La manipulación y el ocultamiento de información sobre la muerte de dos civiles durante los operativos del 11 y el 16 de diciembre contra Arturo Beltrán Leyva llevaron a los familiares de las víctimas a presentar sus quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos debido a los excesos cometidos por los marinos. El ombudsman Fausto Gutiérrez Aragón critica los abusos y lanza la pregunta: ¿acaso por ser militares tienen licencia para matar?
CUERNAVACA, MOR.- Los cuerpos de Patricia Terroba Garza e Ignacio Aguilar Rodríguez quedaron destrozados por los impactos recibidos. A ella la alcanzaron 180 disparos. Él prácticamente se desintegró por las decenas de balas que penetraron en su cuerpo.
Los dos cayeron durante los operativos de los marinos contra el capo Arturo Beltrán Leyva del 11 y del 16 de diciembre en los fraccionamientos de Ahuatepec y en el complejo Altitude de esta ciudad, respectivamente. Sus familias nunca sabrán cómo murieron, pues los certificados de defunción son muy generales y no precisan las causas de sus muertes.
Al igual que otros civiles detenidos, Terroba y Aguilar fueron víctimas de la manipulación y ocultamiento de información y también del abuso de las autoridades federales y estatales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos documentaron sus casos.
El ombudsman estatal, Fausto Gutiérrez Aragón, levantó varias denuncias en contra de la Marina por el allanamiento de morada y robo en el complejo Altitude el 16 de diciembre, y tres más por detenciones arbitrarias. El organismo independiente consignó la desaparición de dos veladores del fraccionamiento Los Limoneros, en Ahuatepec, y la violación de los derechos de las dos masajistas que brindaban servicio al Jefe de Jefes.
Las historias son muchas. Cada afectado narra la propia. Cuenta Gabriel Pintado, viudo de Patricia Terroba:
“Estábamos en nuestra casa. Eran las dos de la madrugada (del 11 de diciembre) cuando mi esposa recibió una llamada de su hermana para comentarle que su mamá estaba muy enferma. Le dije que la acompañaba y me respondió que no, porque en la mañana yo tenía que llevar a nuestra hija Gabriela a la escuela. Poco después escuché disparos. Duraron como 15 minutos; primero se oyeron ráfagas, luego balazos aislados. Parecía que venían del pueblo de Ahuatepec, donde normalmente avientan cohetes y disparos al aire. Me confundí.”
La muerte de Patricia Terroba
Entrevistado en el portal de su casa, Gabriel Pintado hace una pausa y aclara: “Lo que le estoy platicando fue lo que declaré al Ministerio Público”. Su esposa falleció durante esa refriega en el fraccionamiento Los Limoneros, frente a la casa ubicada en Paseo de los Mandarinos 124, donde se realizó la narcofiesta amenizada por el cantante Ramón Ayala y Los Cadetes de Linares.
“Asustado, salí de la casa, pero como usted advierte, desde aquí no se alcanza a ver nada. Así estaba esa noche, no veía nada, ningún coche. ¡Nada! Regreso a la casa y dejo pasar 35 minutos, dando tiempo a que mi esposa llegué a Palmiras, donde habita mi suegra. Telefoneo a casa de la mamá de mi esposa para preguntar por Paty, pero cuando entra mi llamada, la señora está vomitando y evacuando sangre. Me dicen que están esperando a la ambulancia y me cuelgan el teléfono.
“Después de 20 minutos marco nuevamente. Me dicen que están saliendo al hospital. Le pido a mi cuñada que me comunique con Paty, pero me dice que nunca llegó. ¡Me puse como loco. Mi esposa tenía como hora y media de haber salido!…”
Ya eran cerca de las cuatro de la mañana. Gabriel Pintado salió de su casa y se subió a su camioneta. No había ningún retén. Condujo hasta la casa donde fue la balacera.
Ahí, al tiempo que le apuntan con las armas, militares con capucha negra le gritan que se detenga. Lo interrogan: A dónde va, quién es. Mientras les explica que va en busca de su esposa, los uniformados registran su vehículo y a él. En ese instante alcanza a ver varias camionetas con los vidrios rotos y muy cerca, el auto BMW de su esposa. Les pide que lo dejen pasar, pero se lo impiden.
Al señor Pintado lo invade la angustia. Los soldados piden a gritos la presencia de un médico para intentar calmarlo. El doctor le confirma que su esposa está muerta, que falleció en un fuego cruzado.
–¿Cómo encontró a su esposa?
–De lejos, veo la puerta izquierda abierta y a ella, con el pecho recargado en el volante. Sus brazos caían a los lados. ¡No permiten que me acerque! Me dicen que hasta que llegue el Ministerio Público.
Los soldados lo obligan a regresar a su casa. Desde ahí se comunica por teléfono con sus cuñados y ellos hablan con el gobernador Marco Antonio Adame para solicitarle información. Les contesta que desconoce el operativo.
–¿La prensa difundió que recibió 180 disparos?
–No sé. Según el reporte del médico forense mi esposa muere por tres tiros: dos en el pecho y uno en la cabeza. Sólo recuerdo que el coche tenía disparos en el costado derecho, en el parabrisas y en la parte de atrás. La cajuela estaba abierta.
“Las ráfagas llegaron de frente. Entiendo que cuando estas gentes llegaron (los marinos) vieron salir un coche y no tuvieron la precaución de constatar de dónde venía…”
–¿Va a presentar una demanda?
–Ellos dijeron que Paty se pasó un retén. Aunque yo no creo ¡Si no se pasaba una luz roja! ¿A quién le cabe en la cabeza que no se iba a parar? Yo no puedo seguir un juicio ¡Imagínese! ¿A dónde me va a llevar? Yo no quiero tener nada que ver con las Fuerzas Armadas ni con el gobierno federal.
A las ocho de la mañana, Gabriel Pintado solicita nuevamente a los marinos que le permitan acercarse a su esposa. Tampoco tiene éxito. Después de dos horas vuelve a intentarlo: “Nuevamente me regresan, pero esta vez me explican que aún está caliente el área, que siguen buscando a los sicarios y puede haber disparos”.
Mientras esto sucedía dentro de Los Limoneros, en el exterior, desde las nueve de la mañana, Humberto Garduño García, abogado de Gabriel Pintado, interponía una queja ante la CEDH por la privación ilegal de la libertad de su cliente y de su hija Gabriela Pintado Terroba. El abogado y dos visitadores de la comisión se trasladan al fraccionamiento, pero los marinos les impiden el paso.
El abogado decide promover el amparo 2052/2009, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en el estado, El amparo es contra la Sedena, la Marina, la PGR, el gobierno de Adame y la procuraduría estatal, entre otras instituciones oficiales, por la privación ilegal de la libertad. Todas, vía oficio, responden que son falsos los actos reclamados.
El juez ordena la liberación de Gabriel Pintado y de su hija. Finalmente, a las cinco de la tarde de ese 11 de diciembre, ambos logran trasladarse a la funeraria Gayosso en donde está el cuerpo de Paty.
“Los marinos cometieron excesos. La primera vez que el señor Pintado intentó acercarse a su esposa, fue bajado de la camioneta, lo tumbaron bocabajo y le pusieron el pie en la nuca”, relata el abogado.
Según el acta de defunción, obtenida por Proceso, Patricia Terroba murió debido a las “heridas (causadas) por proyectil de arma de fuego penetrantes a cráneo, tórax y abdomen”. Y establece como fecha y hora de la defunción el 11 de diciembre a las 9:40 de la mañana. Y no la madrugada de ese día, como realmente sucedió.
“Para mí, la versión más creíble es que cuando la señora Patricia Terroba sale de su domicilio para atender a su madre, ya estaban sitiando la casa de la fiesta, pero aún no se iniciaba el enfrentamiento. Y cuando ella pasa, es literalmente acribillada por los infantes de la Marina”, señala Fausto Gutiérrez Aragón, presidente de la CEDH.
Y añade: “Amparada en el combate al narcotráfico la Fuerza Armada ha cometido excesos. En Morelos, el uso de la fuerza ha sido desmedido. Yo les pregunto: ¿acaso por ser militares tienen licencia para matar?”.
“Sembraron” el vehículo
Andrea Martínez Jaimes, viuda de Ignacio Aguilar Rodríguez, quien resultó muerto en el segundo operativo en el que finalmente fue abatido Arturo Beltrán Leyva, narra:
“El sábado 16 de diciembre llegamos a la tortillería a las 4:30 de la mañana. A las siete de la tarde regresamos a nuestra casa –ubicada a cuatro cuadras de los edificios Altitude–. Como a las 8:20 de la noche mi esposo salió a la colonia El Tule para entregar el último pedido. Casi enseguida escuché disparos. No sé por qué empiezo a llorar y salgo corriendo. Los soldados de la Marina invadían la calle y en las azoteas había francotiradores. Intento acercarme a la camioneta de Ignacio, pero no me dejan. Los militares me apuntan con las armas y me dicen que tienen la orden de dispararle al que sea.”
Entrevistada en su pequeño negocio, mientras termina de preparar los últimos pedidos del día, la viuda recuerda:
“Pregunté a los marinos por qué lo habían matado. Uno de ellos, vestido de civil, pero encapuchado, me dijo que una camioneta con las mismas características de la de mi esposo había escapado de los condominios Altitude y que lo habían confundido con un sicario.”
Estuve parada cuatro horas en la calle. En eso llegó una grúa que jalaba una camioneta color arena y la colocaron junto a la de mi esposo. Los marinos empezaron a fotografiar los dos vehículos juntos. Cuando terminaron, la grúa retiró la camioneta y se quedó sólo la de mi esposo.
Horas después, por amigos de la familia que laboran en Altitude, la viuda se enteró de que la camioneta color arena había sido decomisada y resguardada en Altitude. “¿Por qué lo hicieron? ¿En qué querían involucrar a Nacho?”, se pregunta.
Cuando el Servicio Médico Forense (Semefo) llegó a levantar el cuerpo de su esposo, restos de masa encefálica quedaron dispersos en el piso. Un tío y un primo se apresuraron a reunirlos y los depositaron en el féretro donde estaba el cuerpo de Ignacio:
“No hubo ni el cuidado ni el respeto. Pensé encontrar a Ignacio con un balazo, pero su cuerpo estaba hecho pedazos. Estaba completamente mutilado, le faltaba un dedo y los brazos estaban descarnados. Sólo los pies quedaron sanos. ¡Fue impresionante!”, dice.
Incluso, en la funeraria, con dificultad, le reconstruyeron el rostro para disminuir la impresión de los cuatro hijos y de los padres de Ignacio, cuando se acercaran a verlo.
El certificado de defunción señala como fecha y hora del deceso el 16 de diciembre a las 11:30 de la mañana y atribuye la causa de la muerte a traumatismo craneoencefálico por disparo de arma de fuego de proyectil único.
Nacho, como lo llamaba su esposa, cumpliría 38 años el 21 de diciembre. “Su muerte nos deja destrozados, pero también con el coraje y la impotencia de no poder hacer nada. En el Congreso local algunos diputados (se reserva nombres) me dijeron que era difícil que el gobierno federal o la Marina acepten que se equivocaron y que hubo excesos. El de Nacho es un crimen que quedará impune”, afirma la viuda.
La esposa de Ignacio recibió toda clase de excusas del encargado del operativo: “Primero me dijo que iba a exceso de velocidad; después, ante mis reclamos, lo acusó de traer cajas con parque de uso exclusivo del Ejército. Enojada, le respondí que le habían aparecido por obra y gracia del Espíritu Santo. No dijo nada, me dejó hablando sola”.
La detención de Emilio
Otro caso es el de Nayeli Lugo Estrada y ocurrió aproximadamente a las ocho de la noche del 19 de diciembre. Ella narra:
“Mi cuñada ve a un tipo en la azotea de nuestra casa y me pide que me asome para que lo vea. Entramos en pánico. En eso sale mi suegra y le dice que es propiedad privada. El hombre trata de brincarse hacia la casa. Nerviosa, marco por teléfono a mi esposo Emilio Guzmán Montejo, quien se desempeña como policía industrial bancario y le informo lo que está pasando. Me contesta que no me preocupe, que ya viene a ayudarnos y que va a pedir auxilio al 066 para que nos apoyen.”
El hombre de la azotea logró brincar, aunque se lastimó una pierna. Y así, cojeando, se aleja por la calle. Medía aproximadamente 1.70 de estatura. Vestía pantalón de mezclilla y playera con rayas color café.
Temerosas, las tres mujeres se quedaron en la calle. De pronto Nayeli vio salir de su casa a cuatro militares:
“Con miedo, les pregunto cómo fue que entraron, como respuesta, me dicen que andan buscando a un hombre que intenta escapar. Les indicamos el rumbo que tomó y tres se echan a correr tras él. El otro soldado se queda en la puerta de mi casa.”
–¿Usted vive aquí? –preguntó el soldado a Nayeli.
–Sí.
El militar comenta que va a revisar la casa. Minutos después le comunica a ella y a su familia que ya pueden entrar. Se introduce en la casa y se dirige al patio de servicio. Lo siguen los otros tres soldados, quienes comentan que el sicario se les escapó. Las mujeres se percatan de que los militares están empleando una escalera de caracol que conduce a la azotea, para saltar desde ahí a la casa aledaña.
“Había muchos militares. En eso llega Emilio, mi esposo, y sube a la azotea por la escalera de caracol para preguntarles qué sucedía. Uno de ellos le pide que se identifique. Y cuando Emilio les contesta que es su casa, otro soldado le dice a su compañero: ‘¡Pásenme a ese cabrón para acá’. Y lo brincan hacia la casa de atrás.”
Emilio le pide a su esposa que avise a su escolta para que éste informe a sus superiores. En su ayuda llega el comandante de apellido Giles, pero los militares lo desarman, le quitan el radio y le impiden pasar a verlo. Sólo le dicen que Emilio está bien, que quedará libre después de interrogarlo.
El 20 de diciembre, la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del estado (PIBA) informó por teléfono a Nayeli que su esposo fue trasladado a Chipitlán desde las seis de la mañana. De ahí, los soldados lo llevaron a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la Ciudad de México. El detenido llegó a las tres de la tarde.
Al día siguiente, Nayeli viajó a la Ciudad de México para entrevistarse con Emilio. Dice que le contó los detalles de su detención.
Justo el 19 de diciembre el gobernador Marco Antonio Adame y su esposa celebraron sus bodas de plata. La ceremonia religiosa se realizó a las 13 horas en la catedral de Cuernavaca y fue oficiada por el obispo Alfonso Cortés Contreras. La pareja y sus invitados se trasladaron a la hacienda Real del Puente, en el municipio de Xochitepec, a 20 kilómetros de la ciudad, donde se realizó la fiesta.
¿Cómo es posible que él haya contado con toda la seguridad de las corporaciones policiacas para su resguardo y en cambio, al llamado de auxilio que mi hijo hizo al 066, nadie acudió?, reclama, sumamente molesta Rosario Guzmán Montejo, madre de Emilio.
Otros casos
Los testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos durante los operativos del 11 y 16 de diciembre se multiplican.
José Martínez Cruz, presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, asegura que dos vigilantes que trabajaban en el fraccionamiento Los Limoneros se encuentran desaparecidos. Sus familias, por temor, se negaron a aportar más datos. Además, dice el activista, el gobierno federal atenta contra las masajistas que daban servicio a Beltrán Leyva en el conjunto Altitude, pues a pesar de que son inocentes, siguen apareciendo en un spot televisivo en el que se les muestra como parte de la banda del Jefe de Jefes.
Como resultado de los operativos, el ombudsman estatal levantó la queja con número de control interno Q/98/09-R por detención arbitraria; además de tres casos –registros G/314/09/O, G/316/09/O y G/318/09/O–, abiertos porque elementos de la Marina ejercieron “presión psicológica” para introducirse en varios domicilios particulares.
Otra más, la G/313/09/O, es la que presentó un vecino de Altitude, quien se quejó porque durante el operativo para detener al Jefe de Jefes los marinos derribaron la puerta de su casa y robaron aparatos electrónicos.
