El convenio con el FMI dejó intactos los problemas

El convenio con el FMI dejó intactos los problemas
No se estabilizó la economía, pero sí la carga sobre los trabajadores
Victoria Azurduy
Negado al principio, aceptado después y finalmente refrendado, el convenio de México con el Fondo Monetario Internacional, que tan alto costo social tuvo, resultó un fracaso
En tres años, México no aplicó las medidas de limitar gasto público, déficit presupuestal, inflación y déficit comercial con el exterior En cambio, las metas de la “estabilización” si se lograron: desempleo, tope salarial, liberación de precios, todo ello englobado en los propósitos de la tradicional escuela de Chicago de Milton Friedman: frenar y disminuir la intervención del Estado en la economía, cargar sobre los trabajadores el costo de la recuperación y privatizar la economía
Según un estudio del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (Ecosoc), en términos generales el gobierno mexicano rebasó en mucho los límites fijados por el FMI en cuanto a uso de recursos económicos; aunque tampoco utilizó esos mayores volúmenes de dinero para expandir la economía sino para parchar números rojos
En 1976 se firmó la “carta de intención” de México con el FMI, como único camino para poder recibir créditos urgentes de ese organismo Este documento —suscrito privadamente en agosto de 1976, y publicado por Proceso 55, en noviembre de 1977— obligaba a México a devaluar virtualmente su moneda y a adoptar medidas rígidas en la actuación económica del Estado
Tres años duró ese convenio Con recursos económicos derivados del petróleo, México decidió en 1979 no renovar esa “carta de intención” Tras de ese convenio, sin embargo, estaban ya las medidas económicas que propiciaron el desempleo, tope salarial, reducción del gasto público, liberación de precios, entre otras medidas, un medio de problemas económicos no resueltos
Los estados están a la vista no hubo estabilización económica y la crisis se superó para los empresarios, aunque los trabajadores sigan cargando el peso de la recuperación
En un documento titulado México, notas para el estudio económico, el organismo de la ONU pasa revista abundante al comportamiento de la economía mexicana La conclusión que se desprende del trabajo indica que ni la economía mexicana se estabilizó ni se resolvieron los problemas más importantes
En el documento se recuerda que dicho convenio comprendía el mantenimiento del déficit presupuestal del sector público dentro de niveles bajos, el alza de los precios y el incremento de los impuestos
El convenio, que caducó en diciembre de 1979, dice, incluía como uno de sus puntos fundamentales el mantenimiento del déficit del gobierno federal y del subsector paraestatal en proporciones acordes con el crecimiento del producto interno bruto; esto, con el fin de obtener un equilibrio que sentara las bases para un desarrollo económico sostenido a partir del inicio de los ochenta
Ante las limitaciones impuestas al crecimiento del gasto público se optó por restringir la expansión del gasto corriente para no afectar al de capital: así el gasto bruto total del sector público se fijó en 1979, en 912500 millones de pesos (236 por ciento más que en 1978)
Sin embargo, observó, una vez deducida la amortización de la deuda y otros gastos, el déficit ascendió a 94,500 millones Además, como el gasto público superó en 111,000 millones lo previsto, el déficit del gobierno federal, sin incluir al sector paraestatal, fue 27 por ciento superior a lo esperado
El documento indica que el alza de los precios —con una variación media anual de 174 por ciento— influye parcialmente en el crecimiento del déficit
Por otra parte, los ingresos corrientes mostraron un dinamismo relativo, basados principalmente en el incremento logrado en la recaudación de impuestos directos, que superaron a los gravámenes sobre comercio exterior, no obstante las crecientes exportaciones petroleras
En cuanto a los gastos corrientes, los expertos de las Naciones Unidas indican que crecieron dentro de ciertos límites, al aplicarse una política restrictiva en las erogaciones de administración y en los subsidios, que “afectó adversamente al mercado interno y al consumo de los sectores populares”, reconoce
En cambio, el renglón de intereses —44,400 millones de pesos— continuó mostrando una tendencia ascendiente y representó cerca del 70 por ciento del déficit presupuestal; lo anterior fue consecuencia lógica del endeudamiento del gobierno federal, que creció de modo espectacular en 1979
Por lo que hace a la amortización de la deuda, el estudio dice que, dado su crecimiento, constituyen la mayor preocupación en el ámbito de las finanzas públicas, pues los pagos por ese concepto se triplicaron para llegar a 56,000 millones de pesos El déficit fiscal, a su vez, ascendió a 121,000 millones, en 61 por ciento más que el año anterior
Para enfrentar la situación, el gobierno captó recursos por un monto similar, proveniente de fuentes internas
Llama la atención a los investigadores de las Naciones Unidas, el hecho de que en ese ejercicio fiscal de corte austero, la amortización y el servicio de la deuda hayan conducido a mayores niveles de endeudamiento, al punto que pudieron comprometer la magnitud de los recursos que el gobierno federal canalizó a inversiones directamente productivas
Se señala, asimismo, que los planes de inversión y el funcionamiento de organismos y empresas estatales se llevaron a cabo sin recursos propios Los subsidios del gobierno federal fueron por 44,000 millones de pesos durante el primer semestre de 1978, y en el caso de Pemex las amortizaciones representaron el 518 por ciento del financiamiento bruto contratado (cerca de 62,400 millones de pesos)
Finalmente, el estudio indica que el déficit del sector paraestatal, estimado en 46,500 millones, debió ser cubierto, casi en su totalidad, con recursos externos, y de los 3,000 millones de dólares establecidos en el convenio con el FMI, como límite de la contratación anual de deuda externa, cerca de 1,160 millones fueron utilizados para financiar el déficit del gobierno federal y los organismos paraestatales