Inconforme por las inconsistencias de la Procuraduría General de Justicia en torno al homicidio de Fernando González Sandoval y por la protección del gobernador Emilio González Márquez al titular de esa dependencia, Tomás Coronado, la UdeG pidió a las autoridades federales que la Procuraduría General de la República atraiga el caso. Para Alfonso Partida Caballero, abogado de la universidad coadyuvante en ese caso, existe una acción de Estado contra la institución. Sólo así se explica, dice, la manera en que Coronado entorpece la aplicación de la justicia.
El pleito entre la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Procuraduría de Justicia de Jalisco se recrudece debido a las inconsistencias en las investigaciones sobre el asesinato del jefe de seguridad de Raúl Padilla López, Fernando González Sandoval, y el atentado contra el chofer del exrector, Andrés González Negrete.
El lunes 4 la institución envió una carta dirigida al presidente Felipe Calderón Hinojosa y al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, en la que señala que el procurador Tomás Coronado Olmos actúa con dolo y negligencia en ambos casos.
Tal parece que la dependencia trata de encubrir a los autores materiales e intelectuales, sostiene el documento firmado por el líder del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (Staudeg), Roberto López; el secretario del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos (Sutudeg), Jorge Pérez Salas, y el líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), César Barba.
Asimismo, la institución pide a la Procuraduría General de la República (PGR) ejercer la facultad de atracción en el caso de las averiguaciones previas AP/12223/2009 y AP/343/2009H.I/A relativas a las indagatorias sobre los casos de González Negrete y González Sandoval.
La comunidad académica también alude a la agresión que sufrió el chofer de Padilla López en su domicilio luego de la ejecución de González Sandoval, y al testimonio de Iván Gómez López, el único detenido por ese crimen, quien presuntamente señaló a los hermanos Richard y Gustavo Mancilla Valdez como los autores materiales, pero que nunca se les detuvo ni se les ha citado a declarar.
Al día siguiente, el martes 5, el rector sustituto, Marco Antonio Cortés Guardado, el abogado de la UdeG, Alfonso Partida Caballero, y el dirigente de los académicos, Roberto López, viajaron a la Ciudad de México para entrevistarse con el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a quien expusieron el problema y solicitaron su intervención para que la PGR atraiga la investigación.
El miércoles 13, el propio Padilla López viajó a la Ciudad de México donde tuvo una reunión con el jefe de asesores del secretario Gómez Mont, Pablo Héctor Ojeda. El exrector le dio detalles sobre los hechos de sangre en los cuales resultó herido su chofer y murió el director de la Preparatoria 7, Fernando González Sandoval.
Y mientras la UdeG urge a las autoridades federales para que intervengan, el gobernador Emilio González Márquez insiste en que la incomodidad se debe a que la institución está presionando para obtener más fondos para el Centro Cultural Universitario, la megaobra que impulsa Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro.
Por ello, Partida Caballero insiste: “Para mí, aquí existe una acción de Estado. Hoy tenemos la plena certeza de que el procurador Coronado Olmos actuó de manera muy extraña para entorpecer la aplicación de la justicia”.
El abogado coadyuvante de la UdeG para el esclarecimiento de los hechos de sangre citados, cuestiona: “¿Quién pagó la ejecución de Fernando González? ¿Quién contrató a Iván Gómez López, el chofer que condujo la camioneta Ford blanca donde viajaba uno de los agresores (de González Sandoval). ¿Quién compró los autos que se usaron en el crimen?”.
La entrevista con Gómez Mont
Partida Caballero asegura que en ese homicidio se utilizaron al menos cinco carros, entre ellos un Jeep azul, un Golf blanco con vidrios polarizados y una Ford F 150. Dice que, de acuerdo con los testigos y con el testimonio de Iván Gómez, varios vehículos sólo cuidaron la zona donde se cometió el crimen.
Y se lanza contra la procuraduría estatal: “No se ha investigado nada de fondo; tampoco existe orden de aprehensión alguna ni se ha llamado a ninguno de los involucrados”.
El abogado se pregunta por qué la dependencia de Coronado Olmos no ha dicho nada sobre las personas que compraron los vehículos utilizados el 10 de diciembre, día en que fue ejecutado González Sandoval. Hasta ahora, reitera, no se ha dicho nada de los antiguos dueños de las unidades ni de quienes cubrieron la retirada ni de la declaración de los policías de Zapopan, los primeros en llegar a la escena del crimen.
Y aun cuando admite que los hermanos Mancilla Valdez fueron propuestos por Padilla López para que la procuraduría los diera de alta como escoltas asignados al exrector, pero contratados por la Policía Investigadora, cuestiona a la dependencia porque, arguye, nunca dijo que ellos no eran aptos para ese tipo de trabajo.
En la entrevista con Gómez Mont –dice el abogado–, él y los otros representantes de la UdeG le comentaron al funcionario sobre la lentitud en las investigaciones y la renuencia de la procuraduría estatal a girar órdenes de aprehensión contra los hermanos Mancilla Valdez, a pesar de que en la averiguación previa registrada en el expediente 343/2009 se les señala como presuntos responsables del crimen del director de la Preparatoria 7.
“Dejamos patente nuestra inconformidad ante el señor Gómez Mont por cada una de las irregularidades, tal como lo hicimos ante el presidente de la República Felipe Calderón (a través de un escrito entregado la víspera y que se publicó en diferentes medios locales).
“Se mostró sorprendido por las inconsistencias detectadas en el trabajo de la procuraduría de Jalisco; no daba crédito a las anomalías que le explicamos a partir del propio expediente (de la procuraduría)”, relata Partida Caballero. Y agrega: Le hicimos ver que esa institución dejó de actuar durante siete semanas, periodo que media entre la agresión al chofer de Padilla López y el asesinato de González Sandoval.
Según el abogado, Gómez Mont les respondió: “Sé de lo que me están hablando”. Ahora que las irregularidades están sustentadas en la averiguación, dijo, “tengo la obligación de darle seguimiento”; incluso dejó entrever que la PGR podría atraer el caso.
El abogado de la UdeG insiste en que aun cuando Coronado Olmos sea destituido como procurador, se debe hacer una investigación para fincar responsabilidad penal por el “manoseo” de los expedientes a él y a otros funcionarios de primer nivel, entre ellos el subprocurador C, Aurelio del Toro.
Partida Caballero también menciona que la procuraduría señaló que González Sandoval figuraba como testigo presencial en el atentado que sufrió el chofer de Padilla López el 26 de octubre y que los hermanos Mancilla Valdez “aparecían como probables responsables”.
Sin embargo, agrega, en el expediente 014223/2009/039-PO2 la procuraduría cita como testigos de la agresión contra González Negrete a su hijo Noel González, así como a José Gustavo Fernández y a Fernando González Sandoval, a pesar de que ese día ninguno de ellos estuvo en el lugar de los hechos.
Inconsistencias de la PGJ
El abogado sostiene que en las indagatorias sobre el atentado contra el chofer Andrés González y el director de la Preparatoria 7, Fernando González, hay 17 alteraciones.
Y menciona una, la de Zulette Águila López, quien era pareja sentimental de González Sandoval y lo acompañaba en el Jetta gris el día de la ejecución. Según asentó ella en su declaración ministerial, el homicida era un sujeto joven, delgado y de estatura media; vestía pantalón de mezclilla y una playera oscura. Sin embargo, la procuraduría sostiene que la testigo de cargo describió al sujeto como robusto. Eso es falso, dice Partida Caballero.
Asimismo, Luis Vicente Franco Morales, el otro testigo que se cita en la averiguación correspondiente, asegura que el agresor era un hombre de 30 años de complexión fornida, quien vestía pantalón oscuro y chamarra negra. La descripción tampoco concuerda.
Un detalle más: en su declaración la testigo no reconoció a Iván Gómez López como la persona que conducía la camioneta que se utilizó para perpetrar el ataque contra González Sandoval el 10 de diciembre.
Luego de la revisión del expediente, Partida Caballero detectó que no se menciona lo que sucedió con el video del estacionamiento de la plaza Universidad, ni el del ayuntamiento de Zapopan ubicado sobre el camellón de Patria y el cruce con Pablo Neruda, mucho menos el de la sucursal del Burger King ubicada sobre Patria número 5029, donde los presuntos agresores compraron comida al filo de las seis de la tarde, según se desprende de una nota de consumo encontrada en el Jeep azul utilizado en el operativo.
Además, en ese vehículo, propiedad de Iván Gómez, se encontró una póliza de seguro para un Jetta A 4 2004 a nombre de Remberto Mancilla Valdez –otro hermano de Gustavo y Richard– expedida por la empresa ING, con número de registro DTP 247480000. No se descarta que Remberto también esté involucrado en el homicidio de González Sandoval, insiste el litigante de la UdeG.
En la averiguación previa tampoco existe la filiación de El Filo, el presunto autor material de la ejecución. Ante la inconsistencia, sostiene, “ese sujeto puede ser cualquier universitario, incluso Fernando Guzmán Pérez Peláez (secretario general de Gobierno)”.
Esas imprecisiones, subraya, “sugieren la manipulación de la información para no permitir ninguna identificación”.
Y sentencia: “Al momento que detengan a cualquier sujeto van a decir que ese es El Filo… No existe ninguna fotografía hablada, a pesar de que la procuraduría pudo hacerlo. Para nosotros, el objetivo es claro: amedrentar al grupo universitario”.
–¿Incluye en ello a Raúl Padilla López? –pregunta el reportero.
–Por supuesto.
–¿Van tras él?
–Querían hacerle algo… Después de todo lo que ha sucedido queda de manifiesto que existía un esquema de apoyo y de encubrimiento para estas personas (los hermanos Mancilla). Hay alteración de documentos, hojas que se extraen del expediente de la investigación y alteraciones de hechos.
Además, aclara que el exrector se enteró del atentado contra su chofer –cometido el 26 de octubre– días después debido a que estaba de viaje. Resulta incongruente que las autoridades pretendan que Padilla López o algún otro universitario sean citados a declarar sobre ese caso.
Lejos de reconocer el mal trabajo del procurador Tomás Coronado, el gobernador Emilio González Márquez insiste en defenderlo, al tiempo que minimiza las denuncias de la UdeG. Para el mandatario, dice Partida Caballero, todo se reduce a un malestar de la institución porque se le niega dinero para terminar una obra. Eso es absurdo.
