CANCÚN, QR.- La multimillonaria estrategia instrumentada para reposicionar internacionalmente este polo turístico se ve opacada por una campaña que familiares y amigos del holandés Free Bronkhorst, preso en el penal municipal, emprendieron en Europa.
El propósito, arguyen, es desalentar al turismo ante la inseguridad y la corrupción con la que opera el sistema de justicia mexicano.
El 11 de octubre último, Bronkhorst y su amigo Jacob Willemsen tuvieron un pleito en los andadores de la Plaza Península –un conglomerado de bares en el centro de Cancún– con Juan Adolfo Montiel Franco e Iván Ferrat Mancera; el primero es hijo del exjefe policiaco Juan José Montiel, y el segundo es hermano del líder estatal del Partido Verde Ecologista de México y diputado local Alain Ferrat Mancera.
En 2006 Alain era regidor en el ayuntamiento y protagonizó un hecho similar con un estadunidense. En esta ocasión, su hermano Iván trastabilló y al caer se golpeó la cabeza y resultó con fracturas en la base del cráneo que lo mantuvieron en estado de coma durante varios días.
Montiel Franco, abogado de profesión, acudió minutos después a denunciar a los extranjeros ante el Ministerio Público por el delito de lesiones calificadas en su agravio y en el de su amigo.
En su denuncia, que dio pauta a la averiguación previa AP/ZN/CAN/01/7574/10-2009, Montiel presuntamente falseó sus declaraciones en contra de los extranjeros, según las imágenes de un video del incidente captado por las cámaras de seguridad de la plaza.
En ese video, que ya dio la vuelta al mundo y al que puede accederse a través del portal www.freeingfree.net-, se observa que fue el denunciante quien comenzó a golpear al holandés, a quien él y su amigo Iván derribaron y comenzaron a patear cuando estaba en el suelo.
Las acusaciones de Montiel fueron apoyadas por Christian Ferrat Mancera, el mellizo de Iván, y sus amigas Mildred González Rubín y Otmara Cruz Cardona.
En tiempo récord el expediente quedó integrado y consignado ante el juez tercero de lo penal, Víctor Manuel Echeverría Tun. Diez días después, el 21 de octubre, le dictó el auto de formal prisión a Bronkhorst por el delito de lesiones calificadas, sin derecho a fianza.
La madre de Bronkhorst, la española Ana Fernández-Villaplana Díaz, llegó a esta ciudad y, tras conseguir el video, comenzó a difundirlo luego de que los primeros abogados que contrató para la defensa de su hijo intentaron estafarla. Y aun cuando en un principio el juez se negó a aceptar ese testimonio grabado, tuvo que admitirlo el 24 de diciembre.
El 9 de diciembre Fernández-Villaplana, naturalizada holandesa pero radicada en Italia, fue víctima de un intento de secuestro a plena luz del día en el centro de Cancún. La policía logró rescatarla tras una persecución contra los plagiarios por las calles de la ciudad. Cuatro de sus captores fueron detenidos.
Fernández-Villaplana culpó de su intento de secuestro a los hermanos Ferrat Mancera, pero el procurador Bello Melchor Rodríguez y Carrillo intentó deslindarlos y aseguró que el plagio de la señora se planeó en la cárcel de Cancún, donde a principios de este año se organizó la ejecución del general Mauro Tello Quiñones.
Los detenidos aclararon después que no fue en esa cárcel, sino en la de Chetumal, donde se orquestó el plagio de la mujer, por quien querían pedir un rescate de 2 millones de pesos, y atribuyeron la autoría a un reo al que sólo identificaron como El Fantasma.
Fernández-Villaplana sostiene que sus captores le dijeron que iban a matarla. “Me han dicho que están próximos a salir de la cárcel porque no se consumó el secuestro, mientras que mi hijo sigue encarcelado injustamente”, lamenta.
Ciberactivismo holandés
El video del rescate de Ana y el de la gresca fueron subidos a internet por el movimiento de defensa del holandés.
Asimismo, los integrantes de esa organización realizaron plantones frente a consulados y agencias de viajes en varios países europeos, entre éstos Gran Bretaña, Holanda, Italia, Francia, Bélgica y España, donde la prensa le ha dado seguimiento al caso de Free.
Además, los ciberactivistas holandeses lanzan críticas severas al sistema de impartición de justicia en México y piden a los turistas europeos enviar cartas a la Presidencia de la República, a las embajadas y los consulados mexicanos, para pedir la excarcelación de Free.
La alcaldesa española de Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante, se sumó a esta cruzada a favor de la puesta en libertad del holandés. El pasado 29 de diciembre, el periódico El Montañez informó que Gómez Morante realizará gestiones ante el consulado de México en Bilbao, así como ante la embajada y el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, para solicitar la excarcelación de Bronkhorst.
Ante el escándalo, los hermanos Ferrat anunciaron que están dispuestos a otorgar el “perdón” al holandés. Incluso iniciaron el trámite correspondiente ante el juzgado, pero se echaron para atrás a fin de evitar un conflicto legal con la aseguradora que cubrió los gastos médicos de Iván, que rebasaron los 500 mil pesos. La empresa amenazó con demandarlos si se comprueba que ellos no fueron las víctimas, sino los victimarios.
A partir del intento de secuestro contra Fernández-Villaplana, a quien la procuraduría puso vigilancia permanente, la cónsul de los Países Bajos en Cancún, Ingrid Bosman, ha estado presente en todas las diligencias del caso Bronkhorst.
El 16 de diciembre, la madre del holandés presentó dos testigos que ratificaron que Free fue el agredido y que Iván Ferrat se lesionó al caer. Ambos –David Caudillo, portero de la discoteca Rush, y César Marcelo Albarracín, jefe de personal del negocio– fueron despedidos por aceptar testificar a favor de Bronkhorst.
El 18 de diciembre Fernández-Villaplana interpuso en el Ministerio Público del fuero común una demanda por el delito de falsedad de declaraciones contra Ferrat Mancera, Montiel Blanco y los testigos que apoyaron su versión.
El 24 de diciembre el juez Víctor Manuel Echeverría Tun aceptó analizar el video de la riña como parte de las diligencias del desahogo de pruebas. El recurso fue promovido por la defensa para obtener la libertad de Bronkhorst y lograr el cierre del caso. Pero al final de la diligencia la prueba fue desechada por el juez, quien en su sentencia interlocutoria determinó además que el caso seguiría abierto, por lo que Bronkhorst tendrá que ser procesado en prisión.
“Esto es una injusticia. No lo puedo creer. Estoy desilusionada. Teníamos toda la esperanza de que mi hijo saliera; estaban todas las pruebas. Para mí esto es una injusticia grandísima”, declaró Fernández-Villaplana al escuchar la decisión del juez.
La cónsul holandesa, Ingrid Bosman, tampoco disimuló su sorpresa: “Es una noticia que nos ha azorado y que es lamentable. Lo que queremos es que se haga justicia… No puedo decir más”, comentó.
El abogado de Free Bronkhorst, Gerardo Solís Barreto, calificó la sentencia interlocutoria como “una vergüenza que mancha la imagen de Quintana Roo a nivel nacional e internacional, pues el caso es seguido en España, Holanda e Italia”.
