de todas las operaciones relacionadas con el patrimonio inmobiliario de la empresa y del Departamento del Distrito Federal Con el resultado de dicha auditoría y como consecuencia de las acciones y omisiones que ha tenido Servimet en el manejo, administración y disposición de los inmuebles que ha adquirido y enajenado, sin ajustarse a las disposiciones y procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos correspondientes, pudieran tipificarse responsabilidades de carácter oficial, penal y civil, tanto para los funcionarios responsables de las instituciones públicas mencionadas, como para los federatarios que hubiesen incurrido en ilícitos al protocolizar operaciones inmobiliarias al margen de la ley”