Sinaloa: un trasplante de Sudamérica
La Operación Cóndor, letanía de horrores
Francisco Ortiz Pinchetti
CULIACAN – Crispa la sola letanía de horrores:
—Golpes con los puños cerrados o con culatas de rifles y cachas de pistolas en las partes nobles, abdomen, costillas, cara y nuca
—Golpes en ambas orejas con las palmas abiertas que rompen los tímpanos
—Mantenimiento del detenido con las manos atadas atrás, los ojos vendados y las piernas abiertas a su máxima extensión, durante días y noches, mientras es golpeado a culatazos
—Introducción de bebidas gaseosas —tehuacán, pepsicola—, alcohol o gasolina en las fosas nasales, con la boca fuertemente atada, las manos atrás amarradas a una tabla, presionado el tórax por un policía sentado en el cuerpo del detenido
—Toques eléctricos, con el cuerpo completamente desnudo y mojado, aplicados sobre todo en órganos sexuales, boca y ano
—Violación “por vía normal y anormal” de mujeres detenidas
—Piquetes con los dedos de las manos en ojos, nariz, oídos y región hepática
—Introducción de la cabeza en excusados llenos de excremento humano
—Quemaduras con cigarrillos en todo el cuerpo
—Martirio de hijos menores y esposas en presencia del detenido
—Mantenimiento del detenido colgado de los pulgares de ambas manos, por tiempo indefinido
—Introducción de agujas entre los dedos y las uñas de pies y manos
—Encierro del detenido en un auto, con las manos atadas al volante y el cuerpo arropado con una manta, completamente cerradas puertas y ventanillas, bajo el sol, en la época de máximo calor
La tortura vil, pues, institucionalizada como método de investigación
Algo que aterra
Y no es Argentina Ni Chile Ni Uruguay Es México: Sinaloa: Culiacán Son los sistemas implantados por la Policía Judicial Federal y por el Ejército, en la campaña contra la producción y tráfico de estupefacientes conocida como Operación Cóndor
La denuncia de tales atrocidades ha sido hecha por el Colegio de Abogados “Eustaquio Buelna”, de Culiacán, con base en un estudio que recogió los testimonios de 457 reos acusados de delitos contra la salud, internos en el Instituto de Readaptación Social de Sinaloa, IRSS (penitenciaria del estado)Ç
85% CAMPESINOS JORNALEROS
El 85 por ciento de ellos está integrado por campesinos jornaleros “de muy escasos recursos” y el resto por habitantes urbanos, jóvenes en su mayoría Nueve de cada 10 aseguraron haber sido detenidos e interrogados con lujo de violencia, “en desacato a los más elementales derechos humanos”
El licenciado Carlos Morán Cortez, nuevo presidente del Colegio de Abogados, explica a Proceso que “a raíz de varias denuncias que llegaron hasta nosotros, en abril y marzo pasados realizamos una investigación que incluyo una encuesta y entrevistas personales con los reos”
Señala que fue un trabajo obviamente difícil, ya que muchos de los detenidos, por temor a nuevas represalias, estaban renuentes a denunciar las vejaciones que han sufrido “Sin embargo —agrega—, con ayuda del comité de internos del IRSS, conseguimos que 457 de los 1,300 reos de delitos contra la salud contestaran y firmaran nuestro cuestionario Su testimonio fue plenamente corroborado por nosotros mediante el examen del expediente respectivo y entrevistas con los propios reclusos, con sus familiares y con testigos”
Morán Cortez entregó a Proceso una copia firmada por él de las conclusiones de ese estudio, que en mayo pasado fueron presentadas al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ernesto Aguilar Alvarez
Por su parte, el licenciado Francisco Javier García Félix, presidente de la Comisión Permanente de Respeto a los Derechos Humanos en Sinaloa —creada por instancias del Colegio de Abogados y apoyada por otros 10 colegios profesionales de Culiacán— asegura que la violación a los derechos constitucionales por parte de las autoridades federales “es permanente en Sinaloa”
García Félix mencionó violaciones concretas a los artículos 14, 16, 19, 20 y 22 constitucionales y acusó de ellas a la Policía Judicial Federal, a los agentes del Ministerio Publico Federal y “en menor medida” al Ejército
La mayoría de los detenidos encuestados fue capturada sin estar en flagrante delito, sin existir acusación o denuncia formal en su contra, sin orden de aprehensión girada por autoridad competente y con exceso de violencia Además, dice García Félix, fueron obligados a declarar en su contra “mediante la aplicación de todo tipo de torturas”
El presidente de la Comisión pro derechos humanos informa que estos hechos han sido ya denunciados ante la Procuraduría General de la República
A GOLPES, TODAS LAS DETENCIONES
En las conclusiones de la investigación realizada por el Colegio de Abogados se expresa:
“Todas las detenciones, sin excepción alguna, hechas tanto por la Policía Judicial Federal como por soldados, se realizaron con lujo de violencia, golpeando de improviso a los hoy reos, con los puños cerrados, a puntapiés, con cachas de pistolas, a culatazos, siempre en grupos de cuatro o cinco agentes o soldados, cuando menos, sin que existiera necesidad de ello, ya que los golpeados no portaban arma, no se resistieron a la detención”
Y también:
“Fueron golpeados brutalmente y torturados inmisericordemente, incomunicados plenamente durante el tiempo que permanecieron privados de su libertad en las celdas de la Policía Judicial Federal de esta ciudad (Culiacán), con la aprobación de los agentes del Ministerio Público Federal, hasta lograr vencer su resistencia física y moral para que firmaran confesiones nunca rendidas motu proprio”
El documento, copia del cual fue entregado también a Amnistía Internacional, señala además que los detenidos fueron despojados de las pertenencias que llevaban al ser capturados y que las casas de aquellos que fueron aprehendidos en sus domicilios “sufrieron por parte de sus captores robos de televisores, relojes, joyas, dinero”, sin serles devueltos ni anotados en acta alguna
“Nunca recibieron atención médica durante el tiempo que estuvieron torturados en la Policía Judicial Federal” señálase asimismo, y “existe un promedio de 15 a 20 días de incomunicación (de los detenidos) en la Policía Judicial Federal y Agencia del Ministerio Público Federal”
Se anotan las más frecuentes torturas aplicadas a los detenidos (ya mencionadas antes) y se enlistan las principales lesiones ocasionadas por los martirios:
“Disminución total o parcial de la facultad auditiva; abscesos hepáticos que han ocasionado fallecimientos; amputación de piernas; fracturas de costillas, brazos, piernas, dedos, etcétera: cicatrices permanentes en la cara y en el cuerpo; perdida de piezas dentales; alteración del funcionamiento de los ririones: tumores en la cabeza, los brazos y el abdomen producidos por golpes; aborto en mujeres torturadas en estado de gravidez; traumas síquicos y muerte”
MUERTOS Y DESAPARECIDOS
En el documento, ratificado de viva voz ante Proceso por el presidente del Colegio de Abogados, se mencionan casos concretos:
J Isabel Burgos Soto falleció a consecuencia de las torturas que recibió en la Policía Judicial Federal y Ministerio Público Federal, “existiendo constancias de los médicos que lo atendieron en la Central Quirúrgica, Sanatorio Ovalle, agregados a su expediente numero 167-76”
Raúl Román Anguiano, “muerto a consecuencia de los golpes que recibió durante su detención” Expediente numero 99-77
Hilario Román Germán falleció en El Batamote, municipio de Guasave, Sinaloa, entre el 27 y 28 de abril de 1976: “llegaron agentes de la Policía Judicial Federal acompañados de soldados; quemaron nueve u once casas y mataron a varias personas, entre ellas a Hilario Román Germán y a Antonio Vega Guzmán, violaron a jovencitas”
Jesús Salcido Corral, “muerto por la PJF el 2 de julio de 1977 a base de las torturas que recibió en las celdas de esa corporación”
Rosario Rivas, campesino de Himala, “muerto a balazos de un rifle M-1 el 21 de marzo de 1976, por un agente del PJF chaparro, cuerpo regular, moreno pelo lacio, ojos achinados, con acento del DF”
También se menciona la desaparición de varias personas, entre ellas Eulalio Medina Vega, detenido por la PJF en su casa hace 11 meses; Federico Lazo Gaytán, detenido el 8 de abril pasado por un retén de la PJF en Carrizo, Sinaloa, y José Joaquín Otarle Orantes “desaparecido por agentes de la PJF y soldados” el 28 de abril de 1977
“Estos son sólo los casos que hemos podido conocer y comprobar, pero seguramente hay muchos más”, advierte Morán Cortez Menciona también el caso de Luis Galaz Sicairos, al que fue necesario amputarle ambas piernas “debido a las lesiones que recibió en los separos de la PJF”, según constancias médicas que obran en su expediente número 102-67
Y subraya el presidente del Colegio de Abogados un caso particularmente patético, contenido también en el documento:
Rita Villa López fue detenida por agentes de la PJF, en septiembre de 1977, estando embarazada Ante la violencia con que sus captores procedían, les advirtió de su estado “Entonces un agente se le subió en el vientre y le brincó”, acusa Morán Cortez “La consecuencia de esa atrocidad fue que la mujer aborto, hecho del que existe constancia médica también, del centro de Salubridad” Esa constancia fue enviada el 13 de ese mes y año al agente del Ministerio Público Federal, por el doctor José Ruiz Torres y aparece agregada al proceso 390-77
En el documento del Colegio de Abogados se menciona como responsables de ese hecho a los agentes de la PJF, DG Serrano, Sergio Moreno, Duarte Turribiantes, Fermín Morales Rojas y Genaro Aguirre Gutiérrez, “que actuaron con la aprobación del comandante Jaime Alcalá García”
OTROS 110 TESTlMONIOS
Además de numerosos agentes plenamente identificados por los detenidos como autores directos de vejaciones y torturas —sus nombres y número de placas aparecen en el documento—, el Colegio de Abogados responsabilizó de la violación flagrante y permanente de los derechos humanos en Sinaloa a los licenciados Carlos Aguilar Garza y Pablo Hernández Garza y al señor Jaime Alcalá García, que hasta mayo pasado eran, respectivamente, coordinador regional de la campaña contra el narcotráfico en la zona NO, agente del MP federal y comandante de la PJF
Refiere Morán Cortez que, después que el Colegio presentó la denuncia y a raíz concretamente del asesinato de Roberto Martínez Montenegro —periodista al que se involucró en el narcotráfico—, en mayo pasado hubo un traslado masivo de funcionarios de la Operación Cóndor y jefes y agentes de la PJF Aguilar Garza y Hernández Garza, dice, fueron enviados a Tijuana
“Después de los cambios las cosas parecieron mejorar”, acota Morán Cortez “La actitud de la PJF se modificó y nosotros llegamos a pensar que la práctica de hechos como los denunciado desaparecería
“Sin embargo, desgraciadamente no ha sido así: hace unos días recibimos otros 110 testimonios de reclusos detenidos de mayo para acá, o sea después de los cambios Y los atropellos en las detenciones, las tortura durante los interrogatorios, son exactamente las mismas que hemos señalado”
Tampoco son particularmente formales los nuevos responsables de la Operación Cóndor en Sinaloa: Cruz López Garza, coordinador regional de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico en la zona Noroeste y titular de la agencia del MP federal en el Estado, y Margarito Méndez Rico, comandante de la Policía Judicial Federal en el Estado
“A ambos los invitamos a una reunión de trabajo con los miembro del Colegio y con los abogados de Culiacán, en general Se trataba de plantearles la situación que, según las nuevas acusaciones de arbitrariedades y torturas que hemos recibido, persisten en la actividad de la Operación Cóndor en Sinaloa Ellos aceptaron la invitación Se fijó la reunión para el 23 de septiembre pasado Y nos dejaron plantados Simplemente no llegaron, ni avisaron, ni mandaron algún representante”, se queja Morán Cortez
Y dice que al Colegio de Abogados le preocupa lo que ha pasado y sigue pasando, como le preocupa también la “insólita costumbre” de la Policía Judicial Federal de sacar de la penitenciaria a reclusos ya internos para “volverlos a investigar” Esto, dice, expone a los reos que han firmado testimonios a la represalia de las autoridades federales “Los sacan cada vez que quieren”
Menciona también el a su juicio sorprendente hecho de que los soldados actúen bajo las órdenes de la Policía Judicial Federal, “como evidentemente ocurre aquí, en Sinaloa”
Son cosas graves, en efecto, las que ocurren en Sinaloa Y tal vez no sólo en Sinaloa
Para completar el cuadro, en la penitenciaria del Estado hay 276 internos del fuero federal que llevan entre 20 y 40 meses en prisión sin haber sido sentenciados, lo que contraviene la disposición legal de dictar sentencia en un plazo máximo de un año Proceso obtuvo la relación completa de esos reclusos, con sus nombres, numero de expediente y tiempo que llevan en prisión
Como puede verse, la Operación Cóndor va viento en popa
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