En México la justicia no es ciega: mira hacia la recompensa

En México la justicia no es ciega: mira hacia la recompensa
Sujeto al Ejecutivo y dependiente del económico, el Poder Judicial, inoperante
Fernando Ortega Pizarro
Sumido en la corrupción, un Poder Judicial que actúa más en función de intereses políticos o económicos que por afanes de justicia, hace impensable la renovación moral de la sociedad mexicana
Representantes sindicales del propio Poder Judicial, asociaciones de abogados y litigantes independientes afirman que, mientras la administración de la justicia se empobrece, las arbitrariedades y violaciones a las garantías individuales se multiplican
Al mismo tiempo, denuncian, el aparato judicial se encuentra prácticamente al servicio del poder económico, cuyos privilegios son protegidos por una legislación que lo favorece y que ha sido promovida por el gobierno mexicano
La justicia pronta y expedita no existe en México Muchos de los intereses del Poder Judicial incurren en la corrupción y dedican su tiempo a otros trabajos lucrativos
Además de una abierta sujeción política al Poder Ejecutivo, el Judicial está económicamente maniatado La presidencia de la Suprema Corte de Justicia tiene que suplicar a una Secretaría de Estado, la de Programación y Presupuesto ahora, la dotación de los recursos que necesita y que nunca le dan
Actualmente, el Poder Judicial recibe proporcionalmente menos dinero que nunca: a sus funciones se destina apenas el 0015% de cada peso del gasto público (en 1909 recibía el 0622)
Los jueces son nombrados por dedazo Ministros y magistrados aprovechan sus cargos como mero trampolín político, frecuentemente a costa del cumplimiento cabal de su responsabilidad
Sin un cambio radical —no visto en los primeros cuatro meses del gobierno actual— estos hechos convierten los pregones de renovación moral y de igualdad en “un sueño de una noche de verano”, en expresión del abogado sindical Carlos Fernández del Real
CORRUPCION Y BUROCRATISMO
El penalista Adolfo Aguilar y Quevedo, expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, opina que aunque las leyes sean hermosas y expresen los más altos valores de equidad, no son aplicables si hay una deficiente administración de la justicia Y describe este panorama:
“Menos de la cuarta parte de un centavo de cada peso del gasto público se destina a la impartición de la justicia Los bajos sueldos obligan a la corrupción de los ministros Hay una dispersión de los locales administrativos de la justicia La burocracia se agiganta hasta el absurdo y se hace más rudimentaria Las audiencias no pueden ser públicas porque la gente no cabe en los juzgados Existen prácticas negativas en el proceso penal, pues se encarcela, se castiga y se humilla para saber si alguien es culpable”
Aguilar y Quevedo dice que el Poder Judicial podría mantenerse decorosa y autónomamente con los recursos que producen las fianzas, sus numerosas actuaciones en materia civil, además de los amparos “Pero de ese dinero, Hacienda regresa una mínima parte”
Por su parte, Arturo Castellanos Palacios, dirigente de la Sección 29 (correspondiente a Oaxaca) del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, expone así la situación:
Los abogados capaces han emigrado a otras dependencias, mientras otros caen en la corrupción, “que se ha vuelto institucional” En el Poder Judicial “jamás se reconoce ninguna labor positiva y la Ley de Estímulos y Recompensas no se aplica” Las promociones se hacen por recomendación, no por concurso de oposición No hay cursos ni exámenes de capacitación “A nuestros jubilados se les regatean sus prestaciones; llegan al retiro en forma miserable” La institución no cuenta con servicios periciales, ni con bibliotecas, ni con mobiliario; sólo con máquinas inservibles Se carece de vehículos propios para las actividades externas El juez tiene que depender de las partes litigantes para trasladarse al lugar de las diligencias
En un documento entregado a Jorge Iñarritu y Ramírez de Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Castellanos Palacios demanda, “en nombre de los trabajadores del Poder Judicial”, la justicia laboral que se les ha negado y denunció sobresueldos ocultos, que reciben los funcionarios (jueces) “Esto —dice el líder— demuestra la injusticia en nuestra propia casa”
Enfatiza que la confianza de la población en sus gobernantes debe descansar en el Poder Ejecutivo y que, “por eso es urgente reencontrar el camino, en el marco de una crisis nacional que anuncia la más grande catástrofe que puede ocurrir a pueblo alguno Es necesario remediar lo que más daño ha causado a la Nación: la pérdida de la confianza en los hombres que dirigen su rumbo”
TRAMPOLIN POLITICO
Los jueces y magistrados son personal de confianza —no sindicalizado— y tradicionalmente han sido nombrados por el Presidente de la República, lo que da a esos cargos un carácter eminentemente político y convierte en mera ficción la autonomía constitucional del Poder Judicial
Ante esa práctica, que convierte al Poder Judicial en trampolín político, el sindicato propone que se limite constitucionalmente a los ministros y magistrados para que no puedan ocupar puestos políticos hasta que cumplan, por lo menos, tres años fuera de las funciones judiciales
“Sólo así habría plena independencia, porque los jueces y ministros no esperarían los favores del Ejecutivo”, dice Castellanos Palacios
Son abundantes los casos que demuestran el uso de los cargos judiciales para acceder a puestos políticos Enrique Ortega Arenas, abogado de presos políticos —entre ellos Demetrio Vallejo, Othón Salazar, Filomeno Mata, hijo— ejemplifica:
Agustín Téllez Cruces y Euquerio Guerrero, presidentes de la Suprema Corte, convertidos en senadores; José Rivera Pérez Campos, Mario G Rebolledo y Enrique Alvarez del Castillo, ministros que pasaron a ser, respectivamente, senador, secretario de gobierno de Veracruz y gobernador de Jalisco; Antonio Rocha Cordero, procurador general de la República, gobernador de San Luis Potosí, volvió luego a ser ministro de la Corte pero renunció para postularse a diputado federal, aunque bajara de rango “Cosas de la política”, dice Ortega Arenas
Cosas de la política, también, a las que se refiere Carlos Fernández del Real: “los ministros y magistrados están supeditados al Poder Ejecutivo y reciben indicaciones de los políticos”, dice “No sólo les hacen caso, además, favorecen a sus propios amigos y a aquellos de quienes reciben obsequios o dinero”
La Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal que puede conceder o negar un amparo en contra de alguna sentencia Son célebres los casos de imparcialidad en que se ha incurrido, bajo presiones políticas Como también son notorios los jueces que gracias a ello se han promovido
Un caso Se procesó a David Alfaro Siqueiros por supuesta participación en el movimiento de maestros en 1960 Fue condenado a ocho años de prisión por razones ideológicas El juez penal que lo sentenció, Salvador Martínez Rojas, ascendió a magistrado del Tribunal Superior En el sexenio anterior fue nombrado presidente del mismo Tribunal Hoy es ministro de la Corte
Otro El juez de distrito penal Agustín Téllez Cruces, que dictó auto de formal prisión a Demetrio Vallejo, ascendió a magistrado del Tribunal Colegiado, ministro de la Corte y presidente de la Suprema Corte Y el juez Eduardo Langle Martínez, que fue el que sentenció a Vallejo, pasó a ser ministro de la Corte
El juicio a Demetrio Vallejo fue por suspensión de labores Por tanto, debió juzgársele laboral, no penalmente, como a miles de ferrocarrileros
Notables fueron también los casos de los agentes del Ministerio Público que intervinieron en los procesos judiciales del movimiento de 1968 Ortega Arenas y Fernández del Real recuerdan que muchos de ellos se convirtieron en jueces y algunos llegaron a magistrados La juez sexta de lo penal, dice Fernández del Real, “que se caracterizó por sus sentencias absurdas e injustas en contra de los estudiantes, es hoy procuradora del Distrito Federal: Victoria Adato”
LA INJUSTA JUSTICIA
La abogada María Teresa Jardí, viuda de Andrade Gresler, asegura que en términos generales hay “mucha ilegalidad” de los jueces “La tónica es la incapacidad o el miedo para resolver en términos de justicia los casos de los presos políticos”, dice La situación es más grave en provincia: para muchos jueces es un castigo el cargo que ocupan Ante ellos, los campesinos, los indígenas, no tienen defensa, inclusive por las dificultades del idioma
Sin embargo, aclara la abogada, se ha aligerado el trabajo de los jueces: por lo menos en el sexenio pasado, dice, “la práctica del sistema fue matar a los disidentes políticos No llegaban a la cárcel, como ocurrió con los miembros de la Liga 23 de Septiembre Así fue como se acabó con ella Sus integrantes ya no podían ser presos políticos”
Son múltiples también los ejemplos de arbitrariedad, cuando no de incapacidad, de quienes juzgan Manuel Fuentes, representante de la comisión coordinadora del Frente Nacional de Abogados Democráticos, asegura que este modo de administrar al justicia es tan frecuente que, en términos jurídicos, “crea jurisprudencia” Principalmente en cuestiones laborales, agrarias y penales
Es práctica común, por ejemplo, que la Secretaría del Trabajo niegue el registro a todo sindicato independiente que lo solicita Si el sindicato quiere ampararse ante el juez de distrito, tiene que hacerlo individualmente y no como grupo De acuerdo con la ley, un registro debe darse en dos meses El amparo, sin embargo, tarda un año en resolverse La Secretaría del Trabajo puede, además, solicitar revisión a la Suprema Corte El trámite, así, se alarga dos o tres años Para entonces, no queda nada del sindicato
Hay casos de titularidad de contrato que se dilatan hasta 10 y 12 años, asegura Manuel Fuentes Y dice: “ese es el penoso camino de la legalidad que crea desconfianza”
Peor es la tardanza en los conflictos agrarios Antes de recurrir a un amparo, los campesinos tienen que agotar todas las instancias en las delegaciones agrarias Luego, de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) Los trámites llegan a tardar muchos años No hay juicios contenciosos donde los campesinos aporten pruebas Al recurrir al amparo, tienen que padecer una serie interminable de resoluciones y contrarresoluciones, revisiones y contrarrevisiones, que tardan años y años
En cambio, los pequeños propietarios, muchos de los cuales son en realidad latifundistas —como se ha comprobado— obtienen rápidamente el amparo Sólo tienen que presentar la solicitud y el certificado de inafectabilidad que previamente les otorga el Presidente de la República
En materia penal, explican los abogados, ciertas prácticas aberrantes de los jueces también crean jurisprudencia
Por ejemplo, cuando se detiene a una persona por robo u homicidio tiene que comprobar su inocencia La mínima imprecisión es causa del auto de formal prisión La mera presunción, inclusive, es suficiente para dictar una sentencia Muchos de estos procedimientos hacen que los procesos penales se prolonguen Entre tanto, los procesados tienen que acudir a firmar durante dos o tres años
El secretario del tercer tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Ricardo Flores, explica el peculiar comportamiento de los jueces en razón de las excesivas garantías individuales que tienen los dueños del poder económico
“El Poder Judicial muchas veces tiene que quitarse la venda de los ojos e inclinarse por el más débil, que con frecuencia es el Estado”, dice
Por su excesiva libertad, e inclusive por los apoyos que les brindan —concesiones, por ejemplo—, los particulares con intereses y poder económico se convierten en entes todopoderosos y enemigos del Estado “Con impunidad cometen abusos, obtienen millones de pesos y miran con frialdad el sufrimiento de los demás Esta falta de conciencia social —por él favorecida— tiene partido al Estado”, resume Flores Y agrega:
“En el Poder Judicial de que lo que es legal muchas veces no es justo, o viceversa”
Explica el abogado que al elaborar las leyes que favorecen al poder económico, el gobierno no piensa en la repercusión que, a la larga, tendrán en su contra Es así que “pierde su función social”
Los particulares pueden oponer infinidad de recursos contra actos expropiatorios, imposiciones fiscales al capital, afectaciones de tierras, inversiones extranjeras, etcétera, aunque el Estado proceda por utilidad social De esta manera, dice Flores, la impartición de la justicia tarda muchos años Acusa: “es un crimen, una perversidad; deben modificarse las leyes, para que el Estado no quede tan debilitado frente al poder económico”
Aunque el secretario del Tribunal defiende al Poder Judicial —asegura que no hay corrupción— admite la injerencia o, al menos, la intervención de personajes políticos en la impartición de justicia
Y le parece “inconcebible” que el Poder Judicial tenga que ser “generoso” con los grandes esquilmadores del erario público, como los exgobernadores de Morelos y Coahuila, Armando León Bejarano y Oscar Flores Tapia, y admita que con la devolución del uno por ciento de lo robado queden automáticamente exentos de la acción penal
Se indigna:
“Es algo que nunca he comprendido Lo que sorprende también es que el Estado proporcione todo un aparato administrativo que permite, legalmente, estas y otras injusticias”
Otras, por ejemplo, como el que las procuradurías tengan la facultad de manejar a capricho las pruebas de una investigación y las entreguen, según su capricho y conveniencia, a los jueces, para que éstos dictaminen “Este procedimiento permitió a los dos exgobernadores obtener un amparo del Poder Judicial”
Flores enfatiza:
“Los ministros y magistrados realizan audiencias, pero sobre los informes que les entregan las procuradurías El poder judicial no ejecuta labores de Ministerio Público”
El líder sindical Castellanos Palacios considera que el declive en el Poder Judicial coincide con un creciente número de casos que deben atender los jueces Por ejemplo, hace cinco años, en los tribunales se atendían dos asuntos a la semana y se tenía una reserva de dos o tres expedientes más Actualmente se atienden, al vapor, cinco casos semanales, con un rezago de 60 expedientes
“En 1978 —dice Castellanos Palacios— se creó el juzgado segundo de Distrito para aliviar el cúmulo de trabajo, que había llegado a 2,000 asuntos; ahora, cada juzgado rebasa esa suma y no existe proyecto para crear uno nuevo, a pesar de que la arbitrariedad y la violación de las garantías individuales se ha multiplicado”
Como están las cosas —corrupción, burocratismo, falta de recursos, intereses políticos— será imposible, según el dirigente, llevar a cabo la renovación moral y acceder a la sociedad igualitaria que propone el presente régimen
Urge, dice, un programa dinámico de justicia Para empezar, se requiere reformar el apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria del servicio burocrático, “ya que atenta contra el derecho de huelga y la libertad de reunión” Es decir, “la justicia debe comenzar por la propia casa del Poder Judicial”
Castellanos Palacios, que es secretario del juzgado primero de Distrito de la ciudad de Oaxaca, concluye: “en un pueblo donde no hay justicia prevalecen el caos, la irritación y la desconfianza en los gobernantes”