LOS PRIISTAS DECRETAN LA DESAPARICION DE PODERES EN JUCHITAN Y EL CABILDO PIDE AMPARO
Ernesto Reyes
JUCHITAN, OAX – El PRI logró su propósito: acelerar la violencia para crear las condiciones que permitieron al Congreso estatal, decretar —miércoles 3— la desaparición de poderes en este municipio gobernado por la COCEI
Cuatro días antes, dos personas murieron y 20 más sufrieron heridas —algunas graves—, a causa de un enfrentamiento entre priístas y coceístas que ese día culminaban sus respectivas campañas electorales
Al anochecer, el gobernador del estado, Pedro Vázquez Colmenares, ordenó al Procurador de Justicia, Miguel Angel Guzmán Labastida, realizar personalmente la investigación y perseguir a los responsables, “independientemente del grupo o partido político al que pertenezcan”
Y el lunes 1o el PRI, el PAN y el PPS, que en mayoría integran la LI legislatura estatal, exigieron la desaparición de poderes en Juchitan, porque “el orden constitucional ha sido roto” y es “la misma autoridad municipal la que promueve actos de violencia y siembra la intranquilidad en la zona”
Por su parte, Juan José Gutiérrez, dirigente de la Cámara de Comercio, que el 13 de mayo promovió un paro estatal de actividades contra el ayuntamiento, exigió el encarcelamiento de las autoridades de Juchitan y de los dirigentes de la COCEI
La violencia del domingo 31 surgió cuando una manifestación encabezada por el delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Florencio Salazar Martínez, que había salido del mitin de su candidato a diputado, Teodoro Altamirano, alias El Rojo, se encontró en el cruce de Belisario Domínguez y Valentín Carrasco, a unos cien metros del palacio municipal, con un contingente de la COCEI que regresaba de una concentración de apoyo a su candidato Desiderio de Gyves
A los insultos recíprocos siguieron golpes, pedradas y disparos de armas de fuego Murieron Isidoro Pineda Orozco, priísta de La Ventosa, y Miguel Posadas López, simpatizante de la COCEI
Vázquez Colmenares culpó de la violencia al PSUM, por no haber respetado —dijo— el compromiso celebrado el 27 de julio entre los siete partidos políticos con registro y la Comisión Estatal Electoral, para “garantizar a la ciudadanía un proceso electoral limpio y democrático, fuera de toda actitud violenta”
Leopoldo de Gyves, por su parte, calificó de fascista la actitud asumida por el gobierno estatal Y recordó: “Desde que nos hicimos cargo del ayuntamiento, permanentemente hemos sido acosados para desintegrar el cabildo, pero la fuerza popular y legítima que representamos lo ha impedido Las agresiones al municipio han ido de la restricción presupuestal a una auditoría para acusarnos de malversación de fondos, hasta a las agresiones personales que pretenden echarnos por la fuerza del palacio”
Además, De Gyves responsabilizó, del enfrentamiento, a los dirigentes priístas juchitecos, Javier Fuentes y Darbien Santiago, al candidato priísta Teodoro Altamirano y a Porfirio Montero, dirigente de parvifundistas
También acusó a quienes promovieron el desfile priísta: René Martínez Soverbille, delegado del PRI en Juchitan, y al delegado general Florencio Salazar Martínez
“Lo que fue evidente —añadió— es que los 200 miembros de la policía preventiva que patrullan Juchitan no hicieron nada por evitar el enfrentamiento, a pesar de que, según el gobernador, fueron enviados para garantizar la seguridad de los juchitecos”
En respuesta, Oswaldo García Criollo, líder estatal del PRI, acusó a las autoridades municipales y a los dirigentes de la COCEI de “violar el espíritu de la reforma política”, y amenazó: “La ley se aplicará con todo su peso en contra de los responsables”
Las acusaciones de uno y otro lado continuaron hasta que el miércoles 3 la Legislatura estatal decretó la desaparición de poderes en Juchitan y recomendó a la Comisión Electoral posponer los comicios que para diputados locales deberían efectuarse este domingo 7
Así lo aprobó la Comisión Estatal Electoral, no obstante que el PSUM rechazó el aplazamiento de las elecciones y anunció que pedirá al Congreso de la Unión un juicio político contra el gobernador y la Legislatura estatal, por usurpación de funciones, violación de la Constitución y ataque a las instituciones democráticas
El jueves 4, De Gyves ofreció que el palacio municipal sería entregado pacíficamente, en cuanto recibiera el requerimiento oficial Explicó que el cabildo había tomado esta decisión ante la amenaza de que la policía y el ejército desalojarían por la fuerza a unos 4,000 juchitecos, que desde el miércoles se encontraban frente al palacio, en asamblea permanente, para defender el ayuntamiento depuesto
Mientras tanto, en el Centro Escolar Juchitan, el subsecretario de Gobierno, Carlos Aldeco Reyes, daba posesión, como presidente del consejo municipal, al priísta y exdelegado de la Secofin, César Augusto Carrasco Gómez
El viernes 5 por la tarde el juez tercero de distrito en Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Víctor Manuel Islas Domínguez, dio entrada a la demanda de amparo interpuesta —desde el miércoles— por Leopoldo de Gyves en contra de la decisión del Congreso estatal de desaparecer los poderes del Ayuntamiento
El juez dijo que la solicitud de las desconocidas autoridades juchitecas “merece todo nuestro respeto como todos los asuntos que se llevan aquí” y señaló que hasta hoy lunes se resolverá si procede o no la suspensión provisional de amparo
En tanto, a dos días de su destitución, De Gyves reapareció frente al Ayuntamiento y convocó a todos los habitantes a una manifestación en la plaza principal del municipio —que debió realizarse ayer domingo—, que constituiría, dijo, “un referéndum en el que el pueblo juchiteco manifestará su apoyo a la legitimidad de sus gobernantes”
Al acto, dijo, se invitaría a los dirigentes estatales del PRI y del gobierno de Oaxaca, para que comprobaran por ellos mismos la adhesión de los juchitecos al ayuntamiento “socialista y popular” que él encabeza
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