Empujadas por la miseria, mujeres asiáticas y africanas viajan a Líbano para emplearse por contrato como trabajadoras domésticas. Pero entonces conocen el infierno… Durante su estadía en ese país llegan a ser privadas de su libertad y sometidas a maltratos y vejaciones, y algunas han muerto al intentar huir del cautiverio. La policía libanesa se rehúsa a investigar estos casos y se limita a calificarlos de “suicidios”.
BEIRUT.- “Aquí están sus estúpidas sábanas, Madame…”, escribió Kassaye Atsegenet, una etíope de 23 años, en la nota que le dejó a su patrona el 16 de octubre pasado. “Hoy no las voy a lavar”, añadía.
Kassaye trabajaba en un departamento situado en el séptimo piso de un edificio de la avenida Charles Helou, una de las más importantes de Beirut. Después de escribir la nota, se lanzó desde la ventana…
Cinco días después de este hecho, el cadáver de otra etíope, Zeditu Kebede Mantente, de 26 años, fue hallado cuando pendía de un olivo en el pueblo de Haris, al sur de Líbano.
En octubre pasado la prensa de Madagascar reportó que en Beirut una mujer de ese país, a la que sólo identificó como Mampionona, había muerto al caer de un tercer piso mientras limpiaba el balcón. Y el 8 de ese mes, Sunit Bholan, un nepalí de 22 años, se cortó la garganta, también en esa ciudad.
Entre suicidios y accidentes laborales, octubre fue el mes en el que ocurrieron más muertes de trabajadoras domésticas (maids) en Líbano desde que Human Rights Watch (HRW) realiza un conteo de casos.
En agosto de 2008, esta organización publicó un informe donde indica que de enero de 2007 a esa fecha, en Líbano se habían registrado 95 decesos de maids.
Estos hechos revelan un fenómeno más complejo: la esclavitud a la que estas mujeres son sometidas en Líbano. De acuerdo con Caritas Migrant (CM), un grupo de asistencia, en ese país hay unas 80 mil maids. Otras organizaciones de derechos humanos estiman en 200 mil la cifra de trabajadoras domésticas.
Rania Houkayem, coordinadora de proyecto de CM, explica que a muchas de estas mujeres se les engaña con contratos falsos. “Desde que llegan al aeropuerto, la policía les quita sus pasaportes para entregárselos a sus patrocinadores (la persona que las va a emplear), y eso es algo prohibido por la ley”, comenta.
Además, las autoridades permiten que los empleadores renueven cada año los permisos de residencia de sus trabajadoras, sin la presencia o consentimiento de ellas.
Se trata de un caso típico de abuso: una joven acepta un contrato para venir a trabajar a Líbano por dos o tres años, a cambio de un salario mensual, comida y horario fijo con descansos. En cuanto llega, su patrón le quita el pasaporte y la lleva a la casa donde debe vivir y laborar.
Esclavitud consentida
Un sondeo de la Universidad Americana de El Cairo realizado en 2006 reveló que en 31% de los casos esas empleadas domésticas se encuentran sometidas a encierro permanente, con una mala alimentación. Permanecen incomunicadas, las golpean con frecuencia y son víctimas de vejaciones sexuales. Trabajan hasta 18 horas diarias sin descanso semanal y les pagan menos de lo acordado, o incluso no les dan ningún salario.
“El patrocinador paga el boleto de avión, el seguro, un depósito de unos mil dólares, 600 dólares más por derechos de estancia el primer año y 400 dólares los subsecuentes”, explica Marie, una libanesa cristiana gerente de una agencia de empleos.
Y añade: “Lo que los patrocinadores están haciendo (al retener a las chicas en casa) no es más que proteger su inversión. Si se les escapan y hacen algo malo, el gobierno los hace responsables a ellos”.
Según Marie, la nacionalidad de la trabajadora es un símbolo de estatus social y sus patronas las visten con uniformes rosas de mucama francesa. “Una filipina cobra alrededor de 200 dólares al mes, las de Sri Lanka 150 y las de Nepal y de países africanos, 100 o 120. Las filipinas son más caras porque hablan mejor inglés y son más blancas”, explica.
“Una tarde, Madame encontró algo de polvo en el comedor”, dice Joanne, una congolesa de 19 años. “Me dijo que la casa estaba sucia como mi piel”. Antes de escapar, Joanne dormía en el piso con el perro de la familia “porque no querían que se sintiera solo” y ella “tenía que acariciarlo para que estuviera tranquilo. Cuando vino la guerra (en el verano de 2006 los aviones israelíes bombardearon Beirut), todos se fueron a esconder a las montañas, pero a mí me dejaron para que cuidara al perro”, relata.
A Kumari, una srilankesa budista de 33 años, sólo le daban de comer pan y queso amarillo. Tiene dos hijas que viven con los abuelos en su país; una tiene 17 años y la otra, que no puede caminar, 14.
“Todo –asegura–, lo hago por ella, pero los doctores no han resuelto nada. Escribía cartas para mis hijas y la señora me decía que iba a enviarlas, pero un día las encontré en el bote de basura. No podía hablar por teléfono ni salir de la casa, sólo al balcón. Por suerte, en el piso de arriba había otra srilankesa con la que podía hablar. Ella me regalaba comida”.
Kumari arriesgó su vida para escapar del cautiverio. Amarró jergas para improvisar una cuerda y se descolgó hasta la calle. Una vez ahí, se encontró en un país del que no conocía nada y cuyo idioma no hablaba. Estaba sin pasaporte, sin dinero, sin amigos y sin un lugar a donde ir. No podía acudir a la policía para denunciar a su patrona porque seguía dependiendo de ella. Sin patrocinador que la ocupe, la trabajadora queda sujeta a repatriación. No quería regresar a Sri Lanka sin haber logrado reunir lo necesario para curar a su hija menor.
Encontró a una compatriota que le prometió ayuda; sin embargo, por casualidad Kumari la escuchó al hablar por teléfono y descubrió que trataba de venderla como esclava por 700 dólares. Volvió a huir. Pasó toda suerte de penurias hasta que otra joven le enseñó a trabajar limpiando casas de manera temporal. Permaneció en Líbano por dos años y medio más, hasta que el deseo de ver a sus hijas la llevó a entregarse a la policía.
Antes de deportar a Kumari la metieron a la cárcel durante tres meses. En la prisión de Adlieh, ubicada debajo de un puente vehicular, la srilankesa convivió con criminales convictas por robo, asesinato y asalto.
Joelle Khoury, de Caritas Migrant, sostiene que, “por ley, no deberían estar detenidas más de 48 horas, ¡pero hay algunas que han pasado ahí hasta un año!” Las condiciones son pésimas, explica: “Adlieh fue planeada para 200 internas, pero hay 800. Las encierran en celdas diseñadas para 20 personas, pero hay hasta 50 y deben compartir dos baños”.
Asegura que su organización apoya a las detenidas con abogados y les proporciona ropa, medicamentos, jabón y shampoo, además de comida caliente tres veces a la semana. Pero Kumasi sostiene: “Yo nunca los vi. Nadie me ayudó”.
Para cubrir apariencias
En muchas ocasiones las trabajadoras sufren abusos sexuales. Es el caso de Amira, una filipina de 23 años que vino a Líbano tras concluir la carrera de enfermería. Dice que en la casa donde trabajaba los hijos de sus patrones la golpeaban sólo para divertirse y nadie les decía nada. Para colmo, el jefe de la familia la violaba con frecuencia.
“Yo dormía en el piso de la cocina y él iba por mí para arrastrarme al sillón. Madame nunca osó enfrentarse a él, pero cada vez que eso pasaba, a mí me gritaba durante días y me azotaba con el cable de la licuadora; no me daba de comer y me hacía trabajar de más. Un día decidió que mi cabello largo era el problema porque estaba muy bonito y me lo cortó allí mismo, con las tijeras para partir pollo”, relata.
Poco interesada en realizar investigaciones, la policía de Líbano suele considerar como suicidios las muertes de trabajadoras domésticas ocasionadas por caídas de grandes alturas. HRW entrevistó a dos sobrevivientes, quienes aseguraron que se cayeron al tratar de huir de las casas donde trabajaban.
“Estuve encerrada sin agua ni comida por dos días y tenía que salir de allí. Traté de bajar sujetándome de unos cables, pero uno de ellos se rompió”, dijo Kamala Nagari, una nepalí que el 20 de febrero de 2008 cayó desde un quinto piso.
Aunque muchos abusos no pueden demostrarse, quedó claro que el 12 de septiembre de 2007 la srilankesa Dewala Waty fue asesinada a golpes por su patrona.
Ante este cúmulo de injusticias, el gobierno libanés quiere aparentar que toma cartas en el asunto. A principios de diciembre pasado, un juez condenó a una empleadora a 15 días de cárcel, y a pagarle a su extrabajadora filipina 7 mil dólares como compensación. También introdujo un nuevo contrato obligatorio que otorga algunos derechos a las extranjeras. Sin embargo, su legislación laboral las excluye de este beneficio desde el momento en que no las considera como trabajadoras, sino como servidoras. Además, no hay mecanismo alguno para garantizar que dicho contrato se cumpla. Dentro de las paredes de la casa sólo rige la ley del patrón.
“Nos estamos quedando sin gente que trabaje para nosotros”, admite Marie, la gerente de la agencia de empleos. En el otoño de 2008, las autoridades de Filipinas anunciaron que no permitirían que sus ciudadanas siguieran viajando a Líbano. En 2009, Eritrea y Etiopía hicieron lo mismo.
Estas medidas produjeron tal preocupación en el gobierno libanés que el pasado 1 de diciembre su ministro del Interior, Ziad Baroud, informó a los embajadores de esos países que se tomarían medidas para garantizar los derechos de sus compatriotas, como meterlas en una prisión más adecuada, darles acceso a los juzgados y acelerar su repatriación.
El funcionario no dijo nada que tuviera que ver con la eventual eliminación del depósito de mil dólares y de los otros 600 dólares por derechos de estancia; es decir, los gastos que mueven a los empleadores a asegurar su “inversión” encerrando a las jóvenes. Tampoco planteó la posibilidad de que se modifique la relación de patrocinio que pone a las trabajadoras bajo el control absoluto de sus empleadores.
Es muy probable que los diplomáticos no hayan quedado satisfechos con el anuncio. En agosto último, la embajada de Filipinas informó que en sus pisos dormían 117 mujeres que habían escapado del maltrato.
En lo que se refiere a la excepcional sentencia que favoreció a la trabajadora filipina, HRW indica que “una de estas embajadas (no especifica cuál) ha presentado más de 50 casos de abuso ante el Ministerio del Trabajo, sin recibir una sola respuesta”.
“Mientras ellas necesiten dinero y nosotros su trabajo seguirán viniendo, independientemente de lo que digan sus gobiernos”, señala Marie. Agrega que varias agencias –no la suya, sostiene– “van a poblaciones rurales de esos países, donde reclutan a jóvenes sin educación y con un conocimiento de sus derechos aún menor que las chicas urbanas que solían venir”.
Y afirma: “Yo creo que no veremos por aquí a muchas más srilankesas”.
–¿Por qué, si su gobierno no ha prohibido que vengan? –se le pregunta.
–Es que su embajada está metiendo la nariz en las casas donde van a trabajar. Si sólo se quejaran no pasaría nada, pero no dejan que las maids se vayan con la gente y ya. Quieren seguir en contacto con ellas, interferir, opinar. Obviamente, así no se puede.
