Ocho Premios Nacionales de Periodismo condenan las iniciativas presidenciales
Daño moral y delito de deslealtad, doble pinza contra la libertad de informar
Carlos Marín
El “delito de deslealtad” y el “daño moral”, tal como el presidente Miguel de la Madrid pretende sean tipificados en los códigos Penal y Civil, son una doble pinza contra la libertad de expresión y nulifican el derecho a la información que, de acuerdo con el artículo sexto constitucional, “será garantizado por el Estado”
Por encima de apreciaciones estrictamente jurídicas y aplicando una lógica elemental, tal es el juicio de ocho comunicadores que han obtenido el Premio Nacional de Periodismo
Dice Carlos Monsiváis:
“Resulta así que la infinita discusión del sexenio pasado, dirigida a los oídos de Nadie y finalmente promovida por Ninguno, despojó ya de todo contenido o realidad al derecho a la información, y que ahora deberemos conformarnos con la lucha por penalizar o despenalizar el ir y venir de documentos”
Alejandro Gómez Arias alerta:
“La interpretación de las propuestas queda sujeta a la caprichosa coincidencia de los jueces, generalmente dóciles a las insinuaciones del poder”
José Emilio Pacheco se pregunta:
“¿Cuál es la función del periodismo? ¿Reproducir boletines oficiales y alabar sin reserva la voz sexenal del amo? O bien, ¿indagar, descubrir, criticar, advertir, denunciar?”
José Pagés Llergo no sale del asombro:
“¿Qué se le puede ocurrir a uno ante una chingadera como ésta del `delito de deslealtad’?”
Rogelio Naranjo ignora a qué tendría que dedicarse si se aprueban las iniciativas presidenciales:
“El de la caricatura es un lenguaje figurado Si quisiéramos ser realistas y objetivos nos volveríamos fotógrafos y aun así caeríamos en la subjetividad”
Elena Poniatowska piensa que la lealtad de los informadores no tiene que ver con los jefes en turno que pasan por el gobierno sino con los lectores Pero en la subjetividad de las iniciativas todo cabe:
“Las patronas podrán acusar a las sirvientas que se les van a trabajar a otro lado”
Ricardo Cortés Tamayo sabe que “hay mal periodismo, lo mismo escrito que oral”, cuyo objetivo es frecuentemente la extorsión, el chantaje o “el simple amarillismo por el amarillismo”, pero del “delito de deslealtad” y del “daño moral” que propone el Presidente opina que constituyen “un atentado a la libertad de expresión”
Y Joaquín López Dóriga emplea una figura policiaca para expresar su opinión:
“Esto de las iniciativas es como lo que las mafias estilan con los `burreros’: dan el pitazo a la policía para que caiga un introductor de droga que casi nada trae, mientras en el equipaje de otro llega el verdadero contrabando Lo de las normas contra la obscenidad fue una táctica de distracción El propósito real se deja ver con estas iniciativas”
LEALTAD A MEXICO, NO AL GOBIERNO
Las reformas y adiciones propuestas, comenta Gómez Arias, “son mucho más importantes que el reglamento antiporno frustrado por la opinión pública”
Forman parte de la catarata de proyectos que el Presidente ha enviado en pocos días a las Cámaras, “lo que no es malo si los llamados representantes del pueblo se toman tiempo y trabajo para estudiarlas y corrigen las apariencias o realidades de improvisación que las iniciativas y proyectos tienen”
Del “delito de deslealtad” considera que vendría a ser una nueva figura delictiva en el derecho penal, pero demasiado amplia e imprecisa en el texto enviado por Miguel de la Madrid Cuando reza por ejemplo El servidor público que por sí o por interpósita persona “lo que puede suponerse es que se origina en el caos de declaraciones que hoy sufre la opinión pública”
Pero en lo que corresponde a las sanciones, “la vaguedad aumenta peligrosamente”:
Cualquier persona que difunda información a que hace referencia la fracción anterior de este artículo y que tenga conocimiento de que su difusión es ilícita ¿A juicio de quién o quiénes queda la calificación de ilícitos? ¿Cuáles informaciones son ilícitas?, se interroga
“Quiero suponer que esas iniciativas se deben en parte a los milagrosos incendios que recientemente han destruido documentos, presumiblemente pruebas, de enorme responsabilidad de funcionarios Pero técnicamente el origen de nuevas figuras delictivas debe ser realista Nacen como defensa social contra males generalizados y constantes El derecho penal no trabaja con hipótesis o fantasías”, advierte
Gómez Arias ejemplifica: nadie hubiera supuesto hace años que fuera necesario imponer normas contra la contaminación del ambiente
Por eso recuerda que existen ya apartados legales —como los del Título Primero del Código Penal— en los que se contemplan delitos contra la seguridad de la nación, como el espionaje, el sabotaje, y otras reglas contenidas en diversos instrumentos como el secreto profesional, el secreto bancario, etcétera
“La imprecisión en materia penal es intolerable —dice— porque abre un vastísimo campo a la acción del Estado, hasta convertirlo posiblemente en irracional y represivo”
En la propuesta de reformas al Código Civil, Gómez Arias encuentra la amenaza de su vaguedad:
“Los conceptos sentimientos, creencias, afecciones, decoro posibilitan múltiples acciones judiciales contra la libertad de expresión y forman un esquema cuya vigencia, si no se precisa, permitirá que el gobierno o cualquiera de sus agencias se conviertan en jueces y definidores de un material muy subjetivo y peligrosamente aprovechable”
No obstante, estima que el honor personal no está debidamente protegido en la legislación penal mexicana “y es justo que se haga, pero las creencias, afecciones, el decoro, son conceptos sutiles que quedarían en su interpretación a la caprichosa conciencia de los jueces, generalmente dóciles a las insinuaciones del poder”
Cuando el proyecto habla de cualquier persona que difunda, en el “delito de deslealtad”, “¿se trata de personas morales, o sólo físicas? Es urgente definirlo y hacer un llamado a la opinión pública porque ésta puede confundirse conociendo sólo tecnicismos Lo importante es detener los actos que pudieran parecer o ser partes de una concepción autoritaria y totalitaria del Estado Esto es urgente porque debemos saber, no intuir, hacia dónde vamos”
De la importancia que tiene la difusión de documentos y otras informaciones obtenidas de la forma que el Presidente quiere penalizar, Gómez Arias dice:
“La limitación deformaría totalmente nuestra sociedad e impediría que se formara una conciencia nacional, porque es evidente que los mayores elementos para que esa conciencia se forme serían considerados por el Estado como formas de lealtad al gobierno, y hay que reconocer que la llamada deslealtad tiene sus categorías: ¿a quién debe ser leal el informador, a los intereses oficiales o a los superiores del pueblo y la nación?”
“Esa es la interrogación que todos quienes escribimos o decimos, si somos independientes y libres nos hacemos todos los días Y naturalmente concluimos que nuestra lealtad se debe a México y no al sistema ni a los hombres que lo gobiernan”
QUE SE TIPIFIQUE EL DELITO DE ADULACION
Para elaborar sus cartones, Rogelio Naranjo se basa en la información periodística “y no en resoluciones judiciales sobre la moralidad de nadie”
Todos, dice, “contamos chistes contra el Presidente Yo quisiera ver que en esta otra forma de comunicación alguien aplicara los párrafos que De la Madrid quiere incorporar al Código Civil”
En realidad, señala, “nunca pensé que a esto de la deslealtad o a la vacilada del daño moral se refería cuando, como candidato, hablaba de su propósito de reglamentar el derecho a la información Ahora lo anula”
La lealtad, opina, es un valor subjetivo “Yo no se la tengo a los gobiernos Vamos a ser leales en la medida en que tratemos lo que está mal, por ejemplo, que el decreto contra la obscenidad que dejó López Portillo y que era tan ridículo que De la Madrid lo derogó, fue firmado también por un ministro (Jesús Silva Herzog) en funciones, el mismo que firmó y ocultó compromisos vergonzantes con el Departamento del Tesoro”
Rogelio Naranjo se solaza:
“Que nos está llevando el tren y que alguna idea tenemos del por qué, la gente ya lo sabe, no tiene caso que lo escondan Por lo pronto estamos pagando lo que se robaron en el sexenio anterior y los ladrones andan sueltos”
Tanto en las dependencias de mayor jerarquía en el gobierno como esa otra disfrazada que es el Partido Revolucionario Institucional, dice, “hay gente que se da cuenta de muchas transas y es muy saludable que proporcione información a los medios Muchos empleados públicos nada lograrían con ir a su jefe inmediato superior Por eso acuden al periodista o al opositor amigo”
Y hace una contrapropuesta: “Que mejor tipifiquen el delito de adulación”
Para Carlos Monsiváis no habría complicaciones si se aplicara de modo sistemático y racional el derecho a la información “y sólo se exceptúan de su ámbito aquellas cuestiones estrictamente relativas a la seguridad nacional” A los funcionarios, así, “les corresponderá garantizar que el gobierno sea efectivamente cosa pública”
La consideración es esta:
“Si en México no existen de hecho los `secretos de Estado’ y si la democratización administrativa eliminara los secretos que son complicidades, lo conveniente es reglamentar el derecho a la información para prevenir que las relaciones entre prensa y gobierno se conviertan a ratos en una comedia de equivocaciones”
Termina: “Una manera de atajar el delirio novelesco de los Watergate y sus Gargantas Profundas, es ratificarle a la prensa su derecho constitucional a vigilar responsablemente los procedimientos estatales”
A Elena Poniatowska se le figura “un monito con mordaza” lo que la nueva administración quiere hacer de la prensa Pero “los informadores deben informar de todo, averiguar en todo, debajo de las piedras y de las secretarías de Estado”
Ella se preocupa porque, de aprobarse las reformas, “denunciar todas las cosas espantosas que pasan en México sería una deslealtad”
Ojalá, dice, que el gobierno aclarara “cuál es la imagen de la moral pública que se quiere dar”
En vez de reformas penales y civiles contra los informadores, propone, “que paguen lo que se robaron; que las señoras devuelvan las joyas que se compraron con el dinero del pueblo”
Coincide también en que lo del delito de deslealtad “es peor” que el decreto contra la obscenidad que dejó López Portillo Y que lo del daño moral es tan ridículo como lo derogado, si no fuera por el peligro que se cierne sobre casi cualquier persona y en especial sobre los periodistas
En resumen, dice, parece un cuento de terror, como el Misterio de la casa de Usher, de Allan Poe, donde lo que queda vivo es una amenaza de venganza a plazo impredecible, y no contra culpables sino contra quienes exhiben a esos culpables del desastre en la administración pública
NO HAY DERECHO A GOBERNAR EN SECRETO
José Emilio Pacheco no tiene respuestas, observa, sino interrogaciones:
“¿A quiénes pertenece el célebre pero jamás definido derecho a la información? ¿Al pueblo, que tiene derecho a ser informado sobre decisiones y acontecimientos que influirán o han influido radicalmente en su vida colectiva y privada? O bien al gobierno, ¿tiene derecho a gobernar en secreto, es decir, a retener información?”
“Los pillos genocidas que por ineptitud, voracidad y error condujeron a México a la catástrofe, anticipadamente denunciada en Proceso y otros muchos medios en trabajos siempre firmados que hubieran sido imposibles o delictuosos bajo el imperio de las reformas y adiciones propuestas, ¿tienen derecho al respeto, a la tranquilidad, al olvido, al perdón? O el periodismo, y a través del periodismo el pueblo del que formamos parte, ¿tiene derecho a que se señale a los culpables de que estemos en el abismo, aunque con ello se lesionen sus sentimientos y se les cause daño moral?”
“¿Hay un daño moral comparable al que se ha infligido a los mexicanos?”
“¿A quién protegen las reformas y adiciones? ¿Al gobierno, que postula la reforma moral y se propone gobernar con la siempre dolorosa verdad? ¿O se encubre a quienes nos engañaron con la promesa de la justicia y la abundancia mientras se divertían en un festín cuya cuenta ahora pagamos con hiperinflación, ultradependencia, zozobra constante, multiplicación sin paralelo de la miseria y el hambre del pueblo que nos sostiene?”
“La crítica más virulenta y demoledora, la que más hiere los sentimientos, afecciones, creencias, decoro, honor y reputación de los que se fueron, ¿se ha hecho en las páginas periodísticas y de la oposición o en los documentos y declaraciones oficiales conocidas a partir del primero de diciembre?”
Ricardo Cortés Tamayo subraya lo oscuro y lo subjetivo de las propuestas pero admite que se sancione la sustracción de determinados documentos oficiales, siempre y cuando se precise cuáles Lo que no admite es que haya lugar a una sanción para quien difunda la información, a menos, también, que se estipule qué tipo de documentos deben conservarse en secreto
Tal como fueron presentadas las iniciativas presidenciales, dice, parece configurarse un atentado contra la libertad de expresión
Para Joaquín López Dóriga no podrán conocerse casos como el del exgobernador Oscar Flores Tapia si se aceptan las iniciativas del presidente De la Madrid
De aprobarse, dice, quedará una especie de pistola cargada y amartillada para que el gobierno dispare a discreción sobre quien se le dé la gana
PERIODISMO A PRUEBA
José Pagés Llergo abunda en exclamaciones resonantes cuando se entera que hay amenaza contra los informadores, particularmente en la reforma que se pretende sobre el delito de deslealtad, pero sale al quite con la ilusión “de violarlo todos los días”
No habrá, dice, policías suficientes para atender cada caso
“Esto sí es serio Lo de la obscenidad era una vacilada”
Sin embargo, cree que las propuestas ponen a prueba el ejercicio periodístico:
“Quiero ver hasta dónde los cabrones periodistas son capaces de defender su oficio”
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