UNA VAGUEDAD: DERECHO A LA INFORMACION, EXPRESION DE LA POLITICA ACTUAL DEL GOBIERNO
Carlos Marín
Expectación primero, contradicciones después y finalmente incertidumbre, son los signos de la política informativa del gobierno de José López Portillo
En concreto, hasta ahora, una vaga frase adicionada al artículo sexto de la Constitución, el relativo a la libre expresión de las ideas:
“El derecho a la información será garantizado por el Estado”
¿Cuándo, cómo, de quién y para quién? son preguntas sin respuesta desde octubre de 1977
Como en el resto de su política dual —vanguardista hacia afuera, tímida hacia adentro— el régimen se adhiere lo mismo al viejo proyecto de agencias de información tercermundistas que a otro similar promovido por la UNESCO, o al de corte latinoamericanista que impulse Venezuela, mientras en lo interior mantiene estáticas las reglas del juego de prensa, radio y televisión y mediatiza los medios de comunicación que pertenecen al Estado
Cuatro cambios en la Dirección de Información de la Presidencia de la República en menos de igual número de años (Rodolfo Landeros-José Luis Becerra-Fernando Garza-Luis Javier Solana), seis en Canal 13 (Abel Quezada-Carmen Millán-Raúl Cardiel-Alejandro Palma-Jorge Velasco-Jorge Cueto), tres en Radio Educación (Gerardo Estrada-Miguel Angel Granados Chapa-José Antonio Alvarez Lima) dos en Canal 11 (Juan Saldaña-Pablo Marentes) y tres en El Nacional (Fernando Garza-Luis M Farías-Fernando Garza), no explican pero si reflejan una línea inconstante en la conducción de la política de comunicación gubernamental
Frente a los informadores, López Portillo ha ido, personalmente, del discurso conceptual al regaño, luego al silencio y, hasta ahora, a la indefinición
En su primer encuentro con editores y directores de publicaciones —7 de junio de 1977—, dijo que información y cultura “son exigencias de un derecho social que debemos reconocer como compromiso () Transitar por la verdad hacia la justicia es informar con decencia, informar con honestidad”
En la misma oportunidad, el subsecretario de Educación Víctor Flores Olea dijo que “sin auténtica crítica orientadora no hay verdadero periodismo” y que éste cumple una función esencial “en el análisis, en la crítica, en la expresión de las necesidades sociales”
Transcurridos cuatro meses, López Portillo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma política que desembocó en la Ley de Procedimientos y Procesos Electorales y en la adición del artículo sector constitucional
No habiendo precisión en el alcance de un derecho que muchos consideraban implícito en la Constitución original, en abril siguiente (1978) el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, adelantó que la empresa Productora e importadora de Papel —PIPSA— desempeñaría “el papel de defender el derecho a la información del mexicano”
De acuerdo con esto, el propósito presidencial ib dirigido (o va) a la prensa
Sin embargo, en la misma ocasión, Reyes Heroles explicó el sentido del derecho a la información:
“Mientras vivimos en una comunicación fundamentalmente vinculada con el papel, tal vez simple derecho a la libre expresión satisfacía la función de comunicación correspondiente Pero cuando entra la electrónica como ámbito de la comunicación masiva, surge la necesidad de afirmar el derecho de la sociedad a la información”
Al parecer, entonces, el añadido constitucional tenía en la mira al radio y a la televisión, medios con los que, por otra parte, nada tiene que ver PIPSA
En junio (al celebrarse el Día de la Libertad de Prensa), López Portillo reconoció que “ahora, gracias al trabajo legislativo, el derecho a la información es ya expresión constitucional, pero todavía no suficientemente garantizado”
“Hagamos —abundó— una realidad el derecho a la información, no sólo por el camino de la oportunidad sino, fundamentalmente, por el camino de la seguridad”
En septiembre del mismo año (segundo Informe de Gobierno) anunció el inminente envío al Congreso de una iniciativa de “Ley de garantías al derecho a la información” que, dijo, “desarrollará y dará concreción al contenido de la parte final del artículo sexto constitucional”
Glosó, también, algunas particularidades de ese documento que oficialmente, a la fecha, ni conocen los legisladores porque no les ha sido enviado:
“Sus preceptos serán el marco normativo al que deberán sujetarse las disposiciones existentes, que regulan la actividad de los medios de comunicación social y constituirán la base de otras regulaciones específicas sobre la materia”
“En esta iniciativa de Ley se define el derecho a la información como un derecho fundamental al servicio de la dignidad e integridad de la persona humana; también se le anuncia como un derecho social, para asegurarle a la colectividad una información objetiva, plural y oportuna
“Nuestro orden jurídico deberá hacer de la energía de la información una fuerza democrática, en cuyo ejercicio participen las diversas corrientes de opinión y pensamiento, las agrupaciones y los individuos”
En octubre de 1978, Reyes Heroles ofreció más elementos de juicio: “En nuestros días no es posible confundir libertad de expresión con derecho a la información La primera implica una abstención por parte del Estado, en tanto que el segundo lleva implícita la obligación, por parte del Estado y de la sociedad, de desarrollar las acciones necesarias para satisfacer los requerimientos del individuo
“Las medidas legislativas al respecto no están fundamentalmente dirigidas al ejercicio de ese derecho, sino a impedir abusos contra el orden público o la moral pública o privada”
Parecía, entonces, que el derecho a la información desembocaría en una simple modalidad de la obsoleta Ley de Imprenta y sus correspondientes de cine, radio y televisión, en las que se previene contra el impreciso “orden público” y la más imprecisa aún “moral pública o privada”
Como siguiera sin entenderse —a más de un año de su promulgación— en qué pararía el derecho de referencia, Reyes Heroles dijo en diciembre de 1978
“Se ha interpretado erróneamente que este derecho a la información supone cargas u obligaciones para los órganos o medios de comunicación, olvidándose que la primera carga, la primera obligación, es para el Estado, que debe estar obligado a informar correctamente de las acciones propias del Estado”
Dos meses después, cuando vino el presidente Carter, Fernando Garza, director de Información de la Presidencia en ese tiempo, repartió un boletín que bien podría interpretar los afanes del gobierno como “Estado que debe estar obligado a informar”:
“A los reporteros les será proporcionada posteriormente la información que pudiera ser noticiosa: menú, comensales, etcétera”
El 7 de junio de 1979, al hablar en nombre de López Portillo, el nuevo secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana, se refirió al derecho a la información, sustancialmente, así:
“El derecho a ser informado tiene como titular a todas las personas en lo general, y al Estado como único obligado a garantizar este derecho, por mandato constitucional Pero puesto que el Estado es depositario y en ocasiones el productor de una información que le es indispensable para el manejo, la vigilancia, la protección y la conservación de intereses públicos, la reglamentación que se haga de la nueva garantía constitucional deberá asegurar que la información aproveche y beneficie fundamentalmente a la colectividad, y que en ningún momento ponga en peligro la seguridad y la paz sociales
“El derecho social a ser informado tiene su fundamento en la armonización de las libertades individuales, que la propia Constitución establece, con el derecho a la información que el Estado debe instrumentar De aquí se deduce la ineludible responsabilidad de quien proporciona la información y de aquel que la difunde () La información es patrimonio y responsabilidad de todos”
Así estaban las cosas cuando el 1o de septiembre (tercer informe de Gobierno) el presidente López Portillo, a la vez que iluminó el asunto, arremetió:
“El derecho a la información y la libertad de expresarlo derivan del desconcierto cuando se deforma la realidad con la exageración:
“se aturde con el escándalo;
“se azora con sensacionalismo;
“se provoca con el morbo;
“se vende el temor como noticia;
“se extorsiona con el chanteje;
“se afama por difamar;
“se prestigia por desprestigiar;
“se calla por cobrar;
“se miente para argumentar;
“y se calumnia para vivir”
Todo eso tras el derecho a la información
Al destaparse el verdadero sentido de los anhelos presidenciales en esta materia, se suscitó el desconcierto Ya dos diarios nacionales habían hecho campaña contra la legislación, e inclusive publicaron entrevistas mutuas entre sus directores (El Heraldo y Excélsior)
Con lo dicho por el presidente se justificó la esperanza y se explicó el miedo, según cada caso
En febrero del presente año, la Cámara de Diputados abrió un debate público encaminado a resolver el misterio del derecho a la información y Televisa se agrupó entre los oponentes
Mientras prosigue el debate, el coordinador general de Comunicación de la Presidencia de la República, Luis Javier Solana, lo mismo en la reunión de Acción de Sistemas Informativos Nacionales que en la de la Asociación Internacional de Comunicación —ICA— insistió en la necesidad de que se busquen “marcos jurídicos y políticos que garanticen el ejercicio del derecho a expresarse () Se busca el acceso de las grandes mayorías a la información, restituyéndoles el uso de su propia voz perdida”
Y reiteró una postura vanguardista en el escenario internacional, particularmente en la reunión de la ICA (Proceso 185 y 186) evento por ciento inexplicablemente acordado con el gobierno, que rectificó al final desairando a sospechosos “comunicólogos”
De lo más reciente que han arrojado las audiencias públicas en la Cámara está la comparecencia de Fernando Vera Manzanares, presentado como dirigente de “Periodistas Revolucionarios Unidos”, quien afirmó que las oficinas de prensa del gobierno son manejadas por émulos de hitlerianos que pretenden que ocurra, dijo, lo que en Sudáfrica, donde el pueblo es (cita literal) “descriminado”
Frente a los intentos por legislar el derecho a la información, permanecen ocultos los vericuetos de la relación medios de comunicación-gobierno
Ningún informe sobre sistemas de prensa y difusión Ninguno sobre oficinas de prensa y presupuestos y criterios de publicidad Ninguno sobre los recursos destinados a la corrupción de informadores Nada sobre el sistema y los vicios de concesiones para radio y televisión Tampoco sobre cifras reales de circulación de diarios y revistas
Ninguna información verdaderamente sólida para iniciar, en serio, la discusión de una necesaria Ley reglamentaria del preconizado e incierto derecho a la información
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