BUENOS AIRES.- Esbozó una sonrisa con un ligero movimiento de labios y encaró a un sector de la audiencia que lo increpaba. Se encontró con rostros que alguna vez había golpeado. Clavó en ellos la mirada al tiempo que tomó el libro de su autoría titulado Volver a matar, y lo puso en alto con la portada al frente.
Así, el capitán de Fragata Alfredo Astiz, apodado El Ángel de la Muerte, lanzaba su mensaje a los integrantes de organizaciones de derechos humanos, encabezadas por mujeres de pañuelos blancos (Madres de Plaza de Mayo), que el 11 de diciembre pasado acudieron a la primera audiencia del juicio oral por delitos de lesa humanidad investigados como parte de la llamada “megacausa Esma”.
El juicio se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 5, a cargo de los jueces Óscar Hergott, Daniel Obligado y Ricardo Farías. Incluye los casos de desaparición de Azucena Villafor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo; de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, y del periodista Rodolfo Walsh.
Según consta en los expedientes del Centro de Información Judicial (CIJ), la causa está dirigida en contra de los miembros del Grupo de Tareas (GT) 3.3.2, cuya sede se encontraba en las instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Estos agentes son presuntos responsables de diversos delitos: privación ilegal de la libertad agravada con resultado muerte o imposición de tormentos seguida de muerte, así como eliminación metódica de los cuerpos sin vida que consistía en quemarlos; o arrojarlos con vida al mar en los denominados “vuelos de la muerte”.
Los acusados ingresaron a la sala del tribunal de dos en dos y se sentaron en las dos primeras filas. Destacaban, además de Astiz, Jorge Acosta, jefe del GT 3.3.2, y Ricardo Miguel Cavallo, jefe del área de Inteligencia de la Esma.
Hasta la fecha se han realizado cinco audiencias de un juicio cuya duración se estima en más de 12 meses.
Antonio Pernía fue de los torturadores más “feroces”, según lo describió el juez español Baltasar Garzón en el libro El alma de los verdugos. Durante la segunda audiencia –efectuada el 18 de diciembre–, mandó a callar al público con un gesto: llevó su dedo índice a la boca y cruzó con él sus labios de forma vertical.
Un día después –19 de diciembre– la sobreviviente de la Esma Graciela Daleo describió el momento en un texto publicado por el diario Página 12: “Él (Pernía), que a punta de picana afanaba (lastimaba) sin límites, procurando que los atados al catre metálico en el sótano (de la Esma) dijeran algo, ayer, en el subsuelo de Comodoro Py (edificio de los Tribunales), pretendió callarnos”.
E interpretó la actitud que los acusados mostraron durante el juicio: “Volveremos a hacerlo, no lo olviden. Volveremos a matar. Cállense. Nunca renunciamos al poder de matar. Nosotros tenemos armas más poderosas”.
Destinos cruzados
Las monjas Alice Domon y Leonie Duquet pertenecían a la congregación de las Hermanas de las Misiones Extranjeras. Su destino se cruzaría dos veces con Jorge Rafael Videla, líder de la Junta Militar durante la dictadura (1976-1983).
La primera fue en 1953. Las misioneras trabajaban a favor de los niños discapacitados. Uno de ellos, Alejandro Eugenio Videla Hartridge, sufría una grave discapacidad de orden genético. El padre del niño era el entonces capitán Jorge Rafael Videla, quien era integrante del Movimiento Familiar Cristiano del obispado de Morón.
La segunda ocasión fue en 1977. Agentes del GT 3.3.2 de la Esma las secuestraron y desaparecieron junto con Azucena Villafor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Esther Ballestrino de Careaga y otras personas que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz. La detención se consumó por la traición del teniente Alfredo Astiz, quien se había infiltrado como familiar de un desaparecido para justificar su presencia en las reuniones, y más tarde señalar a quien debía ser secuestrado.
En 1990, Astiz fue condenado en ausencia a cadena perpetua por la Corte de Apelaciones de París, como culpable de la muerte de las monjas.
El 14 de diciembre de 1977, Jorge Rafael Videla, presidente de facto, fue informado del secuestro de las antiguas cuidadoras de su hijo oligofrénico, quien habría muerto en 1971. No intercedió.
En el informe Nunca más, emitido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) de Argentina, se consignan declaraciones de los testigos Domingo Maggio y Lisandro Cubas (legajos 4450 y 6974), sobrevivientes de la Esma, quienes relataron que hablaron con la hermana Alice en el tercer piso del Casino de Oficiales, donde se encontraban cautivos. Dijeron que las religiosas habían sido salvajemente torturadas: “Las habían atado a una cama, totalmente desnudas y les aplicaron la picana por todo el cuerpo. Le hermana (Alice) me dijo que la habían obligado a escribir una carta dirigida al superior de su orden, y que lo hizo bajo permanente tortura”.
En el mismo mes de diciembre de 1977, el diario La Nación publicó una nota en la que afirmaba que las hermanas Leonie y Alice se hallaban vivas y gozaban de buena salud en Francia.
En agosto de 2005 –casi tres décadas después–, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Leonie Duquet de entre los cadáveres que el mar arrojó en las playas de Santa Teresita, y que estuvieron enterrados durante 28 años sin identificación alguna en el cementerio de General Lavalle.
El análisis antropológico forense determinó que la causa de la muerte de Duquet era compatible con las torturas y el choque de su cuerpo al estrellarse contra el mar. Conocidas por los represores como “monjas voladoras” debido a su trágico final, las hermanas preguntaron hasta el último momento por aquel “muchachito rubio” (Astiz), sin saber que era uno de sus verdugos. De ello dieron cuenta los testimonios de las exprisioneras de la Esma Sara Solarz, Ana Martí y Alicia Millia.
El testimonio de Lila Pastoriza se refiere a la desaparición de Azucena Villafor. El documento, al que Proceso pudo acceder, se encuentra en el Archivo Nacional de la Memoria. Pastoriza, sobreviviente del terror en la Esma, relata su encuentro con Villafor en ese centro de detención. La describe como una mujer grande, “corpulenta”, con vestido floreado de mangas cortas. “Dijo que la habían detenido a la salida de su casa”. Villafor le habló de sus hijos. Le comentó que los tenía que encontrar, que “ya no tenía nada qué perder”. Pastoriza le contó del horror que se vivía en la Esma. Hasta ese momento, la líder de Plaza de Mayo no había sido torturada. No estaba “para nada asustada”. Un día más tarde la interrogaron. “La subieron hecha mierda –narra Pastoriza–; yo nunca había visto algo así”. No volvió a hablar con ella.
“Marcelo”
Ricardo Miguel Cavallo, quien fuera director del Registro Nacional de Vehículos (Renave) de México, fue procesado en enero de 2009 por la desaparición y secuestro de Azucena Villafor, de las monjas francesas y del periodista Rodolfo Walsh. Sus bienes, que según el CIJ rondarían los 400 millones de pesos argentinos, fueron confiscados.
“Los delitos que se analizan fueron cometidos dentro del aparato del Estado y constituyeron no sólo violaciones a los derechos humanos, sino también, por su escala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad, de acuerdo al derecho internacional”, escribió el juez federal de la causa, Sergio Torres.
Cavallo, cuyos alias eran Sérpico o Marcelo, fue integrante del GT 3.3.2, así como director de la “La Pecera”, área de inteligencia de la Esma que reclutaba detenidos para realizar trabajo esclavo.
“En La Pecera se hacía un periódico con la insólita contradicción de que quienes lo hacían estaban engrillados”, testimonia Martín Grass, según documentos del Archivo Nacional de la Memoria.
A su vez, Marcelo impartía cursos de tortura a “estudiantes” en la Esma, según el testimonio de Ana Testa, quien convivió íntimamente con el represor. “Yo negocié mi sonrisa a cambio de mi vida”, diría al juez Garzón en 2005.
Según el juez Torres, Cavallo fue uno de los responsables de “interceptar y balear” al escritor Rodolfo Walsh en las calles del barrio de San Cristóbal, en Buenos Aires, para, horas más tarde, allanar su casa y “apropiarse de manera ilegítima de su obra, documentación y propiedades”.
El pasado 13 de diciembre –dos días después de que comenzó el juicio oral en contra de los represores de la Esma–, el fiscal federal Eduardo Taiano recibió una amenaza telefónica: una persona con voz “gutural” dejó un mensaje en el contestador automático de su madre en el que amenazó con dañar a su hijo Federico.
En 2003, justo cuando la causa contra los agentes de la Esma fue reabierta, el hijo de Taiano sufrió un breve secuestro. En aquella ocasión, sus captores lo despojaron solamente de la tarjeta de presentación de su padre.
La misma presidenta Cristina Fernández denunció que el 11 de diciembre último recibió amenazas vinculadas con los represores. Las comunicaciones del helicóptero en que viajaba la mandataria fueron interferidas con expresiones amenazantes como “¡maten a la yegua!” y con un fragmento de la marcha militar Avenida de las Camelias, utilizada por la Junta Militar cuando concretó el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.
Fernández declaró que esos episodios “dan muestra de que los dinosaurios están”.
Hasta ahora, cerca de 30 militares que pertenecieron al GT 3.3.2 continúan libres y sin proceso.
