DIAZ SERRANO CONOCIO A SU TIEMPO EL FRAUDE, NO DETUVO EL PAGO Y LUEGO ORDENO JUSTIFICARLO
Gerardo Galarza
Jorge Díaz Serrano, senador de la República, ingeniero mecánico electricista, de 62 años, será desaforado y, posteriormente, enjuiciado penalmente, si la Cámara de Diputados decide que procede la denuncia por fraude de 34 millones de dólares en perjuicio de Petróleos Mexicanos (Pemex), que en contra del legislador presentó la Procuraduría General de la República ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
Poco antes del mediodía del miércoles 29 de junio, en el Salón Verde del Palacio Legislativo, todo estaba listo para una sesión más de la Comisión Permanente Había expectación Se sabía que los legisladores de la oposición llevarían a la tribuna los casos de la huelga de Uramex y de la violencia política en Chihuahua Se esperaba un buen debate Sin embargo, apenas cumplidos los trámites de rigor, pidió la palabra el senador morelense Antonio Riva Palacio
Dijo: “Se acaba de recibir una documentación que por su trascendencia e importancia requiere ser sometida a la consideración de esta asamblea de inmediato” y solicitó una sesión secreta extraordinaria, que fue aprobada instantáneamente
El documento recibido era una misiva escueta del oficial mayor de la Cámara de Diputados, José Gonzalo Badillo, dirigida a Miguel González Avelar, presidente de la Comisión Permanente y líder del Senado, que informó en un solo párrafo:
“Para los efectos de la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me estoy permitiendo enviarle para su distinguida atención, el escrito de denuncia de fecha 28 de los corrientes presentado por la Procuraduría General de la República en contra del C Senador de la República, ingeniero Jorge Díaz Serrano, que consta de tres fojas y cinco anexos, escrito que fue ratificado por el C Director General de Averiguaciones Previas, licenciado Fernando García Cordero con esa fecha”
De inmediato, la denuncia fue turnada para su dictamen a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, cuyos miembros se empezaban a reunir, puesto que ya habían sido citados
En la sala de sesiones todo fue confusión Se sabía que la denuncia contra Díaz Serrano, nacido en Nogales, Sonora, el 6 de febrero de 1921, provenía de la PGR y se llegó a pensar que había prosperado la que presentó ante esa instancia legal el Partido Mexicano de los Trabajadores contra quien fue director de Pemex de diciembre de 1976 a junio de 1981, por fraude y peculado por 10,000 millones de dólares, basado en documentos oficiales públicos Dos horas después se sabría que fue la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SCGF) la que presentó la denuncia ante la PGR por un fraude de 34 millones de dólares, cometido en la adquisición de dos buques gaseros
Miguel González Avelar, quien afirmó que la denuncia era por fraude y encubrimiento, dijo que “el procedimiento que ustedes han visto iniciarse tiene por objeto despojar al legislador (Díaz Serrano) del fuero constitucional del que goza, con el objeto de que pueda ser llevado ante los tribunales”
En efecto, el procedimiento que se debe seguir antes de que Jorge Díaz Serrano sea enjuiciado penalmente es engorroso y su celeridad o retardo depende de la voluntad política que existe para el caso
Constitucionalmente, Díaz Serrano goza de fuero por ser senador, y para que se le procese penalmente es necesario que le sea retirada su inmunidad Para ello es necesario que las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados decidan que la denuncia presentada en su contra es procedente Si así fuere, entonces esas comisiones remitirán la denuncia a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la que abrirá una investigación, en la que estudiará la denuncia y escuchará a acusador y acusado o a su defensor, o a ambos, y decidirá si se sigue con el procedimiento o ahí se concluye De seguirse, será la Cámara de Diputados, en pleno, la que decida si se desafuera o no a Díaz Serrano
De acuerdo con los procedimientos legales (señalados en la propia Constitución y en la nueva ley de Responsabilidades), las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales no tienen un plazo perentorio para entregar su dictamen Por el contrario, la Sección Instructora cuenta con 60 días hábiles a partir de que le sea entregada la denuncia para emitir su dictamen El pleno de la Cámara de Diputados, de acuerdo con la Constitución, se reúne en período ordinario de sesiones del 1o de septiembre al 31 de diciembre Sin embargo, podría ser convocado a un período extraordinario de sesiones, en el que conocería sólo los asuntos para los que específicamente fue llamado
El mismo día en que Jorge Díaz Serrano fue denunciado, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia sostuvieron una reunión en la que se acordó nombrar una subcomisión para que sea la que determine “si hay lugar a iniciar el juicio de procedencia” Esa subcomisión quedó integrada por 12 diputados, cinco de ellos pertenecientes a los partidos de oposición con representación parlamentaria (PSUM; PAN; PDM; PST y PPS)
También por unanimidad, acordaron notificar a Díaz Serrano que “le corresponde cumplir la práctica de la autodisciplina que es propia de los legisladores y, por consecuencia, en este caso, es su deber mantenerse en el país”, que “tiene la obligación de conservar sin alteraciones jurídicas su patrimonio, en tanto no concluya el procedimiento”, y que debe “aportar cuanto esté a su alcance a fin de esclarecer los hechos objeto del procedimiento”
Este acuerdo le fue notificado a Díaz Serrano de Chapultepec, en la ciudad de México, la tarde del 29 de junio, dos años y 23 días después que renunció a la Dirección General de Pemex, primer cargo público que desempeñaba en su vida y que lo llevó a ser considerado como posible sucesor de José López Portillo en la Presidencia de la República
Jorge Díaz Serrano siempre fue un industrial privado Como accionista y dirigente de empresas como Electrificación Industrial, SA, Servicios Petroleros EISA, Perforaciones Marinas del Golfo, SA (Permargo), en la que fue socio de George Bush, exdirector de la CIA y actual vicepresidente de Estados Unidos; Compañía Golfo de Campeche, SA y de la Golden Lane Drilling Co en Houston y Galveston, Texas, fue uno de los principales contratistas de Pemex Entre 1946 y 1956 trabajó en la Fairbanks Morse de México y entre 1969 y 1973 representó en México a la General Motors para la venta de locomotoras y plantas generadoras de energía eléctrica
Entrevistado en su casa, después de conocer la acusación en su contra, Díaz Serrano dijo: “Estoy convencido de que obré con rectitud” en Pemex y afirmó estar “en la mejor disposición de aportar toda la información que poseo para que la investigación alcance sus fines con precisión y justicia” No pretendió defenderse Hace meses cuando fue entrevistado sobre las acciones de la SCGF contra funcionarios del régimen anterior y la posibilidad de una investigación en Pemex, Díaz Serrano dijo estar “muy interesado”
De acuerdo con el comunicado conjunto de la PGR y de la SCGF, Díaz Serrano es presunto responsable de un fraude por 34 millones de dólares en perjuicio de Pemex, cometido en la compra de dos buques gaseros, entre 1979 y 1980 La denuncia tiene su origen en una investigación realizada en Pemex por la SCGF, iniciada el 5 de abril pasado, por solicitud de la empresa petrolera paraestatal
Esa investigación afirma que, por el incremento en la producción de crudo en 1978, Pemex consideró la adquisición de buques gaseros para la exportación de excedentes de esa materia prima En 1979, Pemex promovió la recepción de ofertas para la compra de esos barcos Recibió varias proposiciones de empresas de diferentes países Entre ellas la de los Astilleros Boelwerf, SA, ubicados en Temse, Bélgica Ofreció dos buques que no se ajustaban a los requerimientos técnicos exigidos por Pemex
El ofrecimiento directo de los Boelwerf no prosperó Sin embargo, Pemex cerró el trato con una empresa intermediaria liberiana denominada Navigas International, que no tenía antecedentes en operaciones de este tipo, con la que el 30 de abril de 1980 firmó contratos de compra-venta Navigas International vendió a Pemex los buques que anteriormente los Boelwerf le había ofrecido directamente, con la agravante que la intermediaria no era dueña de los barcos Pemex pagó a Navigas 158 millones de dólares, 34 millones más que el precio pagado, posteriormente, por Navigas a los Boelwerf En resumen, una operación similar a las realizadas entre Pemex y Coplamar con la empresa FAMSA en la compra de camiones y tractocamiones (Proceso 347)
El comunicado de la PGR/SCGF asegura que los técnicos adscritos a la Gerencia de Marina de Pemex informaron a sus superiores que los buques no reunían las características que se necesitaban e, incluso, uno de ellos se opuso “abiertamente” a su compra Sin embargo, dice el comunicado, Díaz Serrano solicitó autorización a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial para que la adquisición de esos barcos informando que reunían todas las características técnicas exigidas Ahora, Pemex piensa cambiarlos por otros que se ajusten a sus necesidades
Ya hecha la compra de los buques, funcionarios del área financiera de Pemex promovieron una investigación, en principio aceptada por Díaz Serrano, mediante la cual demostraron que Pemex había sido defraudada en esa compra Díaz Serrano conoció el desarrollo de la investigación interna e inclusive ordenó que se continuara cuando se tuvo la sospecha fundada de ilícitos, pero no detuvo los pagos por los barcos Cuando Díaz Serrano conoció pruebas irrefutables del fraude, ordenó suspender la investigación y dispuso que “se prepararan documentos justificatorios de la compra para regularizar la operación ante dependencias del Gobierno Federal”
Junto con Díaz Serrano, son presuntos responsables de este fraude Enrique Amado Cárdenas, exgerente de Marina de Pemex; Jacques Van Dam, director comercial de los Astilleros Boelwerf, y Herman Saurer, representante de Navigas International Los tres coacusados radican en el extranjero
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