Con el aval de los diputados del PRI y del PAN el Congreso estatal aprobó el 26 de marzo último la Ley Antiaborto impulsada por el grupo ultraconservador católico Mexicanos por la Vida de Todos, detrás del cual está el obispo Juan Sandoval Íñiguez Ante esa medida, activistas sociales e investigadoras de la UdeG condenan que sea la Iglesia católica la que dicte los criterios legislativos y no el Estado, que se presume laico Y advierten: existe el riesgo de que Jalisco derive hacia un Estado teocráticoApesar de que entre 1900 y 2006 se registraron en Jalisco mil 631 muertes de mujeres por complicaciones en abortos de 1990 a 2006, según datos oficiales, el Congreso local aprobó el pasado 26 de marzo la reforma al artículo 4 de la Constitución estatal mediante el cual se “garantiza” el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural
Así mismo, se reformó el artículo 228 del Código Penal del estado, en el cual se especifica que la mujer que interrumpa su embarazo será sancionada con penas que van de cuatro meses a un año de prisión, que incluso pueden duplicarse o triplicarse según los agravantes
Con esta iniciativa, impulsada por el grupo conservador Mexicanos por la Vida de Todos, no sólo se busca impedir que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, también se cancela la posibilidad de que interrumpan un embarazo producto de violación o en caso de que ponga en peligro la vida de la madre, según establece el artículo 229 del Código Penal del estado
“Esta reforma es regresiva no sólo para el derecho de las mujeres; frena el avance democrático”, asegura María Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), organismo regional con estatus consultivo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Para Candelaria Ochoa, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), con esa reforma “se criminaliza a las mujeres” Y enfatiza: con medidas legislativas de ese tipo se camina “hacia un estado confesional o teocrático” Según ella, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez “convenció” a los diputados para aprobar la llamada Ley Antiaborto
Por ello, insiste, resultan incongruentes las afirmaciones del gobernador Emilio González Márquez y de funcionarios como el secretario de Salud, Alfonso Gutiérrez Carranza, la titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Carmen Lucía Pérez Camarena; el procurador Tomás Coronado Olmos, y el secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, quienes han declarado que están a favor de la vida Esas afirmaciones son falaces pues incluso Pérez Peláez se encargó de cabildear la iniciativa de esa reforma
Javier Guízar Macías, presidente del PRI estatal, admitió días después de la aprobación que se había reunido con el cardenal Sandoval Íñiguez para hablar, dijo, de la iniciativa antiaborto que presentaron grupos afines a la Iglesia católica, encabezados por la exlegisladora local Cecilia Carreón
A pesar de que el PRI se autodefinió como un partido de centroizquierda, Guízar defendió el concepto de “familia” que pregona Sandoval en sus homilías, constituida por papá, mamá e hijos “Yo creo que todos debemos proteger a la familia y el derecho a la vida”, sostuvo el dirigente priista
Legisladores doblegados
La defensa del Estado laico que pregona el PRI en sus principios quedó atrás
En el PRD la posición adoptada ante la Ley Antiaborto aún no se define El presidente nacional de ese partido, Jesús Ortega Martínez, quien visitó Guadalajara el miércoles 1, declaró que la Ley Antiaborto no es un tema importante, pese a que días antes el dirigente estatal del partido Antonio Magallanes había dicho que los legisladores perredistas presentarían una controversia constitucional
La Ley Antiaborto fue aprobada por 29 votos: 20 del PAN, 7 del PRI, uno del Partido Verde Ecologista y otro del PT; hubo dos abstenciones, una del Partido Nueva Alianza y otra del perredista Samuel Romero Valle; así mismo dos correligionarios de éste, Carlos Orozco y Enrique Alfaro, abandonaron la sesión
El día de la votación, el 26 de marzo, alrededor de un centenar de personas del grupo impulsor de la iniciativa, que hicieron suya los legisladores del PRI y del PAN, asistieron al recinto legislativo vestidas de blanco a presenciar el debate Entre ellas iban algunos curas y monjas Algunos llevaban una cruz de madera y gritaron porras a favor de la vida durante la sesión parlamentaria
En contraste, dos opositoras a la iniciativa, quienes intentaban expresar su descontento al interior del Congreso y solicitar a los legisladores una discusión más detallada sobre el tema del aborto, fueron desalojadas por orden del presidente de la mesa directiva, el perredista Samuel Romero Valle
La activista del Cladem, María Guadalupe Ramos Ponce, asegura que los diputados aprobaron la iniciativa sin ninguna discusión; la investigadora de la UdeG, Candelaria Ochoa, es más severa: “Los diputados se doblegaron ante el poder de la Iglesia católica, representada por el cardenal Sandoval La Iglesia determina qué se tiene que legislar”
Ochoa agrega: “Sandoval, con sus críticas, pretende legislar la vida privada de las personas, y en este sentido vamos hacia un Estado teocrático La ley eclesial rige el Estado”
¿Qué implicaciones tiene esta reforma constitucional para el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo? se le planea a Ramos Ponce
Esta ley no se discutió en las comisiones del Congreso
El sustento mayor que tenía la iniciativa es de orden moral, con ideología religiosa, sin sustento científico Y la otra cuestión es que no se debatió ampliamente con los distintos actores de la sociedad
“La Constitución local está por encima del Código Penal, por lo tanto hay una contradicción evidente, ya que el artículo 229 (del Código Penal del estado) permite la interrupción del embarazo en caso de violación o cuando esté en riesgo la vida de la madre Con esta reforma al artículo 4 (constitucional), que actualmente garantiza el derecho a la vida, se impedirá que aborten las mujeres que se encuentren en esos supuestos”
Pero los diputados aseguran que sí se permitirá el aborto en caso de situaciones excepcionales que prevé el Código Penal
Hay una contradicción total; esto demuestra el desconocimiento y la ignorancia de los diputados sobre los principios del derecho
“Además, esta reforma constitucional contraviene lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el año pasado, cuando los magistrados concluyeron que las mujeres podrán interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación El Congreso local lo ignoró”
Por eso, insiste Ramos Ponce, la reforma es improcedente e inconstitucional: “Lo que pasa en Jalisco es grave Estamos viviendo en un Estado confesional y no en un Estado democrático en donde debería prevalecer la progresión de los derechos humanos, particularmente el de las mujeres, pero está sucediendo todo lo contrario: se legisla con esta visión religiosa del derecho A la Iglesia le toca predicar con sus feligreses, no tendría que legislar la vida privada de los demás”
El deslinde del “ombudsman”
Para la representante del Cladem, el aborto es un problema de salud pública; al criminalizar y perseguir a las mujeres en el ámbito penal no se solucionará nada Al contrario, reitera, “los abortos clandestinos seguirán practicándose”
¿Qué harán las organizaciones civiles ante esta reforma?
En la red Agenda Feminista, que conformamos diversas organizaciones civiles, estamos analizando estrategias jurídicas, políticas y sociales No será tarea fácil En este caso no se trata de reaccionar con desplegados o pronunciamientos, sino de establecer con claridad las estrategias jurídicas
“Le exigiremos al ombudsman que presente la controversia constitucional Que Felipe Álvarez Cibrián haga lo que le corresponde como supuesto defensor del pueblo Estamos viendo otras vías, como los juicios de amparo que podrían presentar las mujeres de manera individual”
Sin embargo, Álvarez Cibrián se deslindó del tema el mismo 26 de marzo, al declarar que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) estudiará la reforma constitucional “para tener el conocimiento pleno de esa situación”
Ramos Ponce revira: “Queremos recordarle al ombudsman que sí es de su competencia este tema y que él es garante de los derechos humanos en la entidad, de vigilarlos y hacerlos valer Y en este caso justamente se está haciendo una regresión evidente y tiene que presentar una controversia constitucional Tenemos que recordárselo, quizá le tengamos que darle un seminario o un curso de derechos humanos”
Incluso relata que ante una situación similar a la de Jalisco, el ombudsman de Baja California presentó una controversia constitucional que aún se encuentra en trámite “Lo mínimo que esperamos de Álvarez Cibrián es que actúe de manera semejante”, sostiene
El Comité Universitario de Análisis Social de la UdeG publicó un desplegado el viernes 3 en el que afirma que la reforma tiene graves implicaciones que “vulneran la vigencia del Estado de derecho” La reforma, insiste, “contradice lo establecido en la Constitución General de la República y los tratados internacionales firmados por nuestro país en materia de derechos humanos en los últimos 20 años”
Este comité está integrado por Elisa Cárdenas, Dulce María Zúñiga, el rector del Centro Universitario de Lagos de Moreno, Roberto Castelán, y el exrector general de la UdeG, Trinidad Padilla López, así como por los investigadores Enrique Sánchez Ruiz, Candelaria Ochoa y el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Pablo Arredondo, entre otros
El derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, consagrado ahora en el artículo 4 de la Constitución local, “obedece a una concepción religiosa que pretende sancionar como delito lo que la Iglesia católica considera como pecado, invadiendo el ámbito de la conciencia de los ciudadanos”, dicen los firmantes del desplegado
Así mismo, los académicos consideran que esta reforma pone en peligro la vida, la salud, los derechos humanos, la libertad sexual y reproductiva de las mujeres: “El aborto es un problema de salud pública y su criminalización únicamente genera muerte, daños físicos y psicológicos a una gran cantidad de mujeres, y no garantiza la vida en ningún sentido”
Agregan que es inadmisible que “Jalisco derive hacia un Estado teocrático donde la pauta a seguir la dicte una visión ultraconservadora y religiosa de la ley, y no la solventada en un conocimiento científico y en la vigencia plena del Estado de derecho”
Así mismo, 18 consejeras ciudadanas del Instituto Jalisciense de las Mujeres firmaron un desplegado en el cual se pronunciaron “a favor del Estado laico, a favor de la vida y de la autodeterminación de las mujeres y en contra de la discriminación” hacia ellas
La reforma aprobada, según las consejeras, “careció de análisis y objetividad científica y se dio dentro de un proceso que discriminó la participación de la disidencia” en la sesión parlamentaria del 26 de marzo
El mismo viernes 3, el Semanario, órgano oficial de la Arquidiócesis de Guadalajara, incluyó las declaraciones de Sandoval Íñiguez sobre las reformas antiabortistas Según el cardenal, “ideas anarquistas” bombardean instituciones como el matrimonio, la familia, la Iglesia y el Estado, “haciendo creer a la gente que con eso será feliz, cuando en el fondo se trata de una encubierta dominación para debilitar a los pueblos y (que) puedan quedar a merced de sus estrategias de dominio mundial”
