DEMANDA EL CONSEJO DE PUEBLOS INDIGENAS, A LOPEZ PORTILLO, RESPETO A SUS DERECHOS Y QUE ACABE CON CUERPOS ILEGALES
Ignacio Ramírez
El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas exige al gobierno que desaparezcan todas las policías y cuerpos paramilitares al margen de la ley, así como la complicidad de autoridades irresponsables que permiten su acción
Asimismo, solicita que las partidas militares se dediquen exclusivamente a las funciones que les marca la Constitución, en el Artículo 129, pues en muchos casos se les ha utilizado en funciones que corresponden a autoridades civiles, provocando con ello el distanciamiento del pueblo respecto a las fuerzas armadas
Tales demandas se exponen en un documento del CNPI —una copia del cual fue obtenida por Proceso—, entregado recientemente al Presidente José López Portillo En dicho documento se ponen de manifiesto la represión y la violación de los derechos humanos en el campo, así como una relación de los líderes indígenas detenidos en diversas cárceles del país, falsamente acusados
He aquí una síntesis del documento:
Se pide la libertad de Tomás Romualdo, Francisco y Vicente Juan Bonilla, campesinos del poblado Cerro Camarón, municipio de San Pedro Ixcatlán, Tuxtepec, Oaxaca, detenidos en la cárcel de Teotitlán de esa entidad También, la anulación de tres órdenes de aprehensión en contra de Guadalupe Juan Bonilla, Nicolás Bonilla García y Cecilio Morales, campesinos de la misma población, dictadas por el juez de primera instancia de Teotitlán “Las causas de estas acciones judiciales —dice el documento—son por demandas hechas por los caciques terratenientes Evaristo Andrade, Miguel y Cándido Pineda, vecinos de San José Tenango, no obstante que los ejidatarios de Cerro Camarón cuentan con una resolución presidencial del 15 de octubre de 1969, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del mismo año, ejecutada el 5 de agosto de 1970 Estos campesinos vienen cultivando sus tierras conforme a la Ley de Reforma Agraria y es esta dependencia la que en primera instancia resolverá al respecto”
También se solicita la libertad inmediata de tres personas recluidas en la cárcel pública de Huejutla, Hidalgo, a causa de un conflicto de tierras con el ejido de Cocutla, municipio del mismo nombre Los detenidos son Juan Marcos Cortés, Andrés Bautista Hernández y Juan Bautista Dolores, originarios de Chiyapa, municipio de Xuchiatipa, presos injustamente desde el 31 de enero de este año
Otros detenidos son: Artemio Martínez, Diego Santiago, Genaro Hernández y Mariano Hernández, del poblado de Acuatempa, también del municipio de Huejutla, quienes se encuentran en la cárcel de Actopan, acusados falsamente de los delitos de robo, homicidio e invasión de tierras ejidales y de pequeña propiedad por los caciques Ambrosio Hernández y Manuel Hernández
Al mismo tiempo, el CNPI exige a las autoridades estatales y federales de Veracruz que otorguen las suficiente garantías a los habitantes de las comunidades de Xilotla y Limontitla, del municipio de Zontecomatlán, que se encuentran en un estado de terror, provocado, originalmente, por conflictos entre familias, de ninguna trascendencia social o política, en los que nada tienen que ver los intereses genuinos de tales comunidades
“A tal grado ha llegado la gravedad de la situación —añade el documento- que son innumerables los asesinatos de maestros, mujeres, hombres y jóvenes completamente inocentes, lo cual ya impide que nuestros compañeros puedan salir de sus hogares a realizar sus faenas cotidianas y que tampoco puedan penetrar a los territorios de estas comunidades las personas que, de parte del gobierno, van a cumplir misiones de trabajo A esta situación ha contribuido la intervención irresponsable del presidente municipal de Zontecomatlán, al proporcionarles armas para estimular este conflicto fraticida que, ahora, ya tiene como propósito evidente que los habitantes de ambas comunidades abandonen, por la inseguridad, sus tierras comunales para que después intereses ajenos se las apropien O sea cometer un acto de despojo”
También se exige la inmediata libertad de los dirigentes indígenas mixes Epifanio Bautista Bonifacio,Alfredo Fuentes Hilario, Emiliano, Epitasio, José y Reinaldo Martínez Montes, de Santiago Tutla, municipio de San Juan Mazatlán, Oaxaca, actualmente presos por delitos del fuero común en Tuxtepec, Oaxaca, por injerencia del cacique Cirilo Maldonado Castillo
Se pide además la libertad de José Carmen Ramos López, Mateo Manríquez, Elpidio Domínguez Castro, Leopoldo Figueroa Palacios, Gilberto Laguna Domínguez, Manuel Medina Flores, Francisco Pérez Lucas, Rosalío Lucas Domínguez e Ismael Hernández Bautista, originarios de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, detenidos desde el 17 de diciembre de 1979 en la cárcel municipal de Pátzcuaro “Los compañeros de la comunidad mencionada —agrega el CNPI— han sido agredidos por los pistoleros al servicio de ganaderos y autoridades de la población de Quiroga, debido a que los campesinos indígenas se han resistido a la invasión de sus tierras comunales ya sembradas, por el ganado de tales personas agresoras Este asunto tiene justificadamente irritada a toda la población indígena del estado, por lo cual deseamos la intervención del Presidente para que se haga justicia, dejando en libertad a nuestros compañeros
Por otro lado, el CNPI demanda se den las garantías necesarias para que los indígenas del municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, nombren a sus autoridades en pleno ejercicio de sus derechos democráticos, pues ya no están dispuestos a permitir que las autoridades municipales y ejidales sean electas con injerencia del cacique y terrateniente Maclovio de León Sánchez, que desde hace muchos años viene usufructuando para su beneficio tales puestos, que le han servido para humillar, explotar, amenazar y asesinar a los habitantes de la región Y se le impida que arriende indebidamente las tierras ejidales de quienes se oponen a sus caprichos y desmanes
“Pedimos —prosigue el documento— que se giren órdenes de aprehensión y se apliquen los castigos, de acuerdo con la ley, a los integrantes de la gavilla de fascinerosos que patrocina el cacique y terrateniente Maclovio de León Sánchez (se anexa lista de nombres), todos ellos debidamente identificados como autores materiales del asesinato de 33 indígenas en el ejido de Ocotal Su último hecho delictivo fue quitarla la vida, el 28 de septiembre de 1979, al presidente del Comisariado Ejidal, Alberto Cruz Díaz, por no someterse a su cacicazgo Las denuncias formales, investigaciones y hechos comprobados obran en la Agencia del Ministerio Público de Matías Romero, Oaxaca, sin que hasta la fecha se hayan ejecutado las órdenes de aprehensión”
Y se exige que se abstenga el Procurador de Justicia de Oaxaca, del ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de campesinos de San Pedro Yolox, Distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, ya que por la investigación realizada por la dirección de gobernación de esa entidad, llevada a cabo en ese lugar, es evidente que se trata de acusaciones maquinadas y totalmente falsas por parte de Adolfo Mendoza Hernández, quien haciéndose pasar por miembro de un partido, utiliza su poder económico y político desde hace más de 20 años para influir y someter a sus intereses a las autoridades municipales “Este caso —afirma el CNPI— es un hecho de represión política y por tanto deben otorgarse las garantías constitucionales a que tienen derecho todos los miembros de esa comunidad”
“El CNPI —se agrega— sólo ha consignado algunos hechos en contra de nuestras comunidades Posteriormente daremos otros más que nos obligan a exigir de la más alta autoridad del país un hasta aquí a los actos de represión que casi todas nuestras comunidades están sufriendo”
Al solicitar la desaparición de todas las policías y cuerpos paramilitares al margen de la ley, el CNPI demanda, entre otras, las siguientes medidas:
Que se den instrucciones a los Procuradores y agentes del Ministerio Público del país para que se otorguen las facilidades necesarias, de acuerdo con el Código Penal, a los detenidos indígenas, en su derecho a conocer las acusaciones de que sean objeto y hacer su defensa en su propio idioma, para lo cual se debe permitir la intervención de los Consejos Supremos Indígenas, quienes les garantizarán tal propósito
Que la Procuraduría del Estado de Hidalgo intervenga y consigne a Rutilo Oviedo de la Rosa, comandante de la Policía Preventiva Municipal de Huejutla, por abuso de autoridad, corrupción, extorsión y otros delitos de que le acusa el Consejo Supremo Náhualt, en contra de los ejidatarios y miembros de las comunidades de Chililico, Panacastlán, Oztomal, Tultitla, Mirador y Chalauitzintla
Que se proceda inmediatamente a la expropiación de las instalaciones y equipo del Instituto Lingüístico de Verano, para que pasen a poder las comunidades indígenas Y que se investigue la condición migratoria de los extranjeros que trabajan al servicio de esta institución
Que se apliquen las leyes relativas o se reglamente lo necesario para evitar el uso indebido de símbolos y otras formas representativas del patrimonio cultural indígena, como medios publicitarios en el consumo de bebidas alcohólicas y de otro carácter Asimismo, que se evite la distorsión de la imagen del indígena en todos los medios de difusión
Que se promueva por el Ejecutivo la reforma al Artículo 27 Constitucional, para que las expropiaciones por causa de utilidad pública sean con previa indemnización
Que se traslade a otro sitio la empresa papelera Loreto y Peña Pobre, pues casi ha acabado con los bosques del Valle de México, en perjuicio de las comunidades indígenas
Por último, el CNPI exige que la contratación de los servicios de la mano de obra indígena en obras que realicen en el campo de las dependencias del Ejecutivo Federal o privadas, sea de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo para garantizar no sólo los salarios mínimos y el seguro social, sino todas las prestaciones a que tienen derecho los indígenas
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