Con la firma de un funcionario del DDF se pretendió blanquearlo

Con la firma de un funcionario del DDF se pretendió blanquearlo
El jefe de Finanzas de Durazo exhibe, con pruebas, la rapiña en la DGPT
Ignacio Ramírez
Un lacónico informe del jefe de la Oficina de Comprobaciones y Ministraciones de la Contraloría General del Departamento del Distrito Federal, Netzahualcóyotl Lara Martínez, dejaba “saldado”, al 30 de noviembre de 1982, el importe final por comprobar del estado de cuenta de la Dirección General de Policía y Tránsito
Con ello se enmascaraban los turbios manejos presupuestarios, financieros y contables de Arturo Durazo Moreno al frente de la DGPyT, al no haber ningún importe de la documentación pendiente de comprobar durante todo el sexenio
El informe, de tan sólo una docena de líneas, aparece en blanco en este único renglón: “Años 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982———0———TOTAL POR COMPROBAR $———0———” Al margen, el sello oficial del DDF; alcalce, otro sello de la Contraloría General, la fecha 30 de noviembre de 1982 y la firma de Lara Martínez
De esta manera, en el DDF se dejaba al “general” —en el último día del sexenio de José López Portillo— limpio de toda culpa respecto a cualquier irregularidad financiera de la dependencia a su cargo
Sin embargo, la realidad era otra:
Puesto el bocado en bandeja de plata, con el aval y la protección de algunas autoridades del Departamento y de la Contaduría Mayor de Hacienda —a quiénes se les podrían fincar responsabilidades—, así como con la complicidad de sus principales colaboradores —con sueldos extras en nóminas especiales—, Durazo se hartó a manos llenas: manejó y jineteó a su antojo el presupuesto de la DGPyT, infló las partidas asignadas, obtuvo comisiones improcedentes de cuentas bancarias personales e hizo negocio en inversión de valores (CETES) Su incalculable fortuna fue encubierta también mediante cheques de hule, facturas apócrifas, documentación de gastos sin comprobar, erogaciones imprevistas, gratificaciones, importación de vehículos, armas y equipo de contrabando, entre otras irregularidades “saldadas” a último momento
Víctor Manuel González Rivera, quien tuvo a su cargo la Unidad de Finanzas de la DGPyT en los últimos tres años del sexenio pasado, describe con detalles los turbios manejos de su exjefe, con base en un voluminoso expediente con más de 500 documentos comprobatorios de estas anomalías en ese lapso —originales y copias certificadas—, entregado a Proceso
La documentación —una fuente que parece inagotable de oficios, números y cuentas debidamente foliadas— es una mínima parte del caudal de información que fue ocultada a las autoridades por los jefes de los Servicios Administrativos de la DGPyT, Federico Daniel Garza Sáenz (cuñado de Durazo) y Carlos Castañeda Mayoral
“No podría cuantificar las fugas de capital, eran muchas, muchísimas José González González se quedó corto Había cosas que no existían, papeles y papeles que no cumplían ni el más mínimo requisito de comprobación y por ahí se iban grandes cantidades de dinero, imposible de imaginarlas siquiera”, dice González Rivera
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La falacia de que la policía mexicana era la mejor del mundo le sirvió a Durazo de pretexto para obtener mayores recursos destinados supuestamente a la superación de los elementos de la corporación Esto lo llevó, junto con sus colaboradores, a instrumentar un catálogo de cuentas presupuestales cuya clasificación por objeto de gasto, hasta 1982, era verdaderamente impresionante: 123 rubros clasificados en varios capítulos, que iban desde material de oficinas, alimentación y servicios básicos, hasta equipo de computación electrónica
Del vasto catálogo saltan a la vista algunos rubros que resultan a todas luces sospechosos, porque sirvieron para el usufructo personal del director de la DGPyT: materiales de construcción, obras públicas por contrato y por administración, mantenimiento y conservación de inmuebles, inversiones financieras, gastos de propaganda, de ceremonias y orden social, pasajes, viáticos, refacciones
Otros rubros eran prácticamente fantasmas y por ellos se daban grandes fugas de dinero: subrogaciones, asesorías, seguros, intereses, descuentos y servicios bancarios, otros impuestos y derechos, congresos, convenciones y exposiciones, servicios asistenciales, bienes artísticos y culturales, ayudas culturales y sociales, funerales, pagos de defunción, premios, becas
Y un capítulo más, el referente a las erogaciones extraordinarias que, en un principio, fueron clasificadas como erogaciones contingentes, especiales, complementarias e imprevistas
Tanto dinero, tanto papeleo, comenzaba a resultar sospechoso no sólo en la DGPyT, sino en las diversas dependencias del DDF Fue así como a mediados de julio de 1982, el contralor general del Departamento, Salvador Mondragón Rodríguez, solicitó las comprobaciones de gastos realizados por las delegaciones políticas, direcciones y, en general, todos los organismos del DDF “De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Departamento y su Reglamento Interior, solicitamos lo anterior en virtud de haber conocido algunos casos, los cuales no reunían los requisitos anteriormente señalados”, decía en un escrito Mondragón Rodríguez
En atención a esta petición, el director de Control de Bienes del Departamento, Carlos Sánchez Zapata, envió un oficio a Durazo para solicitar la información correspondiente Y el jefe de la Unidad de Administración Presupuestal, Homero Díaz Córdova, detectaba ya adeudos de la DGPyT hacia la Tesorería del DF
Dichos documentos comprueban la versión de González Rivera, en el sentido de que nunca se llevó a cabo ninguna auditoría en la DGPyT “Para ese entonces —denuncia—, funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH), principalmente Germán Ramírez, director de Auditoría de Egresos y Organismos “A”, estaban ya en connivencia con Durazo” La pinza de protección se cerraba con el subcontralor general del DDF, Jaime Porter Samanillo, que cobraba en la DGPyT y que el “general” había “comprado en cinco millones de pesos”, según José González
Cuando, en 1981, habían sido detectadas las irregularidades en Policía y Tránsito, la CMH inició los trámites conducentes para una auditoría en esa dependencia, que nunca se cumplió y que fue puesta en conocimiento del regente Carlos Hank González, como se demuestra en otro documento dirigido a Durazo:
“En referencia a la orden de auditoría, girada por esta Contaduría, con oficio número 339 de fecha 14 de enero de 1981, dirigido al C Prof Carlos Hank González, jefe del Departamento del Distrito Federal, y con fundamento en los artículos 19, 20, párrafo segundo, y 22 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, se le requiere para que el día 5 de junio del presente año proporcione al personal comisionado la siguiente información”
Demandaba el escrito, entre otras cosas, las medidas asumidas para la implementación e implantación de los sistemas de contabilidad y finanzas, del control presupuestal y del manejo y control de los fondos ministrados por la Tesorería y otras dependencias del Departamento
No fue hasta el 15 de junio cuando Durazo respondió al requerimiento, mediante oficio número 0143 81 UOM, un documento prácticamente exculpatorio:
“Respecto a la desconcentración de los sistemas de contabilidad y finanzas a que hace referencia en su escrito, me permito comunicarles que aún no se ha recibido notificación alguna por parte del Departamento del Distrito Federal De acuerdo al nuevo sistema de Inventario de Bienes Muebles emitido por la Secretaría de Comercio, es conveniente mencionar que lo conocemos a través del intercambio de información que llevamos con otras instituciones y organismos; sin embargo, tampoco hemos tenido ninguna comunicación oficial del Departamento, la cual es indispensable si consideramos que se trata de un sistema integral”
La respuesta de Durazo, empero, fue reveladora en uno de sus párrafos:
“De acuerdo al manejo y control de los fondos ministrados, cabe mencionar que la Tesorería del DF expide cheques a nombre del titular de esta Dependencia, los que a su vez, parte se paga inmediatamente de conformidad con los compromisos adquiridos y parte es depositado en diversas cuentas bancarias de acuerdo a una clasificación tanto de gasto corriente como de inversión”
Uno de esos cheques de la Tesorería, por un millón 781,215 pesos, 46 centavos, fue autorizado el 5 de noviembre de 1982, mediante acuerdo 1251, por el contralor general del DDF, Mondragón Rodríguez, “con cargo a la partida presupuestal Erogaciones Imprevistas Gastos de Emergencia” Supuestamente, la cantidad serviría “para cubrir diversas erogaciones imprevistas originadas por los programas encomendados a esta Dirección General” Al calce, el nombre y firma original del interesado: “Gral de Div Arturo Durazo Moreno, director de la DGPyT”
“El destino real de ese dinero —acota González Rivera— fue para cubrir inversiones en valores, CETES concretamente”
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Sintiéndose dueño de un poder absoluto, al amparo de la amistad con el presidente José López Portillo, el “general” Durazo ni se preocupaba de rendir cuentas a la nación Por todos lados le tapaban sus corruptelas Así también, las partidas presupuestales, al menos en 1982, fueron aprobadas a su favor por el secretario general de Gobierno “B” del DDF, Gustavo Mondragón Hidalgo
En dos oficios, fechados el mismo 5 de agosto de ese año, el funcionario avalaba, por un lado de abril a junio y por el otro de julio a diciembre, las asignaciones correspondientes a “erogaciones imprevistas” O sea que a mediados de 1982 se saldaban ya, sin más trámites de comprobación posterior, todas las partidas presupuestales por ese concepto
Pero eso era en el papeleo oficial, porque la situación era otra muy distinta Muestra de ello es el balance del jefe de Auditoría Interna de la CMH, Armando Ojeda Islas —”destituido por su honestidad”, dice González Rivera—, que dirigió al entonces director de Servicios Administrativos, Garza Sáenz En el documento determinaba las siguientes irregularidades concernientes a 1981, correspondientes al año fiscal de 1982:
+La Tesorería entregó el cheque número 3258 por $124,876,75000 el día 23 de julio, de los cuales fueron depositados en forma inmediata la cantidad de $77,440,20512 y hasta el día 28 de julio apareció el depósito en efectivo de los restantes $47,436,54488, mismos que al día siguiente se traspasaron a CETES
+Se determinó que las inversiones realizadas en CETES redituaron la cantidad de $1,651,85448, que se quedó en las cuentas de cheques de la DGPyT, pero se omitió hacer el incremento al presupuesto por los recursos autogenerados, así como enviar la correspondiente notificación al DDF para su registro
+Se expidieron varios cheques a nombre de funcionarios de esta Dirección, de los cuales se anexa una relación
+Durante 1981 se hicieron varios depósitos bancarios fuera del presupuesto asignado, sin encontrar ningún documento del por qué de ellos, así como la procedencia de los fondos De esta manera, del 5 de enero al 3 de septiembre se efectuaron siete depósitos en efectivo, cuatro en cheques y un abono por traspaso, por un total de $12,877,75921
Y dos párrafos aún más comprometedores:
“En lo que se refiere a la comprobación presupuestal del ejercicio de 1981, según nuestros papeles de trabajo al 30 de junio de 1982, se encontraba pendiente de recibir la siguiente documentación: por concepto de material de seguridad pública, equipo de computación, vehículos y equipo terrestre, refacciones y accesorios mayores, y obras por administración, por un total de 260 millones 674,000 pesos
“Por lo que respecta al año de 1982, no se puede concluir nuestro trabajo mientras no sean proporcionadas todas las pólizas, fichas de depósitos, cheques y estados de cuenta”
Los cheques a nombre de funcionarios de la DGPyT se contemplaban dentro de la partida “erogaciones imprevistas” Una relación habla de ellos:
Con fechas del 14 de marzo al 21 de octubre de 1981 fueron expedidos 16 cheques al licenciado José Luis Echevarría (subdirector administrativo con Castañeda Mayoral) por un total de 61 millones 285,200 pesos, por los siguientes conceptos: “Gastos a comprobar”, “para pago en efectivo”, “préstamos”, “para pago de refacciones de Tlalpan” y “envío en efectivo a Houston”
Para el licenciado José Francisco Alvaradejo Muñoz (jefe de la Unidad de Finanzas, que sustituyó un tiempo a González Riveras), dos cheques de fechas 23 de octubre y 10 de diciembre de 1981, por un total de dos millones de pesos, para “préstamo a la cuenta de vestuario” y “compensación Casa de Cristal y periodistas”
Un cheque más del 25 de febrero de 1982, para los licenciados Echevarría y Alvaradejo, por un total de 66 millones 6,212 pesos 90 centavos, para “pago de US primer trimestre de 1982”
Y otros tres a favor de Mario González, jefe de Selección de Personal para “el Colegio de Policía”, por un total de 95,452 pesos
Otra relación autorizada por Durazo, denominada “compensaciones al personal de la DGPyT”, de fecha 6 de marzo de 1980, firmada por el doctor Rafael Sánchez H, secretario particular de la Dirección de Servicios Administrativos, da a conocer los sueldos extras de funcionarios, parientes del director, asesores y “aviadores” Ahí cobraban, incluso, el sobrino consentido de López Portillo, Roberto Martínez Vara, exsubdirector administrativo de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, actualmente prófugo de la justicia, y el chofer de JLP, Francisco Ramírez Guzmán
Las partidas, quincenales, estaban distribuidas de la siguiente manera:
Corl Francisco Sahagún Baca (titular de la desaparecida Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, DIPD) $250,00000; Corl Martín Larrañaga (“Zorba I”, asignado al Campo Militar Número Uno) $122,50000; Al portador (compensación prensa) $75,00000; Cap Mario Elizondo Leal, $32,00000; Corl Víctor Payán (director de Prensa y Relaciones Públicas y reportero de Excélsior) $30,00000; Corl Daniel Molina Miranda (secretario particular de Durazo) $30,00000; Cap Servando López Villa “Zorba II”, asignado a Los Pinos) $25,80000
Asimismo, Gral Rafael Navarro Mendoza (subdirector de Policía y Tránsito), Al portador (Contraloría del DF), Lic Carlos Durán Lanz (jefe de la Oficina Jurídica) y Corl Carlos Castañeda Mayoral, $25,00000; Armando López Santibáñez (director de Autotransportes y Estacionamientos) y Corl Joel Marín Lara (jefe de Inspección General), $20,00000; Corl Esteban Fernández Mantecón (director Operativo) $18,00000; Corl Isidro Valdéz Norato (director de Servicios al Público y jefe de la Inspección de Vehículos), Mayor Pedro R Salinas y Garza (jefe de la Unidad de Finanzas, antes de González Rivera), Cap Gilberto Torres (primer jefe de ayudantes de Durazo, baleado en un centro nocturno de Insurgentes), Tte Corl Gerardo Durazo Reyes (jefe de Almacenes, sobrino del director), Gral Carlos Bermúdez (actual jefe del Estado Mayor Presidencial), licenciado Mario González, José Luis Echevarría y Longinos Monroy Castillo (jefe de la Unidad de Organización y Métodos), $15,00000
También Edelmira Durazo (hermana del director), $14,00000; Tte Corl Federico Galván Anaya (jefe de Almacén de Balística, Armamento y Tiro) $11,00000; Francisco Durazo Garza (el “Yoyo”, hijo del director), Corl Antero Cabrera (secretario particular y luego subdirector de Servicios al Público), Lic Eduardo Ferrer McGregor (juez que llevó el caso de los presos políticos del 68), Corl Mario Mena Hurtado (director Vial), Tte Corl Octavio Menduet (jefe de Eventos Especiales), Joel Zapata Montalván y Corl Guillermo Saad (exdirector de Prensa) $10,00000
Con sueldo extra de $8,00000 quincenales estaban el periodista Raúl Sánchez Carrillo, Betuel Morales (jefe de la Oficina Técnica de Semáforos), Rodolfo Bazán Morales (jefe de Area), el general Ricardo Topete, Francisco Ramírez Guzmán, Roberto Martínez Vara, el mayor Manuel Cervantes Cisneros y el coronel Arturo Cisneros Gómez, quien trabaja actualmente en la Brigada de Granaderos Además, cobraban Leslie de Garza (concuña del director), $6,00000; Dr Mario Zarza Fernández (jefe del ERUM), Arturo Guerrero Estrella (comandante de la Dirección Federal de Seguridad), Nino Canún (de la revista Tránsito) $5,00000, así como Juan Luis Guzmán Enríquez y Octavio García Bueno, $3,00000
En total, más de dos millones de pesos de nómina mensual extra para los consentidos de Durazo
“Había también otra relación nominal para los periodistas que cubren la fuente policiaca”, refiere González Rivera, quien mostró 19 cheques originales, con sus pólizas correspondientes, que no fueron cobrados por haberse cancelado la firma de autorización de Castañeda Mayoral, a mediados de 1982, a favor de Emma viuda de González, Jaime Porter Samanillo, Cristina Rubio, licenciado Armando Martínez, coronel Arturo Cisneros, Francisco Durazo Garza, Casa Rivera, Novedades Editores, Autos de Oriente, Equipo y Gas y uno al portador
También dentro de la partida de “erogaciones imprevistas” estaban los gastos correspondientes a “vigilancia del orden en mitines y manifestaciones públicas”, “vigilancia especial en invasiones de terrenos del DF”, “grupos especiales de apoyo en el orden y vigilancia” y “vigilancias especiales y servicios de seguridad en la ciudad de México” En un análisis de estos imprevistos se da cuenta de que en 1979 se habían destinado para ello un millón 250,000 pesos, cifra que aumentó en 1982 a seis millones de pesos
Para teje y maneje del dinero se contaba con las siguientes cuentas bancarias, abiertas de 1979 a 1982 —”había otras más con anterioridad”, advierte González Rivera— de Bancomer: 585287-6, 585288-4, 588768-2, 592849-4, 585298-3, 588755-9, 582595-5, 605630-3, 617154-0, 663874-6, 640308-3, 625376-9, 646915-9, 632918-9, 646904-3, 632942-9, 640307-5, 632946-0, 640340-6, 640339-3, 632949-4, 635368, 227125-0 y 192130-3, éstas dos últimas a nombre del propio Durazo Del Banco Serfín: 2187952, 2189106 y 2189114 Otra del Banco Internacional, la número 25-02649-3, y una más, de Bancreser, la 00-489-7
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Con el dinero del erario público en sus manos, Durazo hizo el negocio de su vida, como se comprueba con el legajo de facturas y notas de remisión que, en parte, se mencionan a continuación:
Una factura remitida por la empresa Schweizerische Industrie-Geselischaft CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, con sede en Hamburgo (RFA), describe la venta de 700 pistolas de combate tipo SIGSAUFR (RFA), calibre 9 mm modelo P225, nuevas, cinco estuches con útiles de aseo, tres calibradores de brújula, una pistolera de hombro, un juego de repuestos, por un total de 609,15072 francos suizos, o sea siete millones 815,403 pesos 73 centavos El armamento llegó por mar vía Coatzacoalcos, fletado por la Züuste & Bachmeier Ltda, de Hamburgo El pago fue cubierto con la tarjeta de crédito número 63830-A 2547 el 9 de junio de 1981, abierta en favor de la empresa alemana por Bancomer y el Union Bank of Switzerland de Zurich, Suiza
Las pistolas —parte del armamento que se llevó Durazo, según González González— fueron entregadas al Tte Crol Federico Galván, con cargo a la DIPD, según oficio número M107-82, en el cual se especifican los números de matrícula M-478118
En aras de una mejor imagen de la policía y de brindar mayor seguridad a la ciudadanía, Durazo lograba engañar a todo mundo Con ese pretexto elaboró un estudio denominado “Campaña Permanente para Mejorar la Imagen de la DGPyT” En relación con esto, a fines de septiembre de 1981, el director general de Auditoría de la Contaduría Mayor de Hacienda, Sergio A Sánchez Larralde, caía en el garito:
“Las medidas propuestas en dicho estudio son adecuadas, ya que aumentará la cobertura de vigilancia a la ciudadanía y su calidad en el servicio Y se cumplirán los siguientes requisitos: moralizar al servidor público, que los elementos policiacos cumplan y vigilen eficientemente las disposiciones y normas contenidas en los reglamentos de Policía y Tránsito y se mejorará de paso la imagen de la propia Dirección”
Anteriormente, en abril de ese año, Durazo había solicitado al oficial mayor del DDF, Jesús Garduño Villavicencio, la transferencia de recursos de la partida “Vehículos y Equipo de Transporte Aéreo”, a la partida de “Vehículos Terrestres” que alcanzaba la suma de 11 millones de pesos, la cual le fue aceptada “de acuerdo a las políticas trazadas por la actual administración en materia de seguridad pública”
La maniobra era evidente: resultaba mejor negocio la partida presupuestaria para los vehículos terrestres Diversos documentos así lo demuestran:
Para el 8 de septiembre de 1982, de acuerdo con un memorándum del teniente coronel Roberto Barragán Campillo, jefe de los Servicios Aéreos y Administrativos, las condiciones del equipo perteneciente al Escuadrón de Helicópteros, era muy lamentable
Dos helicópteros estaban en Fort Worth, Texas, para su inspección, el primero de ellos desde el 14 de abril de ese año Dos aparatos más estaban fuera de servicio por fallas mecánicas Y otros dos debieron quedar en tierra para cambios de partes y componentes Unicamente para la reparación de uno se requerían 55 refacciones por un valor de 200,000 dólares
Y Durazo prefirió dejarlos en ese estado de chatarra, pues el “entre” estaba mejor en tierra:
Las cantidades facturadas durante noviembre de 1982, o sea a punto de concluir el sexenio, resultan inverosímiles Un caso son los documentos expedidos por la empresa Distribuciones Automotrices, con cargo a la DGPyT: 13 facturas por un total de 15 millones 848,958 pesos 15 centavos, por concepto de refacciones automotrices, supuestamente para la compostura y afinación de las 903 patrullas de la policía Una de ellas, de fecha 25 de noviembre de 1982, atendía el pedido de 4,000 bujías, 500 repuestos de carburados, 1,000 filtros de aceite, 500 tapas de distribuidor, 500 cables de bujías, 500 resortes, 500 bombas de gasolina, 500 bandas y 500 filtros de gasolina, todo con valor de cuatro millones 256,7255 pesos
Otro jugoso negocio eran las partidas para combustibles Una sola factura, de “El Pabellón Mexicano, SA”, expendio de gasolina y lubricantes, con fecha 29 de noviembre de 1982, autorizada para su pago por el jefe de la Unidad de Vehículos, Gerardo Durazo, sobrino del director, avalaba la cantidad de un millón 57,708 pesos
En total para el consumo de gasolina —2,897,260 litros mensuales para los 2,483 vehículos de la DGPyT— había una partida de 28 millones 972,600 pesos al mes Sin embargo, el consumo mencionado no contemplaba el suministro para 100 motocicletas, 10 carros tanques, 903 patrullas y 185 grúas que en un tiempo dejaron de cubrir la vigilancia de la ciudad en el turno de la noche, según consta en otro documento
Para dar idea de la fuga de capital por este concepto, porque jamás hubo despilfarro en este aspecto, salvo para los directivos, basta mencionar el memorándum que la Dirección Administrativa envió al oficial mayor del DDF, para informarle que “la partida presupuestal para consumo de gasolina correspondiente al año fiscal 1982 había sido de 180 millones de pesos”, pero que “para el mes de julio de 1982 iban pagados por ese concepto 167 millones de pesos”
La respuesta, como siempre, fue favorable: la disponibilidad presupuestal para agosto de ese año era de 13 millones de pesos, pero fueron pagados 28 millones de pesos, cantidad que fue solicitada y aprobada para los meses siguientes
Otras facturas dan cuenta del rosario interminable de corrupción implantada por Durazo, como éstos de automóviles que también se le quedaron a él, dice González Rivera
La factura extraviada número 29464 de fecha 23 de enero de 1981 —González Rivera tiene otra avalada notarialmente—, expedida por Autos de Calidad, SA, que ampara la compra de un automóvil Dodge D-350, nuevo, tipo chasis caseta, de ocho cilindros, serie de motor LI 06785, equipado con rodada doble, sistema de doble escape con valor de $239,72900, pagada por la Unidad de Servicios Administrativos
También la factura de fecha 17 de noviembre de 1981, de la empresa Gustavo Cuello & Associates, con sede en Dallas, Texas, de un automóvil Ford LTD 1982 V8, equipado con casetera, automático, negro, con valor de 66,500 dólares, pagado al contado
Una más cubrió el pedido de fecha 20 de julio de 1981 de 10 automóviles Renault 12 Routier, modelos 1981, con valor de dos millones 160,000 pesos
Y otra, de fecha 15 de marzo de 1982, de la empresa Technos International, de Florida, EU, que cubrió la compra de equipo enviado por vía aérea a la DGPyT, consistente en un repetidor, instrumento para transmitir señales telegráficas; duplexer, para transmisiones opuestas simultáneas; bandas de filtro, amplificador, ecualizador, antena omnidireccional, cristales automáticos, con un precio de 36,000 dólares
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A pesar de gozar de toda clase de canonjías, Durazo todavía se quejaba El 18 de febrero de 1982, le exponía al oficial mayor del DDF “la siguiente problemática”:
Que debido a la necesidad de fincar los pedidos con la suficiente antelación en materia de ropa, vestuario y equipo, así como de material de seguridad pública con los proveedores respectivos y que con el fin de conseguir costos de oportunidad y, por consecuencia, abatir los mismos, “me permito solicitarle se conceda una modificación a nuestro calendario de afectación de presupuesto para el presente año” Y añadía: “En base a lo anterior ruego a usted gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se realicen las modificaciones que se presentan en el anexo correspondiente”
Las modificaciones consistían en adelantar las partidas correspondientes a los rubros de vestuario, uniformes, blancos y diversos, sustancias y materiales explosivos y material de seguridad pública, por un total de 171 millones de pesos
Tampoco en esta ocasión la respuesta se hizo esperar El 11 de marzo, el oficial mayor se dirigió al jefe de la Unidad de Administración Presupuestal del Departamento: “En uso de las facultades que me ha conferido el C Jefe del Departamento del Distrito Federal, he de merecer a usted se sirva ordenar lo necesario para que se modifique la calendarización conforme se presenta en el anexo adjunto para que la DGPyT esté en posibilidades de llevar a cabo los programas que le han sido encomendados”
Como es del conocimiento público, principalmente de los policías, no hubo erogación alguna para el vestuario de los elementos de la corporación, quiénes de sus bolsillos tuvieron que comprarse los uniformes y botas, además de sufrir otros descuentos fantasmas
El hilo de la madeja, empero, empieza apenas a descorrerse En opinión de González Rivera, resulta inexplicable cómo pudieron taparse tantas anomalías, cuando obran en su poder muchos documentos originales de las finanzas de la DGPyT, “que son tan sólo una parte mínima de numerosos expedientes más que fueron ocultados”
Y muestra otro expediente lleno de notas de remisión por concepto de hospedaje, consumos de alimentos, gasolina y de bar, llamadas telefónicas y viáticos, así como dos relaciones de gastos sin comprobar por concepto de varios pasajes de avión, refacciones, alquiler de vehículos y gratificaciones a la aduana y el Registro Federal de Automóviles de Nuevo Laredo, por un total de cinco millones 312,116 pesos, la mayor parte pagados en dólares, de tan sólo un viaje de Durazo a San Antonio, Texas
Cuentas sucias que el Departamento del Distrito Federal limpió a última hora