Durante su gestión, que concluye el próximo domingo 31, la LVIII Legislatura se mostró parca en su quehacer, opaca en materia informativa y, lo más escandaloso, sus integrantes fueron los más caros y los menos eficientes. Al hacer un balance de ese trienio, investigadores locales enumeran los yerros u omisiones de los diputados salientes y los critican sobre todo por su falta de ética pues, dicen, nunca asumieron su responsabilidad con los jaliscienses.
Flojos, ambiciosos, chapulines, marrulleros, nepotistas, insensibles, improductivos e irresponsables son algunos de los adjetivos con los que analistas consultados por Proceso Jalisco califican a los diputados que finalizarán su periodo el próximo domingo 31.
Para Francisco Jiménez Reynoso, académico del departamento de Derecho Público de la Universidad de Guadalajara (UdeG), salvo honrosas excepciones, la gestión de los diputados salientes fue tibia, pues la mayoría de ellos no atendieron las demandas sociales que tanto falta le hacen al estado.
Los integrantes de la saliente LVIII Legislatura “tienen grandes responsabilidades con los jaliscienses, y la historia no se los perdonará”, arguye el especialista.
Y pone ejemplos: fueron ellos los que nombraron al ombudsman Felipe Álvarez Cibrián, a los nuevos consejeros electorales, tras dar una liquidación millonaria a los representantes anteriores; también avalaron los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal Electoral de Jalisco y del titular del Instituto de Transparencia.
“En todos estos casos –insiste Jiménez Reynoso– los legisladores se guiaron por mezquinos intereses partidistas y abarataron la negociación política.”.
José Bautista Farías, académico del Centro de Investigación y Formación Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), considera que la LVIII Legislatura se condujo con voracidad. De 2004 a 2008, dice, el Congreso duplicó su presupuesto, al incrementarse de 306 millones a 710 millones de pesos.
Con base en un estudio realizado por activistas del Congreso Ciudadano de Jalisco, Bautista Farías expone: “En 2004, los diputados percibían 16 salarios mínimos diarios. Con la llegada de la actual legislatura (la LVIII), aumentó a 82 salarios mínimos, lo que representa un incremento de 575%.
“¡Son datos escandalosos! El promedio de su dieta mensual era de 21 mil pesos en 2004 y ahora está en 107 mil pesos brutos. En cambio, el ciudadano común gana sólo tres salarios mínimos”, explica el investigador del ITESO.
Tanto los entrevistados como la opinión pública creen que con el cierre de la LVIII Legislatura se pondrá fin a una de las páginas más negras de la historia legislativa de Jalisco. Pero también advierten que, por su composición, el próximo Congreso estatal no pinta para ser mejor.
Faltistas y caros
De acuerdo con el Informe de desarrollo humano Jalisco 2009, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Congreso de Jalisco es el que menos trabaja en el país. Sus integrantes sólo acuden al recinto 150 días efectivos al año. Además, con un presupuesto de 710 millones de pesos es el segundo más caro del país, por debajo del de Guanajuato.
Además de eso, es el que más plurinominales tiene: 50% de las curules. En la LVIII Legislatura hay 20 diputados de mayoría relativa y 20 de representación proporcional, muy distinta a la proporción que hay, por ejemplo, en la Cámara de Diputados federal.
Y aun cuando los legisladores trabajaron poco durante su trienio que concluye en una semana, cobraron muy bien. Su sueldo mensual bruto es de 107 mil pesos mensuales. Durante su gestión sólo hicieron esporádicas apariciones en sus oficinas legislativas, de ello se deriva también que su rendimiento haya sido pobre: apenas aprobaron en promedio 270 acuerdos legislativos por año y solamente 15 iniciativas de ley.
Asimismo, durante las campañas internas y la constitucional de 2009, 22 de los 40 diputados pidieron licencia para irse de candidatos y ni siquiera dejaron suplentes. Durante dos meses –del 4 de mayo al 30 de junio– dejaron de sesionar. Otro ejemplo: Durante la glosa del informe del gobernador Emilio González Márquez correspondiente a 2009 se cancelaron seis de las 12 comparecencias de secretarios por falta de quórum.
Luego, en septiembre, seis diputados locales saltaron a una curul federal, y el 1 de enero de 2010 otros 15 se fueron a los gobiernos municipales como alcaldes, regidores o directores, y dejaron tirado el trabajo legislativo. La última sesión de pleno fue el 15 de diciembre y ya no tienen planeado trabajar más en su última semana de gestión legislativa.
Jiménez Reynoso los enjuicia: “Demostraron una profunda falta de responsabilidad ética. Prueba de ello es tanto chapulín que brincó de un cargo a otro”. Ahora, dice, ya ni siquiera puede hablarse de política partidista, pues la suya fue “una política ramplona en la que lo único que importa es privilegiar los intereses de ciertos grupos”.
Pese a ello, a ningún diputado se le rebajó un solo centavo de sus dietas, a pesar de que algunos tenían hasta 20 faltas (Proceso Jalisco 228). Sólo un diputado asistió a todas las sesiones de pleno: Juan Carlos Castellanos, coordinador de los diputados del PRI. El otro coordinador, el panista Jorge Salinas Osornio, quien compitió por la presidencia municipal de Guadalajara en julio pasado, se ausentó durante la campaña electoral.
Luego de perder ante el priista Aristóteles Sandoval, el panista regresó al Congreso en julio. Y volvió a retirarse a principios de este mes, tras integrarse a su nuevo cargo como coordinador de los regidores de su partido en el ayuntamiento tapatío.
Opacidad informativa
Durante la LVIII Legislatura hubo algunos que únicamente subieron siete veces a la tribuna en tres años, como Felipe de Jesús Pulido García, también panista, quien además aprovechó para acomodar en la nómina del Congreso a su hijo, su hermana, su padre y su yerno (Proceso Jalisco 226).
Además, en su página electrónica el Congreso no ofrece siquiera la información fundamental a la que lo obliga la ley. Por ello, el 4 de junio de 2009 el Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) difundió un informe en el que asignó a la Cámara de Diputados local una calificación de 50 en una escala de 100 en materia informativa.
Según el documento, los legisladores no sólo se niegan a publicar la nómina y el presupuesto que maneja el Congreso, también ocultan las cuentas públicas, los viajes oficiales y las auditorías aplicadas al organismo. Hasta la fecha, el sitio en internet sigue sin subir esos datos.
Según reporte del Itei, de las 42 áreas de la LVIII Legislatura sólo la Comisión de Desarrollo Urbano pasó de “panzazo” con 62 puntos. El resto reprobaron: la peor fue la Auditoría Superior del Estado (que también depende del Poder Legislativo), con apenas 39 puntos. Su revisión de cuentas es muy superficial y deja mucho que desear (Proceso Jalisco 271).
Esta falta de transparencia enfrentó durante dos años y medio al presidente del Itei, Augusto Valencia, con el coordinador de los diputados panistas, Jorge Salinas. Al final, Valencia dejó su cargo y se refugió en el ayuntamiento de Guadalajara, ahora en manos del priista Aristóteles Sandoval.
El Congreso destina al año 58 millones para la partida 8000. Este dinero es repartido a las fracciones parlamentarias, así como a gastos discrecionales como la instalación de oficinas distritales y pagos a los asesores de los diputados. De todo este dinero, la Legislatura no rinde cuentas.
El académico del ITESO, José Bautista, lamenta que durante su trienio los integrantes de la LVIII Legislatura no hayan sometido a consulta pública la mayoría de las iniciativas que aprobaron.
“Todo lo hicieron con un total hermetismo que refleja un distanciamiento social, un nulo contacto ciudadano. Fue un exceso”, asegura.
Y pone ejemplos: el del Código Urbano y el de la Ley de Fiscalización. El primero, dice, fue cuestionado por el Parlamento de Colonias, cuyos integrantes enumeraron las inconsistencias y se quejaron porque, aun cuando los legisladores los consultaron, no incluyeron sus observaciones.
Los diputados hicieron una ley que favorece más a los intereses inmobiliarios que a la ciudadanía, que permitirá a las autoridades manejar a su antojo los usos de suelo. A mediano plazo, dice el investigador, habrá un colapso urbano. Por eso, el Parlamento de Colonias, que aglutina a 200 líderes y vecinos de diferentes colonias de la zona metropolitana, presentó amparos contra esta ley (Código Urbano)”.
En relación con la Ley de Fiscalización, el entrevistado asegura que ésta le quita autonomía a la Auditoría Superior del Estado y la ata aún más a la voluntad y los intereses de los diputados. Según la norma aprobada, las cuentas públicas son información reservada, lo que contradice la Ley de Transparencia, indica Bautista; “son incongruencias que ahora deben resolverse en tribunales y que obstruyen el elemental derecho de la información”.
Relata también que en el trienio legislativo que culmina este domingo 3l, el Congreso intentó modificar en dos ocasiones la Ley de Transparencia, en sentido inverso a los progresos obtenidos en los últimos años en el país y en otras naciones.
“Se quiso dar marcha atrás en varios renglones: quitarle facultades al Itei; los legisladores también pretendían que los sujetos obligados clasificaran y desclasificaran a su antojo la información, así como poner límites a la gratuidad de la información”, explica Bautista.
Grandes pendientes
El priista Jorge Humberto Chavira Martínez, secretario de la Asociación de Exlegisladores de Jalisco y expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, relata que el 9 de septiembre último se convocó a un foro sobre la reforma penal en el que participaron varios expertos en el tema.
Sin embargo, dice, el propósito no se logró, pues los invitados cuestionaron al funcionario que intentó explicar el tema mediante una proyección de diapositivas. Cuando empezó la metralla de preguntas, se canceló el encuentro. Sólo duró 40 minutos.
Asimismo, los legisladores planeaban aprobar antes de terminar su gestión un paquete de 14 leyes como parte de la reforma penal. Era imposible porque se requiere un estudio profundo y un debate sobre el tema. Al parecer así lo entendieron los diputados. Ahora esa reforma es uno de los pendientes en Jalisco, dice Chavira.
Jiménez Reynoso, quien es coordinador de la mesa ciudadana de Juicios Orales en la Gran Alianza por Jalisco, insiste en que el compromiso era sacar esa reforma en este periodo, pero los diputados no pudieron aprobar los ordenamientos requeridos.
Y los enumera: la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Control de Confianza, la Ley de Justicia Administrativa, la Ley de Responsabilidades, la Ley del Sistema de Seguridad Pública, así como las leyes Orgánicas de la Procuraduría de Jalisco, las del Poder Ejecutivo, la del Judicial y la del Instituto de Ciencias Forenses.
También quedan pendientes, agrega, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y la Ley de Justicia Alternativa. “En esta última, los diputados no tuvieron ni siquiera la capacidad de nombrar al presidente del Instituto de Justicia Alternativa, a pesar de que había una convocatoria con plazo perentorio. Si este instituto no funciona, se colapsa la administración de justicia oral”, asienta Jiménez Reynoso.
El académico de la UdeG concluye que el panorama no es halagador, pero confía en que los integrantes de la LIX Legislatura comprendan su responsabilidad ética y moral para con la ciudadanía.
