Ante los embates del gobernador Ulises Ruiz de privatizar la playa de Punta Colorada para construir ahí un complejo turístico, comuneros y autoridades de San Pedro Mixtepec interpusieron un amparo mediante el cual lograron detener ese proyecto millonario, detrás del cual está el delfín del mandatario Eviel Pérez Magaña, quien se perfila para sustituirlo en el cargo. Además, los comuneros reactivaron un viejo litigio y ahora intentan recuperar los predios de los que fueron despojados hace 40 años.
PUERTO ESCONDIDO, OAX.- Las playas de Punta Colorada son más que hermosas: constituyen un potencial negocio millonario y eso lo saben muy bien el gobernador Ulises Ruiz y su delfín, el diputado Eviel Pérez Magaña, quienes buscan quedarse con ellas, denuncian los dueños originales y sus abogados.
Son 118 hectáreas a escasos metros del aeropuerto internacional de Puerto Escondido, cuyo valor en el mercado inmobiliario sobrepasa los 3 mil millones de pesos. Los comuneros y dueños iniciales están peleando en tribunales agrarios para que se las regresen después de 40 años de un decreto presidencial que no se cumplió a cabalidad.
El 21 de julio de 1970, el presidente Gustavo Díaz Ordaz decretó la expropiación de mil 329 hectáreas de los bienes comunales del municipio de San Pedro Mixtepec para regular el fondo legal de Puerto Escondido y desarrollar su plataforma turística. El gobierno de Oaxaca debió indemnizar a la comunidad con 2 millones 207 mil 506 pesos de aquella época, dinero que –aseguran algunos comuneros sobrevivientes– nunca llegó, porque supuestamente se usó para electrificar la comunidad de Los Limones y en la compra de dos camiones y dos camionetas para el ayuntamiento.
Sin embargo, de las mil 329 hectáreas requisadas, 462 no fueron utilizadas durante los primeros cinco años que siguieron a la expropiación y desde entonces han quedado al garete, aun cuando debieron pasar a manos del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe). Parte de estas tierras sin usar son las de Punta Colorada, cedidas por el exgobernador Diódoro Carrasco a la constructora Jencar, originaria de Jalisco, que en su sitio electrónico las ofrece como “la mejor opción de inversión turística en Puerto Escondido” para la construcción de hoteles, condominios, centros comerciales y residencias de lujo.
Postrado en su cama desvencijada, con una diabetes que ya le costó los dedos de los pies, el viejo comunero Amado López Luna –uno de los fundadores de Puerto Escondido y dueño de 12 hectáreas que le fueron confiscadas– asegura que él nunca firmó los documentos de expropiación.
“Yo no recibí nada de dinero y quiero saber quién se quedó con mis tierras; quiero recuperarlas para que sean usadas en escuelas o parques que nos faltan en el municipio”, señala en su casita del Carrizalillo, un pueblo aledaño a Puerto Escondido.
Hilarino Cortés García es otro comunero; poseía 26 hectáreas. Con mejor salud pero con los mismos apremios económicos que don Amado, comenta que a él lo indemnizaron con 8 mil pesos, pero que la comunidad de San Pedro Mixtepec no ha recibido los beneficios del desarrollo turístico de Puerto Escondido. Por eso está de acuerdo en que las 462 hectáreas en litigio, que comprenden las 118 de Punta Colorada, sean recuperadas y se destinen a obras en favor de los habitantes y no de empresarios o del gobierno de Ulises Ruiz.
Depredación
Desde el avión, el color azul turquesa del mar y las playas de arena fina y blanca de Punta Colorada rompen con la vegetación agreste de las tierras que colindan con el aeropuerto de Puerto Escondido.
Son ideales para un negocio multimillonario, hasta su propio aeropuerto tienen, comentan con ironía los abogados Enrique Toro Ferrer y Gregorio Cruz Lucas, contratados por las autoridades municipales para recuperar las tierras de Punta Colorada. De entrada, aseguran que la indemnización por aquella expropiación nunca benefició a los 856 comuneros legalmente reconocidos y menos a la comunidad. Nunca se ha rendido cuentas del dinero que se obtuvo de la venta de terrenos a particulares y diversas empresas en Puerto Escondido, dicen.
Ambos litigantes han documentado los derechos legales de los comuneros sobre estas tierras del municipio de San Pedro Mixtepec, que desde siempre han sido codiciadas por empresarios y políticos.
Según Cruz Lucas, en 1970 el entonces gobernador de Oaxaca, Fernando Gómez Sandoval, negoció con algunos de los posesionarios de Punta Colorada el desalojo de sus tierras a cambio de 10 mil pesos y dos hectáreas en otra zona alejada. El acuerdo fue verbal y no hubo constancia por escrito.
El mandatario creó el Fideicomiso Puerto Escondido (Fipe) para escriturar los terrenos y vender inmuebles para el desarrollo de la plataforma turística, principalmente los ubicados en la zona de playas de Zicatela, Manzanillo, Puerto Angelito, Carrizalillo, Bacocho y Rinconada.
Pero no fue sino hasta el gobierno de Heladio Ramírez, a mediados de los ochenta, cuando se le dio el mayor impulso al desarrollo de Puerto Escondido. Durante el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano se entregaron las 118 hectáreas de Punta Colorada a la empresa Jencar, S.A. de C.V., para el desarrollo de un proyecto turístico de lujo.
Sin embargo, esta constructora debió regresar los 40 millones de pesos que recibió del gobierno de José Murat para los trabajos preliminares de desarrollo urbano en esos terrenos, pues nunca los realizó, Aun así, en la entrada de Punta Colorada, la empresa tiene vigilantes propios y anuncia en internet el proyecto “Desarrollo residencial y turístico de playa, Punta Colorada”, bajo la responsabilidad del ingeniero Manuel Chávez de la Torre.
Proceso constató que en Punta Colorada no hay ningún trabajo de desmonte ni de construcción, pero Jencar ya ofrece cinco lotes para hoteles; 11 para condominios y residencias de lujo; cuatro más para departamentos con vista al mar; uno especial para un hotel boutique entre el mar y la laguna Lapita; 63 para vivienda local, y siete lotes de usos mixtos frente a la carretera Puerto Escondido-Pinotepa Nacional. Además promete calles con banqueta, drenaje, planta de tratamiento de agua y dos pozos de agua potable.
La desarrolladora ofrece “la mejor opción de inversión turística en Puerto Escondido”. Pero las tierras de este paraíso natural y comercial aún se encuentran en litigio.
Abuso de poder
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades del municipio, el gobernador Ulises Ruiz y el diputado Eviel Pérez Magaña, quien se perfila como candidato del PRI para gobernador de Oaxaca, han iniciado negociaciones con el empresario y contador Sergio Castro para vender los terrenos de Punta Colorada.
Castro habría pagado 100 millones de pesos al gobierno del estado para comercializar las tierras, según los abogados del municipio, quienes aseguran que 60 millones fueron para el gobernador Ulises Ruiz, sin que haya registro de que esa suma ingresara en las arcas estatales.
Sin embargo, cualquier intento por construir en Punta Colorada está suspendido porque los abogados Toro Ferrer y Cruz Lucas han iniciado un proceso legal de recuperación de las tierras expropiadas, que deberían regresar a los dueños originales y al municipio de San Pedro Mixtepec.
El 6 de septiembre último, los litigantes interpusieron una demanda ante el Fifonafe, para exigir la reversión de las 462 hectáreas, entre ellas las 118 de Punta Colorada y las correspondientes a Palmasola, El Jícaro y Cerro de la Vieja. El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca, abrió el expediente 117/2009.
Por su parte, el 23 de noviembre pasado el ayuntamiento de San Pedro Mixtepec solicitó al mismo tribunal agrario su intervención en el juicio, manifestando su derecho legal de la porción de terrenos que le corresponden, ya que se encuentran dentro de la zona de desarrollo urbano municipal.
Los abogados contratados por el ayuntamiento también presentaron un juicio de amparo, aún pendiente de resolver, así como la suspensión definitiva para el proceso agrario, a fin de que no se firme ningún convenio de venta como lo pretende el gobierno de Ulises Ruiz.
Esta última petición fue aceptada por el juez quinto de Distrito de Oaxaca el 14 de diciembre reciente. Con ello quedó frenada cualquier sentencia del Tribunal Agrario hasta que no se resuelva de fondo el litigio.
Toro Ferrer señala que, al igual que en los regímenes anteriores, en el actual los comuneros han recibido presiones de quienes quieren construir residencias, hoteles de lujo y enormes casas en las que fueron sus tierras.
“Los comuneros ven que no pueden aprovechar las tierras de Punta Colorada y que el gobierno de Ulises Ruiz quiere venderlas. Nos contrataron las autoridades municipales y ya hicimos un estudio jurídico de la situación que nos determinó que las tierras podrían ser recuperadas por el Fifonafe y ser aprovechadas por la comunidad para desarrollar un proyecto turístico y evitar especulaciones.
“Nos hemos topado con muchas situaciones; por ejemplo, que la acción legal ya estaba preescrita. Pero con base en los estudios que hicimos de manera conjunta con el Fifonafe, determinamos que no hay prescripción porque se trata de un derecho social que beneficia a los pueblos y así está enfocado el derecho agrario”, explica el litigante, quien también se desempeñó como subprocurador de Justicia durante la gestión de Heladio Ramírez
Precisa que siguen ofreciendo pruebas y están seguros de que la federación hará justicia a San Pedro Mixtepec porque se trata de una demanda de justicia, de una querella agraria promovida por gente de escasos recursos económicos.
“En términos jurídicos todo camina bien, el amparo está interpuesto ante la justicia federal y si en este país hay justicia, se debe crear una empresa turística que beneficie primordialmente a la comunidad de San Pedro Mixtepec”, confía Toro Ferrer.
Vicente García Alcázar, funcionario municipal y familiar de uno de los comuneros afectados, señala que el gobierno del estado se ha ensañado con los dueños originales porque los sacó de sus predios con la fuerza pública y gestionó una indemnización que nunca llegó a manos de ellos.
“Fue un despojo de sus propiedades, entre ellas la de mi padre Guadalupe García Mendoza. Desde ahí el gobierno ha venido haciendo negocios multimillonarios con esos terrenos y ahora lo peor es que los funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz se quieren quedar con los terrenos de Punta Colorada, quieren hacer su emporio turístico, su negocio. Eso no se vale porque hay comuneros que murieron esperando su indemnización, que nunca recibieron dinero y que los sacaron como si fueran animales”, asegura.
Comenta que cada gobernador ha hecho su negocio: “Diódoro Carrasco lo hizo con Jencar para fraccionar Punta Colorada, pero se pararon los trabajos por un amparo que pusimos. Después a mi hermano y a mí nos amenazó gente del gobierno de José Murat, quien nos ofreció 80 millones de pesos cuando en realidad iba a emitir un cheque por 300 millones de pesos. Nos dijo: ‘Y yo, en qué libreta voy a escribir’. O sea que se iban a quedar con 220 millones de pesos y se los iban a repartir entre ellos, entre los funcionarios. Pero todo se paró cuando se le vino el problema del dizque atentado”.
García Alcázar asegura que Ulises Ruiz quiere hacer su negocio y para eso hace tres meses nombró a José Luis Bustamante del Valle como director de un fideicomiso que se llama Punta Colorada. Dice que este funcionario le ofreció dinero al presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Abraham Ramírez Silva, para que lo dejara trabajar.
Por su parte, la doctora Olga Cortés Loaeza, presidenta del Consejo Ciudadano de Puerto Escondido, dice que Ulises Ruiz, al frente de una camarilla de funcionarios, intenta privatizar Punta Colorada sin el consentimiento del ayuntamiento. Uno de los más activos en este negocio es el diputado Eviel Pérez Magaña, a quien los medios señalan como futuro candidato del PRI al gobierno de Oaxaca.
“Es como si quisieran heredarla políticamente y esto no debe permitirse”, sentencia la luchadora social e hija del comunero Hilarino Cortés, fundador de Puerto Escondido y despojado de sus tierras desde hace cuatro décadas.
