Debida en parte a fenómenos naturales y en parte a la acción depredadora de la industria turística, la erosión de las playas de Cancún y de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, dio lugar a un reeditado proyecto de regeneración que podría resultar contraproducente. Grupos de ambientalistas advierten que esta iniciativa, consistente en succionar arena del lecho marino para utilizarla en el relleno de playas, afectará la biodiversidad y eliminará barreras naturales que sirven de protección contra los huracanes.
CANCÚN, QR.- En un intento por reposicionar en las preferencias del turismo internacional a esta región quintanarroense, que anualmente genera divisas por 4 mil 500 millones de dólares, la Secretaría de Turismo reemprendió este año su malograda estrategia de 2006 para recuperar las erosionadas playas de Cancún y Playa del Carmen.
Sin embargo, al llevar a la práctica esa estrategia, que forma parte del proyecto Restauración, Recuperación, Sostenimiento y Mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel 2009, se han violado normas ambientales, con la anuencia de las autoridades. Ante ello, organizaciones ambientalistas interpusieron demandas con la intención de que las obras sean suspendidas, pero mientras estos litigios esperan su turno para ser desahogados, las obras avanzan en forma acelerada.
El proyecto, mediante el cual se busca recuperar 16.8 kilómetros de playas, requerirá de una inversión de 957 millones de pesos; sin embargo, sus detractores aseguran que el costo ambiental que deberá pagarse “es incalculable”.
El presidente de la asociación ambientalista Ámbito Caribe, José Zaldívar, advierte: “La planificación de los trabajos se está apoyando en un refrito del estudio original para la recuperación de playas realizado por técnicos de la Comisión Federal de Electricidad hace poco más de 10 años. Éste es válido en lo que se refiere al aspecto técnico de la calidad y manejo de los millones de metros cúbicos de arena que pretenden extraer, mas no en el impacto ambiental que generará en la biodiversidad de los sistemas arrecifales de Isla Mujeres y Cozumel”.
Los recursos financieros para el proyecto serán aportados por la Secretaría de Turismo, el gobierno del estado y los ayuntamientos de Benito Juárez y de Solidaridad. El capital se canalizará mediante el Fideicomiso para la Restauración, Recuperación, Sostenimiento y Mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre establecido en Banamex. Aunque Cozumel estaba incluido en el paquete –se preveía que aportara 25 millones de pesos–, a finales de noviembre pasado su ayuntamiento decidió separarse del proyecto debido a una fuerte oposición de los pobladores.
El proyecto, elaborado y supervisado por la CFE, consiste en la extracción de 6 millones 131 mil metros cúbicos de arena del lecho marino para depositarla en las playas. Sin embargo, la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en junio pasado sólo autorizó la succión de 5.6 millones de metros cuadrados de arena.
Precisa Zaldívar: “Cinco millones de metros cúbicos equivalen a un cubo de 170 metros por cada lado. Es obvio que este enorme movimiento de material alterará los ecosistemas del caracol, la estrella de mar y las rutas de las especies marinas migratorias que siguen a la langosta”.
Los trabajos realizados por Mexicana de Dragados –filial de la compañía belga Jan De Nul– tenían que haberse concluido el 20 de diciembre, pero debido a múltiples retrasos su conclusión se aplazó para mediados de febrero de 2010.
Ecocidio
De acuerdo con el proyecto ejecutivo original, la obra, que lleva 50% de avance, tendría un costo de 851 millones de pesos en su primera etapa; los 106 millones restantes se destinarían a la conservación y mantenimiento de las zonas rehabilitadas durante los próximos 10 años.
Al respecto, el empresario hotelero Fernando García Zalvidea asegura que no existe ningún plan de conservación, y advierte que si no se realizan acciones para el mantenimiento, en menos de dos años el mar se tragará la arena.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso local, Laura Fernández Peña, comenta que desde hace más de 15 años el sector empresarial hizo una propuesta para la recuperación y mantenimiento de las playas.
“El primer paso se dio con Wilma –huracán que azotó la zona del Caribe en octubre de 2005–, cuando de una desgracia vino una oportunidad; pero de entonces a la fecha ha habido un desgaste natural porque no hubo una política pública para darles mantenimiento”, asegura la legisladora.
Precisa que la contribución federal al fideicomiso será de 400 millones de pesos. El gobierno estatal, dice, participará con 200 millones y el resto será aportado por los ayuntamientos de Benito Juárez y de Solidaridad con créditos obtenidos a través de Banobras por 230 millones y 102 millones, a pagar en 15 y 10 años, respectivamente.
Los ayuntamientos pagarán esos empréstitos con 25% de los impuestos que recaudarán vía la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) durante la próxima década. Con ese fin, a partir de 2009 a los concesionarios les fue elevada en esa misma proporción la tasa impositiva.
Guadalupe Álvarez Chulim, presidenta del grupo Cielo, Tierra y Mar (Citymar), organización ambientalista que en septiembre último promovió una demanda de nulidad en contra del proyecto, explica que éste viola la veda permanente del caracol rosado, especie protegida y en peligro de desaparecer que anida en los bancos de arena. Además, dice, incumple con el requisito consistente en preservar los arrecifes de coral.
Refiere que ya estaba listo el decreto presidencial para declarar esa zona de Cozumel como área natural protegida, y añade que el anuncio lo iba a hacer el presidente Felipe Calderón el pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Pero “cuando estos bandidos se dieron cuenta de que justo en esa área era donde pensaban sacar la arena, la declaratoria se frenó”, asegura.
En octubre pasado, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa otorgó a Citymar la suspensión definitiva de las obras, con la condición de que depositara 15 millones de pesos, dinero que no logró reunir.
“Las autoridades –señala– son una bola de corruptos y luego nos dicen que procedamos a la denuncia. ¿Para qué? Los ciudadanos estamos solos y no hay un gobierno que defienda al medio ambiente. El juzgado nos dio la razón y pidió 15 millones de pesos para tener la razón completa.”
Destaca que con estas acciones no sólo se violan las leyes mexicanas, sino también los acuerdos ambientales internacionales, como Ramsar, que protege los humedales del planeta. “Lo ocurrido demuestra que la ley es para quienes pueden pagarla”, lamenta.
Sin mantenimiento
El biólogo Luis Marrón Quiroz, secretario técnico de la Fundación Plan Estratégico de Cozumel A.C., que participa en el litigio con Citymar, explica que el banco de donde se pretende extraer la arena está formado por sedimentos marinos que sirven de protección a toda la zona lagunar norte de la isla ante el embate de huracanes.
Y advierte: “Aquí, por la condición de isla, la fuerza de los huracanes, por débiles que sean, es tremenda porque nos golpea por todos lados. Parece que no se comprende nuestra vulnerabilidad, y que esa barrera física de arena hace que lo que se llama marejada de tormenta toque fondo antes de llegar a la isla y rompa la ola. Sin ella, la ola rompería sobre Cozumel. El tirante de agua será mucho más grande, tanto como lo que le quiten al arenal”.
La actividad turística en la región, de la que dependen más de medio millón de personas, comienza a dar muestras de recuperación luego de que durante este año fue golpeada por la crisis económica mundial, así como por la pandemia de la infuenza A/H1N1.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo local, al inicio de la temporada vacacional decembrina la ocupación hotelera se ubicaba en 60%, aunque se pronosticó que llegaría a 80%.
El subsecretario de Turismo, Darío Flota, reconoce que aún no es posible medir qué tanto ha favorecido la recuperación de playas en la atracción de turistas. Precisa que esto podrá medirse a partir de febrero, con la llegada del turismo extranjero que había condicionado su visita a la realización de estos trabajos.
Sergio Pasos Moguel, miembro del Colegio de Arquitectos y exdirector de Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, cuestiona el proyecto y destaca que el problema de la erosión de playas se está atendiendo de manera correctiva. Lo más grave, advierte, es que no se ha incluido el aspecto preventivo, y la solución actual “no garantiza que vaya a durar”.
Explica que en los planes no se considera la reconstrucción de la duna costera, una contención natural que fue destruida por los hoteleros para llevar hasta el mar sus instalaciones. Afirma que se ha evitado afectar esas instalaciones a pesar de que son una causa importante de la erosión de las playas.
Comenta que en 2003, durante el tiempo en el que trabajó en el ayuntamiento, se planteó un proyecto integral para la recuperación y conservación de las playas, a un costo entonces de 500 millones de pesos.
Y afirma que es necesario hacer “un replanteamiento agresivo” para refundar Cancún; “hay que renovarlo, reinventarlo, pues la gente se va defraudada al no encontrarse con el destino que le fue vendido”. Si bien admite que este sitio “ha dado para todos”, considera desafortunado el hecho de que los gobernantes “lo hayan tomado como su botín, así como saqueado y destruido”.
