Después de encarnar las esperanzas democráticas de la sociedad chilena desde la caída de la dictadura de Pinochet, la Concertación de Partidos por la Democracia acusa signos de resquebrajamiento. El cerrado resultado de la segunda ronda electoral fue posible por un regreso de último momento del candidato Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el apoyo de la presidenta Michelle Bachelet, pero, a decir de líderes sociales y analistas, la coalición gobernante está pagando los acuerdos que hizo con la derecha a espaldas de los ciudadanos.
VALPARAÍSO, CHILE.- “La Concertación es una coalición que no busca cambios significativos en la sociedad, que se contenta con administrar, quizás con algo más de gasto social, el mismo modelo que dejó la dictadura. Y esto va quedando vez cada más en evidencia, sobre todo para los jóvenes que no se inscriben para votar, porque se dan cuenta de que este sistema no permite cambios importantes en la sociedad chilena”, dice el sociólogo Felipe Portales, académico del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
Explica así el declive que, de cara a la segunda vuelta de la elección presidencial –el domingo 17–, sufrió la intención de voto de la Concertación de Partidos por la Democracia, integrada por los partidos Demócrata Cristiano (PDC), Socialista (PS), por la Democracia (PPD) y Radical (PR), que acordaron postular a Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
En la primera vuelta electoral, realizada el pasado 13 de diciembre, el candidato de la Concertación obtuvo 29.6% de los votos, 14.4 puntos menos que el empresario Sebastián Piñera, candidato de la Coalición por el Cambio, formada por los partidos derechistas Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI). El candidato independiente Marco Enríquez-Ominami sacó 20% de los sufragios, y el abanderado del Partido Comunista, Jorge Arrate, 6%.
En las cinco elecciones presidenciales que se han realizado desde 1989, nunca un candidato de la Concertación había bajado de 45% de las preferencias. Un taxista de Valparaíso dio sus razones para no apoyar a Frei: “Su primer gobierno fue muy malo… privatizó todo lo que pudo… y ahora viene con que va a gobernar pa’l pueblo… Esa no se la cree nadie… porque no lo hizo antes. Yo anulo”.
El bajo respaldo a Frei contrasta con el 80% de popularidad de que goza la presidenta Michelle Bachelet. Portales atribuye esta aparente contradicción a la manipulación informativa, que “nos ha hecho creer a los chilenos que somos el país que está mejor en América Latina”, imagen que se reforzó con el reciente ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ratificado por la propia Bachelet apenas el lunes 11.
El investigador admite que también han sido muy eficaces en ese sentido algunas de las políticas sociales impulsadas por Bachelet, como la Red de Protección Social, que incluye el apoyo a mujeres embarazadas y bonos periódicos de 80 dólares para sectores vulnerables.
El miércoles 13, la encuestadora MORI dio a conocer un estudio demoscópico en el que Piñera aparece con 50.9% de las preferencias, frente a 49.1% de Frei. Estos porcentajes no consideran la proporción de votos aún indefinidos, que en todas las encuestas rondan el 12%. Ese mismo día Enríquez-Ominami anunció su apoyo a Frei. Ésta fue la mejor noticia para el candidato oficialista luego de que Arrate y el PC se le sumaran apenas concluyó la ronda electoral del 13 de diciembre.
El contubernio
En su libro Chile, una democracia tutelada (Editorial Sudamericana, 2000), el sociólogo Felipe Portales reveló un “pacto secreto de la transición”, mediante el cual la dirigencia de la Concertación se comprometió, ya en el ocaso del gobierno militar, a no alterar el orden político y económico consagrado en la Constitución de 1980.
Este pacto tuvo un efecto práctico. En el libro se revela cómo la Concertación acordó con los partidos Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional elevar el quórum requerido para aprobar cualquier tipo de cambio legislativo. Esto ocurrió en el contexto de una serie de reformas constitucionales sometidas a plebiscito en julio de 1989 y que dieron inicio a la “política de los consensos” entre la derecha y la Concertación, que sigue vigente.
Los alcances del acuerdo citado no fueron difundidos por la prensa ni por las dirigencias políticas y quedó opacado por otras modificaciones legislativas, como el aumento del número de senadores electos, de 26 a 38 (existen las figuras de senadores designados y vitalicios). Así, los gobiernos democráticos, que iniciaron el 11 de marzo de 1990 cuando Patricio Aylwin asumió la presidencia, quedaron imposibilitados para transformar las políticas laborales, tributarias, educativas y de recursos naturales sin la participación de la derecha.
Desde 1990 hasta ahora, la Concertación siempre se ha justificado por no hacer los cambios que prometió en su programa de 1989, señalando que la derecha los bloquea en el Congreso. Pero Portales asegura que “fue ella misma la que se ató las manos”.
“Una muestra del acuerdo existente hasta nuestros días entre la derecha y la Concertación”, continúa el sociólogo, es la “política de exterminio de medios de comunicación” que en su opinión han impulsado los gobiernos de la Concertación. Se refiere específicamente a la discriminación en la asignación de avisaje (publicidad) oficial que sufrieron las revistas Cauce, Análisis, Apsi, Hoy, Pluma y Pincel, además de los diarios La Época y Fortín Mapocho, todos ellos opositores a la dictadura militar y que desaparecieron por razones económicas.
Un informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Avisaje Estatal, fechado en octubre de 2007, establece que los principales destinatarios de la inversión publicitaria del gobierno de la Concertación fueron los diarios de la cadena El Mercurio, con 48% de la publicidad, y del grupo La Tercera-Copesa, con 29%, ambos declaradamente derechistas. En la actualidad no existe ningún diario de circulación nacional que exprese otras visiones de la sociedad, salvo el gubernamental La Nación.
Portales está convencido de que la ciudadanía chilena carece de información confiable sobre lo que sucede en el país, puesto que con la televisión ocurre lo mismo que con la prensa: “Si los chilenos supieran 10, 20 o 30% de la verdad, se produciría un terremoto político”, afirma el sociólogo.
Diversos especialistas en ciencias sociales, tanto chilenos como extranjeros, perciben este desgaste político de la Concertación y el posible triunfo de la derecha filopinochetista encabezada por Piñera.
Uno de ellos, el brasileño Emir Sader, director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), publicó en la revista Punto Final de la primera quincena de enero el artículo Chile: entre el fin de la Concertación y el neopinochetismo. Ahí sostiene que la coalición gobernante utilizó “políticas de conciliación con el modelo heredado de Pinochet, sin siquiera haber convocado a una Asamblea Constituyente para permitir que Chile tenga una Constitución democrática y no un remedo de aquella impuesta por la dictadura”.
Portales va más allá: señala que la Concertación, la derecha y el empresariado se han puesto de acuerdo para privatizar los recursos naturales de su país, especialmente el cobre, que es la principal fuente de ingresos de Chile.
Cabe recordar que el Informe de la Comisión Especial del Senado sobre Tributación de las Empresas Mineras, de 2005, expresa que 45 de las 47 grandes empresas mineras que entonces operaban en Chile mentían al declarar pérdidas al fisco para evadir sus obligaciones, lo cual es grave porque Chile detenta 38% de las reservas mundiales y produce más de 50% de ese metal que se negocia en el mundo. El 11 de julio de 1971, al promulgar la Ley de Nacionalización del Cobre, el presidente Salvador Allende lo definió como el “sueldo de Chile”.
En entrevista, el economista y presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, sostuvo que la normativa que permite “el robo inconmensurable al Estado de Chile que realizan las grandes mineras” se originó en la Ley 18.985, aprobada en junio de 1990, tres meses después del inicio del gobierno de Aylwin, para estimular la inversión extranjera.
En un apartado de esta ley que en general pasó inadvertido para la opinión pública se establecía que las grandes empresas mineras pagarían impuestos en proporción de sus ganancias y no respecto de las ventas totales, como hasta entonces. “Si no tenían ganancias dejarían de pagar impuestos. ¿Qué hicieron las empresas? ¡Comenzaron a buscar subterfugios para declarar pérdidas operacionales y así no pagar tributos”, dice Alcayaga.
Cuando la Concertación asumió el poder, el Estado controlaba 80% de la producción cuprífera nacional a través de la empresa Codelco; hoy sólo tiene en sus manos 28%.
La oleada privatizadora no se ha detenido. El martes 12 el pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura que pone la explotación del mar austral de Chile en manos de las empresas salmoneras y de los bancos.
Chile es pionero en la materia: hace 30 años, con el Código de Aguas, fue el primer país en privatizar el básico recurso (1981). Hoy, con 56 tratados de libre comercio, Chile es la economía más abierta y globalizada del planeta.
Una de las consecuencias de esta ortodoxia neoliberal es que Chile –junto con Brasil– padece la peor distribución de la riqueza en América Latina. Según datos del Banco Central, en agosto de 2008 el decil de los hogares más ricos recibía 44.7% del ingreso nacional, mientras el decil más pobre recibía alrededor de 1%.
Aunque estas cifras contrastan con las del Informe de Desarrollo Humano de la ONU (PNUD) de 2009, en el cual Chile aparece como el país con los mejores índices, las estadísticas aportadas por el gobierno de Bachelet en que se basa el documento son descalificadas por destacados economistas.
Por ejemplo, Felipe Larraín, director de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza y académico del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica, estima que la proporción de pobres en Chile es de 28%, y no de 14% como sostiene el Ministerio de Planificación Nacional.
En la opinión del sociólogo Felipe Portales, uno de los grandes logros de la Concertación “es que siempre se ha presentado como una coalición reformista, progresista, convirtiéndose en un modelo a seguir a nivel internacional, pero que en la práctica no ha tenido ninguna voluntad política de implementar reformas al modelo neoliberal”.
En todo caso, es notorio el desencanto con la Concertación entre los jóvenes, los profesionales, funcionarios de la salud y de la educación pública, sectores entre los cuales el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami obtuvo una alta votación en la jornada electoral de diciembre.
Ahora el comportamiento de los votantes jóvenes ha cambiado desde el plebiscito de 1988, y el padrón electoral, compuesto por 8 millones 285 mil 186 personas, envejeció notablemente. En aquel entonces, 55% de los ciudadanos chilenos dijo “no” a la continuidad de Augusto Pinochet en la presidencia. Según datos del Registro Electoral, en aquella ocasión los electores de entre 18 y 30 años constituyeron 36% del padrón, mientras que hoy sólo representan 9.2%. Asimismo, 95% de quienes actualmente tienen entre 18 y 24 años no se han inscrito para votar, y 46.4% de quienes votan tienen más de 50 años.
El Movimiento G-80, una de las numerosas agrupaciones progresistas que le retiró su apoyo al proyecto de la Concertación, expresó públicamente el martes 12 su voluntad de no respaldar a ninguno de los candidatos en la segunda ronda electoral. “La responsabilidad recae por entero en la Concertación, que legitimó el modelo económico, social y político de la dictadura, y no vaciló, una y otra vez, en establecer con los seguidores de Pinochet la tristemente célebre ‘democracia de los acuerdos’”, puntualizó la organización.
De esa forma, no suena tan paradójico que hayan sido representantes de la derecha quienes más han defendido al gobierno de la Concertación. El diario La Tercera, en su editorial del lunes 11, calificó a la coalición gobernante como la alianza “más exitosa” en la historia de Chile. Y el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Hernán Somerville, dijo a finales de 2005: “Mis empresarios aman al presidente (Ricardo) Lagos”.
Cierre cardiaco
A pesar de la importante ventaja que obtuvo Piñera en la primera vuelta electoral, su triunfo no estaba asegurado. El decidido apoyo que Bachelet le dio al candidato oficialista se hizo notar. El 14 de diciembre la ministra secretaria general de gobierno, Carolina Toha, dejó su puesto por encargo de la presidenta para convertirse en la jefa de campaña de Frei.
Bachelet y los partidos de su coalición quisieron mostrar que comprendieron el mensaje entregado por la ciudadanía el pasado 13 de diciembre. Por eso, en el transcurso de la semana pasada, la presidenta envió al Congreso tres proyectos de ley temidos por el empresariado y la derecha. Les dio a sus propuestas un carácter de suma urgencia, lo que implica que deben ser discutidos y votados en un máximo de tres días.
El primero de esos proyectos pretende modificar el artículo 19 de la Constitución para establecer que “las aguas son bienes nacionales de uso público (…) pudiéndose establecer limitaciones al ejercicio de los actuales derechos de agua que estén en posesión de privados”. El segundo es netamente político y permitiría la inscripción automática en los registros electorales, el voto voluntario y el derecho a sufragio de los chilenos que viven en el extranjero. El tercero es el proyecto de “fortalecimiento de la educación pública”. El envío de estas iniciativas fue decisivo para obtener el apoyo de Enríquez-Ominami para Frei.
Aunque la derecha trató de enfocar la campaña en el problema de la delincuencia común, en la fase final se han posicionado como eje del debate las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura y el papel que en ésta desempeñó la derecha. El candidato de la Concertación logró recuperarse gracias a este giro.
Para que esto ocurriera fue decisivo que Alejandro Madrid, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictara el procesamiento de seis personas como parte de la investigación de la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva.
El tema volvió a llamar la atención cuando el prestigiado politólogo Patricio Navia, mediante mensajes de correo electrónico, le ofreció su apoyo al derechista Sebastián Piñera si éste se comprometía a excluir de su eventual gobierno a gente que hubiera ocupado puestos importantes en el régimen de Pinochet. El candidato aceptó y Navia le prometió votar por él.
Desesperado por dar a conocer esta noticia, el equipo de Piñera filtró los mensajes de correo electrónico a El Mercurio, que los publicó el miércoles 6. Pero no fue el respaldo de Navia lo que se convirtió en noticia, sino el compromiso de Piñera para no incluir a figuras del régimen militar, lo que provocó molestia generalizada en la UDI. Piñera tuvo que retractarse y el equipo de su rival Frei Ruiz-Tagle aprovechó para vincularlo con oscuros personajes del régimen militar.
La presidenta Bachelet remató la estrategia: el lunes 11, en uno de los actos más simbólicos de su gobierno, inauguró el Museo de la Memoria, destinado a recordar a las víctimas de la dictadura militar.
Así, pese a su declive en las preferencias, Frei y la Concertación consiguieron “pinochetizar” la elección, a sabiendas del miedo que todavía inspira la dictadura y de que la política chilena está determinada en gran parte por la posición de cada sector hacia el régimen de Pinochet. Desde las elecciones de 1988, los electores que rechazan la figura del general han sumado más de 50%.
Todo indica que quien gane esta elección lo hará por una cabeza o por una nariz.
